A tres años y siete meses de haber iniciado su gestión de gobierno en enero de 2007, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa ha dado un vuelco total a la antigua economía de mercado que regía el país y ha estructurado una fórmula que prioriza al ser humano por encima del capital. Durante la presentación del […]
A tres años y siete meses de haber iniciado su gestión de gobierno en enero de 2007, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa ha dado un vuelco total a la antigua economía de mercado que regía el país y ha estructurado una fórmula que prioriza al ser humano por encima del capital.
Durante la presentación del Informe de Gestión, este 6 de agosto, Correa puntualizó que el objetivo de la Revolución Ciudadana es implantar un modelo progresista basado en la inversión social, la cual alcanzó 15.000 millones de dólares en estos años, el doble de lo destinado para ese sector en los siete años anteriores a su llegada al poder.
En enero de 2007, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aseguraba que Ecuador era un país con desarrollo humano bajo y ocupaba el lugar 94 entre 173 naciones.
Para el PNUD el crecimiento de la pobreza se encontraba íntimamente relacionado con el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso pues el 20% de la población más pudiente absorbía el 60%, mientras el 25% de las personas más desposeídas solo recibía alrededor del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
En la nación andina exportadora de petróleo, banano, camarón, cacao y café, alrededor del 54% de sus 14 millones habitantes vivían en la pobreza debido a que la mayoría de esos dividendos iban a parar a manos de las transnacionales y de los negociantes nacionales privados.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalaba que a principios de 2007 el gasto anual para la salud por habitante se ubicaba en solo 20 dólares, considerado como uno de los más bajos del continente.
Cerca de la mitad de la población, siempre y cuando pagara, tenía acceso a la atención médica, mientras el 60% carecía de drenaje en sus viviendas y el 45% no disponía de agua potable, situación que ha mejorado en los últimos tiempos al extenderse los presupuestos para programas sociales.
Datos de organizaciones no gubernamentales indicaban que el índice de desempleo y subempleo en 2007, alcanzaban unidos al 46% de la población económicamente activa y por lo tanto se hacía necesario crear nuevas fuentes de trabajo.
Era el panorama habitual que se veía por toda América Latina en años en que el neoliberalismo, las privatizaciones y el libre comercio campeaban por la región, impuestos por Estados Unidos y los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
La inversión social en 2010 como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), casi se duplica respecto a 2006, al alcanzar el 13% y representar la más alta de la historia. Además de la voluntad política del gobierno, ese presupuesto se ha logrado, según Correa, «por la implementación de un sistema de compras públicas transparentes, una renegociación de la deuda externa (que sólo en intereses ahorró 300 millones de dólares anuales), la eliminación de absurdos fideicomisos para garantizar pago de la deuda, retorno del ahorro público (800 millones de dólares), optimización del uso de recursos de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y el mejoramiento de la negociación y comercialización del petróleo».
En cuanto a las informaciones ofrecidas por Correa, baste recordar que en 2007 Ecuador tenía una de las deudas más caras de la región pues gran parte del débito externo se encontraba con tasas de interés de 12% (bonos globales 2012 que reemplazaron a los bonos Brady). Por tanto, el servicio o pago del mismo era oneroso para el país al restarle recursos para los sectores sociales.
El presupuesto del Estado había sido elaborado para privilegiar el pago de la deuda externa en desmedro del área social, lo cual afectaba paulatinamente a los sectores más pobres del país.
El ex presidente Lucio Gutiérrez, quien siguió al pie de la letra las recetas del FMI y del Consenso de Washington, recortó los presupuestos para la educación que pasó de 638 millones de dólares en 2004 a 464 millones en 2005; en salud, de 323 a 211 millones de dólares en el mismo período; para el desarrollo agropecuario la cifra de 151 millones se bajó a 71 millones de dólares con la consecuente recesión agrícola.
Sin embargo, Gutiérrez hizo lo imposible por cumplir con la deuda pública y externa como exigía el FMI, a la que dedicó cerca del 40% del presupuesto nacional.
Datos oficiales indican que a finales de 2009 el desempleo se ubicaba en 7,9% por debajo de Colombia (más del 11%), Chile (8,7%), España (20%) y Estados Unidos (9,6%).
Aunque el gobierno reconoce que los índices de pobreza aún son elevados, sobre todo en las áreas rurales y en los sectores indígenas, lo cierto es que pese a la crisis mundial que afecta a todos los países, la cifra se ha logrado bajar en un 5%.
Ecuador también trabaja para erradicar para 2015 la desnutrición infantil que se ubica en un 26% a nivel nacional, y ya ha iniciado un programa social que busca reducir la anemia en niños menores de cinco años y en mujeres embarazadas en un 50% en el 2013. Médicos en diversas especialidades y trabajadores sociales ecuatorianos y cubanos del programa solidario Manuela Espejo, recorrieron todas las zonas del país, por intrincadas que estuvieran, e identificaron a más de 200.000 personas con algún tipo de discapacidad. Esta humanitaria labor social se realizó por primera vez en la historia de la nación andina y ahora el gobierno atenderá y ofrecerá ayuda gratuita a todos los casos detectados.
En cuanto a la producción petrolera, principal rubro económico, el país alcanzará los 384.500 barriles diarios en 2013 y con la nueva Ley de Hidrocarburos el 100% de la extracción será propiedad del Estado, que antes solo percibía un promedio del 20%.
Según explicó el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, el Estado recibirá la totalidad de los ingresos extraordinarios resultantes del incremento de precios y regulará las utilidades de las petroleras.
Pastor añadió que las tarifas a pagar bajo los contratos de prestación de servicios se fijarán en función de las inversiones a realizar, de los costos de producción y de una utilidad razonable. De esta forma «se acabaron los abusos de las empresas petroleras» y se podrá tener más capital para la inversión social, añadió.
Ecuador, como otras naciones de América Latina, apuesta por un orden social más justo que reduzca y elimine las consecuencias de las nefastas políticas neoliberales que proliferaron por la región y que llenaron de miseria y pobreza a la mayoría de la población.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR