En este artículo el autor analiza el papel del ejército en el clima de terror y caos que asola Brasil.
La continuidad de los campamentos terroristas frente a los cuarteles, incluso después del intento de explosión de una bomba en las cercanías del aeropuerto en Nochebuena y los ataques terroristas en Brasilia el día de la toma de posesión del presidente y vicepresidente electos (el 12 de diciembre) indica que, como mínimo, el Ejército brasileño puede ser considerado cómplice del terrorismo.
Brasil está bajo una seria amenaza terrorista de fascistas que se amotinan en las áreas de los cuarteles, donde cuentan con el apoyo y protección del Ejército, pero los medios hegemónicos reverberan el tema como una banalidad del panorama nacional. Las portadas de los periódicos son simplemente vergonzosas.
La policía detuvo al bolsonarista que pretendía usar explosivos para “causar el caos” e impedir la posesión del presidente electo Lula da Silva el 1 de enero. Para el futuro ministro de Justicia, Flavio Dino, quienes están acampando frente a instalaciones del Ejército y se tornan “incubadoras del terrorismo”. “No habrá amnistía para terroristas, sus auspiciantes y financiadores”, añadió.
Si el Comando del Ejército no disuelve inmediatamente las células de terroristas amotinados en áreas bajo administración militar, estará confirmando la sospecha del involucramiento de la institución con el terrorismo y, además, estará garantizando la conversión del Fuerte Apache [Cuartel General del Ejército, en Brasilia] en el centro de mando del terrorismo fascista.
Todo lo que ocurre en los campamentos frente a los cuarteles es de pleno conocimiento del sector de inteligencia del Ejército y también del GSI, la Oficina de Seguridad Institucional, comandada por el general Augusto Heleno. En estas zonas hay militares activos y de reserva amotinados, miembros de la “familia militar”, mercenarios, empresarios y otro tipo de bolsonaristas que atacan a la democracia y el estado de derecho.
Estos delincuentes, que cuentan con un formidable arsenal de armas y están fuertemente armados, cuentan con la complicidad de los mandos militares, que les aseguran infraestructura, logística, colaboración y, por supuesto, seguridad y protección.
Además de los oficiales en servicio activo que animan abiertamente a los alborotadores, como el sargento de Marina adscrito al GSI y el comandante de la 10ª Región Militar, en Fortaleza, la esposa del general Villas Bôas circula feliz por la célula terrorista de la zona del Cuartel General del Ejército. Allí, Maria Aparecida Villas Bôas fue celebrada y honrada como una verdadera celebridad.
En este ambiente de familiaridad y camaradería con los amotinados frente al cuartel, es difícil no sospechar la participación de militares en los atentados terroristas. De lo contrario, la otra hipótesis es que la inteligencia del Ejército y el GSI, que controla la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), son completamente incompetentes.
La revista Forum publicó (el 13 de diciembre) una denuncia de un oficial de la Policía Federal adscrito a la Presidencia de la República que acusó al GSI de estar detrás de los bárbaros actos de terror perpetrados por los fascistas en Brasilia el 12 de diciembre.
Según la fuente del artículo, “lo que está pasando y, principalmente lo que pasó ayer en Brasilia, es terrorismo de Estado. El GSI está al frente de esto, y el uso de la zona del Cuartel General, que es militar, es del Ejército, no es por nada”.
El funcionario de la Policía Federal también sostiene que la Policía Militar del Distrito Federal (Brasilia), hiperbolsonarizado, está coludido con terroristas. Prueba de ello es que a la fecha solo se han identificado tres delincuentes, pero ninguno de ellos ha sido detenido.
El ejecutor del atentado de la bomba cerca del aeropuerto de la capital federal, un modesto gerente de una gasolinera en Pará, cuya esposa recibió ayuda de emergencia, habría invertido 170 mil reales –unos 33 mil dólares- para la adquisición del arsenal de armas. ¿Quién financió el armamento de este criminal que confesó que el ataque fue decidido y planeado en el campamento en la zona del Cuartel General del Ejército?
Bolsonaro es responsable, eso sí, del caos y clima de terror bolsonarista en el país. Pero Bolsonaro es instrumento de una estrategia superior, concebida y respaldada por la dirección partidista de las Fuerzas Armadas, que no ceja en la guerra fascista contra la democracia, en la perspectiva de un proyecto de poder militar.
Así como en la agonía de la dictadura, los militares del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) y de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SIN) pueden estar produciendo nuevos “Riocentros” –fallido ataque con bomba al centro de convenciones y exposiciones situado en Río de Janeiro el 30 de abril de 1981, en un acto del Día del Trabajador- para incendiar el país, perturbar la democracia, causar pánico y terror, para tener un pretexto para cerrar el régimen.
Razones sobran para que el gobierno de Lula extinga el GSI, que es un enclave de líderes militares en el corazón del poder civil, y transfiera la mayor parte del actual cuerpo de oficiales a la reserva. Estas medidas forman parte de una profilaxis fundamental para garantizar la gobernabilidad del gobierno y, también, la supervivencia de la democracia.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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