Hace meses que se presentan las cajas de ahorros como los entes financieros cuyos problemas son más difíciles de resolver porque, dicen, la peculiar composición de su propiedad y la politización y falta de profesionalización de sus órganos gestores hacen mucho más arduo reunir los fondos necesarios para resolverlos. Pero su delicada situación lastra la […]
Hace meses que se presentan las cajas de ahorros como los entes financieros cuyos problemas son más difíciles de resolver porque, dicen, la peculiar composición de su propiedad y la politización y falta de profesionalización de sus órganos gestores hacen mucho más arduo reunir los fondos necesarios para resolverlos. Pero su delicada situación lastra la evaluación de los mercados del sistema financiero español, por lo que se plantea su restructuración y recapitalización.
Se realiza un diagnóstico que destaca sólo un tipo de problemas y presenta una única vía para su tratamiento. Se prepara a la opinión pública y se llega a la única conclusión posible, por la que ya se había optado: la privatización
Se utiliza la imagen de las cajas como una unidad indivisible. Pero ni todas son iguales ni sus problemas son de la misma urgencia y magnitud. Con el Sistema Institucional de Protección (SIP) algunas cajas están logrando una mejora de su situación. Y hay cajas de ahorros que continúan siendo todavía potentes entidades. «El valor económico de las cajas excede en mucho a los posibles costes de saneamiento y reestructuración de las mismas, y hay que hacerlo visible» (Santiago Carbó, El País, 09-01-2011).
Si todas las cajas no están en la misma situación, ¿por qué no es posible que algunas reestructuren sus deudas y otras se hundan? Si las empresas quiebran, ¿por qué no un ente financiero? ¿Dónde esta el riesgo que dicen justifica los beneficios? Sanear a fondo el sistema financiero podría incluso ser muy útil para mejorar la credibilidad del país ante los mercados.
Las cajas hubieran podido ser tratadas con procedimientos adaptados a cada una de ellas. Asimismo, hubiera merecido la pena explorar, con imaginativas fórmulas económico-jurídicas, una profunda operación de saneamiento y refundación que aprovechara con equidad y eficiencia la infraestructura, experiencia y redes operativas que las cajas ofrecían para establecer una potente banca pública. ¿Por qué esta reticencia a pensar en ello cuando el sistema de las cajas la hubiera facilitado? Por otra parte, en algunas entidades, ¿por qué no se mejora el ratio de core capital mediante la disminución de capital?
Parece, además, que los problemas más urgentes de la cajas no son tanto los de hacer frente a sus acreedores, sino los de cubrir los ratios de core capital y en los plazos que impone el decreto del 18 de febrero, con lo que se sitúa a las cajas en dificilísimas situaciones inmediatas. Es decir, la vacuna puede matar al paciente. ¿Por qué aumentar y anticiparse a las exigencias de Bruselas?
¿La recapitalización exige la privatización? Se aduce siempre que el sector público no tiene fondos y se ha de recurrir al sector privado. Las informaciones sobre el capital necesario son tan dispares -oscilan entre 20.000 y 80.000 millones de euros, aun ignorando las últimas cifras del Servicio de Estudios del BBVA, que lo evalúa entre 13.000 y 17.000 millones solamente- que es difícil pronunciarse. Pero la Confederación Española de Cajas de Ahorros -cierto que no es neutral- señala que con las fórmulas de la actual ley y los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sería suficiente para efectuar la recapitalización necesaria.
El Gobierno, que no ha escatimado acudir al rescate de los bancos -casi 20.000 millones de euros con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), la posibilidad de recurrir al FROB hasta 99.000 millones y la provisión de amplios avales- y se ha responsabilizado de facto de su deuda privada externa, ¿por qué considera que contribuir a recapitalizar directamente las cajas no es una opción? Con una estrategia más individualizada, escalada y serena, ¿seguro que el sector público no puede disponer de los fondos necesarios?
¿Existen algunas razones no publicitadas para forzar ahora la privatización? La banca alemana tiene riesgos muy elevados en las cajas españolas. ¿No serán tales intereses los que refuerzan este preciso modelo y tempo de saneamiento?
Parece difícil que las cajas convenzan a los inversores privados para que les presten dinero. Con los mercados de crédito actuales, no se pueden ignorar las consecuencias para la disponibilidad y el precio de capitales si las cajas y los bancos salen al mercado para recapitalizarse al mismo tiempo. Asimismo, parece que el capital privado no tiene prisa en tomar posiciones como accionista respecto a las cajas, sino que espera a que el FROB las sanee para comprarlas después. Es probable que sean los fondos públicos los que las rescaten para pasarlas después a precios muy favorables al capital privado A no ser que se pretenda que los ya en alerta fondos de capital riesgo -¿son los inversores más convenientes?- compren algunas cajas a precios de saldo para adelgazarlas brutalmente y revenderlas después. ¿Es este el futuro que se desea para la mitad del sistema financiero español?
Está claro que no se tiene interés en ninguna otra vía que no sea la privatización. El sistema financiero español se hubiera beneficiado mucho de un saneamiento y refundación de las cajas bajo una estructura pública en lugar de ofrecer toda su experiencia histórica, sus recursos y el patrimonio acumulado al sector privado, que logra disminuir la competencia y obtener estimulantes perspectivas de negocios futuros a buen precio. Una operación redonda para la banca.
Para entender qué pasa con las cajas se ha de invertir la percepción del proceso: la privatización no es la solución del problema, sino un objetivo deseado desde hace tiempo que se va a lograr presentando el tema de las cajas de una forma determinada y planteando una única solución. De nuevo, una verdad a medias -las cajas tienen problemas- se utiliza para una solución a la medida de los poderes fácticos: la privatización. Quizá en algún momento en el futuro se podrán exigir responsabilidades por estos planteamientos.
Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
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