1. La responsabilidad del conflicto La responsabilidad exclusiva del conflicto es del gobierno colombiano que violó premeditadamente en forma militar la soberanía e integridad territorial del Ecuador, hecho agraviado por un telefonema del Presidente Álvaro Uribe, en el cual trató de evadir su responsabilidad mintiéndole al Presidente Rafael Correa. 2. El motivo de la agresión […]
1. La responsabilidad del conflicto
La responsabilidad exclusiva del conflicto es del gobierno colombiano que violó premeditadamente en forma militar la soberanía e integridad territorial del Ecuador, hecho agraviado por un telefonema del Presidente Álvaro Uribe, en el cual trató de evadir su responsabilidad mintiéndole al Presidente Rafael Correa.
2. El motivo de la agresión
El motivo de esta violación del derecho internacional es el intento del binomio Bogotá-Washington, de destruir el proceso de paz, iniciado por la doble liberación unilateral de rehenes por parte de la guerrilla de las FARC. El eje Uribe-Bush ofrece solo dos opciones a la guerrilla: la capitulación incondicional o la destrucción física. Por eso ha tratado y tratará de impedir cualquier solución negociada.
3. El costo político
El costo político de la agresión a Ecuador y de la muerte de Raúl Reyes fue fríamente aceptado por el gobierno colombiano, porque sabía, como confirma la vocçera de la Cancillería francesa, Pascale Andreani, que Raúl Reyes era el enlace de la guerrilla ante Francia, España y Suiza; tres países europeos designados como facilitadores en los diálogos con las autoridades colombianas.
4. El conflicto es regional, no bilateral
Contrario a lo expuesto por algunos analistas, el conflicto no es bilateral (Colombia-Ecuador), sino hemisférico y mundial. La agresión militar colombiana refleja el choque entre dos proyectos hemisféricos: el estadounidense, basado en la Doctrina Monroe de la soberanía limitada de las naciones latinoamericanas; y el proyecto del desarrollismo democrático y de autonomía regional de las fuerzas bolivarianas y latinoamericanistas, del continente.
Los avances en la integración económica (ALBA), financiera (Banco del Sur) y política (Unasur) dieron un salto cualitativo recientemente, cuando el Ministro de Defensa del Brasil anunció en Buenos Aires la constitución de un «Consejo de Defensa de América del Sur» para octubre de este año, en lo que representa un desafío directo a la Doctrina Monroe.
Los objetivos estratégicos de ambos proyectos hemisféricos son incompatibles, mientras Washington mantenga su visión monroeista y su posicionamiento actual ante la multipolarización del sistema mundial, que prevén el control del petróleo venezolano, de la Amazonia brasileña, del acuífero del Guaraní y el triunfo del separatismo en Bolivia, Ecuador y Venezuela (Zulia), según el modelo de Kosovo.
Las dos puntas de lanza de la infraestructura militar de Washington, para impedir el futuro avance de la integración latinoamericana, encabezado actualmente por Brasil, son Colombia y la Cuarta Flota estadounidense, que Washington pretende reactivar y potenciar este año.
5. Chocan dos culturas de derecho
Parte esencial del conflicto es el choque entre dos culturas de derecho. La del Estado de Derecho, desarrollada en gran medida por las revoluciones burguesas, tiene su esencia en la protección del ciudadano ante el poder del Estado (el Leviatán) y en la convivencia pacífica de sujetos de derecho diversos, motivados por intereses divergentes.
Desde el ataque terrorista a las torres gemelas en Nueva York, Washington ha procurado sustituir esa histórica cultura de derecho y de protección del ciudadano ante el Estado, mediante el regreso a la ley del más fuerte, enmascarada por doctrinas pseudos-jurídicas como la guerra contra «el terrorismo» y los procedimientos de la inquisición (legitimación de la tortura, cancelación del derecho a debido proceso, etc.). Por eso, la condenación clara de los gobiernos latinoamericanos al desconocimiento de la soberanía ecuatoriana por Colombia, fue un acto esencial en defensa del Estado de Derecho en América Latina.
6. Las consecuencias político-mediáticas
Las consecuencias político-mediáticas de la agresión fueron subestimadas por los perpetradores. Calcularon que un retiro temporal del embajador del Ecuador y, eventualmente, de Venezuela, dominaría brevemente los titulares de la prensa mundial, pero que después todo volvería a la normalidad. La firme actitud del Presidente Correa y la reacción del Presidente Chávez frustraron ese cálculo. Al conceptualizar el conflicto en términos militares, Chávez logró la intervención política y diplomática inmediata de los gobiernos latinoamericanos y de varios gobiernos europeos, así como la atención mundial de los medios de comunicación. Cualquier otra interpretación de esa conceptualización sería descabellada en las condiciones actuales.
7. La reunión de la OEA
La reunión respectiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue de gran importancia porque demostró el aislamiento político de la posición colombiana. Pero, probablemente no es el Foro para resolver el conflicto. El Grupo de Río, que se reúne este viernes en la República Dominicana, presenta posiblemente un entorno más adecuado para avanzar en la distensión del conflicto.
8. Guerra por la opinión pública mundial
Actualmente, la lucha entre ambos grupos del conflicto se da por la conquista de la opinión pública mundial. Estamos en plena guerra psicológica y esto explica el sinnúmero de falsedades que emanan del Palacio de Nariño, a fin de distraer el centro del debate (soberanía del Ecuador), hacia otros tópicos, algunos inclusive del reino de la ciencia ficción, como la aseveración colombiana de que las FARC querían construir una bomba radioactiva con 50 kgs de uranio.
9. Las formulas diplomáticas
Ninguna fuerza dentro de Colombia tiene actualmente la capacidad de obligar al eje Uribe-Bush a negociar el fin de la guerra. Sin embargo, una alianza de Estados latinoamericanos-caribeños-europeos podría acumular esta fuerza que tendría dos vías para volverse operativa: una formula diplomática aceptable para los dos bloques antagónicos o, si esto es rechazado por el eje Uribe-Bush, reconocer en bloque el status de fuerza beligerante de la guerrilla.
10. Fuerzas beligerantes y la tarea de la Comunidad latinoamericana
Es obvio que el concepto «fuerza beligerante» es aplicable a las FARC. Este instituto jurídico se refiere a un estado de guerra entre dos sujetos colectivos que compiten por el poder; en el cual la fuerza insurgente ocupa parte del territorio, ejerce facultades inherentes a la soberanía y combate conforme a las convenciones del derecho de guerra. Es evidente que el secuestro de civiles es una clara violación de estas convenciones, sin embargo, se imponen dos consideraciones: a) todo indica que las FARC han dejado de usar los secuestros; b) midiendo el Estado colombiano con el derecho de guerra, tampoco sería, por sus innumerables violaciones a los derechos humanos, una «fuerza beligerante».
La agresión militar de Uribe ha abierto la caja de Pandora, al regionalizar el conflicto interno colombiano. Le toca a la Comunidad de Estados latinoamericanos cerrarla. Aún contra la voluntad del inquilino del Palacio de Nariño y de su padrino en la Casa Blanca.