Cuando en febrero pasado la monja Dorothy Stan fue asesinada de seis balazos por pistoleros al servicio de «empresarios» agropecuarios y madereros, el gobierno federal de Brasil envió al estado de Pará 2 mil soldados para capturar a los asesinos, cosa que pronto lograron. Quien presuntamente pagó a los pistoleros, el latifundista Vitalmiro Bastos, ya […]
Cuando en febrero pasado la monja Dorothy Stan fue asesinada de seis balazos por pistoleros al servicio de «empresarios» agropecuarios y madereros, el gobierno federal de Brasil envió al estado de Pará 2 mil soldados para capturar a los asesinos, cosa que pronto lograron. Quien presuntamente pagó a los pistoleros, el latifundista Vitalmiro Bastos, ya está en una cárcel federal. Muchos de sus colegas hacendados provienen del sur, de Mato Grosso, Minas Gerais, Giania, Paraná y Santa Catarina. Algunos de ellos con lo que les dieron al vender mil hectáreas compraron 100 mil en Pará o cualquier otra parte del norte. Contratan dos personas con motosierras y en poco tiempo no queda selva, sólo extensiones enormes para plantar. Pero la mayor parte de las tierras ocupadas por estos hacendados pertenecen a la nación. Los títulos de propiedad que ostentan son fraudulentos, obtenidos gracias a la corrupción. Contra esos hacendados y sus prácticas destructoras de la selva luchaba la monja estadunidense de 74 años.
Más de una vez los latifundistas y la gente a su servicio acusaron a Dorothy de ser una «agitadora comunista» porque organizaba a la población local y a los sin tierra que llegaban de otras partes de Brasil bajo un lema muy simple: la selva no debe destruirse, debe utilizarse racionalmente; sólo debe cultivarse en ciertas partes y para obtener alimentos, en especial los básicos.
Uno de esos proyectos, que comprendía más de 100 mil hectáreas, era alentado por la misionera. Los latifundistas lo criticaban por su carácter de «reserva ecológica» y por «utópico», pues era «regresar al pasado, a los usos y costumbres de los indios que viven de recolectar los frutos de la selva». Por antieconómico y atrasado debía desaparecer, pero, sobre todo, por crear conciencia de que no se debía permitir que unos cuantos se volvieran poderosos a costa de un recurso natural invaluable que no les pertenecía y que destruían aceleradamente.
Un dato que ilustra precisamente lo anterior es que en el estado de Pará se ubica el municipio donde se destruye más selva del planeta, Sao Felix de Xingú: 173 mil hectáreas solamente en 2003. Ese acelerado proceso de arrasar con la selva explica por qué las empresas madereras aumentaron su número de ocho a 43 en los últimos siete años y por qué sus dueños se manifestaron con toda su fuerza contra el gobierno cuando éste amenazó con no dar más licencias para explotar la madera. Llegaron, inclusive, a cortar la navegación por ciertos ríos.
Luego del asesinato de la hermana Dorothy se explica también por qué el gobierno decidió dar el paso esperado desde años atrás por los ambientalistas y los campesinos: intervenir los títulos de propiedad de más de 8 millones de hectáreas a fin de crear áreas de reserva ambiental o espacios para cultivo sin poner en peligro la selva. El gobierno anunció entonces que quien comprobara que compró correctamente la tierra sería indemnizado. El que no, perdería todo.
La destrucción masiva de la selva tiene, en muy buena parte, origen en intereses externos: por un lado, la demanda internacional de soya agotó enormes extensiones de tierra y exige abrir la frontera agrícola. Por el otro, la ganadería extensiva requiere más potreros.
Brasil es el mayor exportador de crías en el mundo y la madera obtenida de sus selvas tiene alto valor comercial. Así, la majestuosa Amazonia se convierte aceleradamente en campo agrícola. En unos años más, los desajustes ambientales dejarán sentir sus efectos. Y contra ese modelo trasnacional han luchado miles y sus líderes han sido asesinados o encarcelados por encabezar a los «sin tierra», bajo la acusación de ser «agitadores».
En febrero pasado, además de Dorothy, fueron asesinados en Pará dos dirigentes sindicales y uno campesino. La Secretaría de Derechos Humanos (con rango de ministerio) tiene identificadas a 65 personas amenazadas de muerte por encabezar grupos que se oponen a la destrucción de la selva y exigen que Pará deje de ser «tierra de nadie». Evitar que sean asesinadas es tarea de todos, no solamente del gobierno y el pueblo de Brasil.