PRETORIA, Sudáfrica – Sudáfrica desempeñará un importante papel internacional en 2025 como presidente del G20, el grupo de 19 países, además de la Unión Africana y la Unión Europea, que concentra el 85 % de la economía, el 75 % del comercio y el 67 % de la población mundial. El G20 se define a sí mismo como el principal foro multilateral para la cooperación económica internacional.
Durante su año al frente del G20, Sudáfrica tendrá que organizar una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, así como preparar y presidir unas 200 reuniones de ministros y otros funcionarios, originarios de los miembros del G20, de países invitados y de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Las reuniones se centrarán en cuestiones como los desafíos a los que se enfrenta la economía mundial y la disyuntiva de si los actuales acuerdos de gobernanza económica mundial son capaces de responder a ellos de forma eficaz.
Por tanto, presidir el G20 es una oportunidad para que Sudáfrica promueva reformas en la gobernanza de la economía mundial. Pero existen limitaciones, pues heredará la agenda de Brasil, actual presidente del G20, y tendrá que responder a la evolución del actual entorno mundial, dinámico y complejo.
Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, celebradas en abril en EEUU, sugieren que el G20 podrá alcanzar algunos objetivos para el próximo año. Hubo muchos debates sobre la incapacidad de los acuerdos actuales para abordar adecuadamente retos globales como el clima, la salud pública, la desigualdad, la pobreza y la digitalización.
No hay necesariamente un acuerdo sobre cómo priorizar esos retos. Y, por desgracia, las opiniones de los Estados ricos, que dan prioridad a cuestiones como las emisiones de carbono, dominan los debates. Por ejemplo, el Banco Mundial destacó el hecho de que, en el ejercicio financiero de 2023, aumentó los fondos prestados para proyectos vinculados a cuestiones climáticas en más de un 20 %, y destinó el 41 % de sus préstamos al clima.
Pero su propia encuesta entre los países prestatarios muestra que el clima ocupa el puesto número 11 en la lista de prioridades de sus Estados prestatarios. La salud, la educación, la agricultura y la seguridad alimentaria, y el agua y el saneamiento ocupan puestos mucho más altos. No obstante, los debates dejaron de manifiesto por lo menos dos puntos ciegos.
El primero se refiere a la reforma del FMI; el segundo, a la relación entre las organizaciones internacionales y sus Estados miembros.
Sudáfrica debería tratar de visibilizarlos, y animar al G20 a encargar dos estudios sobre la escala y el alcance de los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional, además de proponer algunas respuestas. Lo ideal sería convencer al G20 de que encargue esos estudios en 2024 para poder empezar a debatir las respuestas políticas en 2025.
Este tipo de enfoque ha sido eficaz. En los últimos años, los bancos multilaterales de desarrollo han sido objeto de estudios encargados por el G20, lo que dio lugar a propuestas destinadas a hacerlos «más grandes y mejores«.
Deficiencias
La necesidad de reforma del FMI es cada vez más urgente. Está adaptando sus operaciones para hacer frente a los impactos macroeconómicos de cuestiones como el clima, el género y la desigualdad. El FMI creó un Fondo para la resiliencia y la sostenibilidad que ofrece recursos a 18 países, principalmente para la adaptación. Además, revisa su Marco de sostenibilidad de la deuda de los países de renta baja a fin de incorporar estas «nuevas» cuestiones.
Sin embargo, estos cambios se realizan de forma opaca e impredecible. El FMI no ha hecho públicos los principios y procedimientos que utiliza a la hora de decidir qué aspectos de estas «nuevas» cuestiones va a asumir.
No puede evaluar con precisión todas las repercusiones de estas cuestiones a menos que entienda cómo responderán las comunidades, los trabajadores, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil a las repercusiones sociales y medioambientales de determinadas iniciativas políticas y fiscales con implicaciones macroeconómicas. No puede obtener la información sin consultar a esos grupos.
Esto significa que debe aumentar su compromiso con un abanico más amplio de partes interesadas que cuando se centraba exclusivamente en cuestiones más tradicionales de estabilidad macroeconómica y financiera. Estas nuevas cuestiones, por tanto, plantean interrogantes sobre la forma adecuada de relación entre el FMI y sus Estados miembros.
En las reuniones de primavera, el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el FMI «reiteraron la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas para mejorar los resultados en materia de desarrollo y estimular el aprendizaje interno y la retroalimentación«.
Sin embargo, el FMI sigue siendo la única institución financiera internacional sin un mecanismo independiente de rendición de cuentas.
La segunda brecha está relacionada con el hecho de que los países en desarrollo gastan más en el servicio de la deuda externa que en sanidad y educación. Esto socava sus esfuerzos para hacer frente al cambio climático, la desigualdad y los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos participantes también lamentaron que haya una fuga neta de fondos del Sur hacia el Norte.
Como señalaron algunos, la cantidad de fondos comprometidos por los países ricos para nuevas iniciativas de financiación del desarrollo es ínfima en comparación con lo que se necesita. Esto ha llevado, por ejemplo, a los ministros de economía de Brasil, Alemania, Sudáfrica y España a pedir un impuesto mundial para los multimillonarios.
Se trata de una idea importante y creativa. Pero la propuesta plantea cuestiones difíciles sobre la soberanía de los Estados y sobre el diseño de las instituciones de gobernanza mundial.
Qué hace falta
Mientras que los bancos multilaterales de desarrollo han sido objeto de estudios encargados por el G20, el FMI no ha sido sometido a ningún examen similar.
Sudáfrica debería encargar a un grupo de expertos que estudie cómo debería cambiar el FMI para asumir estas nuevas cuestiones. El estudio debería analizar la gobernanza de ese organismos, sus políticas y prácticas operativas, así como sus necesidades financieras. El propósito sería identificar las deficiencias actuales en estructuras y funciones.
Los expertos también deberían pensar en formas de hacer que el FMI responda mejor a las necesidades y prioridades de todos sus Estados miembros y sus ciudadanos.
En segundo lugar, Sudáfrica debería solicitar un estudio sobre la mejor manera de dividir la responsabilidad entre los Estados y las instituciones financieras internacionales. Esto es especialmente importante cuando se trata del impacto medioambiental y social de las operaciones.
El objetivo sería comprender cómo evolucionan los papeles y las funciones de estas instituciones y cómo afecta esto a sus relaciones con los Estados miembro. El estudio podría proponer formas de garantizar que la estructura y las funciones de las instituciones sean a la vez respetuosas con la soberanía de los Estados y adecuadas a las responsabilidades que las instituciones están asumiendo.
La recaudación de un impuesto mundial sobre la riqueza para el desarrollo podría ser un ejemplo a utilizar en ese estudio.
Danny Bradlow es catedrático e investigador principal del Centro para el Avance de la Formación Académica, de la Universidad de Pretoria. También es Oficial de Cumplimiento en la Unidad de Cumplimiento Social y Medioambiental del PNUD y uno de los presidentes del Círculo Académico sobre el Derecho al Desarrollo, que asesora al relator especial de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo.
Fuente: The Conversation- organización de noticias independiente y sin ánimo de lucro dedicada a liberar el conocimiento de los expertos para el bien público. La Universidad de Pretoria aporta fondos en tanto socio de The Conversation AFRICA.