Los riesgos y las condiciones abusivas de las jubilaciones privadas en América Latina quedaron a la vista tras la decisión argentina de nacionalizar el sistema en un contexto de colapso económico.
Un año después del «¿por qué no te callas?», la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, del 29 al 31 de octubre, dejó traslucir los mismos conflictos. En 2007, las críticas de Daniel Ortega a Unión Fenosa marcaron el final de la cumbre. En esta ocasión, fueron los intereses de Repsol en Ecuador y del Grupo Marsans y el BBVA en Argentina.
«Que entiendan las compañías trasnacionales: la Banana República se acabó», dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, días después de anunciar la expulsión de Repsol del país por «bajar la producción y las inversiones» y «no haber aceptado la renegociación del contrato». Pese a las duras palabras, el 6 de noviembre Repsol llegaba a un acuerdo para continuar en el país hasta 2018: la petrolera acepta cambiar de contrato hacia uno de prestación de servicios, a cambio de una reducción de impuestos a sus beneficios extraordinarios del actual 99% al 70%.
BBVA y las jubilaciones doradas Además de las idas y venidas del caso Repsol, la cumbre estuvo marcada por la decisión argentina de nacionalizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), anunciada el 21 de octubre. La medida afecta especialmente al banco español BBVA, propietario de Consolidar, una de las tres principales gestoras del sistema privado, con el 14,10% del mercado.
La decisión tiene un precedente en Bolivia, donde Evo Morales decretó el pasado agosto la estatización de las dos administradoras privadas de fondos de pensiones, una de las cuales pertenece al BBVA. «Cuando los Estados norteamericano, francés o alemán estatizan bancos, aseguradoras o deudas privadas, los analistas hablan de ‘rescates’. En cambio, en nuestro país sería ‘estatismo nostálgico'», escribía la presidenta argentina Cristina Fernández poco después de anunciar la nacionalización.
El 23 de octubre, el juez Claudio Bonadio ordenaba el despliegue de un «megaoperativo» para registrar las sedes porteñas de las diez administradoras privadas, entre ellas la sede de BBVA Consolidar. El juez, basándose en la denuncia del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, Guillermo Marijuan, acusó a las operadoras privadas de la venta ilegal a bajo precio de bonos públicos por un total de 140 millones de dólares ante el inminente anuncio de la eliminación del sistema privado, un delito castigado con penas de dos a seis años.
En 1994, durante el Gobierno de Carlos Menem, bajo receta y presión del FMI y el Banco Mundial, Argentina pasó a formar parte de la veintena de países con sistemas de jubilación privados. La privatización contó con el apoyo de las grandes centrales sindicales. Leonardo Fabre, del sindicato de los trabajadores de la Administración de la Seguridad Social, hizo pública la «autocrítica del movimiento obrero» por los gremios que se adhirieron en los ’90 a la privatización del sistema previsional y se asociaron a las administradoras privadas.
El modelo no fue otro que el implantado en Chile por Pinochet en 1981, también con el apoyo del FMI. Ahora el BBVA lidera las jubilaciones privadas en América Latina con una presencia en siete países, 63.489 millones de dólares en patrimonio gestionado y 12,4 millones de afiliados, según informes del banco. En el caso argentino, «transfirieron al sector privado unos 4.000 millones de dólares al año, acentuando el vaciamiento de las cajas de jubilaciones estatales», explica Eduardo Lucita, economista integrante del espacio ‘Otro camino para superar la crisis’. En septiembre de este año, los 9,5 millones de afiliados a las AFJP se enteraron de que las administradoras acumulaban «una pérdida de rentabilidad del 20% sobre los aportes», dice Eduardo Lucita, «y esto echó luz sobre una de las condiciones del sistema de jubilación privada: está sometido a la lógica del mercado y armado para períodos de alta rentabilidad, pero no tiene resguardo social alguno cuando la rentabilidad es a la baja, o las inversiones dan directamente pérdidas como ahora».
«Apuestas de casino» _Una vez dentro del sistema, la ley prohibía a los aportantes volver al sistema público. «No se trata de un negocio sino de un saqueo», explica Sergio Fiscella, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, que compara el sistema con las «apuestas de casino». Con la única diferencia, sostiene, de que en este caso «no cabe la posibilidad de optar por continuar apostando, sino la obligación de seguir haciéndolo. Y, por supuesto, que corriendo los mismos riesgos». Una ley de 2007, después de 13 años de cautividad, permitió a los aportantes que lo desearan volver al sistema público. Además de desviar al sistema privado 4.000 millones de dólares al año y debilitar el sistema jubilatorio público, según afirmó entonces el ex presidente Néstor Kirchner, las AFJP «se dedicaron a pres- tarle al Estado nacional a tasas totalmente altas y a las provincias a tasas realmente increíbles».
Una de las principales críticas a las AFJP, además de que el 77% de sus beneficiarios siguen dependiendo de los aportes del sistema público para completar las jubilaciones privadas, son las altas comisiones. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) «el esquema resultó altamente beneficioso y se convirtió en una fuente de grandes negocios para el sector financiero y el capital concentrado local e internacional». Las comisiones cobradas a los ‘clientes’ desde 1994 ascienden a 11.670 millones de dólares, unos 2,3 millones de dólares diarios para las diez entidades privadas. «Prácticamente cuatro de cada diez pesos destinados a los fondos de capitalización individual se perdían en concepto de comisiones de las AFJP», concreta un estudio del CENDA.
Las causas que llevaron al Gobierno argentino a la nacionalización de las AFJP difieren. El oficialismo defiende que se trata de una decisión estratégica para garantizar el pago de las jubilaciones ante el fracaso del sistema y la crisis económica. Según la presidenta Cristina Fernández, «las AFJP invirtieron 1.059 millones de euros en mercados a futuro. Esos mismos mercados que hoy tienen en vilo a la economía mundial». Mientras, buena parte de la oposición señala que las causas se encuentran en la necesidad del Gobierno de buscar dinero «para hacer frente a los vencimientos de la deuda pública que alcanzan en los próximos tres años los 38.358 millones de euros». Según Eduardo Lucita, la nacionalización del sistema traspasaría a la Administración de la Seguridad Social «un fondo de inversiones valuado en 30.000 millones de dólares», a lo que habría que sumar 4.100 millones de dólares anuales. Para Jorge Altamira, del Partido Obrero, la decisión sólo puede explicarse porque «Argentina ya está funcionando en un régimen de cesación de pagos».