La Unión Europea (UE) recordará el año que concluye por los desacuerdos políticos, los atentados, la protestas, los disturbios sociales y los desastres naturales. Todos en el continente se preguntan si los hados se aplacarán.
En 2005, la UE no logró abrir caminos de consenso ante diversas alternativas: abrir el bloque a más miembros o profundizar la integración, efectuar reformas económicas o proteger los beneficios sociales y a los productores internos ante la competencia externa.
Tampoco se logró conciliar la alternativa abierta sobre la inversión de los fondos de pensión, entre investigación y desarrollo y la agricultura.
Sin acuerdos a la vista sobre el Tratado Constitucional del bloque –tras el rechazo en los referendos de Francia y Holanda–, el ingreso de Turquía y el presupuesto, la UE parece en una profunda crisis e incapaz de encontrar la salida.
Pero los problemas que tiene por delante Europa son mucho más profundos que la crisis constitucional.
Todos y cada uno de los países de la nueva UE –que ahora incluye 25 países– tienen, además, sus propios problemas que resolver.
Los atentados con bombas en los trenes subterráneos de Londres del 7 de julio fueron llevados a cabo por una organización islamista local conformada por jóvenes ciudadanos británicos.
Los bosques de España y Portugal fueron arrasados por los incendios que ocasionó un verano extraordinariamente caluroso y seco.
Los violentos disturbios callejeros iniciados en octubre en la periferia de París son un toque de alerta por el conflicto étnico, cultural y generacional que divide a los integrados y los excluidos de la sociedad de la abundancia, a la vez que revela la pérdida de contacto con la realidad de las autoridades.
Las elecciones de septiembre en Alemania no dejaron contento a casi nadie, en la medida que la conservadora Ángela Merkel preside una dispar «gran coalición», integrada por su principal adversario. Mientras, la gente común quiere un cambio de rumbo para una economía que flaquea.
La presidencia holandesa se pasó casi todo el primer semestre del año ocupada apoyando el Tratado Constitucional de la UE, que resultó rechazado en referendo.
El proyecto propone crear un presidente permanente del bloque, un canciller también permanente, así como ayudar a clarificar los principios, objetivos, identidad y procedimientos para la toma de decisiones.
El proceso de ratificación del tratado tuvo un auspicioso comienzo. España, Eslovaquia, Austria y Alemania aprobaron con rapidez la ratificación. El proceso se agrió –y se empezó a despeñar– cuando Francia y Holanda la rechazaron.
El referendo dio la oportunidad a millones de votantes de expresarse sobre el rumbo del bloque –ampliado con el ingreso de 10 países–, el debate sobre la admisión de Turquía e incluso sobre asuntos domésticos..
Los franceses, por ejemplo, aprovecharon el referendo para canalizar su animosidad hacia el presidente Jacques Chirac.
El todavía más rotundo «no» de los holandeses, apenas tres días después, enterró la cuestión.
Muy poco después de esta debacle, Gran Bretaña asumió la presidencia semestral rotativa de la UE e imprimió un cambio de enfoque.
Desde el mismo comienzo del mandato, el primer ministro británico Tony Blair prometió trazar «una nueva dirección de la economía» para ayudar a Europa a «adecuarse al desafío de la globalización», y se comprometió a resucitar al tambaleante bloque.
Pero fue en esos días que Londres fue sacudida por los atentados, que obligaron a Blair a despreocuparse de los asuntos europeos y poner toda su atención en el ámbito nacional.
En la segunda mitad de su presidencia de la UE, Gran Bretaña se las arregló, sin embargo, para timonear importantes y agitados debates acerca de medidas antiterroristas, inmigración, el uso de productos químicos, la membresía de Turquía y el presupuesto comunitario.
El año parecía terminar de manera más o menos alentadora, debido al acuerdo alcanzado acerca del presupuesto, pero ese paso no estuvo exento de fuertes tironeos que insumieron más de 30 horas de negociaciones.
La discusión presupuestal, que debía haber finalizado en junio, concluyó en las primeras horas del 17 de diciembre, gracias concesiones a último momento.
El meollo de la discusión fue, naturalmente, el nivel total del gasto, el monto de los fondos asignados a Gran Bretaña, el de la ayuda para el desarrollo de los nuevos miembros y el cronograma para la siguiente etapa de reformas de la Política Agrícola Común del bloque.
Finalmente, Gran Bretaña renunció a fondos por 10.500 millones de euros (equivalentes a 12.400 millones de dólares), y el presupuesto ascendió a 862.400 millones de euros (un billón de dólares), lo que permitirá financiar proyectos de desarrollo en los países recién admitidos.
Como contrapartida, Francia accedió a revisar su presupuesto para 2008-2009, lo que posiblemente implicará recortes en los subsidios agrícolas.
Si bien las cuestiones presupuestarias quedaron resueltas y aclaradas, en 2006 el bloque deberá enfrentarse con un desafío aún mayor: dar vuelta los problemas y los fracasos del 2005.
La UE en su conjunto necesita apuntarse algún tipo de éxito para diluir el sabor a crisis que dejó el rechazo de la constitución por parte de franceses y holandeses, así como las amargas disputas por el presupuesto que echaron a perder la última gran cumbre del bloque en junio.
También deberá volver a discutir hasta qué punto abrir a la competencia internacional el mercado de servicios, sector al que la Comisión Europea (rama ejecutiva de la UE) considera clave para el crecimiento económico.
El bloqueo constitucional sumergió a la UE en una crisis política de la que no saldrá hasta tanto no se reformen las instituciones del bloque, sostuvo Antonio Vitorino, ex comisario de Justicia e Interior y actual presidente del privado Centro de Políticas Europeas (EPC).
«Todas las instituciones tienen problemas en comunicar lo que están haciendo de una manera clara y transparente, quién hace qué y cómo lo que hacen afecta realmente la vida cotidiana de los ciudadanos», dice un informe de Vitorino para el EPC.
«En términos generales, los procesos de toma de decisiones carecen de transparencia, un prerequisito clave para determinar responsabilidades y evaluarlas», agregó Vitorino.
Además, dijo: «La composición de las instituciones de la UE tras su expansión a 25 países posa una serie de dudas acerca de la eficiencia y la capacidad de la UE para tomar decisiones dentro de un marco de tiempo razonable».
Pero el bloque intentará actuar «como si nada inusual hubiera pasado», y Austria y Finlandia ya se comprometieron, en sus respectivas presidencias rotativas de la UE, a mantener el rumbo y el enfoque en la reforma económica que privilegió la presidencia británica.
Un escollo a superar será cuando toque el turno a Austria, puesto que deberá conducir el prometido debate sobre el futuro de las vetustas instituciones de la UE y el margen de la próxima ampliación del bloque, aunque ya advirtió que no va a forzar la adopción de la constitución.
El tema de la ampliación, y el de los Balcanes en particular, dominarán la agenda de las relaciones exteriores del bloque.
La UE también comenzará a negociar con Bosnia-Herzegovina sobre el llamado Acuerdo de Estabilización y Asociación, que podría ser el primer paso para la futura extensión de la UE a la región occidental de los Balcanes.
Sin embargo, las negociaciones con Turquía y Croacia, que comenzaron en octubre, difícilmente prosperen en el corto plazo en la medida que la UE se dispone a inspeccionar de cerca la legislación de estos dos países.