El amigo Rigoberto Lanz ha lanzado una interesante y provocadora idea para el debate de la transición rumbo al socialismo. Se trata de la tesis de una Constitución pos-liberal; es decir, de una «Nueva Constitución». Plantea Lanz que: «La Constitución del 99 (…) resultó del juego de intereses de entonces, fue un texto de corte […]
El amigo Rigoberto Lanz ha lanzado una interesante y provocadora idea para el debate de la transición rumbo al socialismo. Se trata de la tesis de una Constitución pos-liberal; es decir, de una «Nueva Constitución».
Plantea Lanz que: «La Constitución del 99 (…) resultó del juego de intereses de entonces, fue un texto de corte liberal-progresista que deja intacta la naturaleza de la sociedad capitalista. Avanzada de cara a la Constitución del 61 pero enteramente amarrada a una concepción liberal de la política».
Lanz re-significa una concepción realista del ordenamiento constitucional cuando afirma: «Todo texto legal tiene el límite socio-político de las correlaciones de fuerza donde se «interpreta» según los lentes de los interesados, donde se «aplica» según la acera de quien se trate. Eso vale también para los textos constitucionales que son siempre una salida de compromiso forjada en medio de tormentas ideológicas y forcejeos de intereses.»
Esta idea tácita de «fórmula de compromiso normativo inestable entre factores reales de poder de una sociedad» nos lleva, por ejemplo, a Lasalle, por ejemplo, en su clásica interpretación de Constitución como resultado o expresión de la suma de los «factores reales de poder», y ala idea de la Constitución material.
Nociones como las de «Correlaciones de fuerzas», «factores reales de poder», son ideas que nos muestran los entretelones, los bastidores del teatro constitucional. Como ha planteado el antropólogo de lo contemporáneo: George Balandier, es imprescindible situarse en una «teatrología del poder» para comprender el espectáculo que se proyecta en los registros imaginarios y simbólicos de una formación social, a partir de las relaciones de fuerza y sentido que se juegan entre actores, movimientos y fuerzas sociales, para poder señalar que:
«La Constitución es el resultado de un juego de intereses, casi siempre velados pero inexorablemente presentes. Concepciones ideológicas y querencias tangibles se enfrentan. Visiones del mundo algunas de ellas antagónicas se disputan cada milímetro del Estado. Nada allí es inocente.»
Allí nos aterriza Lanz al nudo del problema; «Mi tesis es de una sencillez brutal: con una Constitución liberal no se puede hacer una revolución. En un marco constitucional de centro-derecha, la izquierda está condenada al triste papel de «gobernar» (en el mal sentido de la palabra, o sea, como lo hacen los socialistas españoles o franceses).»
Luego apunta: «En la medida en que se radicaliza el proceso, es decir, en tanto los contenidos sustantivos de una estrategia realmente anticapitalista se ponen en movimiento, entonces todo va quedando estrecho: las leyes, los aparatos de Estado, la mentalidad de la gente, el sentido común, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, la Constitución.»
Sin embargo, tenemos algunos desacuerdos centrales con las sugestivas tesis de Lanz, por ejemplo, la que califica a la Constitución de 1999 como una Constitución de centro-derecha.
Desde nuestra perspectiva, el descuerdo apunta a plantear que la Constitución de 1999, es de centro-izquierda; es decir, es una constitución de contenido reformista y gestora de una economía mixta de signo predominamente capitalista, que sintoniza con los espíritus ideológicos del social-cristianismo y la social-democracia. Estas formaciones ideológicas y sus representaciones políticas generaron desafiliaciones, desagregaciones de intelectuales y sus posturas ya dislocadas de los entretelones del pacto de punto fijo, que habitaban en las voces y manos que tuvieron influencia (con sus asesorías incorporadas) de comisiones estratégicas del debate constituyente, como: la «Comisión Constitucional (Hermann Escarra, Ricardo Combellas, Luís Vallenilla), o la «Comisión de Administración de Justicia (Antonio García, Carlos Tablante), o la «Comisión de lo económico y social» (Luis Vallenilla, Alfredo Peña).
Un análisis pormenorizado del «personal político» y sus «espíritus ideológicos» (incluyendo a Luis Miquelena, Jorge Olavarria, Blancanieves Portocarrero, Brewer Carias, Avila Vivas) nos lleva a despejar los «factores reales de poder», los espíritus ideológicos predominantes y sus formaciones discursivas.
Ahora bien, tampoco estamos de acuerdo con una valoración optimista de Lanz cuando señala: «Sectores radicalizados sobremanera, en el espacio del poder popular efectivo encuentran cada vez más asfixiante el marco legal institucional del Estado burgués heredado. Lo hecho en ese campo en la década pasada es una tímida expresión de lo que habrá de ser realmente el poder de la multitud en acto, ejerciéndose.»
Compartimos el horizonte político constituyente de semejante tesis de la multitud popular en acto, ejerciéndose, pero aquí entramos en el terreno de las máscaras y sus rostros: ¿Dijo usted, el asfixiante marco legal-institucional del Estado Burgués heredado?
Mi desacuerdo con Lanz en este punto, reside que en que más que asfixia, lo que existe es la brutal falta de oxigenación de las prácticas político-institucionales del Estado prefigurado en la constitución de 1999, nominalmente «Democrático y Social de Derecho y de Justicia», tomando como base de la lucha política y social, la vigencia y aplicación efectiva de la carta de derechos fundamentales establecida en 1999.
Si el politólogo Juan Carlos Rey realizó un análisis de las inconsecuencias de la ahora IV República en aquel texto: «El futuro de la democracia», falta ahora realizar el análisis de las inconsecuencias de las demandas de «democracia social y participativa» en un texto que pudiera llamarse: «El futuro de la revolución».
Pues si la revolución no ha podido realizar y agotar los contenidos de la democracia económica, social y participativa de 1999, ¿Cómo logrará saltar a nuestro anhelado «reino de la libertad»? ¿Desde que bases de democratización sustantiva, radical, participativa y protagónica se construye la transición al socialismo?
Cualquier salto dialéctico tendrá que tener un adecuado punto de apoyo, para que la prospectiva que afirma que: «otro marco constitucional se impondrá por fuerza de la propia dinámica del proceso», no sea de verdad-verdad, la dinámica constituyente de la brutal derecha.
¿Cómo va la correlación de fuerzas?, no es una pregunta inocente, pues marca la apreciación de los momentos de flujo o reflujo de la multitud popular, ejerciendo el poder constituyente, mas allá del teatro constitucional.
Texto de Rigoberto Lanz: Por una Constitución Posliberal
«Podemos (y debemos, éticamente) escribir a favor de los intereses de los que el sistema aparta; pero no podemos remplazar su palabra». Roberto Follari: revista Relea, Nº 27/p. 51
RIGOBERTO LANZ
Todo texto legal tiene el límite socio-político de las correlaciones de fuerza donde se «interpreta» según los lentes de los interesados, donde se «aplica» según la acera de quien se trate. Eso vale también para los textos constitucionales que son siempre una salida de compromiso forjada en medio de tormentas ideológicas y forcejeos de intereses.
Nada escapa a esta lógica. Sólo en las abstracciones de algún distraído profesor de «Filosofía del Derecho» es posible la quimera de un marco normativo «objetivo», «imparcial» e «igual para todos».
La Constitución del 99 sigue el mismo patrón de toda formulación jurídica. Lo que resultó del juego de intereses de entonces fue un texto de corte liberal-progresista que deja intacta la naturaleza de la sociedad capitalista. Avanzada de cara a la Constitución del 61 pero enteramente amarrada a una concepción liberal de la política. Si usted la compara con la Constitución de Noruega, por ejemplo, verá que en varios sentidos en ese país capitalista han ido más lejos (allí nuestra Constitución sería un retroceso). Ello significa que sin tocar la médula del poscapitalismo se pueden plantear escenarios que parecerían «revolucionarios» si se les mira desde cualquier tremedal latinoamericano.
La Constitución es el resultado de un juego de intereses, casi siempre velados pero inexorablemente presentes. Concepciones ideológicas y querencias tangibles se enfrentan. Visiones del mundo algunas de ellas antagónicas se disputan cada milímetro del Estado. Nada allí es inocente. ¿Por qué alarmarse de la discusión sobre una nueva constitución? ¿Quién se alarma? Sabemos que el conservadurismo se va acomodando cada vez que es derrotado en el espacio público.
El texto constitucional vigente fue hostigado hasta el cansancio por una derecha que no entiende nada. Los argumentos más deleznables y las campañas más visearles se pusieron a funcionar impúdicamente. Ahora esa misma derecha aparece como abanderada de una Constitución que ayer nada más les parecía el fin del mundo. Esa hipocresía política es ya típica de todas las derechas. Esas incoherencias no hacen sino delatar el oportunismo de clases y sectores que no van más allá de sus intereses contantes y sonantes. La ironía de esta charada es que la derecha no se enteró por los odios acumulados y por la ignorancia política reinante del carácter liberal de la actual Constitución.
Lo reitero: tenemos un texto constitucional centrista que una cierta centro-izquierda puede administrar por un tiempo acotado. Más de allí no se puede pedir. En la medida en que se radicaliza el proceso, es decir, en tanto los contenidos sustantivos de una estrategia realmente anticapitalista se ponen en movimiento, entonces todo va quedando estrecho: las leyes, los aparatos de Estado, la mentalidad de la gente, el sentido común, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, la Constitución.
Mi tesis es de una sencillez brutal: con una Constitución liberal no se puede hacer una revolución. En un marco constitucional de centro-derecha, la izquierda está condenada al triste papel de «gobernar» (en el mal sentido de la palabra, o sea, como lo hacen los socialistas españoles o franceses). Eso es lo que ocurre ahora en Venezuela. Sectores radicalizados sobremanera, en el espacio del poder popular efectivoencuentran cada vez más asfixiante el marco legal-institucional del Estado burgués heredado. Lo hecho en ese campo en la década pasada es una tímida expresión de lo que habrá de ser realmente el poder de la multitud en acto, ejerciéndose. Otro marco constitucional se impondrá por fuerza de la propia dinámica del proceso.
Volveremos a ver a la derecha tropical oponiéndose con la misma vehemencia con la que defiende ahora esta Constitución ajena, que es desde luego la misma vehemencia con la que se le opusieron en su momento. Moraleja: ¡Viva la dialéctica!