La Unión Europea puede volver a ser cómplice de Marruecos en el expolio del Sáhara Occidental al incumplir la legislación internacional poniendo en riesgo la seguridad jurídica de muchos barcos artesanales de la costa andaluza.
– El Parlamento Europeo someterá a votación la renovación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la UE y el Reino de Marruecos y de su Protocolo de aplicación.
– Ecologistas en Acción denuncia que, además de aguas pertenecientes a Marruecos, el acuerdo afecta a aguas adyacentes pertenecientes al Sáhara Occidental, y tiene un impacto social y ambiental muy negativo en la zona.
– La organización ecologista insta al Europarlamento a votar en contra de la ratificación del Acuerdo y de su Protocolo hasta que este excluya de manera explícita la explotación de los recursos pesqueros saharauis.
Con motivo de la votación, mañana 12 de febrero, en Estrasburgo sobre la renovación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la UE y el Reino de Marruecos, Ecologistas en Acción quiere poner de manifiesto que dicho acuerdo incumple con la legislación internacional e insta al pleno del Parlamento Europeo a votar contra su renovación.
La organización ecologista recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre estos acuerdos (en diciembre de 2016 , febrero de 2018 y julio de 2018 ). En la última de ellas, concluyó que, según la legislación internacional, el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que, por tanto, sus recursos no pueden ser explotados por una potencia extranjera. Por ende, legalmente los acuerdos firmados con Marruecos no pueden ser extensibles al Sáhara Occidental.
Por si fuera poco, es importante llamar la atención sobre el prerequisito obligatorio de consulta previa dirigida a la población saharaui. Este prerequisito, que el TJUE calificó en su momento como indispensable ante cualquier acuerdo que se quisiera establecer para la explotación de los recursos del Sáhara, no ha sido respetado en el trámite que está a debate.
Asimismo, la opinión desfavorable a la firma de los acuerdos de pesca del Frente Polisario, representante saharaui reconocido por parte de las Naciones Unidas e interlocutor legítimo con las instituciones comunitarias, ha sido ignorada de manera deliberada. En su lugar, tal y como denuncian varias organizaciones de la sociedad civil saharaui, en procesos de consulta recientes -como la ampliación del acuerdo de asociación- se ha consultado a empresas y organizaciones sospechosas de connivencia con Marruecos sobre la ocupación del Sáhara Occidental (empresas estatales marroquíes, institutos de investigación marroquíes, parlamentarios pro marroquíes elegidos en elecciones ilegales en los territorios ocupados, ONG marroquíes y grupos de empresas marroquíes).
Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los recursos, Ecologistas en Acción considera preocupante que en el texto se afirme que el Reino de Marruecos es «la única entidad con la que puede celebrarse un acuerdo de este tipo, habida cuenta de que ninguna otra entidad podría garantizar el carácter sostenible de la explotación de dichos recursos». Marruecos es quien impide que la propia población del Sáhara Occidental, la mayor interesada en la sostenibilidad de sus recursos, pueda ser quien así lo garantice.
En el acuerdo a votar mañana se menciona de forma repetida la sostenibilidad pero no se establece ningún tipo de garantía de la misma, ni ninguna mención a los objetivos de la Política Pesquera Común, como por ejemplo, el de asegurar el rendimiento máximo sostenible.
Según el texto a votación, los caladeros más al sur, los pertenecientes al Sáhara Occidental, son los más expuestos a la pesca industrial ya que son los más alejados de las costas europeas y los que necesitan de barcos más grandes e industrializados para poder acceder a ellos. Mientras tanto, las embarcaciones que en el acuerdo se denominan ‘artesanales’, quedan reducidas a los caladeros del norte, seguramente aguas marroquíes (aunque la delimitación entre zona norte y sur no viene fijada en el acuerdo de forma explícita). Además, cabe destacar que bajo la denominación de ‘artesanal’, se incluyen buques que pueden superar ampliamente los 20 metros de eslora cuando el límite fijado por la UE para definir la flota artesanal es de 12 metros.
Por si fuera poco, en el reglamento que se va a someter a votación no figura ningún límite de pesca para la mayoría de los barcos beneficiarios de este acuerdo. Únicamente quedan fijadas las posibilidades de pesca de la flota industrial pelágica, lo cual abre la puerta a la sobreexplotación de los recursos por parte de los buques que, sobre el papel, no tienen límites de pesca.
Barcas de pesca en la playa en Cabo Bojador (Sahara Occidental) ( CCby 2.0 )
El acuerdo pesquero, que avanza en la destrucción de empleos fruto de la expansión de la pesca industrial y de gran potencia, pone en grave riesgo el desarrollo económico de la región norteafricana occidental. Y a su vez legaliza un derecho extractivo postcolonial de empresas europeas habilitadas para explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental.
Eneko Aierbe, coordinador del área de Medio Marino de Ecologistas en Acción ha declarado que el texto no solo es perjudicial para los recursos saharahuis, también podría serlo para los pescadores artesanales españoles.
«Al mezclar en un mismo acuerdo flota artesanal que faena en aguas del norte legalmente pertenecientes a Marruecos con flota industrial que faena en aguas del Sáhara Occidental, cualquier nueva sentencia de anulación del Acuerdo de colaboración por parte del TJUE en un futuro, dejaría en una situación de vulnerabilidad legal a muchas embarcaciones artesanales de las costas andaluzas que no tendrían por qué verse afectadas si el acuerdo se limitase a aguas marroquíes».
Por todo ello, Ecologistas en Acción insta al Europarlamento a votar en contra de la ratificación de este acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos hasta que excluya explícitamente la explotación de los recursos provenientes del territorio de Sáhara Occidental. «Un acuerdo -insiste Aierbe- que incumple la jurisprudencia comunitaria referida a la situación del Sáhara Occidental, y tiene graves efectos sociales y ambientales en toda la región».