Si al estudiantado de economía se le pide que defina conceptos cómo explotación, capitalismo, sistemas económicos, crisis económica, poder económico o clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si no de indiferencia.
Trabajadoras de residencias de Bizkaia mejoran el convenio después de una larga huelga ARGIA
NO HAY QUE FIARSE DE LOS DISCURSOS ECONÓMICOS DOMINANTES
Si al estudiantado de economía se le pide que defina conceptos cómo explotación, capitalismo, sistemas económicos, crisis económica, poder económico o clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si no de indiferencia: «pero si a mí solo me enseñan a hacer derivadas ¿de qué me hablas?» Con toda probabilidad las estudiantes desconocerán corrientes de análisis económico y corrientes de la economía política alternativa o radical: las perspectivas kaleckiana y postkeynesiana, regulacionista, institucionalista, ecologista y feminista, las múltiples formas de entender el marxismo o las concepciones de economía socialista y autogestionaria, impulsadas por economistas de ámbito nacional e internacional [1].
Esto es, sin duda, una muy mala noticia. Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y político por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real y, desde luego, las relaciones laborales existentes se entienden principalmente con los conceptos antedichos. Estos conceptos también han dado lugar a cursos de introducción a la economía política como base de planes de estudios e investigación alternativos pero, y a pesar de la necesidad de ampliar las miras, el sistema económico dominante y sus aparatos políticos e ideológicos se reproducen a través de lo que algunos autores denominan como la «dimensión vertical» o el «poder de clase».
«El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de supervisores y responsables sobre trabajadoras»
El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de supervisores y responsables sobre trabajadoras con, por ejemplo, la amenaza de sanción o despido; la forma en la que intelectuales y tecnócratas de diversa índole argumentan para deliberadamente desposeer a personas «no expertas» de cualquier conciencia crítica, evitar preguntas indeseadas, siquiera realizar propuestas alternativas; así como el poder institucional de la patronal, gobiernos y, eventualmente, algunas organizaciones obreras conservadoras sobre el resto de segmentos de la clase trabajadora, en contraposición con aquella más combativa y organizada en sindicatos de contrapoder, a la hora de establecer el «modelo de país». Todos estos aspectos condicionan y determinan las decisiones sobre la organización del trabajo y la producción, el intercambio o comercio, la inversión, la explotación, el excedente y los procedimientos a seguir para distribuir ese valor económico producido entre salarios y beneficios. En definitiva, no hay que fiarse de los discursos económicos dominantes, porque la ideología y política liberales determinan la forma en la que nuestra sociedad capitalista se reproduce materialmente y ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de pensar e interactuar con el prójimo.
Esta explicación quizás pueda parecer demasiado teórica o abstracta. Quizás con un par de ejemplos concretos derivados de procesos de crisis empresarial, enmarcados en los ciclos y crisis económicas recurrentes en el capitalismo, sea posible engarzar el discurso académico con la realidad económica y de las relaciones laborales, apuntando así a la necesidad imperiosa de desarrollar una actitud crítica para organizar prácticas más subversivas y emancipadoras de la realidad que nos rodea.
El pasado año 2018 en un grupo empresarial en Euskalerria dedicado a la fabricación de tubo industrial de acero, la dirección del mismo presentó un plan de reestructuración que buscaba «asegurar la viabilidad empresarial» afectando principalmente a la planta productiva situada en Sestao y Trapagaran, en Bizkaia. Este plan consistía en aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el despido colectivo de 157 trabajadores de un total de 420 (mayoría hombres), la reducción de un 25% de los salarios para aquellos que no fueran despedidos, y el cierre de la acería de la planta que implicaba a medio plazo el cierre de la misma en la comarca. La plantilla, organizada en varios sindicatos, planteó una oposición razonada en la ausencia de causa económica y productiva para el despido colectivo y el cierre de la acería. Durante el proceso exigió la documentación e información necesaria para realizar, por medio de sus gabinetes técnicos, un análisis económico de viabilidad industrial que resultó certero y permitió mantener el empleo y la industria, como se demostró posteriormente. A su vez pese a la cobertura legal, por las reformas laborales de PSOE y PP (2010-2012), y la voluntad del grupo empresarial de despedir a la gente y cerrar la planta, situada en una comarca de permanente desindustrialización, los trabajadores organizaron una huelga indefinida de jornada completa que se alargó 43 días hasta que la dirección cedió y retiró el ERE, hecho muy poco habitual en este tipo de procesos, sin imponer posteriormente medidas de despido o reducción salarial. Esta huelga, secundada por toda la plantilla e impulsada principalmente por los sindicatos vascos ELA, LAB y ESK, de un perfil reivindicativo, de contrapoder, tuvo el apoyo de las respectivas cajas de resistencia para que los trabajadores pudieran mantener un nivel suficiente de ingresos pese a la pérdida de salario por ejercer el derecho a huelga. De otra forma y con otros planteamientos sindicales, hubiera sido imposible el mismo resultado.
«La defensa del empleo, la actividad industrial y del salario resultó efectiva gracias a la oposición de estos sindicatos a los planes del grupo empresarial»
Durante el conflicto, el Gobierno Vasco, con competencias tanto en Industria (PNV) como en Trabajo (PSOE), trató de «mediar» en clave de dialogo social ante la solicitud del grupo empresarial acorralado por la presión sindical de huelga, con la intención de debilitar la posición de poder sindical y las reivindicaciones planteadas. Sin embargo, la mediación no fue aceptada y no consiguieron sus objetivos. La expresión del conflicto en este caso, en un sector industrial masculinizado, se centró en quien paga la contracción económica cuando ha existido un abundante reparto de beneficios en años anteriores. La defensa del empleo, la actividad industrial y del salario resultó efectiva gracias a la oposición de estos sindicatos a los planes del grupo empresarial, en contraposición a un grupo empresarial que piensa primordialmente en maximizar rentabilidad y beneficios, o a un gobierno que trata de intervenir en defensa de los intereses de sus empresarios. La lógica de concertación social, la mediación del gobierno entre el trabajo y el capital, perseguía con la falaz búsqueda del «término medio», permitir que se impusieran los objetivos empresariales [2].
Imagínate ahora una situación en la que estás en la sala de reuniones de una empresa del sector de los cuidados, sector feminizado, por ejemplo, una residencia de personas mayores y dependientes u hospital privado con 35 trabajadoras. Estás en una reunión muy tensa porque la empresa ha abierto un proceso legal de negociación con las delegadas sindicales para una reducción salarial por dificultades de liquidez y de viabilidad económica. O dicho de otra forma, la empresa os plantea que no tiene suficiente ingreso para hacer frente a los gastos y busca tener más holgura financiera, que puede imponer de forma legal gracias a las reformas laborales citadas del PP y PSOE (2010-2012). El economista o contable de la empresa expone que el peso de los salarios en la estructura de costes es muy superior al de otras empresas competidoras del sector, por lo que resulta imprescindible acometer una reducción salarial para mantener la empresa a flote. Eres nueva en este tipo de situaciones y no sabes si creerte o no las palabras de esa persona que se hace llamar «experta» y que parece vela por los intereses de toda la empresa.
Pero al lado, tienes una compañera bastante reivindicativa e informada y responde, sin titubeos, que lo que la empresa comenta es cierto, pero que no es debido a los pretendidos altos salarios cobrados por las trabajadoras, sino porque la estructura salarial está desproporcionadamente inclinada hacia arriba, es decir, porque los cargos de dirección doblan el nivel de salarios de referencia en la negociación colectiva sectorial, lo que implica que su reducción al nivel de convenio permitiría equilibrar las cuentas. Los salarios elevados de la dirección, a su vez propietaria, es la forma de repartir beneficios antes que estos se produzcan. Se hace el silencio en la sala, y todas las presentes se dan cuenta que sin duda se llega al punto de expresión de un conflicto de poder, el clásico conflicto distributivo en el sistema capitalista entre salarios y beneficios disfrazados a través de altos salarios, en una situación de crisis económica. Finalmente, el conflicto se resuelve a través de los cauces habituales: se convoca una huelga indefinida por toda la plantilla, que fuerza efectivamente a la dirección a reducirse sus salarios al nivel del convenio sectorial cómo primera acción de viabilidad, previa a evaluar otras medidas.
LA ACCIÓN SINDICAL ES CRUCIAL
La anterior crisis económica nos ha dejado una pléyade de experiencias sindicales y de huelgas parecidas que bien analizadas nos ayudan a sintetizar algunas conclusiones de interés. El contexto de crisis económica ayuda a entender rápido y generaliza bien cómo funciona el capitalismo. A su vez, la crisis económica obliga a la revitalización del poder sindical, si se quiere hacer frente a la discrecionalidad y unilateralidad del poder empresarial y patronal, elementos indisociables de la dinámica económica capitalista.
Parece obvio y necesario que el sindicalismo combativo, de contrapoder, gane capacidad de intervención en sus múltiples dimensiones: ganando mayor número de afiliación, militancia y organización para repartir las diferentes tareas que suponen poner el poder empresarial contra las cuerdas. Es también crucial seguir un programa de transformación, que busque sistemáticamente aumentar la capacidad de acción colectiva y confrontación tanto a nivel de empresa como con los poderes político-económicos siempre hostiles con la clase trabajadora.
«Pensamos que la acción sindical es crucial a la hora de generar nuevos lazos de solidaridad y consolidar orientaciones de política económica que nos permitan alcanzar mayores cotas de democracia económica»
Mientras que el voto ciudadano se está demostrando excesivamente voluble y, por lo general, escorado hacia el mantenimiento de mayorías parlamentarias que apuestan por la servidumbre al poder económico, la militancia y afiliación sindical siguen siendo la forma fundamental para garantizar y avanzar en derechos laborales, condiciones salariales, de empleo y vida. A su vez, la acción sindical, la organización trabajadora en los centros de trabajo, las huelgas, permiten democratizar los conflictos y debates económicos, re-politizando así a una gran parte de la población a quien los debates televisivos sobre cómo se debe gestionar un país le quedan lejos. Sin embargo, aquellas cuestiones de las condiciones de trabajo como el salario, la jornada o de la dinámica productiva de la empresa o sector, nos quedan muy cerca, podemos comprenderlas transformarlas e incidir en ellas. Confiar plenamente en las élites políticas y empresariales no hace más que reducir la capacidad crítica de cada cual, ya que nuestros intereses no pueden incorporarse completamente en el discurso de aquellas personas que, en definitiva, no nos tratan fraternalmente. Pensamos pues que la acción sindical es crucial a la hora de generar nuevos lazos de solidaridad y consolidar orientaciones de política económica que nos permitan alcanzar mayores cotas de democracia económica y bienestar social partiendo desde la experiencia particular de cada cual.
Notas:
[1] Véase www.heterodoxnews.com para encontrar una amplia red de académicas, universidades y asociaciones que trabajan por impulsar una economía diferente a nivel mundial, como la Union for Radical Political Economics en Estados Unidos. Véanse también www.isipe.net así como www.rethinkeconomics.org para contactar con estudiantes que buscan y promueven una educación alternativa en economía política. En el estado español encontramos la Asociación de Economía Critica , el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA), Economía Crítica y Crítica de la Economía (ECCE), Seminari d’Economía Critica Taifa , Plataforma por la Democracia Económica , Red de Teoría Monetaria Moderna , ATTAC , FUHEM Ecosocial , Ecologistas en Acción o también economistas, sociólogas y asesoras laborales participantes del observatorio ToShare o el Foro de profesionales del asesoramiento laboral y social de la Universidad del País Vasco/EHU .
[2] Los trabajadores de Productos Tubulares no se creen la necesidad del ERE y exigen las cuentas a la empresa (El Mundo País Vasco, 10-4-2018); Tubos Reunidos solicita a Gobierno Vasco su mediación en el conflicto de Productos Tubulares (Europa Press, 16-4-2018) y Comité de Empresa de Productos Tubulares no comparte la solicitud de Tubos Reunidos para que Gobierno vasco medie (Europa Press, 16-4-2018); Productos Tubulares anuncia la retirada del ERE que planteaba despedir a 157 trabajadores (Naiz, 17-4-2018); Productos Tubulares pide paz social a cambio de retirar el ERTE (Deia, 16-6-2019); El comité de Trapagaran pide retirar el ERTE «sin condiciones» (Deia, 28-6-2019).
Lluís Rodríguez Algans. Economista asesor laboral y de políticas públicas. Miembro de ICEA. Twitter @lluisraeco
Jon Las Heras Cuenca . Profesor de Economía y Sociología en la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea. Miembro de ICEA. Twitter @jonlhc
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/economia-para-todas/economia-capitalista-conflicto-y-poder-sindical-