El gobierno golpista de Brasil que destituyó a Dilma Rousseff sin base legal alguna no pierde el tiempo para arrasar con uno de los grandes logros de la Constitución posdictadura de 1988: el Sistema Único de Salud (SUS). Esta constitución determina que la salud es un derecho de todos garantizado por el Estado con acceso […]
El SUS se ha construido a lo largo de casi tres décadas con muchas dificultades, dado que los servicios públicos de salud eran casi inexistentes anteriormente. A pesar de los obstáculos, este sistema ha abierto el acceso a 60 por ciento de la población o cerca de 115 millones de personas que antes no lo tenían. Para ello ha construido una vasta infraestructura y contratado equipos de salud para la atención. Con la estrategia de medicina familiar y un vastísimo programa de formación de médicos familiares con incentivos salariales se ha vencido la resistencia de los médicos de ir a zonas alejadas y pobres. A ello se sumó el Programa Mais Médicos, bajo un convenio con Cuba mediado por la Organización Panamericana de Salud. Ambos programas tienen áreas de responsabilidad territorial y sus equipos del sector trabajan con las comunidades en promoción y educación para la salud.
Sin embargo, 25 por ciento de la población brasileña tiene, además del SUS, planes o seguros privados de salud que le permiten acudir a los servicios privados, aunque generalmente no cubren las intervenciones muy caras que se canalizan al SUS. Este esquema tiene un costo alto para el fisco, ya que los planes, seguros y servicios privados son deducibles en el pago de impuestos y el sacrificio fiscal se calcula en un monto semejante a 22 por ciento del presupuesto público de salud. A ello se añade el gasto en planes privados de salud para los empleados públicos que cuesta al Estado el equivalente a 5 por ciento del presupuesto público de salud. Estos recursos permitirían fortalecer el SUS y disminuir su prolongado subfinanciamiento.
El ámbito de salud es un terreno de intensa disputa en Brasil y los aseguradores, así como lo prestadores privados tienen sus cabilderos en el congreso y, además, una bancada propia de parlamentarios. El SUS está hoy en la mira del ilegal gobierno de Temer y su implacable política de austeridad neoliberal. La ya aprobada enmienda constitucional «PEC 241» prácticamente congela los fondos públicos de salud durante 20 años lo que haría imposible sostener el SUS.
A eso se suma la propuesta de establecer planes de salud «populares» para los trabajadores del sector formal de la economía, eventualmente obligatorios. Estos planes tendrían un paquete de servicios restringido, lo que significa que los trabajadores perderían derechos al no contar con un SUS universal. Por el contrario, darían aire al sector privado creando un nuevo mercado tanto para los aseguradores como para los prestadores privados. En este contexto es de subrayar que los grandes sindicatos desde hace tiempo han negociado planes de salud para sus agremiados en franca contradicción con su tradicional papel de encabezar la lucha por lograr derechos sociales y colectivos para todos. El predominio de los intereses gremiales por encima de la solidaridad pavimentó así el camino para esta propuesta.
Adicionalmente, se están congelando las plazas vacantes en el SUS y no se renovarán las visas de los médicos que trabajan en Mais Médicos. Estas medidas van en contra de la constitución brasileña al negar el derecho a la salud como derecho ciudadano social remplazándolo con la salud como un bien de servicio transable en el mercado. Como lo expresó un economista brasileño, «están destituyendo a la Constitución», en alusión a la destitución ilegal de Rousseff.
Estos acontecimientos muestran el desprecio por la vida humana al sólo mantener una atención pobre para los pobres. No es tan distinto a lo que ocurre en México. El sistema nuestro también está fundado en la visión de la salud como un bien de servicio antes que un derecho irreductible de ciudadanía social. Los diversos seguros de salud -sean privados, de seguro social o el Seguro Popular- dan un acceso muy desigual y estratificado a los servicios de salud requeridos. La propuesta supuestamente de universalización, hoy reducida a intercambio de servicios entre las instituciones públicas, no obliga al Estado a garantizar el derecho universal a la salud, sólo es un mecanismo de financiamiento de estos bienes de servicios.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/02/opinion/a03a1cie