La disputa comenzó en mayo pasado, cuando Hugo Chávez rescató la soberanía petrolera en la Faja del Orinoco. Y se profundizó en diciembre, cuando Exxon Mobil pleiteó ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. La gigantesca petrolera norteamericana, descendiente de la tradición expoliadora de Esso y Standard Oil, se había acostumbrado hasta los ´90 […]
La disputa comenzó en mayo pasado, cuando Hugo Chávez rescató la soberanía petrolera en la Faja del Orinoco. Y se profundizó en diciembre, cuando Exxon Mobil pleiteó ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial.
La gigantesca petrolera norteamericana, descendiente de la tradición expoliadora de Esso y Standard Oil, se había acostumbrado hasta los ´90 a dar las órdenes en Venezuela. Al socaire de los contratos firmados con los socialdemócratas de Carlos Andrés Pérez y los socialcristianos de Rafael Caldera, libó las riquezas petroleras hasta el hartazgo.
Esos políticos, que no se caracterizaban precisamente por su patriotismo, crearon las brechas jurídicas para que la multinacional pudiera apelar a arbitrajes internacionales, pese a que la Constitución lo impedía. Desde fines del siglo XIX Venezuela simpatizaba con la tesis del argentino Carlos Calvo, de que los países fueran respetados como soberanos, a salvo de la injerencia de potencias extranjeras. Y luego, a principios del siglo XX, dio lugar a la doctrina Drago, de que no se pudiera exigir el pago de deuda por la fuerza u ocupaciones militares.
Pérez y Caldera allá, como Carlos Menem acá, firmaron concesiones y privatizaciones donde se dejaba la puerta abierta a dirimir eventuales controversias ante tribunales internacionales. De soberanía ni hablar.
Tomándose de esos resquicios ‘legales’, la Exxon acudió en diciembre de 2007 al tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi, para demandar al estado bolivariano porque éste rescató el área de Cerro Negro, en el Orinoco, y le propuso que quedara como socio minoritario.
La supuesta perjudicada no aceptó ese trato ni las conversaciones tendientes a indemnizarla. Caracas pensaba que con 1.200 millones de dólares estaba más que bien remunerada. Pero la compañía ‘gringa’ tenía otros números y demandó una inmovilización de activos de Pdvsa (Petróleos de Venezuela SA) por 12.000 millones. La solicitud a la justicia norteamericana, inglesa y holandesa ya tuvo un primer paso adelante. Una corte federal de Manhattan, sin demasiado debate, en una sesión de dos horas, resolvió inmovilizar 300 millones de dólares de Pdvsa, a petición de Exxon.
Y no es que a aquélla le falte dinero. Junto con General Motors disputa el liderazgo entre los pesos pesados de la economía de EEUU. El año pasado tuvo ganancias por 40.600 millones de dólares, provenientes de negocios como el que tenía en la Faja del Orinoco y que por obra de Chávez se echó a perder (en realidad se iba a achicar pues el Estado se quedaría con el 60 por ciento del paquete accionario y la firma extranjera con el resto).
En apoyo de la tesitura venezolana no sólo está la ley venezolana. La ONU tiene dispuesto desde 1962 que ‘las legislaciones nacionales y los intereses nacionales están por encima de cualquier interés particular’. Lo que sucede es que los directivos de Exxon se creen los amos del universo y esa idea se les refuerza cuando gobiernos claudicantes los tienen en esa consideración.
Beneficios
La política de rescate del Estado en la Faja del Orinoco afectó a 32 ‘convenios operativos’ firmados en los ´90 con las multinacionales. Casi todas éstas admitieron de mal grado la decisión de Chávez y se acogieron a las nuevas normas de funcionamiento (lo que trasunta que aún así siguen ganando buenos dividendos). Fue el caso de British Petroleum, Chevron, Total y Statoil.
Solamente Exxon y Conoco-Phillips, también ‘made in USA’, abandonaron los emprendimientos y en el primer caso demandaron al Estado. La otra, lo mismo que la italiana ENI, están discutiendo el monto indemnizatorio.
Para el país de Simón Bolívar fueron importantes los beneficios de aquella nacionalización. El Estado dejó de ser el socio bobo para tener la mayoría de las acciones y los beneficios, además de recaudar mucho más por los impuestos. El ministro de Energía y Petróleo, y titular de Pdvsa, Rafael Ramírez, recordó que las regalías que pagaban los privados pasaron del uno al 33,3 por ciento, en tanto los impuestos petroleros llegaron al 50 por ciento.
Pequeña digresión: en Argentina, el gobierno K avaló el convenio con Panamerican, donde la anglo-estadounidense se quedará por cuarenta años con Cerro Dragón, pagando entre 12 y 15 por ciento de regalías, una bicoca…
Con ese reforzamiento en el Orinoco, la petrolera estatal redondeó activos propios por 109.000 millones de dólares y consolidó el país como el primer productor y exportador de crudo en Latinoamérica y el Caribe. Afincado en esa base material y los consiguientes aportes al presupuesto público -50 por ciento proveniente de Pdvsa-, el gobierno bolivariano tuvo en 2007 recursos para nuevas inversiones y planes sociales que atienden a su población de menor ingreso. Inclusive ha dispuesto de capital como para comprar bonos de países amigos como Argentina, o prestar a socios del ALBA como Cuba, Bolivia y Nicaragua, etc.
Ese es el punto donde coinciden la estrategia de Exxon con la del gobierno de George Bush: tratar de derrotar a Chávez, su enemigo común. La empresa para recuperar sus privilegios en el Orinoco y la Casa Blanca para derrotar al presidente antiimperialista más activo en la región. Si alguien tenía alguna duda sobre esa convergencia, la habrá disipado luego de escuchar al vocero del Departamento de Estado tomando como propia la querella de Exxon.
Contraofensiva
Las medidas fogoneadas en Washington contra el chavismo incluyeron un proyecto de resolución en el Capitolio para incluirlo en la lista de ‘terroristas’ junto a Siria, Corea del Norte, Irán y Cuba. La resolución está impulsada por la congresista republicana Ileana Ross-Lehtinen, representante de la gusanera de Miami, y ya cuenta con 25 signatarios. El argumento es que Caracas tiene acuerdos comerciales con Irán y que su presidente pidió se saquen a las FARC y el ELN de la lista de organizaciones terroristas.
Pero esos planes chocan con fuerte resistencia de Venezuela, excluidos los adversarios de Chávez y arietes de la administración Bush.
El presidente denunció la campaña norteamericana y advirtió que la primera medida de fondo será suspender la venta de crudo venezolano a EEUU, al que hoy vende casi un millón de barriles diarios. El 14 por ciento de la demanda petrolera del Norte es cubierta por envíos venezolanos, lo que da una idea del impacto que aquella suspensión puede tener.
Simulando una fortaleza que no es tal, The Washington Post escribió que Caracas no podrá vender a otros mercados ese crudo porque es ‘muy sulfuroso’. Pdvsa suspendió el convenio con Exxon y dejó de venderle 600.000 barriles al mes, en réplica por el embargo decidido en la corte de Manhattan.
La fortaleza material del país afectado es evidente en materia petrolera, teniendo en cuenta que una vez que culmine la certificación internacional de las reservas del Orinoco, tendrá en total reservas probadas por 316.000 millones de barriles.
Eso es mucha plata, con un barril que volvió a rozar los 100 dólares y que según Chávez podría trepar hasta los 200 si el conflicto entre los dos países sigue su escalada.
El contragolpe bolivariano no se limita a medidas comerciales sino que incluye la doctrina de la guerra de todo el pueblo en la defensa nacional, la profundización del ALBA, a la que se incorporó Martinica en la reciente VI Cumbre de presidentes; los acuerdos con Ecuador, Argentina y Brasil; los convenios políticos, militares y tecnológicos con China y Rusia, etc.
Los que pueden sufrir consecuencias de esta tirantez son los aliados de Bush al interior de Venezuela. Varios de los políticos de la IV República pueden ver reactivados juicios en su contra por favorecer la entrega con su fomento a la ‘apertura petrolera’ de la que hoy se toma Exxon. Muchos son opositores al gobierno y en 2002 dieron un fracasado golpe de Estado.
Sin quererlo, la campaña imperial en el seno del Ciadi puede terminar abrochando más acuerdos entre los afectados por los juicios de las multinacionales. Argentina es uno de ellos, como principal demandado por los monopolios internacionales en ese tribunal del Banco Mundial. En vez de seguir concediendo aumentos de tarifas en servicios públicos para desactivar esos juicios ilegales, debería unirse a Caracas para reafirmar la soberanía estatal y patear el tablero de los ‘tribunales internacionales’ y las pretensiones de potencias extranjeras. Al fin de cuentas Carlos Calvo y Luis María Drago eran diplomáticos y juristas argentinos.