Piden que se denuncie a líderes del MST, como Joao Pedro Stédile
Sin eufemismos: se pone jodido. La situación en el campo brasileño y la lucha por la tierra se están poniendo muy jodidas. Desde hace más de 20 años, el MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem terra), una de las organizaciones populares más grandes de América latina, trabaja contra el latifundio y a favor de una Reforma Agraria que nunca llega o lo hace de forma insignificante. Un cuentagotas de hambre sobre 4 millones de familias sin tierra, de las que 400.000 esperan acampadas al borde de las carreteras.
A pesar de estar contemplada en la Constitución Federal desde 1988 (Art. 184: «Compete a la unión desapropiar por interés social para fines de reforma agraria el inmueble rural que no esté cumpliendo función social»), y de la aprobación del II Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA), la expropiación de latifundios improductivos (el 51,4% de las grandes propiedades en Brasil, 133 millones de hectáreas, no producen nada) sólo se lleva a cabo gracias a la presión que sobre el gobierno y el INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) ejercen los campamentos del MST, reclamo permanente de la dignidad y esperanza de todo un pueblo.
Con eufemismos: crímenes hediondos, terrorismo. El pasado 29 de noviembre fue aprobado y remitido al congreso de los diputados en Brasilia un informe elaborado por la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) de la Tierra. Mixta puede ser, pero no equilibrada.
El objetivo inicial de la Comisión, promovida en diciembre de 2003, consistía en diagnosticar la situación y estructuras de la propiedad en el campo brasileño y plantear soluciones a los problemas encontrados. La Comisión, formada mayoritariamente por diputados del ala derecha del congreso, la denominada «bancada rural», representante de los intereses de los grandes terratenientes, desestimó un primer informe redactado por el
diputado Joao Alfredo (PSOL-CE) en que se recomendaba, sencillamente, hacer cumplir la Constitución brasileña y el PNRA, o sea, democratizar la propiedad de la tierra improductiva. Además de la propia Constitución, el informe rechazado, de 800 páginas, se basaba en el análisis de 75.000 documentos, 43 viajes a 9 estados y 125 investigaciones abiertas, lo que ofrecía un panorama desolador: una enorme concentración latifundista, índices de productividad que datan de 1975, robo de tierras sin catastrar (el «grilagem», técnica del siglo XIX que estriba en colocar los documentos
falsos en una jaula de grillos para que sus excrementos los vuelvan antiguos rápidamente, todavía se practica, ahora con refinadas prácticas informáticas), violencia, trabajo en regímenes de semiesclavitud y desvío de recursos públicos hacia las grandes propiedades improductivas. Este informe fue rechazado por 13 votos a 8.
El informe paralelo que se aprobó, por 12 votos a 1 (a esas alturas ya habían abandonado la Comisión 8 parlamentarios; «no seré cómplice de asesinos» declaró la senadora Ana Julia Carepa, del PT, al salir de la sala), estaba redactado por el diputado Abelardo Lupion (PFL-PR) y desconocemos en qué extraños documentos e investigaciones se basa. Sus principales propuestas para mejorar la situación y el hambre del campo brasileño estriban en:
1ª Pedir que se denuncie a líderes del MST, como Joao Pedro Stédile. Aunque no dice por qué ni aporta dato alguno que haga posible la apertura de una investigación al respecto.
2ª Solicitar una nueva ley que clasifique la ocupación de tierras como «delito hediondo» y que la clasifique jurídicamente como «acto terrorista».
Las declaraciones del diputado Lupión tratando de puntualizar el informe, y mejorándolo en su capacidad de absurdo («el sector productivo está cansado de ser invadido, de sufrir inseguridad», «no podíamos haber llegado a ningún acuerdo, pasaríamos por cobardes») ignoraban, entre otras muchas cosas, que el mismo día 29 en Alagoas caía muerto a tiros Jaelson Melquíades, militante del MST, llevando a 39 el nefasto número trabajadores rurales asesinados en lo que va de año en Brasil (1.500 en los últimos 20 años). También desconocemos si este nuevo crimen de los pistoleros, las milicias armadas y pagadas por los hacendados latifundistas, será calificado por el diputado Lupion como «delito hediondo» o «acto terrorista»; quizá lo considere una demostración de valentía.
En cualquier caso su repulsiva estrategia en torno a la desacreditación y criminalización de los movimientos sociales del campo brasileño se inscribe en el círculo más amplio de las actuales maquinaciones del sector conservador en Brasil, comandado por los ruralistas, que aprovechando la fragilidad del gobierno del PT tras las grietas abiertas en la crisis de los maletines, lanza una ofensiva, principalmente contra el MST, haciendo que deba desviar tiempo y recursos para debilitar y desgastar sus cuadros, luchando por legitimarse en un mundo al revés, sin pies ni cabeza, donde los perseguidos se tornarían perseguidores y los asesinados se habrían vuelto asesinos.
Así las cosas, el peligro de la situación generada por esta CPMI que ya se formó deforme con su informe desinformante, estriba no tanto en la denuncia a compañeros militantes del MST, que no tiene posibilidad alguna de progresar ante la falta de datos o hechos que puedan señalarlos (el relatorio presentado debe ahora dirigirse al Ministerio Público, que decidirá sobre las medidas a adoptar), sino más bien en lo que atañe a la calificación de las ocupaciones de latifundios improductivos como «actos terroristas», y la solicitud al Congreso de crear una nueva CPMI en el 2006, esta vez articulada directamente contra el MST (como si ésta no lo hubiera estado). Peligro, porque una lucha contra las ampliaciones mediáticas del debate en torno a la cuestión del terrorismo, en momentos en que este término está siendo utilizado y manipulado por el poder neoliberal en todo el mundo con fines claramente propagandísticos, sí supondría un gran esfuerzo organizativo y de medios para el MST, como lo está siendo ya para cualquier otro movimiento que intente constituirse como alternativa sociopolítica o simplemente aportar un debate constructivo.
En ese sentido, ya desde septiembre de 2001 están lloviendo las proposiciones terminológicas desde el pensamiento neoliberal, raro soporte ideológico del mundo en que nos desvivimos. Y lo hacen exhibiendo un gran sentido de la provocación por todos los medios a su alcance que, desgraciadamente, son casi todos los medios. Y aunque parece cierto que tanta manipulación arbitraria y desatendida de la palabra «terrorismo» devendrá en la acumulación progresiva de significados (en el año 2003, un informe del ejército de los Estados Unidos, siempre interesado en cuestiones lingüísticas, contaba más de 100 definiciones) y por lo tanto en la pérdida del valor comunicacional de la palabra, no deja de asustarnos esa táctica de laboratorio, de ensayo y error que se maneja como intento de criminalización cali/descalificatorio hacia todo aquel que no está en el supuesto lado correcto. Si cuela…
Sabemos, con Pierre Bordieu, que la «violencia simbólica», la imposición de significados, es una de las más antiguas formas de dominio, primero de las cabezas, y después del resto. Ampliar y deformar el sentido figurado de las palabras puede considerarse una intencionada cuestión de estilo, hasta simpática y creativa, pero cuando esa figura literaria trabaja eliminando del todo el sentido literal, entonces asusta, alarma.
El informe aprobado en Brasilia por la CPMI el pasado 29 de noviembre viaja ahora hacia el congreso, que puede o no tener en cuenta las sugerencias que contiene, pero el mero hecho de que haya llegado hasta ahí, y que, una vez más, un órgano que debería constituirse como representación del pueblo brasileño se haya transformado en instrumento de defensa de los intereses de los poderosos, preocupa en Brasil al MST, a nosotros aquí, y a ti también debería preocuparle ahora, ya que, habiendo leído esto, podrías ser uno de «ellos».