Según establece el artículo 7, apartado 5 de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), se consideran datos especialmente protegidos los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, que sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas […]
Según establece el artículo 7, apartado 5 de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), se consideran datos especialmente protegidos los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, que sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.
En el año 2000, la Agencia de Protección de Datos ordenó el cierre cautelar de la Asociación contra la Tortura, iniciando un expediente sancionador que finalizó con la imposición de una multa de 60 millones de pesetas, que se vería posteriormente confirmado por sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. El motivo de todo ello, la publicación por parte de la Asociación Contra la Tortura de una lista de funcionarios de prisiones y cuerpos policiales condenados o procesados en casos de tortura a detenidos españoles.
Ayer, 6 de abril de 2010, se publicaron en Internet los 50.000 folios del sumario conocido como «Caso Gürtel». Los ficheros pdf que recogen intervenciones telefónicas se pueden descargar de infinidad de páginas, así como de las principales redes de intercambio de archivos. Es un material cómico excelente, muy apropiado para las pantallas del Kindle DX o del iPad.
Pero es más: las grabaciones audiovisuales efectuadas en sede judicial, donde aparece la voz y la imagen de los principales acusados, fueron ayer difundidas por distintas televisiones, en horario de máxima audiencia, y a estas horas ya están disponibles en YouTube.
Personalmente siempre he pensado que la información debe ser libre, y que en un mundo digitalizado es imposible técnica y jurídicamente impedir la difusión de informaciones de interés público, y muy especialmente aquellas que afectan al cáncer del Estado de Derecho: la corrupción política. Pero si vamos hacia un mundo transparente, la ley debe ser igual para todos.
Recientemente, los periodistas de la Cadena Ser Daniel Anido y Rodolfo Irago fueron condenados penalmente, e inhabilitados profesionalmente, por haber ejercido su obligación profesional: revelar la información que los corruptos quieren esconder.
En el año 2008, Julio Alonso, responsable de la red de blogs Weblogs, S.L., fue apercibido mediante auto dictado por una juez de Madrid sobre las consecuencias negativas que podría padecer en el supuesto de colgar en su blog Merodeando el vídeo que recogía la audiencia pública del juicio seguido contra su persona a instancias de la SGAE. El abogado de esta entidad alegó una posible infracción de su derecho a la imagen, pese a que dicha imagen se grabó en una audiencia pública, mientras el letrado -también músico e intérprete profesional cara al público- desarrollaba sus funciones profesionales. Otro vídeo anterior, de la audiencia previa al juicio, presenta ahora un hilarante mensaje: «Este vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de copyright realizada por SGAE».
Podría seguir hasta el aburrimiento. Podría explicar, por ejemplo, cómo se me ha negado, en distintos Juzgados de Madrid, la posibilidad de hacer fotocopias del sumario, en casos de gran complejidad tecnológica, que hacían imprescindible disponer de una copia del sumario para ejercer en condiciones el derecho de defensa. Sin ir más lejos, un Juzgado Central de la Audiencia Nacional me denegó tal posibilidad en un caso de falsificación informática de tarjetas de crédito, y todavía estoy a la espera de que se me facilite copia de la megapublicitada Operación Mariposa, dirigida por el juez Baltasar Garzón.
Parafraseando a George Orwell, podríamos decir que si la justicia significa algo, es por encima de todo, que la ley sea igual para todos. Si el Estado de Derecho significa algo, ha llegado la hora de romper -también digitalmente- todo tipo de embudos y dobles varas de medir.
http://www.nacionred.com/proteccion-de-datos/doble-vara-digital-por-carlos-sanchez-almeida
Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.
Ahora también es colaborador de Nación Red.