Los acontecimientos se han precipitado. La autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Juan Guaidó, como presidente «interino» de la República Bolivariana de Venezuela y, su reconocimiento por parte del gobierno de Trump y sus marionetas del llamado Grupo de Lima, es el inicio de un Golpe de Estado que podría desembocar en una […]
Los acontecimientos se han precipitado. La autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Juan Guaidó, como presidente «interino» de la República Bolivariana de Venezuela y, su reconocimiento por parte del gobierno de Trump y sus marionetas del llamado Grupo de Lima, es el inicio de un Golpe de Estado que podría desembocar en una Guerra Civil. Ese trágico desenlace podría ser evitado si se canaliza la solución de la crisis política a través del diálogo entre la Asamblea Nacional y el Gobierno de Nicolás Maduro y, se consulta al pueblo venezolano para que se pronuncie en referéndum consultivo vinculante, si quiere o no renovar todos los poderes públicos.
Las extraordinarias y masivas movilizaciones que se realizaron el 23 de enero en las principales ciudades del país, demuestran el rechazo de la mayoría del pueblo venezolano al gobierno autoritario de Nicolás Maduro y su voluntad de tomar la calle pacíficamente para ejercer el protagonismo en la definición del rumbo que debe tomar el país, para superar la profunda crisis política, económica y social que amenaza la existencia de la Nación y mantiene en la sobrevivencia y la pobreza a millones de compatriotas. Esta contundente manifestación popular se produce en el contexto de una pronunciada aceleración de la hiperinflación y de una profunda depresión económica con efectos devastadores en las condiciones de vida y de trabajo de más del 80% de la población; de un severo y angustiante deterioro de los servicios de salud, transporte, telecomunicaciones, electricidad y agua; del fracaso reiterado de los planes de «recuperación económica» gubernamentales; del colapso de la industria petrolera; del develamiento de una indignante corrupción multimillonaria; de la violación de los derechos fundamentales y la criminalización de la protesta cívica y; de la presión económica, política y militar internacional que ejerce EEUU y sus aliados, con el propósito de intervenir Venezuela para reafirmar su dominación e intereses geopolíticos frente a la penetración en la región y en el país del capital chino y ruso.
Esta demostración masiva se produce luego de un proceso continuado de desmovilización inducido por las expectativas frustradas que alimentó un liderazgo opositor, que dilapidó el triunfo que obtuvo en las elecciones parlamentarias de 2015, al quedar atrapado en la lógica de la derecha extremista del «todo o nada», enfocada en la salida abrupta del Presidente Maduro «como sea», mediante la acción insurreccional, la promoción de la injerencia externa y la política abstencionista. La vuelta a la calle se explica por el acelerado deterioro de las condiciones de vida en los últimos meses, porque este gobierno irresponsable durante 5 años no ha sido capaz de detener la pulverización del presupuesto familiar y la masificación de la pobreza, facilitando con ello, la intensificación de la ofensiva intervencionista de Trump a través de un plan montado sobre un inmenso rechazo de los venezolanos al gobierno de Maduro y una oferta «humanitaria» engañosa del imperialismo estadounidense. Se explica también, por las expectativas esperanzadoras que creó el joven diputado Juan Guaidó del partido Voluntad Popular, quien en pocos días salió del anonimato al ser posicionado por los grandes medios internacionales como el «líder», que en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional asumiría la dirección del Poder Ejecutivo Nacional usurpada por Nicolás Maduro, asumiendo que el proceso electoral del 20 de mayo en las que resultó electo fue nulo. Más allá de las diversas apreciaciones y puntos de vista legítimos existentes sobre esa apreciación, la realidad es que Maduro está posesionado de la Presidencia, ejerce el mando sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejerce la Jefatura del Gobierno y del Estado venezolano, y su relevo de esa responsabilidad debe darse solo por la vía pacífica y constitucional. Asumir lo contrario, es justificar la aplicación de la referida doctrina imperialista del «vacío de poder» y del «estado fallido» para darle luz verde a la llamada «intervención humanitaria» imperialista en Venezuela que tiene montada el Comando Sur de los EEUU.
Como lo denunciamos oportunamente, ha sido el Departamento de Estado de EEUU quien abiertamente estableció el guión que está siguiendo al pie de la letra Guaidó al asumir como Presidente «interino», contando con la mayoría de la Asamblea Nacional para validar, a través de un acuerdo, el proceso de transición, teniendo como telón de fondo el pronunciamiento del Grupo de Lima en el cual se resume la hoja de ruta de Trump para intervenir Venezuela, quien ha afirmado que tiene «todas las opciones sobre la mesa», incluso la de la intervención militar. Para completar la estratagema solo faltaba que Guaidó mostrará el respaldo popular que lo «legitimaría» como «Presidente» y con ese propósito se manipuló la figura de los «Cabildos Abiertos», que siendo un mecanismo de consulta vinculante de alcance municipal, previsto en el artículo 70 de la Constitución, creó la falsa expectativa de que a través de esa consulta se legitimaría como «presidente interino». Más que cabildos, éstos fueron actos preparatorios de las movilizaciones del 23 de enero, en las cuales se buscaba demostrar la fuerza suficiente para «ungir» a Guaidó, quién tal cual lo hizo Carmona el 11 de abril de 2002, sorpresivamente se autoproclamó Presidente con el reconocimiento inmediato de EEUU y los países del Grupo de Lima, creando así una crisis de dualidad de poderes que peligrosamente nos coloca en ciernes de un escenario de violencia fratricida y guerra civil con participación internacional, que compromete la independencia y la soberanía de la Nación. De esta manera, la fracción de oposición extremista impuso de nuevo al bloque opositor por la vía de los hecho la agenda Washington, defraudando la aspiración de la gran mayoría del pueblo venezolano de lograr una salida pacífica, constitucional y soberana a la crisis.
Mientras desde la Asamblea Nacional, Guaidó asumió funciones de Jefe de Estado y de Gobierno, al designar representante en la OEA y autorizar la ayuda humanitaria, desde Miraflores Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con EEUU y dio un plazo de 72 horas para que sus funcionarios diplomáticos abandonen el país. Siendo dicha orden desconocida por Washington alegando que solo reconocen a Guaidó. Así, paso a paso, avanza una crisis de gobernabilidad impulsada directamente por el gobierno de EEUU, que podría desembocar a corto plazo en la puesta en escena de la intervención militar, con todo lo que ello implica.
Así las cosas, cada vez está más claro que el único camino para preservar la paz y superar la crisis política institucional y, atender la emergencia económica y social, es el diálogo y la negociación responsable, entre la AN y el Gobierno, teniendo como premisa el acuerdo de adelantar un referéndum consultivo vinculante para que el pueblo se pronuncie si quiere o no la relegitimación de todos los poderes, con base en lo establecido en los artículos 70 y 71 de la Constitución. México, Uruguay y el Secretario General de la ONU han planteado esa iniciativa que ha sido aceptada por el Presidente Maduro. Ese diálogo debe contemplar el cese al estado paralelo, plenas garantías que permitan la realización, a muy corto plazo, de elecciones transparentes, rechazo a la intervención extranjera, plan económico de emergencia y recuperación nacional, cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria, ley de amnistía, auditoría pública y ciudadana de la deuda y de la gestión pública y, cese a las sanciones económicas internacionales. En ese sentido, llamamos a la oposición democrática que rechaza la injerencia externa y defiende el derecho a la autodeterminación de los venezolanos, a constituir un gran movimiento nacional que promueva el diálogo y la realización de un referéndum consultivo vinculante, para que sea el soberano el que decida, si quiere o no relegitimar todos los poderes. Si esta convocatoria no se hace a través de un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional, podría realizarse, a través de la recolección del 10% de las firmas que exige el artículo 71 de la Constitución.
DEFENDAMOS LA SOBERANÍA POPULAR Y QUE EL PUEBLO DECIDA!!!
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Héctor Navarro, Gustavo Márquez, Oly Millán, Edgardo Lander, Santiago Arconada, Ana Elisa Osorio, Juan García, Gonzalo Gómez