Un renombrado grupo de doce diputados del Partido Demócrata estadounidense clasificó las acciones del juez Sergio Moro como «tendenciosas e injustificadas», habiendo comprometido «gravemente los derechos legales de Lula». La crítica integra una carta entregada este miércoles (18) al embajador brasileño en los Estados Unidos, Sergio Amaral, y obtenida por Brasil de Fato. En el […]
Un renombrado grupo de doce diputados del Partido Demócrata estadounidense clasificó las acciones del juez Sergio Moro como «tendenciosas e injustificadas», habiendo comprometido «gravemente los derechos legales de Lula». La crítica integra una carta entregada este miércoles (18) al embajador brasileño en los Estados Unidos, Sergio Amaral, y obtenida por Brasil de Fato. En el documento, los parlamentarios afirman que «Moro ni siquiera fingió imparcialidad» en las denuncias contra el ex presidente.
Entre los que firman la carta, están nombres de peso de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos -que es la instancia que, junto con el Senado, forma el Congreso legislativo. Entre ellos están cuatro diputados demócratas con mayor influencia política no Comité Judicial de la Cámara, incluyendo John Conyers, que es el demócrata de mayor poder en el órgano. Los demás son: Steve Cohen, Zoe Lofgren y Sheila Jackson Lee.
Líderes del grupo progresista del Congreso también firman el documento, como Raúl Grijalva, Mark Pocan, Barbara Lee y Keith Ellison -siendo este último candidato a la dirección del Comité Nacional del Partido Demócrata y apoyado por el ex candidato a la presidencia de los EE.UU. Bernie Sanders. Son también signatarios: Lucille Roybal-Allard, Eleanor Holmes Norton, Emanuel Cleaver y Frank Pallone Jr.
En la carta, los diputados destacan la falta de pruebas en las denuncias de Moro contra el ex presidente. «Incluso después de los testimonios contra Lula, obtenidos a través de acuerdos de delación premiada, todavía no hay pruebas creíbles que involucren a Lula en actividades criminales. Nos preocupa que el verdadero objetivo del proceso sea el de perjudicar gravemente la imagen de Lula y desactivarlo políticamente por cualquier medio, como ocurrió con la ex presidenta Dilma Rousseff. Ese sería un nuevo retroceso para la democracia brasileña», dice el documento.
Los congresistas alertaron al embajador brasileño sobre el hecho de que las acciones de Moro también irrespetan la legislación internacional. «Estamos particularmente preocupados con la persecución del ex presidente Lula da Silva, la cual viola normas de tratados internacionales, como las estipuladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), garantizando derechos básicos del debido proceso legal de todos los individuos».
Impeachment
La mayoría de los doce diputados ya había firmado una carta divulgada en julio del ano pasado en que denunciaban las irregularidades del proceso de impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff. En el documento actual, ellos reafirman la crítica, diciendo que «aquellos que condujeron ese proceso destruyeron las instituciones democráticas de Brasil a fin de promover sus propios intereses políticos y económicos a costa de la protección de la democracia o de los intereses nacionales».
Los escándalos de corrupción involucrando políticos que articularon el impeachment, tanto como los actuales en el gobierno no electo de Michel Temer – que llevaron a la renuncia de cuatro ministros en los últimos meses – también son mencionados en el documento. «En el período transcurrido desde entonces [impeachment], quedó demostrado que ellos [que dirigieron el proceso contra Dilma] actuaron para proteger figuras políticas corruptas, para imponer una serie de políticas que nunca serían apoyadas en elecciones nacionales y para acosar a sus adversarios en movimientos sociales y partidos políticos de oposición», afirman los congresistas.
Todavía sobre Temer, manifestaron preocupación sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional 55, popularmente conocida como «PEC del fin del mundo», que congela gastos públicos en educación y salud por dos décadas. La carta señala que la medida, en la opinión del relator especial de las Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, «afectará a los brasileños más pobres y vulnerables, [y] aumentará los niveles de desigualdad en una sociedad ya muy desigual».
Represión
Las críticas de los diputados también son dirigidas al escenario de criminalización de los movimientos populares y de violación al derecho de manifestación. «La reciente represión contra manifestantes pacíficos y movimientos sociales, y las violaciones de los derechos y del debido proceso legal del ex presidente Lula da Silva sugieren que la democracia brasileña todavía no cambió la página de su no tan distante pasado autoritario», dice la carta.
El MST es citado en el documento como siendo un de los blancos de «duras represiones, aunque la reforma agraria sea un derecho garantizado por la Constitución brasileña. «Miembros del internacionalmente renombrado Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST) […] fueron detenidos y acusados de integrar una ‘organización criminal’, después de participar en ocupaciones pacíficas de terrenos improductivos», dice.
El documento ataca además la ofensiva contra expresiones y debates políticos en las escuelas que generó protestas de los estudiantes secundarios en todo el país, alertando que la medida configura «una amenaza a los derechos humanos fundamentales de libertad de expresión y asociación».
Además de eso, los diputados refuerzan la necesidad de acción para frenar el actual escenario de represión y persecución. «Como un primer paso esencial para revertir esta situación, instamos a las autoridades federales brasileñas a hacer todo lo que tengan a su alcance para proteger los derechos humanos de los manifestantes, líderes de movimientos sociales y líderes de la oposición, como el ex-presidente Lula da Silva», resaltan.
Sociedad civil
La carta recibió además el apoyo de organizaciones de la sociedad civil influyentes en el escenario político estadounidense, como la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), la mayor central sindical del país. Y por sindicatos del área metalúrgica, de educación y del área de comunicación, así como por parte de otras organizaciones del área ambiental, de investigación y de políticas públicas. Entre ellas está el Center for Economic and Policy Research (CEPR), que elabora informes sobre la situación económica y política de Brasil. En entrevista con Brasil de Fato, el investigador Alex Main, del CEPR, manifestó preocupación con los rumbos del país. «Es un golpe. Eso, obviamente, perjudica mucho la democracia y las instituciones brasileñas y genera instabilidad. Además de resultar en un gobierno que no tiene la legitimidad popular para dirigir el país correctamente», dice.
Main criticó además el comportamiento del ex-presidente estadounidense Barack Obama con relación al impeachment, pues él «dejo pasar eso sin decir nada». Para el investigador, tal actitud se interpreta como apoyo al gobierno que emergió del golpe y que hoy amenaza las conquistas laborales y sociales de los gobiernos Lula y Dilma. «Tengo la esperanza de que Brasil pueda volver a un camino democrático y de justicia», finaliza.