El gobierno bolivariano se está tomando su tiempo para anunciar las medidas económicas, pese a las presiones recibidas por los voceros de los grupos económicos que tratan de aprovecharse de la delicada coyuntura para lograr la hegemonía cultural sobre el discurso económico. Como señala la «Guía Rápida para comprender el ajuste…» de la Sociedad de […]
El gobierno bolivariano se está tomando su tiempo para anunciar las medidas económicas, pese a las presiones recibidas por los voceros de los grupos económicos que tratan de aprovecharse de la delicada coyuntura para lograr la hegemonía cultural sobre el discurso económico.
Como señala la «Guía Rápida para comprender el ajuste…» de la Sociedad de Economía Política Radical, «estos agentes, recomiendan pragmatismo y, por tanto, olvidarse por los momentos de la revolución, convencidos que los programas de ajuste de corte liberal, son técnicamente neutros (como el bisturí de un médico), inevitables y la única salida». (Ver http://tiempodecrisis.org/?p=
Ciertamente, la sostenibilidad económica mantiene una relación conflictiva con la sostenibilidad política. De hecho, en algunos casos se relaciona el cambio de orientación en lo económico con el cambio de gobierno. Dos economistas, al mismo tiempo dos ex-ministros, pidieron un cambio político asociado a políticas económicas acordes con la conservación capitalista.
El PHD Felipe Pérez pidió el reconocimiento de la derrota por parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, como condición necesaria para «resolver el problema económico»[1]; mientras que Víctor Álvarez (premio de Ciencias y Tecnología 2013, concedido por el Ministerio relacionado), al proclamar la inevitabilidad del ajuste macroeconómico, pronosticó un gobierno de coalición. Estas fueron sus palabras «…nosotros podríamos tener en dos años una economía ya saneada, y podamos corregir todas estas situaciones, y todos estos impactos. Eso pasa incluso por lanzar la posibilidad de un gobierno de coalición. Esa es una de las cosas que tenemos por delante, y que habrá que discutir».[2]
Pareciera que el gobierno está atrapado en lo «inevitable» del ajuste macroeconómico con sesgo liberal: eliminación progresiva de los controles de cambio, de precios, de tarifas públicas, de tasas de interés…Tal como lo señalan las fuentes que reseña el documento de la Sociedad de Economía Política Radical.
Antes de la semana pasada, parecía inminente el anuncio del aumento de la gasolina, entre otras posibles medidas de flexibilización. Pero pareciera que la evaluación del impacto político de las medidas hizo que el gobierno hiciera hincapié en un discurso donde, aparentemente, hay una intención de refinar el control del consumo y el control de la exportación ilegal de mercancías hacia Colombia.
Aquí observamos un comportamiento, por parte del gobierno, híbrido en política económica: la lucha contra el contrabando y el control del consumo van en dirección contraria a la filosofía del ajuste macroeconómico neoliberal recomendado por los asesores del Bank of America, Felipe Pérez y la empresa consultora Ecoanalítica.
El contrabando de extracción parece ser uno de los desbalances más importantes en la actual coyuntura macroeconómica. Hay diferentes cifras que dan cuenta de la magnitud del problema: se estima que se le provee a 10 departamentos de Colombia; según el Gobernador del estado fronterizo del Táchira abastece a 10 millones de personas en el extranjero; el 40% de los alimentos (producidos e importados) pasan la frontera; el 20% de la gasolina que consume Colombia es venezolana.
Hasta ahora son estimaciones no oficiales, porque esta Revolución se ha empeñado en no disponer de un sistema científico de información y estadísticas como lo hicieron otras revoluciones socialistas en el pasado. El órgano tributario, que en Venezuela se le conoce por las siglas de SENIAT, debería proveer de estas cifras, pero es obvio que la red de contrabando cuenta con colaboradores muy poderosos en el aparato del Estado, y especialmente los que tienen que tener control de las aduanas.
Mientras alimentamos y le proporcionamos combustible a Colombia, en Venezuela el desabastecimiento y la escasez de productos de primera necesidad aumentan el descontento contra el Gobierno y socavan su base electoral.
El contrabando de extracción es una de las consecuencias de lo que viene ocurriendo en la economía venezolana desde 2006, especialmente lo relacionado con el ataque especulativo sobre el tipo de cambio junto con la operación de desmontaje y descrédito del sistema de control cambiario, que -entre otras acciones- planificaron factores nacionales e imperiales. Es también una consecuencia de la corrupción y la ineficiencia que infectó al proceso bolivariano.
Sin embargo, cuando se monta toda una infraestructura de exportación ilegal a través de las fronteras terrestres y marítimas, con participación protagónica de componentes importantes del sector privado y del sector público corrupto, y cuando este contrabando adquiere una magnitud de tal grado que afecta el balance entre oferta y demanda agregada, se convierte en una causa adicional de la crisis que vivimos. Una crisis paradójica donde puede crecer la producción interna y la importación de ciertos rubros, pero se produce desabastecimiento en el mercado nacional. Las medidas de lucha contra el contrabando de extracción y los esfuerzos por mejorar la red de consumo y distribución, están recuperando la capacidad que había perdido el Estado para someter el poder de los grupos dominantes y contrarrevolucionarios. Sin embargo, la economía necesita de la aplicación de una política económica que atienda la desestabilización coyuntural sin abandonar la hoja de ruta estratégica de la construcción del socialismo.
Este reto enfrenta una gran limitación en el proceso venezolano: la carencia de un pensamiento en política económica adecuado a las exigencias de transición al socialismo, que en el caso venezolano se enfrenta a la estructura propia del capitalismo rentístico. Ni en el alto gobierno, ni en el PSUV, se consolidó un equipo de economistas y no economistas con una formación adecuada a los retos del proceso político venezolano. Ante esta ausencia, los «buenos muchachos» aparecen ofreciendo las recetas ya conocidas en el expediente nefasto de las políticas económicas del capitalismo de fines del siglo pasado. Estas políticas economías y sus medidas se presentan como caramelos de cianuro.
En este sentido, la reciente decisión del presidente Maduro al designar a un equipo dentro del PSUV para que trataran el tema económico parece una buena señal.
Los efectos colaterales del ajuste
Los asesores económicos del ajuste neoliberal, saben que el mismo tendrá efectos secundarios negativos. Pero ellos, en su visión economicista y positivista, plantean que esos efectos amargos son inevitables, y que las heridas en el pueblo se pueden remediar con programas sociales compensatorios. Y además, sugieren abiertamente que es culpa de la irresponsabilidad del gobierno y de la locura chavista.
Una suerte de mesianismo ha sido características en casi todos los escenarios donde los «buenos muchachos»[3] aparecen como los salvadores ante el caos y el apocalipsis. Y como todo mesías falso tienen algunas almas que se convierten en, fieles e ingenuos, seguidores. Indudablemente tienen a su favor la inflación, el desabastecimiento, el desgaste de la guerra económica programada por los capitalistas locales en alianza el Departamento de Estado estadounidense, y el ambiente de incertidumbre que genera la falta de decisión por parte del alto gobierno.
La aplicación de un programa de shock, orientado por la liberalización, cuenta con la convicción dogmática de sus diseñadores que es el mejor remedio para «restablecer los equilibrios». Se hacen una serie de supuestos irreales como las bondades de la racionalidad económica del sector privado, que la corrección de la sobrevaluación reactivará el aparato productivo interno, que el mercado es mejor asignador de recursos que el Estado, que un presidente del Banco Central que mantenga total independencia con el gobierno será el garante de la eficiencia técnica, y además, que los trabajadores agradecerán los ajustes de mercado…
No se debe olvidar que en 2002-2003, la aplicación primero de las bandas cambiarias y luego de la flexibilización cambiaria llevó al salario mínimo mensual a ser uno de los más bajos de Latinoamérica.
La trampa del ciclo político-electoral
Los efectos negativos sobre la población trabajadora deben estar preocupando a algunos miembros del gobierno y del PSUV, quienes empiezan a ver disminuidas sus posibilidades electorales. Pero el problema es precisamente ese: tanto algunos componentes del gobierno como algunos dirigentes del PSUV, ponen un «cable a tierra» con respecto a la viabilidad política y el costo social del ajuste macroeconómico, porque los eventos electorales se han convertido en el principal estímulo de esta Revolución, al pueblo se le tiende a ver como objeto, como simples votantes, y cada vez se aleja la mirada original de la revolución bolivariana que consideraba al pueblo trabajador como sujeto de transformación.
No significa ésto que los responsables de tomar las decisiones económicas como la alta dirigencia del PSUV, no piensen en el pueblo ni actúen de acuerdo a sus principios políticos chavistas, sino que la élite política está enajenada por la democracia electoral. Tanto es la adicción a la formalidad de la democracia electoral representativa, que paradójicamente se está a punto de escuchar los consejos del diablo y aplicar un ajuste macroeconómico explosivo, porque este año no hay elecciones, y se piensa que siguiendo los modelos econométricos que impondrán una tasa de cambio promedio de 25 bolívares, logrará «equilibrar» la oferta y demanda de dólares. Y más aún, se quiere hacer creer que en apenas un año, la recuperación de la economía, la estabilidad del mercado cambiario, la disminución de la inflación permitirán mejorar los resultados electorales!.
Pero resulta que, hay grandes posibilidades que este ajuste sea altamente recesivo (ya lo viene siendo) e inflacionario. Y eso puede causar un efecto contrario a lo que aparentemente aseguran los asesores. Un ajuste recesivo, no va a favorecer electoralmente al PSUV y las consecuencias sociopolíticas de la terapia de shock, pueden abonar el terreno para una posible derrota electoral o una solicitud de referéndum presidencial.
La transición económica al socialismo no es una tarea fácil y sólo en la cabeza de los economistas liberales y tradicionales existe la posibilidad de un proceso donde predominan «equilibrios macroeconómicos». Por lo contrario, el cambio estructural es un proceso de desequilibrios, porque hay confrontación entre las clases dominantes y las clases portadoras del cambio. Porque hay que cambiar la institucionalidad imperante.
Eso no significa que estamos celebrando la existencia de alta inflación, del desorden en las finanzas públicas, de la malversación o el uso ineficiente de los recursos en dólares y en bolívares, de la falta de planificación macroeconómica, de los estímulos al rentismo financiero, de la impunidad con que funcionarios en nombre de la revolución se enriquecen y forman castas que controlan los poderes económicos. El problema es que los equilibrios macroeconómicos, bajo las visiones religiosas del mercado, se logran beneficiando a los capitalistas, y generando procesos de empobrecimiento de los sectores laborales (incluyendo la clase media). Los equilibrios se pueden lograr, pero sometiendo a los trabajadores a un ajuste de sus ingresos. Son equilibrios amargos y de mala calidad.
El gobierno tiene que enfrentar la crítica situación de desabastecimiento y deterioro del ingreso real de los trabajadores. Si la enfrenta con programas de ajuste convencionales no sólo profundizarán los desequilibrios sino que contribuiría a desmontar lo logrado por el proceso bolivariano. En este sentido, es importante que no pierda su capacidad de control sobre la distribución de la renta petrolera. Los análisis macroeconómicos que parten de ignorar la confrontación por la renta petrolera, y la confrontación de clases, son análisis «chucutos» que obvian lo esencial. Es por eso que el Gobierno ha tomado conciencia que el control de cambio es fundamental para mantener una correlación de fuerzas relativamente a su favor, frente a los fuerzas capitalistas que apuestan a recobrar el control directo sobre la distribución de la renta petrolera.
El Estado, y el gobierno bolivariano no debe ceder el poder que tiene sobre el control de las divisas que entran por las exportaciones. Si lo hace, se perderá el gobierno. La experiencia de CADIVI demostró lo peligroso que fue dejar bajo su mando, durante seis años, a cuadros no sólo ineficientes sino que consintieron las perforaciones y desvíos que desprestigiaron y desmontaron la administración cambiaria.
El reto es demostrar que otra política económica, diferente a la neoliberal, es posible. En este reto se deben involucrar las organizaciones populares, sindicales y políticas que están del lado del proceso político revolucionario. Se debe construir una agenda de medidas económicas que no descanse sobre las espaldas de los trabajadores. Que los ricos paguen por la crisis que ellos contribuyeron a fabricar, que se ajusten ellos, los capitalistas.
Notas
[1] En su participación en un foro, Felipe Pérez afirmó » es facilismo resolver el problema económico si Maduro y Cabello admiten su derrota «. Ver enhttp://www.noticierodigital.
[2] Ver reportaje del foro en http://www.noticierodigital.
Simón Andrés Zúñiga es Economista venezolano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.