Traducido para Rebelión por Susana Merino
Dilma Rousseff, la primera mujer elegida como presidente, debe enfrentar un desafío que intimidó a los cinco hombres que, a partir de 1985, la precedieron en el Palacio del Planalto, cuando terminó la dictadura: la tortura y la impunidad de los torturadores del golpe de 1964.
José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, FHC y Lula nunca dieron la cara ni tuvieron el coraje de meter el dedo en la herida de la impunidad, cerrada por la medrosa decisión del pasado abril del Supremo Tribunal Federal que confirmó el perdón a los militares y a los policías que mataron y torturaron a los presos políticos. El miércoles pasado cuando el país todavía mantenía los efectos de la victoria del domingo de la primera guerrillera que llega al poder supremo de la Nación, el incansable Ministerio Público Federal de San Pablo ( MPF-SP) inició una acción pública civil solicitando la declaración de responsabilidad civil de cuatro militares retirados (tres Oficiales de las Fuerzas armadas y uno de la Policía Militar Paulista) por la muerte o desaparición forzosa de seis personas y la tortura de otras 20 detenidas en 1970 mediante la Operación Bandeirante (Oban) cuna de dolor y sangre del DOI-CODI, la sigla maldita que identificó al régimen y sorprendió a los brasileños.
Dilma Vana Rousseff, apodada «Estela», una de las líderes de la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR – Palmares) contribuye con su voz y su drama a dicha acción acusando al capitán del Ejército Mauricio Lopes Lima, de ser el responsable de la paliza a la que sería la futura presidente y a otros 15 militantes políticos. Detenida en la capital paulista una tarde de enero de 1970, Dilma fue trasladada al Oban de la calle Tutóia, en donde cinco años después moriría el periodista Vladimir Herzog. Allí sobrevivió a 22 días de intensas torturas, como contaría en el 2003 en un poco común desahogo al periodista Luiz Macklouf Carvalho: sufrí muchos golpes, me molieron a palos, me picanearon mucho, mucho. Comencé a tener hemorragias, pero aguanté. No dije ni siquiera donde vivía. Un día tuve una gran hemorragia, como si fuera una menstruación y me tuvieron que llevar al Hospital Central del Ejército. Allí me encontré con una chica de la ALN ( Acción Libertadora Nacional) «Salta un poco en la habitación para que la hemorragia no pare y así no tendrás que volver al Oban me aconsejó».
La narración formal, publicada por el proyecto Brasil Nunca Más de la Arquidiócesis de San Pablo, figura en las páginas 30 y 31 del proceso 366/70 de la Auditoria Militar. Allí se revela sin duda el fuerte temperamento de Dilma, que en ese entonces tenía 22 años, luego trasladada a la cárcel Tiradentes y amenazada también allí de una vuelta al infierno:»… la semana pasada, dos miembros. del equipo comandado por el capitán Maurício comparecieron en el presidio y amenazaron a la interrogada con nuevas sevicias…» denunció la presa. Dilma contó ante la Justicia Militar que preguntó a los emisarios de la Oban, si estaban autorizados por el Poder Judicial, La respuesta del militar sintetizaba el desborde de aquellos tiempos: «Usted va ver lo que es un juicio allí en la Oban!…»
Hoy Teniente Coronel retirado, Mauricío se defendió en el diario O Estado de San Pablo: «Ella estuvo conmigo solo un día y yo no la agredí en ningún momento» La acción del MPF suscrita por el procurador regional Marlon Weichert y otros cinco procuradores cita dos casos destacados entre los seis muertos: Virgilio Gomes da Silva, apodado «Jonás» líder del grupo que secuestró al embajador usamericano Burke El brick (que integraban también Franklin Martins y Fernando Gabeiira) y Frei Tito, dominico detenido por el delegado Sergio Fleury y que transtornado por las torturas terminó ahorcándose algunos meses más tarde en un convento francés. «Tortura y crimen contra la humanidad, imprescriptibles, tanto en el fuero civil como en el penal» dicen los procuradores que suscriben el acta.
Solo dos de los nueve ministros del STF – Ricardo Lewandoski y Carlos Ayres Brito – estuvieron de acuerdo con la acción de la OAB, que respondía a la amnistía de los represores. «Un torturador no comete un crimen político» justifico Ayres Brito. «Un torturador es un monstruo, un desnaturalizado, un tarado. Un torturador es el que experimenta el más intenso de los placeres ante el más intenso sufrimiento ajeno producido por él. Es una especie de cascabel de la ferocidad que muerde al son de las propias sonajas. No se puede ser condescendiente con un torturador. La humanidad tiene el deber de odiar a quienes la ofenden porque el perdón colectivo es falta de memoria y de vergüenza».
A pesar de la vehemencia de Ayres Brito. El relator de la acción contra la amnistía, ministro Eros Grau, él mismo un ex – comunista preso y torturado en el DOI-CODI paulista, mantuvo su posición contraria: «La acción propuesta por la OAB hiere el histórico acuerdo que permeo la lucha por una amnistía amplia, general e irrestricta» Grau debe haberse olvidado o hallarse desinformado, algo imperdonable para quién es juez de la Suprema Corte y también sobreviviente de la tortura. La amnistía de 1979 no fue producto de un consenso nacional. Fue una ley gestada por el orden vigente blindada para proteger a sus agentes y diseñada de arriba hacia abajo para ser aprobada sin oposiciones o amenazas, por la confortable mayoría parlamentaria con que el gobierno del general Joao Figueiredo contaba en el Congreso: 221 votos de ARENA, el legado de la dictadura, contra 186 del MDB el partido de la oposición. No había posibilidad de equivocarse, mucho menos con una amnistía controlada.
Amplio e irrestricto como debería saberlo el ministro Grau, era el perdón indulgente que el régimen concedió a los agentes de sus órganos de seguridad. Durante semanas el núcleo duro del Planalto de Figueiredo lapidó las 18 palabras del párrafo 1º del artículo 1º de la ley que bendecía a todos los que cometieran «crímenes políticos o afines a estos», De modo que decidió que los abusos de la represión eran afines y si un carcelero del DOI-CODI fuera acusado de haber torturado a un prisionero, podría alegar que había cometido un acto ligado a un crimen político. De modo que de un solo plumazo, se amnistiaba al torturado y al torturador.
La discusión del texto comenzó en una comisión mixta del Congreso en el que ARENA tenía 13 de los 20 miembros. Se tanteaba con tanto cuidado que la oposición consiguió que los parientes de los desaparecidos pudiesen requerir al Estado apenas una «declaración de ausencia de la persona» ya que rescatar el cadáver era algo impensable. Hasta que en la sesión del 22 de agosto luego de nueve horas de debate, el gobierno de Figueiredo aprobó su amnistía, la 48ª de la historia brasileña. Con esa decisión, tres decenas de presos políticos del país iniciaron una huelga de hambre de 32 días pidiendo una amnistía amplia, general e irrestricta, a pesar de la credulidad del ministro Grau.
Con la presión de la dictadura, se aprobó una ley que no era amplia (no beneficiaba a los llamados «terroristas» presos), ni en general (hacía distinción entre los crímenes perdonados) ni irrestrictamente (no devolvía a los castigados ni los cargos ni los empleos perdidos). Y aún así el régimen sudó frío: ganó en la Cámara de Diputados por apenas 206 votos contra 201, gracias a la deserción de cuatro arenistas que se unieron a la oposición para tratar de lograr una amnistía más amplia. Si el Gobierno perdía allí le quedaba aún el dócil colchón del Senado, en donde el MDB tenía solo 25 senadores contra 41 de ARENA – dos de los cuales eran biónicos es decir, parlamentarios sin voto popular pero absolutamente confiables, instalados allí por el filtro militar del Planalto.
Por lo tanto es solo mistificación o simple mala fe, decir que la amnistía de 1979 era producto de un consenso nacional, pacíficamente discutida entre el régimen y la sociedad. La oposición en realidad aceptó los anillos para no perder los dedos, ya que hasta una amnistía controlada era mejor que nada. Líderes históricos como Arraes, Brizola y Prestes, pudieron volver pero el gobierno seguía insistiendo en el peligro «terrorista». La verdad es que el único terrorismo que aún estaba en vigor era el del propio estado, que se llamaba de «seguridad nacional» Puestos de prensa, publicaciones alternativas de la oposición y organizaciones combativas de la sociedad como OAB Y ABI, eran víctimas de las bombas terroristas, que no venían ciertamente de la izquierda.
Uno de los mentores del «crimen conexo» y firmante de la amnistía de agosto de 1979 era el Jefe del Servicio Nacional de Informaciones el ya fallecido general Octavio Aguiar de Medeiros. Menos de dos años después en octubre de 1981, un vehículo explotó antes de tiempo en el centro de Río de Janeiro. Llevaba a bordo a dos agentes terroristas del ejército, un sargento que murió con la bomba al cuello y un capitán del DOI-CODI que sobrevivió indemne y fue luego profesor del Colegio Militar de Brasilia. Una investigación policial militar del ejército reveló que el atentado fue planificado por el coronel Freddie Perdigao. Era el jefe de la agencia del SNI del general Medeiros en Río de Janeiro.
Tal vez el ex preso político, ahora ministro jubilado del STF, no estuviera al tanto, pero el Brasil espera que la ex presa política Dilma Rousseff próxima a asumir la presidencia de la República, conozca bien esas circunstancias. Ella tiene por experiencia propia una biografia que la diferencia bastante de sus predecesores, absolutamente complacientes y ajenos a las presiones más candentes sobre los derechos humanos.
Fernando Henrique Cardoso, descendiente de tres generaciones de generales y respetado sociólogo de origen marxista, esperó hasta el último día de su segundo mandato, en diciembre de 2002, para duplicar vergonzosamente los plazos del secreto de los documentos oficiales que pueden echar luz sobre la historia del país. Lula un aclamado líder sindical que surgió del movimiento obrero más lúcido y más golpeado por el autoritarismo, sucedió a FHC en la presidencia con la natural expectativa de que iba a corregir aquel acto de leso-conocimiento de su antecesor tucán. ¿Y qué hizo Lula? Nada, absolutamente nada para facilitar el acceso a la historia silenciada por 21 años de régimen militar.
De este modo el sociólogo y el metalúrgico, se sumieron en la sometida inercia de 16 años de gobiernos temerosos de la eventual reacción de los cuarteles y de sus generales en pijama. Una gran tontería, ya que ni los militares creen ya en esos fantasmas. Tan es así que el sitio ocicial del Ejército en internet lipoaspiró su propia historia, que nació en el siglo XVII en Guararapes como resistencia al invasor holandés, pasó por la Independencia y por la República, exaltó al duque de Caxias Rondon y desembocó en las dos guerras mundiales. Eliminó del portal la intentona comunista , que reservaba el 29 de noviembre para glorificar a los muertos de la sublevación de 1935 y evaporó toda cantilena sobre el 31 de marzo de 1964, bendecida como Revolución Redentora por los defensores del golpe. Todo eso constituye una buena señal y un estímulo para que nadie se acobarde más ante los desafíos de la historia – como hicieron FHC, Lula y el Supremo Tribunal Federal.
Con la lente de la historia el Ejército puede ser visto para el bien o para el mal.
En suelo italiano, en los años 1944-45 una valiente fuerza expedicionaria brasileña lucho por la libertad en la guerra contra el nazi-facismo, con 25 mil hombres que hicieron 20 mil prisioneros de las tropas del Reich.
En suelo brasileño. Durante la dictadura de 1964-85, el Ejército y sus compañeros de armas utilizaron en la represión una fuerza estimada en 24 mil agentes, en la guerra contra la subversión apresaron a 50 mil brasileños, de los cuales alrededor de 20 mil sufrieron algún tipo de tortura. Algunos como Dilma Rousseff tuvieron la suerte de sobrevivir.
En la campaña anti nazi de Italia, murieron 463 brasileños entre soldados y oficiales.
En la cruzada antisubversiva de Brasil, cayeron 339 disidentes entre muertos y desaparecidos, según el libro Derecho a la Memoria y a la Verdad, publicado por el Palacio del Planalto en 2007.
Si el coraje no es suficiente, la amenaza de descontento puede ser un estímulo decisivo para que la presidente Dilma Rousseffencare el tema de la tortura, en la democracia con el mismo valor con que la enfrentó en plena dictadura. Al contrario que el ministro Nelson Jobim, una figura sometida a los cuarteles que inhibía cualquier acción positiva de Lula, Dilma tendrá a su lado al electo gobernador Tarso Genro, que en su condición de ministro de Justicia defendió abiertamente el castigo a los torturadores y la revisión de la amnistía para este tipo de crímenes con una lógica clara como el sol: «No queremos impunidad y lucharemos siempre contra las leyes que prohíben la investigación y los castigos». El español Fernando Mariño Menendez, jurista del comité de la ONU fue aún más duro:»Eso es increíble, una verdadera afrenta. Las leyes de amistía fueron generalmente formuladas por quienes cometieron los crímenes, cualesquiera fuere el lado. Es un autoperdón que el siglo XXI no puede aceptar» El ecuatoriano Luis Gallegos Chriboga, perito de la ONU sobre torturas, recordó: «En la ONU existe el consenso de que no seden apoyar ni proteger las leyes de amnistía. Con la decisión tomada por el Supremo Tribunal Brasileño el país está yendo en dirección contraria a la tendencia latinoamericana de juzgar a sus torturadores y contra el de la ONU de lucha contra la impunidad»
El STF puede sufrir todavía este año una grave humillación internacional – y ese puede ser el primer condicionamiento externo del gobierno de Dilma. En mayo pasado en San José de Costa Rica comenzó el proceso nº 11.552 de Julia Gomes Lund contra el Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de la madre de Guilherme Lund que desapareció a los 26 años junto con otras 70 personas, en un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y los guerrilleros del PC del Brasil en los matorrales de Araguaia, en el sur de Pará. En 2008 la Corte de la OEA recomendó al Brasil el castigo a los culpables de la prisión, tortura y muerte del caso Lund. Brasil no reaccionó y al año siguiente fue iniciado el proceso contra el estado brasileño.
Lo más probable es que la decisión de la Corte, que no admite apelación, se oriente hacia una declaración coercitiva para con el STF y para Brasil en diciembre próximo, definiendo que la ley de amnistía no protege los crímenes de detención, tortura, asesinato y desaparición de guerrilleros. Si eso es así para los combates en el corazón de la selva puede serlo también para los combatientes de la guerrilla urbana que fueron torturados en el centro de la mayor ciudad brasileña.
Como en el caso de una tal «Estela», una de las líderes del grupo guerrillero VAL-Palmares. Con domicilio real y conocido a partir el 1º de enero de 2011: Presidencia de la República Federativa de Brasil, Palacio del Planalto, 3er piso, Plaza de los Tres Poderes, Brasilia D.F., CEP 70150-900.
Su ocupante DIlma Rousseff puede abrazar esta causa con la fuerza de su historia y su determinación. Ahora basta de desangrar la memoria. Es una hemorragia de verdad
Luz Cláudio Cunha es periodista.