A diferencia del FMI que, pese a los descalabros, sigue recomendando la misma receta, el Banco Mundial admite, por primera vez, que el sistema de jubilación privada no funcionó y sugiere volver a un sistema público.
A diferencia del Fondo Monetario que, pese a los estrepitosos fracasos de los últimos años, sigue recomendando la misma receta, el Banco Mundial acaba de realizar, por primera vez, una verdadera autocrítica en un tema clave. Dicho sin rodeos, el Banco Mundial reconoce que el sistema privado de jubilación «no está funcionando bien» en Latinoamérica, donde en la década pasada el organismo presionó a los gobiernos por su instauración. Tan impactante como la admisión del error es la propuesta para corregirlo. Dice que hay que «reconstruir» el sistema público para universalizar la cobertura a los millones de trabajadores/futuros jubilados marginados de la seguridad social. El régimen de capitalización privado, en tanto, quedaría acotado al aporte voluntario de los trabajadores de mayor capacidad contributiva.
El documento del Banco Mundial, titulado «Manteniendo la Promesa de la Seguridad Social en América Latina» (Keeping the Promise of Social Security in Latin America), fue elaborado por los funcionarios Indermit Gill, Juan Yermo y Truman Packard. Ya causó un enorme revuelo entre los ejecutivos de los fondos de pensión de la región, a quienes fue presentado en un seminario reservado en Catargena, Colombia.
En el 2002, Truman Packard estuvo de visita oficial en Buenos Aires. Se reunió con el titular de la Anses, Sergio Massa, con el entonces secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, y con otros funcionarios del área previsional, que le acercaron todas las estadísticas que solicitó y lo interiorizaron sobre la situación del sistema.
Al parecer quedó muy impresionado por la experiencia vivida en el país, porque su informe final rompe con todos los esquemas previos difundidos desde el propio Banco Mundial.
Latinoamérica fue un típico laboratorio para las políticas de privatización del sistema previsional. Después de Chile en 1981, varios países, incluyendo Perú, México y Argentina reformaron sus sistemas bajo la atenta supervisión del Banco Mundial. De hecho, en 1993, el organismo publicó un documento fundacional («Previniendo la crisis de la vejez», «Averting the Old Age Crisis») en el que promocionaba la necesidad de privatizar los antiguos sistemas previsionales de reparto. Dicho estudio prometía prosperidad y bienestar a los futuros jubilados bajo el régimen privado, aunque para arribar a tales resultados se basaba en supuestos absolutamente inverosímiles. Para el caso argentino, por ejemplo, presuponía una tasa de crecimiento del PBI del 8 por ciento anual durante 30 años seguidos (ver aparte).
Desde entonces, la reforma previsional se convirtió en una de las «condicionalidades» impuestas por el FMI y el Banco Mundial a los países que requerían asistencia financiera. Un año después, a mediados de 1994, bajo el liderazgo de Domingo Cavallo, Argentina creó el sistema de capitalización y las AFJP.
El documento que ahora publica el Banco Mundial es el primer análisis integral del experimento. Del mismo se desprenden dos conclusiones principales:
1) La privatización del sistema no está ofreciendo los beneficios que se prometían a los afiliados. Entre las causas se mencionan las «excesivas comisiones» cobradas por las AFJP, que se han mantenido desde los primeros días. Y la emergencia de un oligopolio de un selecto grupo de administradoras con un mercado cautivo.
Por supuesto, también se reseñan los «riesgos políticos» a los que estuvieron sometidos los ahorros administrados por las AFJP. En Argentina esto significó que el 60 por ciento de la cartera de fondos previsionales esté hoy invertida en bonos públicos en default.
2) Una gran mayoría de trabajadores está quedando completamente excluida del sistema de seguridad social y previsional, por lo que en el futuro habrá una marea de jubilados sin haberes. Al respecto, se menciona que en Chile alrededor del 50 por ciento de los trabajadores están cubiertos por el sistema, pero en el resto de los países el promedio es apenas 20 por ciento.
En el caso argentino, de 9,5 millones de afiliados a las AFJP sólo 3 millones son aportantes, por lo que sólo esa fracción estará en el futuro en condiciones de percibir una jubilación. El resto serán ancianos sin ingresos. Para colmo, como el Estado quedó desfinanciado (al dejar de recaudar los aportes previsionales de los afiliados a las AFJP), no cuenta con los recursos necesarios para instrumentar un red de seguridad social universal, que proteja en su edad pasiva a los marginados del mercado de trabajo, ya sea porque quedaron desocupados o porque eran empleados en negro. Como informó Página/12, en Argentina el «bache fiscal» que originó la reforma asciende -contando la rebaja de aportes patronales asociada a la misma- a más de 60.000 millones de pesos en diez años.
Así las cosas, el Banco Mundial sugiere «reconstruir» el sistema público de seguridad social para «prevenir la pobreza en la vejez». El sistema de capitalización individual con aportes obligatorios debería ser eliminado gradualmente y, en cambio, debería alentarse un tercer pilar del sistema, basado en los aportes voluntarios a las cuentas de capitalización personalizadas. Sin embargo, esta propuesta, admiten los funcionarios del BM, no sería fácil de implementar. Es curioso, pero las dificultades a que alude el estudio demuestran que no existen soluciones simples a problemas complejos, como promocionaban en los noventa, con una única receta para todos los países, el FMI y el Banco Mundial.