El Banco Mundial redescubre al Estado, pero no la deuda que lo limita

Sin embargo, esto es precisamente lo que se propone el último informe del Banco, «Actualización económica del sur de Asia», publicado en abril de 2026 bajo el título «Trabajar con la política industrial». La política industrial, desalentada durante décadas en gran parte del Sur Global en favor de la liberalización, la privatización y el desarrollo impulsado por el mercado, se presenta ahora como un instrumento legítimo para crear empleo e impulsar la transformación económica. El informe reconoce que la inteligencia artificial amenaza el empleo en los mismos sectores de servicios que en su día se celebraron como casos de éxito en materia de desarrollo. Admite que años de rápido crecimiento no han generado ni suficientes puestos de trabajo ni un desarrollo regional equilibrado.

En contraste con las recetas de ajuste estructural que el Banco exportó por todo el Sur en las décadas de 1980 y 1990, el cambio de vocabulario es real y merece ser tomado en serio. Pero la pregunta más útil no es si el Banco ha cambiado su lenguaje. Es evidente que lo ha hecho. La pregunta es para qué sirve ese nuevo lenguaje.

El argumento de este artículo es que el Banco ha aprendido a nombrar los síntomas de cuatro décadas de globalización impulsada por el mercado —trabajo precario, desigualdad regional, disrupción tecnológica, vulnerabilidad climática—, al tiempo que mantiene fuera del marco el único diagnóstico que implica a la propia institución. Ese diagnóstico es la deuda. Mucho antes de que cualquier gobierno de Colombo, Daca o Katmandú elija entre una subvención y un arancel, la estructura del poder de los acreedores y la subordinación financiera externa ya ha decidido de cuánto margen de maniobra dispone ese gobierno para actuar. El informe tiene un nombre para ese margen. Lo denomina espacio fiscal y lo trata del mismo modo que un parte meteorológico trata la lluvia: como una condición externa que hay que gestionar, nunca como algo que se genera. Pero el espacio fiscal no es el clima. Es el residuo acumulado de un orden financiero que las instituciones de Bretton Woods contribuyeron a construir más que nadie. Hablar de política industrial mientras se trata ese residuo como un hecho de la naturaleza es escribir un manual para conducir un coche cuyo combustible racionan los acreedores.

¿Por qué habla así el Banco Mundial?

La cuestión interesante no es si la política industrial funciona. Los datos históricos zanjaron la versión general de esa cuestión hace ya tiempo. La industrialización de Japón, Corea del Sur y Taiwán, y más tarde el auge de China, demostraron que los Estados pueden orientar la inversión, fomentar sectores estratégicos y dar forma a la transformación. Lo que exige una explicación es por qué el Banco ha elegido este momento para adoptar ideas que antes trataba con abierto recelo.

La respuesta radica menos en nuevas pruebas económicas que en un mundo que ha cambiado. La crisis financiera de 2008 minó la confianza en el mercado autocorrectivo. La pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto la fragilidad de las largas cadenas de suministro y el peligro de depender de una producción lejana. La rivalidad geopolítica ha empujado a los gobiernos de todo el mundo a sopesar la seguridad económica junto con la eficiencia. El ascenso de China planteó el reto más espinoso de todos: la industrialización más espectacular de la historia moderna, lograda no mediante la retirada del Estado, sino a través de la planificación estratégica, la inversión pública, las empresas estatales y una integración controlada en los mercados mundiales. Lo más difícil de ignorar fue el regreso de la política industrial en las propias economías ricas: enormes subvenciones para los semiconductores y la tecnología verde en Estados Unidos, y medidas comparables en la Unión Europea. Las herramientas que durante mucho tiempo se desaconsejaron en el Sur se convirtieron en respetables en el momento en que Washington y Bruselas recurrieron a ellas.

El Banco también opera en un panorama de financiación del desarrollo que ya no domina. La banca de desarrollo china, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Nuevo Banco de Desarrollo y una serie de entidades crediticias regionales han ampliado las opciones disponibles para los Estados prestatarios. El Banco compite ahora no solo por la influencia en las finanzas, sino también en las ideas. Leído desde esta perspectiva, Working with Industrial Policy es tanto un documento sobre el Banco Mundial como sobre el sur de Asia: una institución que adapta su discurso a un mundo en el que sus antiguas certezas se han debilitado y en el que resulta imposible pasar por alto los estragos sociales de la globalización impulsada por el mercado.

Pero la adaptación no es transformación, y esa distinción es la clave. Una institución puede absorber el vocabulario de sus críticos precisamente para evitar absorber sus conclusiones.

Las limitaciones que el Banco ayudó a crear

A lo largo de los años ochenta y noventa, se presionó a los gobiernos de todo el Sur para que liberalizaran el comercio, privatizaran las empresas públicas, desregularan y redujeran el papel económico del Estado. La política industrial se presentaba como un caldo de cultivo para la ineficiencia, el proteccionismo y la búsqueda de rentas; la intervención estatal era el problema, no la solución. La trayectoria del sur de Asia fue más variada de lo que la visión habitual da a entender: la India, Bangladés y Sri Lanka siguieron caminos distintos, pero la dirección era inequívoca: menores barreras comerciales, una mayor integración de los mercados y la competitividad como objetivo fundamental.

El informe conserva gran parte de este marco. La liberalización comercial sigue viéndose con buenos ojos; la integración en las cadenas de valor globales sigue siendo un objetivo central; la competitividad sigue sirviendo como medida del éxito. Lo que ha cambiado no es el destino, sino la ruta. El Banco reconoce ahora que los mercados por sí solos no generan una transformación estructural, y que la política industrial, la inversión pública y un Estado más activo tienen un papel que desempeñar.

La dificultad radica en que estas nuevas posiciones se asientan sobre una historia no reconocida. El informe señala, acertadamente, que una política industrial exitosa exige instituciones capaces y una coordinación a largo plazo, precisamente las capacidades estatales que las rondas anteriores de asesoramiento animaban a los gobiernos a desmantelar. El Estado desarrollista reaparece como la respuesta, décadas después de haber sido tratado como un obstáculo. El mismo patrón subyace en la repetida referencia del informe al «espacio fiscal limitado». La carga de la deuda, la vulnerabilidad externa y la dependencia de un capital volátil no cayeron del cielo. Se formaron en el seno de un orden financiero mundial que instituciones como el Banco ayudaron a diseñar y a vigilar. Reconocer que los mercados han fracasado no es lo mismo que reconocer quién dijo a todo el mundo que confiara en ellos.

No se trata de una pedantería sobre la coherencia. Las instituciones cambian porque el mundo cambia, y no hay por qué avergonzarse de revisar una postura. Pero una revisión que olvida discretamente su propio pasado también olvida por qué el presente es como es, y ese olvido no es inocente. Permite que las limitaciones se presenten como el terreno en sí mismo en lugar de como resultados, que es precisamente lo que permite dejar de lado las preguntas más difíciles.

Los síntomas que ahora nombra

Si el lenguaje modificado refleja un mundo cambiado, las inquietudes recurrentes del informe revelan a qué se ve ahora obligado a enfrentarse el Banco. Cuatro temas se repiten a lo largo del texto: el empleo, la inteligencia artificial, la inestabilidad global y la desigualdad regional.

Durante décadas, la legitimidad del modelo se basó en una simple promesa: el crecimiento generaría empleo, ingresos y un aumento del nivel de vida. El sur de Asia parece confirmarlo, ya que sigue siendo la región de más rápido crecimiento entre las economías emergentes y en desarrollo, con la India como motor. Sin embargo, el informe vuelve una y otra vez sobre el empleo, y la importancia que se le da a esa preocupación es, en sí misma, reveladora. Si el crecimiento generara de forma fiable buenos puestos de trabajo, no sería necesario abordar la cuestión en cada dos páginas. Tras décadas de reformas, integración y expansión, los gobiernos siguen enfrentándose a mercados laborales que no logran generar suficiente trabajo seguro y productivo, sobre todo para los jóvenes.

El tratamiento que se da a la inteligencia artificial es el pasaje más llamativo del informe, y merece más peso del que este le concede. Durante más de treinta años, se instó a los países del sur de Asia, sobre todo a la India, a incorporarse a la economía mundial a través de los servicios, las tecnologías de la información y la externalización de procesos empresariales. Esa escalera se vendió como el modelo: la prueba de que una economía en desarrollo podía dar el salto hacia un trabajo de mayor valor añadido. El informe reconoce ahora que la IA ya se asocia con una contratación más lenta precisamente en estas actividades, siendo las empresas vinculadas a compradores multinacionales las más expuestas. Si se plantea como un problema tecnológico, parece manejable mediante la formación y la mejora de las competencias. Si se plantea con honestidad, se trata de algo más amplio. Si la automatización está retirando la escalera de la exportación de servicios sobre la que se construyó toda una estrategia de desarrollo, el problema no es que un único sector se enfrente a dificultades. Se trata de una grieta en el propio modelo, y la respuesta del informe —más competencias y una mayor integración en la cadena de valor— prescribe seguir subiendo justo cuando se está retirando la escalera.

La tercera preocupación es la inestabilidad. El documento se redactó en medio de tensiones geopolíticas, perturbaciones en los mercados energéticos e incertidumbre sobre las cadenas de suministro. Se ha desvanecido la confianza de la década de los noventa en que el comercio seguiría expandiéndose y los mercados se mantendrían tranquilos. Sin embargo, las economías del sur de Asia siguen ligadas a la demanda externa y a las cadenas de valor globales, cuya estabilidad el propio informe pone en duda; se encuentran atrapadas entre la búsqueda de una mayor integración y la necesidad de protegerse de la misma exposición que dicha integración genera.

La cuarta es la desigualdad territorial. El informe presta especial atención a las diferencias salariales regionales y al desarrollo desigual, y sus conclusiones son contundentes: el crecimiento se ha concentrado, no se ha difundido. El capital, las infraestructuras y la mano de obra cualificada se concentran donde ya están; las diferencias salariales se acentúan; las regiones rezagadas se quedan aún más atrás. Se trata de un hecho tanto político como económico, que alimenta la presión migratoria y el descontento, y plantea la cuestión de para quién es realmente el crecimiento.

En conjunto, estos son los costes que la marea alta neoliberal descartó como secundarios. El Banco ahora los nombra. Nombrar no es lo mismo que no hacer nada, pero nombrar un síntoma no es lo mismo que afrontar lo que lo produce, y la brecha entre ambos es donde reside el resto de esta crítica.

Una región, varias crisis

El trabajo está presente en todo este informe. El empleo, los salarios, las competencias, la empleabilidad y las diferencias salariales regionales están presentes en todos los capítulos. Y, sin embargo, falta algo fundamental. Los trabajadores aparecen casi exclusivamente como capital humano, como conjuntos de competencias y productividad cuyo valor reside en su contribución al crecimiento y la competitividad. Lo que apenas aparece es la vida social y política del trabajo: los sindicatos, la negociación colectiva, la seguridad o la precariedad de un empleo, el equilibrio de poder entre quienes trabajan y quienes los emplean. Los trabajadores son participantes en los mercados laborales, rara vez actores colectivos que puedan dar forma a lo que esos mercados producen.

Esta omisión es relevante porque el problema del empleo en el sur de Asia no es principalmente una escasez de competencias. Se trata del predominio de la informalidad, la inseguridad y una protección social débil. Millones de personas siguen ocupando puestos de trabajo precarios y mal remunerados tras décadas de crecimiento, e incluso en los sectores de exportación que se suponía que la integración beneficiaría, los beneficios se han distribuido de forma desigual. Las verdaderas preguntas no son, por tanto, solo cuántos puestos de trabajo hay, sino de qué tipo, quiénes los ocupan y en qué condiciones. El debate sobre la IA muestra este límite a pequeña escala: el informe reconoce que la automatización puede ralentizar la contratación y, a continuación, recurre a la formación y la mejora de las competencias, mientras que la posibilidad de que la tecnología altere el equilibrio de poder entre el trabajo y el capital queda prácticamente sin examinar.

Se trata de una estrategia habitual en el pensamiento contemporáneo sobre el desarrollo: la traducción del conflicto social en un ajuste técnico. El desempleo se convierte en una brecha de competencias. La desigualdad se convierte en un problema de productividad. La disparidad regional se convierte en un déficit de infraestructuras. Cada interpretación convierte una cuestión de poder en una cuestión de diseño, y el diseño es un ámbito en el que el Banco sabe cómo asesorar. El resultado es un informe profundamente centrado en el empleo que, sin embargo, apenas aborda quién controla la inversión, quién se beneficia del aumento de la productividad y quién asume los costes de la reestructuración.

Este silencio cobra mayor relevancia precisamente en lo que respecta a la propia política industrial. La política industrial nunca es neutral: cada decisión sobre qué sectores respaldar, a qué empresas subvencionar y a qué intereses dar prioridad es una decisión sobre el poder. La versión que defiende el informe está cuidadosamente delimitada: el Estado interviene para corregir las deficiencias del mercado y potenciar la competitividad, no para alterar la distribución del poder económico ni para reforzar la posición de los trabajadores. Los trabajadores tienen una enorme importancia en esta visión, pero como factores de producción. La mano de obra es visible en todo momento. La clase social brilla por su ausencia.

El trabajo sin clase

El trabajo está presente en todo este informe. El empleo, los salarios, las competencias, la empleabilidad y las diferencias salariales regionales están presentes en todos los capítulos. Y, sin embargo, falta algo fundamental. Los trabajadores aparecen casi exclusivamente como capital humano, como conjuntos de competencias y productividad cuyo valor reside en su contribución al crecimiento y la competitividad. Lo que apenas aparece es la vida social y política del trabajo: los sindicatos, la negociación colectiva, la seguridad o la precariedad de un empleo, el equilibrio de poder entre quienes trabajan y quienes los emplean. Los trabajadores son participantes en los mercados laborales, rara vez actores colectivos que puedan dar forma a lo que esos mercados producen.

Esta omisión es relevante porque el problema del empleo en el sur de Asia no es principalmente una escasez de competencias. Se trata del predominio de la informalidad, la inseguridad y una protección social débil. Millones de personas siguen ocupando puestos de trabajo precarios y mal remunerados tras décadas de crecimiento, e incluso en los sectores de exportación que se suponía que la integración beneficiaría, los beneficios se han distribuido de forma desigual. Las verdaderas preguntas no son, por tanto, solo cuántos puestos de trabajo hay, sino de qué tipo, quiénes los ocupan y en qué condiciones. El debate sobre la IA muestra este límite a pequeña escala: el informe reconoce que la automatización puede ralentizar la contratación y, a continuación, recurre a la formación y la mejora de las competencias, mientras que la posibilidad de que la tecnología altere el equilibrio de poder entre el trabajo y el capital queda prácticamente sin examinar.

Se trata de una estrategia habitual en el pensamiento contemporáneo sobre el desarrollo: la traducción del conflicto social en un ajuste técnico. El desempleo se convierte en una brecha de competencias. La desigualdad se convierte en un problema de productividad. La disparidad regional se convierte en un déficit de infraestructuras. Cada interpretación convierte una cuestión de poder en una cuestión de diseño, y el diseño es un ámbito en el que el Banco sabe cómo asesorar. El resultado es un informe profundamente centrado en el empleo que, sin embargo, apenas aborda quién controla la inversión, quién se beneficia del aumento de la productividad y quién asume los costes de la reestructuración.

Este silencio cobra mayor relevancia precisamente en lo que respecta a la propia política industrial. La política industrial nunca es neutral: cada decisión sobre qué sectores respaldar, a qué empresas subvencionar y a qué intereses dar prioridad es una decisión sobre el poder. La versión que defiende el informe está cuidadosamente delimitada: el Estado interviene para corregir las deficiencias del mercado y potenciar la competitividad, no para alterar la distribución del poder económico ni para reforzar la posición de los trabajadores. Los trabajadores tienen una enorme importancia en esta visión, pero como factores de producción. La mano de obra es visible en todo momento. La clase social brilla por su ausencia.

El recurso sin explotar

Si la mano de obra aparece en el informe como capital humano, las mujeres aparecen —cuando es que aparecen— como capital humano aún sin aprovechar. La perspectiva de género apenas está presente en el propio informe «Working with Industrial Policy», y esta omisión es más reveladora de lo que parece a primera vista. Los sectores que el informe sitúa en el centro de la transformación industrial son precisamente aquellos que se sustentan en el trabajo de las mujeres: las fábricas textiles de Bangladés, las líneas de montaje y de fabricación ligera que la política industrial pretende ampliar, y los servicios y los procesos empresariales en los que las mujeres del sur de Asia han logrado afianzarse de forma precaria. Un debate sobre la estrategia industrial que no ponga de relieve quiénes son realmente los que trabajan en estos sectores ha perdido de vista parte de su propio tema.

Cuando el Banco sí aborda la cuestión de género en el sur de Asia, en su trabajo específico sobre las mujeres y el trabajo, el marco es inconfundible y coherente con el resto de su metodología. La participación de las mujeres en la población activa, una de las más bajas del mundo —aproximadamente un tercio frente a más de tres cuartas partes en el caso de los hombres—, se presenta como un potencial económico sin explotar: según las estimaciones del Banco, si se cerrara esta brecha, los ingresos per cápita de la región podrían aumentar hasta en un 50 %. La brecha de género se convierte, en esta narrativa, en dinero que se deja sobre la mesa, una oportunidad de crecimiento desaprovechada. Las barreras se catalogan como normas sociales, leyes restrictivas, déficit de competencias y brecha digital, y las soluciones siguen el patrón habitual: ajustar las normas, reformar las leyes, formar a las mujeres, conectarlas con los mercados.

Cada una de estas barreras es real. Pero el enfoque aplica la misma interpretación que ya se utiliza en materia de trabajo, deuda y clima. Una cuestión sobre el poder, sobre el patriarcado, sobre a quién se le hace responsable de los cuidados no remunerados, sobre las condiciones en las que las mujeres acceden al trabajo remunerado y lo que se les paga una vez allí, se replantea como una cuestión sobre recursos infrautilizados y productividad perdida. Las mujeres se vuelven valiosas porque su empleo aumentaría la producción, no porque la distribución del trabajo, los cuidados y los ingresos sea en sí misma una cuestión de justicia. La figura de la mujer trabajadora aparece despojada del ámbito doméstico, del trabajo no remunerado de la reproducción social y de las relaciones patriarcales que el salario ni disuelve ni desplaza. Incluso los propios datos del Banco apuntan más allá de su marco: las mujeres se concentran en la agricultura familiar y el trabajo a domicilio; solo una pequeña fracción de las empresas está en manos de mujeres; y la participación apenas ha variado en dos décadas de crecimiento. Estos no son los síntomas de un mercado sin explotar a la espera de ser conectado. Son las huellas de una estructura que distribuye el trabajo y el poder según el género, y que el crecimiento, dejado a su libre albedrío, ha reproducido en lugar de disolver.

Aquí es también donde el género vuelve a enlazar con el argumento de la deuda, y el vínculo no es meramente decorativo. Cuando los acreedores racionan el margen de maniobra fiscal, el coste de la austeridad no desaparece, sino que se transfiere. Los recortes en sanidad pública, agua, cuidado infantil y ayudas alimentarias recaen en primer lugar sobre el hogar y, dentro de este, sobre las mujeres, cuyo trabajo no remunerado se trata como el amortiguador de última instancia de la economía. La crítica feminista a la deuda —según la cual el ajuste equilibra las cuentas de los acreedores a costa del tiempo y los cuerpos de las mujeres— se viene planteando desde hace décadas, sobre todo por parte de los movimientos sociales. Un informe que no es capaz de ver ni la deuda como una relación de poder ni a las mujeres como algo más que un recurso sin explotar es, como era de esperar, incapaz de ver el punto en el que ambas cosas convergen: en la economía del cuidado, que absorbe silenciosamente todo aquello que el presupuesto público, disciplinado por la deuda, ya no está autorizado a proporcionar.

La política industrial a la sombra de la deuda

Lo más revelador del informe no es lo que dice sobre la política industrial, sino las condiciones en las que insiste en que se lleve a cabo dicha política. «Espacio fiscal limitado», «restricciones presupuestarias» y «capacidad administrativa» aparecen una y otra vez página tras página. Se aconseja a los gobiernos que intervengan de forma selectiva, que elijan cuidadosamente sus objetivos y que eviten distorsiones costosas; la prudencia es la consigna, especialmente cuando las finanzas públicas son ajustadas.

En cierto sentido, esto es inobjetable. Los recursos son finitos y la política industrial cuesta dinero. Pero el informe trata esta limitación como un hecho natural, en lugar de como algo construido. ¿Por qué es limitado el margen de maniobra fiscal? ¿Por qué tantos gobiernos del Sur tienen dificultades para financiar a la vez las infraestructuras, la modernización industrial, la protección social y la adaptación al cambio climático? ¿Por qué la cuestión de la inversión pública choca, una y otra vez, con la cuestión de la deuda? Estas preguntas brillan por su ausencia, y esa ausencia constituye la evasión central del informe.

Para gran parte del Sur Global, el retorno de la política industrial se está desarrollando en medio de una nueva crisis de deuda. El aumento de los tipos de interés, la volatilidad de los flujos de capital, la depreciación de las monedas y el incremento de las obligaciones de servicio de la deuda han asfixiado las finanzas públicas precisamente cuando las exigencias sobre ellas se han multiplicado. Una parte cada vez mayor de los ingresos se destina a los acreedores en lugar de a escuelas, redes eléctricas, centros de salud o la transición ecológica; el sur de Asia no es una excepción. Sri Lanka ha mostrado adónde puede llevar esto, y esta es la lección estructural que encierra su colapso, distinta de la fragilidad a nivel nacional señalada anteriormente. Lo que se presentó como un problema de balanza de pagos era, en el fondo, una crisis de dependencia de la deuda y de subordinación financiera externa: un Estado despojado de la autonomía para proteger a su propia población porque sus obligaciones con los acreedores tenían prioridad. Otros países de la región se enfrentan a versiones más leves de la misma situación.

Es aquí donde el enfoque del informe realiza su labor más discreta y más política. El espacio fiscal se presenta como un límite técnico que hay que respetar, cuando en realidad es un resultado histórico y político que hay que explicar. Las cargas de la deuda que reducen el margen para la política industrial no fueron impuestas por la naturaleza. Se acumularon a través de la liberalización, la apertura financiera y la orientación a la exportación que prescribió el Consenso de Washington, el programa asociado a la formulación de John Williamson de 1989 y aplicado mediante una generación de préstamos condicionados. Lamentar el limitado espacio fiscal sin nombrar el sistema de deuda que lo genera es describir una prisión mientras se evita cuidadosamente cualquier mención al muro.

Lo que el informe omite es precisamente el análisis en el que los movimientos por la justicia de la deuda llevan años insistiendo: que gran parte de la deuda soberana del Sur es de origen ilegítimo u odioso, contraída en contra de los intereses de las poblaciones obligadas a pagarla, y que su legitimidad puede y debe ser sometida a juicio mediante auditorías ciudadanas de la deuda, en lugar de aceptarse como una carga fija para el futuro. La doctrina de la deuda odiosa no es un eslogan; tiene su origen en el debate jurídico internacional, y la práctica de la auditoría de la deuda pública se ha utilizado, en Ecuador y en otros lugares, para distinguir entre las obligaciones que un pueblo tiene y las que se le imponen. Nada de esto aparece en Working with Industrial Policy, y no podría aparecer, porque admitirlo equivaldría a reconocer que la restricción determinante para el desarrollo del sur de Asia no es la falta de instrumentos políticos ingeniosos, sino la falta de soberanía, un déficit que la propia arquitectura del Banco ayudó a crear.

Visto así, todo el análisis del informe sobre la política industrial se asienta sobre unos cimientos que se niega a examinar. Los parques industriales, los programas de formación profesional, la modernización tecnológica y la adaptación al cambio climático requieren, todos ellos, una inversión pública sostenida. Que un gobierno pueda ponerlos en marcha depende mucho menos de si sus tecnócratas son capaces de diseñar intervenciones elegantes que de si posee la autonomía fiscal y política necesaria para actuar en contra de las prioridades de sus acreedores. La cuestión central no es qué políticas industriales debería adoptar un Estado, sino si el Estado conserva el poder de llevar a cabo cualquier estrategia de desarrollo según sus propios términos.

El argumento más sólido a favor de la cautela del Banco

Sería demasiado fácil considerar la prudencia del informe como mera ideología – aunque la ideología también ha tenido su papel – y una crítica que lo hiciera se vería debilitada por ello. La cautela del Banco se basa en problemas reales, y estos deben exponerse con toda su fuerza.

La política industrial presenta riesgos reales de fracaso. Las subvenciones son acaparadas por las empresas ya establecidas. El proteccionismo, que se supone temporal, se convierte en permanente, porque las empresas a las que protege adquieren un interés en mantenerlo. Los gobiernos eligen a los perdedores con la misma facilidad con la que eligen a los ganadores, y carecen de la información necesaria para saber de antemano quiénes son unos y quiénes otros. Se redactan cláusulas de caducidad que luego nunca se aplican. En economías con escasa capacidad administrativa, la brecha entre un plan bien diseñado y su aplicación real puede acabar con la política por completo. Los éxitos de Asia Oriental a los que alude el informe no se debieron únicamente a la política industrial, sino a unas condiciones previas específicas y exigentes: burocracias disciplinadas y a salvo de la captura, una estricta disciplina en materia de exportaciones que obligaba a las empresas subvencionadas a competir, una reforma agraria previa y la geopolítica de la Guerra Fría, que proporcionó a esos Estados una libertad de acción inusual. Esas condiciones no se trasladan automáticamente, y una región que aplica una política industrial a un ritmo aproximadamente el doble que el de otras economías emergentes —como es el caso del sur de Asia—, al tiempo que observa que las medidas relacionadas con el comercio ofrecen resultados dispares —restricciones a la importación que reducen las importaciones sin un apoyo a la exportación que impulse las exportaciones—, tiene motivos para preguntarse si una mayor intervención equivale a una mejor intervención.

Pero el escepticismo siempre fue selectivo, y ahí es donde el argumento a favor de la prudencia del Banco comienza a resquebrajarse en sus propios términos. La institución analizó el fracaso del Estado con un rigor que nunca aplicó al fracaso del mercado. La conclusión a la que llegó nunca se vio respaldada por sus propias pruebas: «cierta intervención generó búsqueda de rentas» no implica «por lo tanto, liberalizar, privatizar y minimizar el Estado», y, sin embargo, el Banco dio ese salto como si se tratara de una cuestión de aritmética. Su propio informe El milagro de Asia Oriental (1993) es la prueba más clara; los investigadores que habían documentado el crédito dirigido, las empresas disciplinadas y los sectores seleccionados por el Estado enmarcaron los hallazgos en torno a una interpretación «favorable al mercado» que subordinaba lo que las pruebas realmente mostraban. El diagnóstico de ineficiencia, además, no se limitó a formularse; se utilizó. A través del ajuste estructural y la condicionalidad cruzada del Banco y el Fondo, los fracasos reales se convirtieron en ocasiones para un proyecto mucho más amplio: la privatización de empresas públicas solventes, la apertura de las cuentas de capital, el desmantelamiento de una regulación que no guardaba relación alguna con la falla original. Una historia real de despilfarro sirvió para legitimar intervenciones que ese despilfarro nunca podría haber justificado. Y el balance se llevó a cabo con una mano muy pesada en la balanza: todo lo que había logrado el régimen anterior —reconocidamente ineficiente—, ya fuera una mayor compresión social, una desigualdad menos descarada o, en varios casos del sur de Asia, una reducción real de la distancia entre los más ricos y los más pobres, se descartó por completo, mientras que los costes del remedio de mercado —la creciente concentración y la mayor inseguridad— se contabilizaron como transitorios. La pobreza medida sí que disminuyó durante las décadas de liberalización, y un lector ortodoxo se fijará de inmediato en esa cifra; pero la reducción de la pobreza basada en un trabajo precario, desprotegido y dependiente de las remesas es un logro frágil, como dejan claro tanto el colapso de Sri Lanka como la exposición de la región a la IA. La solución proporcionó una cifra llamativa a costa de la seguridad y la igualdad, y ese intercambio nunca se contabilizó con honestidad.

Por lo tanto, reconocer las formas en que se produjo el fracaso es lo que pone al descubierto la evasión, en lugar de excusarla. El informe presenta cada una de ellas como un problema de diseño —mejores criterios, instituciones más limpias, más disciplina—, cuando el problema más profundo es una cuestión de poder y autonomía. Las burocracias disciplinadas y la disciplina en materia de exportaciones que hicieron que la política industrial de Asia Oriental funcionara fueron posibles, en parte, porque esos Estados gozaban de la soberanía fiscal y política que se niega sistemáticamente a los Estados subordinados a la deuda. Un gobierno que debe hacer frente al servicio de una deuda impagable no puede aislar su estrategia industrial de la presión financiera a corto plazo, no puede comprometerse de forma creíble en los horizontes a largo plazo que requiere la política industrial, y no puede imponer disciplina al capital que necesita atraer desesperadamente. La prudencia del Banco, en otras palabras, describe los síntomas de una escasa autonomía y luego prescribe vivir dentro de ellos. La cautela en estas condiciones no es un consejo técnico neutral. Es un consejo de resignación disfrazado de realismo, y la resignación es ante una limitación que la institución prefiere no nombrar.

El clima como gestión de riesgos

La misma traducción de la estructura a la gestión rige el tratamiento que el informe da al clima. El sur de Asia se encuentra entre las regiones más expuestas al cambio climático del planeta, desde la cuenca hidrográfica del Himalaya hasta las costas de Bangladés y las Maldivas, y el informe reconoce el peligro con suficiente claridad: fenómenos meteorológicos extremos, infraestructuras dañadas, agricultura y medios de vida amenazados.

Pero el clima aparece casi exclusivamente como un riesgo para el crecimiento: una fuente de pérdidas, costes fiscales y perturbaciones en la cadena de suministro que los gobiernos deben gestionar para proteger sus trayectorias de crecimiento. Se trata de preocupaciones reales, aunque parecen más propias de las clases propietarias y inversoras que de quienes pierden sus hogares y cosechas. Lo que no se plantea es si el cambio climático podría ser no solo un riesgo para el desarrollo, sino un veredicto sobre un modelo concreto del mismo: si el problema es una resiliencia insuficiente o los límites ecológicos de una senda de crecimiento basada en la expansión de la extracción, el aumento del consumo energético y la presión incesante por la competitividad. El informe aboga por acelerar el crecimiento, ampliar la capacidad productiva y profundizar la integración de los mercados sin apenas reflexionar sobre su coste ecológico.

El silencio es más evidente en el contexto del sur de Asia. La región es responsable de una pequeña parte de las emisiones históricas, pero soporta una gran parte de las consecuencias. La justicia climática, la responsabilidad histórica y la distribución desigual de la carga ecológica no son, por tanto, cuestiones periféricas para el desarrollo en esta región, sino que son fundamentales. El informe lo convierte todo en una cuestión de resiliencia y gestión de riesgos; algo útil y necesario, pero que pasa por alto la cuestión de quién provocó la crisis y a quién se obliga a pagar por ella.

A estas alturas, el patrón es inconfundible. La deuda se convierte en una cuestión de prudencia fiscal. La precariedad del mercado laboral se convierte en una cuestión de competencias. La desigualdad regional se convierte en una cuestión de infraestructuras. El colapso climático se convierte en una cuestión de resiliencia. En cada caso, un problema estructural y político se replantea como un problema de gestión con una solución técnica, y en cada caso ese replanteamiento es lo que permite que la causa más profunda quede sin examinar.

Adaptación sin transformación

Sería erróneo afirmar que nada ha cambiado, y una crítica que sostuviera tal cosa sería fácil de desestimar simplemente señalando el evidente cambio de tono. El Banco ha evolucionado de verdad. Presta más atención al empleo, la tecnología, la disparidad regional y la capacidad del Estado que sus predecesores de los años del ajuste estructural, y ese cambio es real.

La afirmación más precisa y acertada es que el cambio se ha diseñado para que sea limitado. El Banco ha asimilado la crítica al fundamentalismo de mercado, pero solo lo suficiente como para evitar enfrentarse a los aspectos que implican a la propia institución: el poder de los acreedores, la subordinación financiera y la distribución del poder económico dentro de las sociedades y entre ellas. La competitividad, el crecimiento de las exportaciones, la integración en la cadena de valor y la inversión impulsada por el sector privado siguen siendo los supuestos fundamentales. Se readmite al Estado, pero con una correa corta: puede facilitar los mercados, corregir sus fallos y potenciar la competitividad; no puede redistribuir el poder ni orientarse hacia fines que el mercado aún no respalde. La política industrial es bienvenida en la versión que hace que los mercados funcionen mejor y rechazada en la versión que podría hacer que funcionaran de manera diferente.

Esta es la diferencia entre concesión y conversión. El informe es una concesión a un mundo que el viejo modelo ya no puede explicar. No es una conversión hacia una visión diferente de cómo el desarrollo podría ser asumido y dirigido por las sociedades que lo experimentan. Su punto fuerte es su disposición a nombrar problemas que una ortodoxia anterior ignoraba. Su límite es su negativa a seguir su propio análisis hasta las conclusiones que esos problemas exigen.

Conclusión: un nuevo lenguaje para un viejo dilema

El informe llega en un momento en el que el modelo de la era de la globalización se encuentra visiblemente bajo presión: las crisis de deuda reaparecen en todo el Sur, la rivalidad geopolítica está redefiniendo el comercio, la perturbación climática se acelera, el cambio tecnológico erosiona las fuentes de trabajo establecidas y la promesa de que la liberalización por sí sola traería la prosperidad se está desvaneciendo. La respuesta del Banco no es ni una defensa de la vieja ortodoxia ni una ruptura con ella, sino un intento de escribir una narrativa revisada para un mundo más turbulento. Por eso su importancia radica menos en sus recomendaciones específicas que en lo que revela: una institución que adapta su discurso al tiempo que preserva los supuestos en los que se ha basado su influencia durante cuatro décadas.

Para el Sur, la lección no es esperar a que el Banco dé permiso para aplicar una política industrial, ni aceptar el espacio fiscal como un destino ineludible. Es que ninguna estrategia industrial digna de ese nombre es posible sin hacer frente al sistema de deuda que establece sus límites, lo que implica auditorías de la deuda pública, la cancelación de la deuda de origen ilegítimo u odioso, y la recuperación de la soberanía fiscal, sin la cual cualquier otro instrumento se obtiene en condiciones impuestas por los acreedores. El informe ha sabido identificar los síntomas. La cura comienza donde el informe se detiene: en la cuestión de quién es el titular de la deuda y en qué condiciones se permite que el desarrollo siga adelante.

Referencias y lecturas complementarias::

– Banco Mundial, South Asia Economic Update: Working with Industrial Policy (Washington D. C., abril de 2026) — el informe analizado.

– Sobre el tratamiento que el Banco da al trabajo de las mujeres, véase Banco Mundial, South Asia Development Update: Women, Jobs, and Growth (octubre de 2024), y su capítulo «Empower to Prosper: Women Working for Growth», que presenta la brecha de género en el empleo como un potencial de crecimiento sin explotar.

– Sobre la ortodoxia que el informe revisa: la formulación del «Consenso de Washington» de John Williamson (1989), y Banco Mundial, El milagro de Asia Oriental: el crecimiento económico y las políticas oficiales (1993), que reconoció un papel para la política industrial en Asia Oriental al tiempo que dudaba de su aplicabilidad más amplia.

– Sobre la historia del Banco Mundial, véase Éric Toussaint, Éric Toussaint, Banco Mundial. Una historia crítica (El Viejo Topo, ISBN 9788419200143).

– Sobre la deuda odiosa e ilegítima y las auditorías ciudadanas de la deuda, véase el trabajo del CADTM y de Éric Toussaint.

– Sobre la crítica feminista de la deuda y la austeridad —el ajuste descargado sobre los cuidados no remunerados y la reproducción social—, véase Camille Bruneau y Christine Vanden Daelen, Mujeres por la cancelación de las deudas: ’Nuestras vidas valen más que sus créditos (2023) y la literatura más amplia de economía política feminista sobre la reproducción social.

El autor agradece a Éric Toussaint por la revisión del texto.

Traducción realizada con la colaboración de Fernanda Gadea Martínez.

Sushovan Dhar es un activista político, escritor y sindicalista radicado en Calcuta. Está afiliado al CADTM India y forma parte del consejo editorial de Alternative Viewpoint. Sus escritos abordan temas como el trabajo, la deuda, la reestructuración neoliberal, el autoritarismo, los movimientos sociales y la política internacional, con un enfoque particular en Asia Meridional y el Sur Global. Sus artículos han sido publicados en diversas revistas y plataformas, como Jacobin, Viento Sur y Sin Permiso, entre otras.

Fuente: https://www.cadtm.org/Politica-industrial-sin-transformacion