En los meses previos a la dolarización en Ecuador (marzo de 2000), se dieron algunos ingredientes que precipitaron el salto al vacío: inestabilidad política, cierre de crédito por parte de los organismos multilaterales, sobre todo el FMI, crisis financiera con quiebras de varios bancos, nuestro país considerado como un barco en medio de la tormenta que requería un ancla que evitase al hiperinflación y bajase el riesgo en espera de la inversión externa… Con este discurso se decreta la dolarización.

El proceso fue tan irregular que el marco legal para su aplicación estuvo aprobado luego de tres meses de su ejecución efectiva; incluso, los organismos multilaterales se encontraron sorprendidos y en un primer momento no avalaron la decisión. El coste político para el Presidente Mahuad fue un golpe de Estado que lo destituyó, pero no cambió el modelo económico.

El verdadero resultado del proceso de dolarización fue una macrodevaluación que quintuplicó el precio del dólar, beneficiando de manera directa a quienes tenían divisas, perjudicando a todos los acreedores de la banca que por decreto recibían la quinta parte de su inversión bancaria.

Podemos mantener todavía este esquema gracias al aumento sostenido del precio del petróleo; al aporte de los exiliados económicos en Europa y Estados Unidos (a partir del año 1995, las remesas han cuadriplicado su ingreso y constituyen la segunda partida, luego del petróleo, como fuente de divisas); al oxígeno de la deuda externa que prolonga la agonía y, sobre todo, a la atomización de las organizaciones de trabajadores contestatarias al modelo.

Los indicadores de inflación en estos tres primeros años no son alentadores, subiendo un 30% más el coste de la vida, con salarios congelados, inestabilidad social y política -dependiendo de lo que pasa con la economía norteamericana-, con baja productividad, disminución creciente en la agroexportación.

90% de la población no llega a la canasta básica

Posterior al periodo de reformismo militar de la década del setenta, donde se impulsaron políticas de inversión social, con énfasis en el desarrollo rural integral, la industrialización substitutiva, la reforma educativa y el cambio en el modelo de atención de salud, que dieron una mejora en los indicadores de bienestar social, pasamos a las décadas del ochenta al nuevo siglo que han sido una vuelta atrás en la historia.

Los niveles de pobreza se han ampliado mucho, con la disminución de los puestos de trabajo y el aumento en el coste de la vida. La pequeña burguesía se redujo en los sectores urbanos. El Gobierno reconoce en sus estadísticas que la mitad de la población urbana está subsistiendo con menos de 2,7 dólares y un 10% con menos de 1,3 dólares al día. En la zona rural tiene lugar una histórica situación de extrema pobreza, que mantiene al 90% de su población sin poder acceder a la canasta básica de supervivencia. Mientras el coste del gasto mensual (canasta básica) está en 378 dólares, el ingreso de un trabajador está en 145 dólares al mes; los precios se han elevado 170% en promedio.

Los indicadores macroeconómicos sitúan a nuestro país dentro de los que tienen ingresos medios, lo que nos saca de la lista de prioridad de apoyo financiero (según datos oficiales de finales del pasado año, el PIB de Ecuador era de 43.800 millones de dólares, el ingreso per cápita de 1.000 dólares, el nivel de empleo informar del 42% y la tasa de pobreza del 45%). Ahora bien, en estas evaluaciones no se considera la inequidad en el reparto de ese producto interno bruto.

La concentración del ingreso en manos del 20 % de la población se eleva al 73% de lo producido, mientras el 40% más pobre accede al 6,5% del PIB. Esta concentración del ingreso es el doble del promedio en América Latina. La participación del salario y del capital nos revela las mismas diferencias: el 77% para el capital y 10,4 para el salario. Los componentes de gasto social han disminuido de manera progresiva. Así, en el año 2000 de cada dólar del presupuesto nacional apenas 30 centavos se destinaban a salud, educación y bienestar social. Siete de cada diez personas no tienen empleo pleno; 2 de cada diez están en desempleo.

La descualificación del país

Esto reduce el horizonte de posibilidades a todo el sector medio que está sensiblemente afectado. La alternativa más viable en los últimos cinco años ha sido la de emigrar: la tercera parte de la población económicamente activa se encuentra dispersa en los Estados Unidos, España, Italia, Sudamérica… Los que se atreven a esta aventura no son los más pobres, ya que para ellos sería impensable. Quienes se van son los sectores de población con niveles de cualificación profesional, educativa y laboral, que pueden cubrir este gasto. Se calcula un total de 1,5 millones de un total de 12; hay otras fuentes que duplican las cifra. El Estado ecuatoriano, frente a esta inmensa pérdida, guarda un silencio cómplice pues las remesas mantienen el modelo de acumulación capitalista.

Este marco económico explica la situación de desarrollo humano. En la educación se está tratando de implantar una reforma educativa que eleve los niveles de acceso, aprendizaje, oportunidad laboral, analfabetismo real y funcional.

La disminución de recursos presupuestarios no alcanza a resolver la masiva presencia de trabajo infantil (800.000 niños y niñas), con un matiz mayoritariamente étnico (30% indios y afroamericanos); apenas el 10% de la población accede a la universidad y de este porcentaje menos del 1% son personas que provienen de los sectores rurales. Sólo la mitad de las personas terminan la educación media y 8 de cada 10 son de las ciudades. Permanece un 10% de población analfabeta, que es mayoritariamente femenina y rural. La educación de los párvulos, que facilitaría la integración de las mujeres al trabajo, cubre únicamente al 13 % de la población.

La salud constituye uno de los sectores más desprotegidos. Si nos fijamos en la relación de sus indicadores con las condiciones de vida y los niveles económicos mantenemos un perfil de enfermedad mixto, con problemas arrastrados históricamente -las infecciones transmisibles- junto a un ascendiente de enfermedades de la modernidad -las cardiovasculares, los accidentes, las degenerativas-.

La mayor preocupación son los problemas que presentan la población joven (15-19 años). Sus causas nos indican un nivel muy alto de desesperanza y falta de horizonte futuro: los jóvenes se niegan a vivir, a dar vida, a permitir vivir. En las mujeres, la primera causa de muerte son los problemas obstetricios (aborto), el suicidio, los accidentes. En los varones, los accidentes, el homicidio, el suicidio.

Permanece alta también la mortalidad infantil por enfermedades evitables, la mortalidad materna, las enfermedades transmisibles agudas y crónicas como la tuberculosis, la malaria, el dengue, las gastroenteritis.

Apenas el 25% de la personas de Ecuador está cubierta por la atención del Estado; el 92% de los recursos de salud se encuentran en las ciudades, y de éstos las tres cuartas partes están en las tres principales ciudades; hay un proceso migratorio de los profesionales jóvenes hacia Latinoamérica y Europa. En el ultimo quinquenio hemos perdido la cuarta parte de médicos.

Cuadro socio-político crónico

Todo este cuadro de crisis económico-social está acompañado de una crisis política que expresa las diferentes corrientes dentro de los grupos dominantes, así como la presencia de momentos altos en la movilización de la población. En los últimos cinco años hemos tenido dos golpes de Estado con destituciones y cambios en la presidencia que poco se ajustaron a la Constitución. Es muy frecuente el cambio de ministros en el régimen, lo que deja a lo social sin una política de largo plazo. La participación electoral es cada vez menor; las autoridades son elegidas con menos del 30 % de los votantes. La incidencia de las Fuerzas Armadas para consolidar un gobierno es determinante. (En la actualidad, el presidente de Ecuador es Lucio Gutiérrez, que accedió al cargo luego de las elecciones de 24 de noviembre de 2002 con el 54,3% de los votos frente al 45,6% de su adversario, el multimillonario bananero Álvaro Noboa).

Es, por tanto, prioritario que los sectores populares recuperen su papel histórico en la defensa de los derechos consagrados en la ley. No podemos quedarnos solamente con una propuesta de reemplazo exógeno al Estado que ayuda a desmantelar las conquistas sociales logradas con anterioridad. Las actividades deben dirigirse a reconstruir las organizaciones urbanas y rurales, a permitir que las actividades educativas, de salud, de bienestar social, etc. se constituyan en medios para generar unidad, elevar el conocimiento crítico de la realidad, apuntalar la movilización interna que acumule fuerza para enfrentarse a las políticas neoliberales.

Se hace necesario que las comunidades recuperan la confianza en sus organizaciones, siempre y cuando se pueda apreciar en su práctica concreta beneficio. Hoy es obligatorio que las organizaciones populares intervengan en la salud, la educación, el bienestar social… buscando cambiar el interior de las estructuras del Estado. Incluso, realizar propuestas paralelas que sirvan de ejemplo, que se aprecie el potencial que el trabajo colectivo puede hacer junto al apoyo técnico y científico.

Esto requiere de un debate permanente en el seno de cada organización que permita superar la confusión generada por la coparticipación con el Estado, que se difunda y enriquezca el pensamiento de los trabajadores en relación a la defensa de sus derechos, a la política para implementarlos, a la elaboración de un análisis profundo de la realidad nacional que supere la dispersión y eleve el discurso a los problemas fundamentales de la nación.

Con la acción conjunta en las áreas sociales se fortalece la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad, que las organizaciones establezcan acuerdos políticos que se acompañen de propuestas de beneficio mutuo en el ámbito productivo, cultural, educativo, sanitario. La unidad deja de ser entonces una consigna y pasa a constituir transformación social en presencia.