Un volumen considerable de proyectos de ley tramita por Diputados y el Senado brasileños con un objetivo claro: imponer severas restricciones, a través de duras puniciones, a las manifestaciones populares. A la vez, ampliar el concepto de terrorismo, para que se extienda mucho más allá de lo previsto por la legislación actual, que viene de […]
La llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia en el primer día de 2019 fue previa a la de los integrantes del Congreso: los diputados y senadores electos o reelectos asumieron el 2 de febrero. En la estela de la victoria de Bolsonaro, el Congreso recibió un nutrido volumen de neófitos que, a ejemplo del presidente, no tenían ninguna experiencia. Más de la mitad de los 513 diputados nacionales llegaron a sus escaños por primera vez, y la renovación parcial del Senado (54 de un total de 81) ha sido estruendosa: nada menos que 85 por ciento de los electos no estaba en la legislatura anterior.
Por la falta de articulación del Poder Ejecutivo junto al Congreso, 2019 fue un año de tensión permanente.
En medio a la agitación intensa, algunos detalles solo merecieron la atención de los analistas políticos ahora, durante el receso parlamentar.
Entre lo que pasó desapercibido o casi, un punto se destaca: fueron presentados nada menos que 21 proyectos de ley -seis por el PSL (Partido Social Liberal) por el cual Bolsonaro se eligió, y luego abandonó; los otros 15, por partidos de derecha que gravitan alrededor del gobierno- destinados específicamente a manifestaciones populares. Algunos fueron presentados con el pedido adicional de ser tramitados en ‘carácter de urgencia’. Anteriormente, otros 49 proyectos se arrastraban desde 2013 por los despachos tanto de la Cámara como del Senado. Lo insólito ha sido la avalancha que desplomó sobre el Congreso en un solo año.
Casi todos los proyectos criminalizan conductas comunes en manifestaciones callejeras, como el uso de máscaras. Además, se pretende definir como ‘acto criminal’ el bloqueo de calles y avenidas. Enfrentar verbalmente o no obedecer a órdenes policiales resultará en puniciones mucho más rigurosas que las actuales.
Otras medidas prevén que las fuerzas de seguridad infiltren agentes entre manifestantes e intercepten teléfonos fijos y móviles, además de ingresar en redes sociales atropellando eventuales bloqueos, todo eso sin autorización judicial previa. También se propone que sean considerado ‘actos de terrorismo’ prender fuego a autobuses o hacer ‘intentos de subvertir el orden constitucional y causar inestabilidad democrática’.
En cuanto a incendiar autobuses, se trata de una acción bastante clara. Lo que no queda nada claro es cómo determinar qué serían ‘intentos de subvertir el orden constitucional y causar inestabilidad democrática’.
Hay, en fin, de todo un poco entre los proyectos que tramitan, propuestos en su inmensa mayoría por diputados neófitos, muchos de ellos ex militares o policías. Uno de los proyectos provoca risas: determina que sea creada una lista de personas que ‘intentaron o cometieron actos de terrorismo’, precisamente lo que todavía no fue definido. Punición prevista para los que integren la lista: de por vida no podrán comprar pasajes aéreos.
Muchísimos otros, sin embargo, provocan serias preocupaciones: se destinan claramente a declarar terroristas a movimientos sociales urbanos como rurales, y establecen un control riguroso relacionado a actividades sindicales y convocatorias de manifestaciones callejeras.
En tiempos de Bolsonaro, nada más previsible que avanzar en intentos destinados a cercear de manera radical eventuales protestas callejeros. Y, de parte de los que comulgan con el presidente ultraderechista, tener bien claro que hay que endurecer siempre y perder cualquier vestigio de ternura.