Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
A petición del presidente de Túnez, el jefe del Estado ecuatoriano Rafael Correa acaba de anunciar que enviará un equipo de economistas a Túnez para aconsejar y compartir la experiencia de su país sobre la auditoría de la deuda. Esta ayuda llegará tras la presentación de un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez de una propuesta de ley para establecer una comisión de auditoría de la deuda.
El CADTM, que participó en la auditoría de la deuda ecuatoriana y apoya activamente la campaña contra la deuda odiosa emprendida en Túnez por RAID (miembro de las redes CADTM y ATTAC), celebra esa posible colaboración entre Túnez y Ecuador. Igual que en Ecuador la auditoría podría llegar efectivamente a resultados concretos liberando al pueblo tunecino de una deuda ampliamente odiosa e ilegítima. El país continúa en la actualidad asfixiado por una gran deuda en su mayoría heredada de la época de Ben Alí. El presupuesto dedicado al reembolso de esa deuda representa ocho veces el de asuntos sociales, tres veces el de la sanidad y casi seis veces el de empleo. Una auditoría de la deuda tunecina como la que se llevó a cabo en Ecuador con el fin de identificar la parte odiosa e ilegítima, que debe anularse sin condiciones, es vital para el pueblo tunecino.
Recordemos que entre 2007 y 2009 Ecuador mantuvo un pulso con sus acreedores decidiendo auditar unilateralmente el íntegro de su deuda pública. Sobre la base de las conclusiones de esa auditoría llevada a cabo por una comisión internacional instituida por Rafael Correa y compuesta por representantes del Estado, de movimientos sociales y de redes internacionales, entre ellas el CADTM, que trabajaron sobre la deuda, Ecuador suspendió entonces el pago de una parte importante de su deuda ilegítima y obligó a sus acreedores a recuperar sus títulos con una rebaja de un 75% de su valor. Al final esa operación permitió al país ahorrar 7.000 millones de dólares en recursos financieros para dedicarlos no al reembolso de la deuda sino a gastos sociales, sanidad, educación y desarrollo de infraestructuras de comunicación.
Túnez podría ser el próximo país que siga el ejemplo de Ecuador. Pero ha que ser prudentes. La propuesta de ley tunecina, que todavía no se ha debatido en la Asamblea Nacional Constituyente, conlleva varias limitaciones. La auditoría tal como se prevé concierne únicamente a la deuda contraída bajo la dictadura de Ben Alí mientras que algunos préstamos importantes se contrataron con el Banco Mundial y el FMI tras los levantamientos populares de 2011. Sin embargo esas nuevas deudas llevan unas condiciones que violan la soberanía y los derechos sociales del pueblo. Además la suspensión del reembolso de la deuda no está prevista en esa propuesta de ley mientras que la situación social y económica es muy crítica. Túnez podría basarse en recursos del derecho internacional como el estado de necesidad o el cambio fundamental de circunstancias para establecer inmediatamente una moratoria sobre su deuda. Finalmente, es necesario permanecer alerta en cuanto a la composición de la comisión encargada de auditar la deuda, incluso aunque la propuesta de ley prevé, como en el caso ecuatoriano, una participación de representantes de la «sociedad civil».
Así pues el CADTM brinda su apoyo crítico a la propuesta de ley tunecina con respecto a la auditoría de la deuda y exhorta a los acreedores a abstenerse de tomar cualquier medida dirigida a influir en la selección de los representantes tunecinos. A este respecto, los programas de canje de deudas como el anunciado por el presidente francés François Hollande en julio pasado deben suspenderse inmediatamente. Ya que dichos canjes podrían hacerse sobre deudas odiosas e ilegítimas.
Lo que ocurrió en Ecuador puede producirse en Túnez y otros lugares a condición de que los pueblos se movilicen en conjunto contra la deuda odiosa e ilegítima de su país con el fin de constituir un frente unido contra los acreedores, como pidió el difunto presidente de Burkina Faso Thomas Sankara. El CADTM se suma al llamamiento de una movilización mundial contra la deuda ilegítima en la «Semana de Acción Contra la Deuda» del 8 al 15 de octubre.