La no casación (o la no pérdida) de los derechos políticos de Dilma Rousseff -como señaló André Singer en su columna en Folha de S. Paulo (03/09)- equivale a una confesión de parte: el «crimen de responsabilidad» fue una forma constitucional utilizada políticamente para destituir a una presidenta impopular, que pretendía dar continuidad a una […]
La no casación (o la no pérdida) de los derechos políticos de Dilma Rousseff -como señaló André Singer en su columna en Folha de S. Paulo (03/09)- equivale a una confesión de parte: el «crimen de responsabilidad» fue una forma constitucional utilizada políticamente para destituir a una presidenta impopular, que pretendía dar continuidad a una agenda de reformas adversa a las elites dominantes.
A su vez, la destitución sin casación de derechos políticos recupera una forma política conocida de la historia brasileña: el pacto conciliador de las elites para garantizar la reproducción del orden. La defensa de Dilma, contundente y con argumentos que demostraban la injusticia del proceso, llevó a la necesidad del PMDB de admitir una fórmula intermedia de destitución sin casación de derechos políticos. Es totalmente factible considerar que en este cálculo del PMDB estuvo la consideración respecto de que Dilma difícilmente pueda volver a la presidencia del país, por tratarse de una política hoy impopular, y por el carácter errático que fue propio de su segundo gobierno.
A partir de ahora, se consolida en el poder una nueva alianza de gobierno conformada por PMDB-PSDB. Los tucanos (Aécio Neves, José Serra, Fernando Henrique Cardoso) saben que Temer es su compañero de ruta indisociable en términos del proyecto político ideológico: del éxito de Temer en el control del aparato estatal depende la posibilidad de quebrar y disciplinar las bases del proyecto nacional-popular del PT y los actores que lo defienden. Los líderes del PSDB saben que su partido sólo podría llegar a la presidencia en las elecciones de 2018 si el gobierno de Temer les pavimenta el camino con una gestión que consiga ciertos logros hacia distintos sectores.
Por un lado, deberá recuperar el crecimiento económico, base para un repunte en la aprobación social ante un descrédito general de la clase política. Cuenta para ello con el apoyo no desdeñable, aunque tampoco incondicional, de los medios de comunicación más importantes. Los medios han legitimado la destitución de la presidenta, pero también revelaron los escándalos que llevaron a la renuncia de dos ministros del gabinete del presidente interino, incluido Jucá Ferreira, pieza fundamental del armado de Temer. Si bien los medios coinciden ideológicamente con el proyecto de ajuste del PMDB, no querrán quedar pegados a un gobierno de legitimidad dudosa que se mantenga impopular a lo largo de su mandato. Debido a esta situación, exhiben señales de «independencia».
Por el otro lado, Temer deberá avanzar con las reformas de ajuste que demanda el establishment, componente central de su alianza política. Para ello, resultará clave el apoyo parlamentario, así como la capacidad con la que cuente el gobierno para lidiar con las protestas callejeras en su contra y con la oposición del PT.
En este sentido, un objetivo del gobierno será continuar en su alianza con el poder judicial para dejar fuera del juego político a Lula, quien aún frente a todo el descrédito del PT ante la opinión pública, se mantiene firme en las encuestas como un candidato de gran potencial para 2018.
Por ahora, parece que a Temer le será más fácil conseguir el apoyo de los poderes fácticos que de amplios sectores sociales. Luego de 13 años de gobiernos de hegemonía del PT, el establishment apoyará incondicionalmente a Temer, pues sabe que es «su gobierno». Por el contrario, el apoyo de otros sectores de la sociedad es algo que todavía está por verse.
Ariel Goldstein es miembro del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-308753-2016-09-07.html
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