El debate sobre el cambio de modelo productivo La crisis ha convertido en un lugar común hablar de cambiar el modelo productivo. El presidente del Gobierno convirtió este tema en el eje de su discurso sobre el Estado de la nación, pero ¿si nuestra economía gozaba de buena salud, cómo es que ahora hay que […]
El debate sobre el cambio de modelo productivo
La crisis ha convertido en un lugar común hablar de cambiar el modelo productivo. El presidente del Gobierno convirtió este tema en el eje de su discurso sobre el Estado de la nación, pero ¿si nuestra economía gozaba de buena salud, cómo es que ahora hay que cambiarla? La realidad va por delante de las palabras y ya ha abierto ese «cambio productivo» de la única forma en que es posible en una economía de mercado, mediante una «crisis». Si el «ladrillo» ya no da más de sí, el capital busca nuevas esferas de negocio. Por el camino más de dos millones se han quedado en paro y se imponen condiciones de explotación más intensas al resto de los trabajadores, anunciándonos que cuando venga la recuperación, muchos más asalariados se habrán incorporado a las filas del «mileurismo» y el «cieneurismo».
Si el problema central es el exceso de construcción residencial ¿cómo explicar que la crisis esté afectando con más virulencia a una de las comunidades más industrializadas como Catalunya? ¿O que economías altamente productivas como Alemania y Japón, están siendo las más afectadas por ella? No estamos ante una mero problema financiero o del ladrillo, si no que ambos son una expresión más de la crisis general del capitalismo que se manifiesta en el fenómeno tradicional de la sobreproducción y que supone, en la industria, una infrautilización de la capacidad productiva. La mejor expresión de ello es la caída generalizada del comercio internacional, que la OCDE prevé que sea de un 9% este año, un tipo de crisis que es exclusiva de la sociedad capitalista: una crisis por «exceso» de producción.
Hay más capacidad de producir viviendas, coches, ordenadores, móviles, hortalizas, frutas, leche… de la que es posible vender, y eso sucede en nuestro país, y en todo el planeta. No es que estén todas las necesidades cubiertas: aquí mucha gente sigue sin tener acceso a la vivienda y, en todo el mundo, cientos de millones se mueren de hambre. Pero, quienes lo necesitan no pueden pagarlo, no son demanda solvente, la única que cuenta para el mercado.
Por tanto, el problema no responde sólo a un modelo productivo. En realidad, dicho modelo está constreñido y condicionado por unas relaciones de propiedad que determinan cómo funciona. ¿Por qué se privatiza el Canal de Isabel II en Madrid, cuando es una empresa pública rentable cuyas ganancias revierten en el erario público? Para garantizar una nueva esfera de negocio al capital que otorgue unos beneficios seguros, dada la perentoria necesidad que todos tenemos del líquido elemento. Por el contrario, si se tratara de asegurar un servicio de calidad y con costes reales se mantendría en manos públicas. La experiencia de París, que acaba de remunicipalizar el suministro de aguas -con un Ayuntamiento de izquierdas, claro-, es el mejor testimonio de ello.
Por tanto, en las actuales condiciones sociales y políticas, un cambio de modelo productivo se hará en base a las necesidades de los propietarios de los medios de producción que, en una economía de mercado, son los capitalistas. En el Estado español, esto supondrá que las principales decisiones, las determinarán «unas 1.400 personas -un 0,035% de la población-» que «controlan las organizaciones esenciales de la economía española y una capitalización equivalente al 80,5% del PIB»1.
Por eso, cuando las direcciones sindicales o desde posiciones ecologistas se postula un cambio de modelo productivo sin cuestionar las relaciones de propiedad, quedan desarmados ante los argumentos de la burguesía y sus representantes. Javier López, Secretario General de CCOO-Madrid, afirma que los empresarios «han sido muy avaros y muy especuladores», y apuesta por «echar de Madrid» a «los ladrillistas» y quedarse con los empresarios «sanos»2. No es una cuestión de empresarios «sanos» o «avariciosos», el capitalismo es así, la ley de la competencia hace que las inversiones se dirijan hacia los sectores más rentables en búsqueda de la máxima ganancia. «El mercado se mueve por la codicia» explicaba un directivo de una destacada sociedad de valores3. Se refería al mundo financiero, pero se podría extrapolar a todo el funcionamiento de la economía de mercado. La economía capitalista se funda en explotar el trabajo humano y los recursos naturales, por eso crecen constantemente las desigualdades y el medio natural se degrada. Si aceptas la economía de mercado, quedas condenado a negociar a la baja con la patronal.
El modelo de la patronal
¿Qué entiende la patronal por «cambio de modelo productivo»? Michele Boldrin, director de la Cátedra FEDEA-Repsol, le replicaba al presidente del Gobierno que «parece no entender que el crecimiento solamente puede venir desde la iniciativa privada y que el papel del Gobierno es crear las condiciones estructurales para que esa iniciativa se desarrolle, sin intentar adivinar qué actividades o sectores serán los ganadores y cuáles los perdedores»4. En otras palabras, será el mercado y las empresas privadas las que tienen que protagonizar el cambio.
¿Y qué piden los representantes de las empresas privadas? Reducir el coste del despido, eliminar la obligatoriedad de los convenios colectivos -dando prioridad a los acuerdos de empresa o entre empresario y trabajador-, dar cabida a las empresas privadas en la tarea del INEM, reducir las prestaciones por desempleo de forma más intensa cuando se esté mucho tiempo en el desempleo -a fin de «incentivar» la búsqueda empleo-, reducir las pensiones a través de la ampliación del periodo que se toma en cuenta para su cálculo y retrasar la edad de jubilación, reducción del gasto público corriente, bajada de las cotizaciones sociales y de los impuestos a las empresas… En definitiva, medidas que permiten un abaratamiento del coste de la mano de obra y que, de aplicarse, profundizarán todavía más el empobrecimiento de la clase trabajadora y un aumento de las desigualdades sociales. Estos argumentos son expuestos por el manifiesto de cien economistas, uno de los cuales acaba de ser nombrado secretario de Estado de Economía5.
Los mismos que plantean ese nuevo recorte de los derechos sociales y laborales, defienden una supeditación de las medidas contra el cambio climático a las necesidades «económicas» y proponen medidas que sólo van a agravar la sobreexplotación de los recursos naturales. Los ejes centrales son un plan de infraestructuras basado en la ampliación del transporte por carretera y de la alta velocidad ferroviaria, así como nuevas inversiones en la energía nuclear, el uso de agrocombustibles, todo ello dentro de un conjunto de fuentes energéticas -un «mix»- en el que las renovables sólo serían una complemento más, no el pilar fundamental de la producción energética. Y, por el momento, los planes del gobierno socialista van en esa misma dirección6.
Y eso es sólo prolongar la agonía de un modelo sin futuro. Los combustibles fósiles y la energía nuclear están condenados a acabarse, por lo que debería ser una prioridad central reemplazarlos por el uso de energías renovables al 100%, dejándolos como una fuente de reserva para emergencias. Eso es perfectamente posible si se cambian el modelo de producción7, y consumo, pero otra vez chocamos con la realidad del capitalismo pues reducir el consumo energético, descentralizar la producción de la misma… son medidas que chocan de lleno con los intereses de las grandes compañías privadas del ramo.
Por tanto, desde las filas de la burguesía sólo nos invitan a proseguir en la dinámica que nos ha conducido a este desastre. Una propuesta de cambio de modelo productivo que persiga garantizar los derechos sociales y una sinergia con el medio ambiente, entra inevitablemente en conflicto con el capitalismo.
Planificación democrática de la economía
El profesor Joan Martínez Alier, uno de los representantes de la ecología política en nuestro país, señalaba que numerosos movimientos sociales de países pobres, en su lucha por la supervivencia, «tratan de sacar los recursos naturales de la esfera económica, del sistema de mercado generalizado, de la racionalidad mercantil, para mantenerlos o devolverlos a la ecología humana»8.
Por ese mismo objetivo peleamos en relación a la sanidad, la educación… pues la experiencia ha demostrado que en manos privadas son un desastre socialmente y carísimo para el erario público, y aún funcionarían mucho mejor si la estructura de estos servicios se democratizara y dejará de estar controlada por cargos públicos y altos directivos más preocupados por ponerlos al servicio de las empresas privadas.
De lo que se trata es de sacar a la propia actividad económica de la irracionalidad del mercado y someterla a una planificación democrática, lo cual sólo es posible si se pone fin a la propiedad privada de los recursos naturales y de los grandes medios de producción. Siguiendo a Marx, se trataría de que el «valor de uso» de las cosas deje de estar subordinado al «valor de cambio».
Un ejemplo muy claro es la vivienda: bajo condiciones capitalistas tiende a ser una mercancía más, sometida a las leyes de la oferta y la demanda. Eso ha propiciado el auge especulativo de la construcción residencial en nuestro país. Se han construido cinco millones de viviendas en 10 años y sigue sin estar garantizado el derecho a la vivienda para millones de personas, sobre todo jóvenes, que si no fuera por el colchón familiar, estarían en la calle.
La primera medida a plantear para resolver el problema de la vivienda es sacarla del ámbito del mercado. Un gobierno de izquierdas consecuente debería promover un amplio patrimonio público de viviendas. ¿Cómo se podría hacer eso? Pues una forma, sería adquiriendo el stock de cerca de un millón nuevas que están sin vender a precio de coste. Estamos hablando de una inversión en torno a los 66.000 millones de euros, menos de la mitad de los recursos que se han puesto a disposición de la banca privada. Esa sería una medida básica que, junto con una política de rehabilitación y de intervención pública de la vivienda vacía, garantizaría el acceso universal a la vivienda9.
Pero la necesidad de «sacar del mercado» se haría extensiva a al conjunto de los grandes sectores productivos. La energía, las telecomunicaciones, el transporte… auténticos oligopolios privados cuyo funcionamiento es vital para la sociedad y que no pueden ser supeditados al interés privado. Y, sobre todo, sería fundamental transformar en público el sector financiero, pues es la única forma de que los ahorros del conjunto de la sociedad dejen de estar bajo control de una minoría que ya hemos visto cómo los utiliza.
No son pocos los gobiernos que están procediendo a una política de nacionalizaciones, pero sólo como una medida temporal, para «sanearlas» -eufemismo que indica la transferencia de las deudas privadas de las grandes empresas al erario público-. Sin embargo, aquí conviene recordar que el Estado tampoco es neutral. Lo «público» también reviste un carácter de clase. Se trata de una intervención pública pero bajo control democrático de trabajadores y usuarios… en definitiva, se trata de socializar las fuerzas productivas y reemplazar el mercado por la planificación democrática de las grandes fuerzas productivas. Sólo sobre esa base es posible abrir las puertas a un cambio de modelo productivo que realmente se dé en beneficio de los trabajadores y del equilibrio medioambiental del planeta.
Notas
- La crisis financiera, guía para entenderla y explicarla. Juan Torres López y Alberto Garzón. Publicado por Attac. http://www.attac.es/
- Madrid Sindical, abril 2009, periódico de CCOO de Madrid.
- José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, publicado en EP 20/05/09.
- Del artículo «Otro modelo, pero en serio» de Michele Boldrin, EP Negocios 17/05/09.
- José Manuel Campa. El llamado «Manifiesto de los cien» puede leerse en http://www.crisis09.es/
propuesta/ - «Las estrellas de los presupuestos de 2009 don las autovías, que se llevarán una tajada de 5.636 millones de euros (un 16% más que en 2008), seguidas muy de cerca por el AVE, con 5.629 millones de euros (un 21,6% de aumento). En total, el presupuesto para infraestructuras de 2009, ascenderá a unos escalofriantes 19.271 millones de euros, un 7,5% más que hace un año. ¿Crisis, qué crisis?» El Ecologista nº 59, invierno 2008/2009.
- Así lo demuestra un estudio elaborado a instancias de Greenpeace, publicado en el Atlas Medioambiental de Le Monde Diplomatique de 2008 y que puedes consultar en http://www.greenpeace.org/
espana - Le Monde Diplomatique, mayo 2009.
- Hay aproximadamente un millón de viviendas vacías según el propio ministerio de la Vivienda. Según un estudio del Colegio de Arquitectos y Aparejadores Técnicos de Madrid, el costo de una vivienda de 80 metros cuadrados -mano de obra, materiales y urbanización- estaría en torno a unos 66.000 euros. Es posible que una parte de estas viviendas nuevas sin vender no puedan ser aprovechables por distintos motivos. Además habría que obligar a alquilar, a través de instituciones públicas -municipales o autonómicas- las viviendas que estuvieran vacías sin causa justificada. Y, por último, habría que constituir empresas municipales o autonómicas para la construcción y rehabilitación pública de viviendas. Sólo al final, dentro de un plan que aprovechase los recursos existentes, se procedería a cuantificar y ejecutar la vivienda nueva que fuera realmente necesaria.
http://www.dprogresivo.com/