La UE ratificará los acuerdos en marzo. Todos los Estados salvo Reino Unido incluirán la «regla de oro» del déficit en sus constituciones. El Banco Central Europeo seguirá sin emitir eurobonos. La Comisión Europea podrá influir en la preparación de los presupuestos nacionales. Cortafuegos para el euro: 700.000 millones a partir de 2012 para evitar el colapso monetario.
La llamada «crisis de la deuda» sigue escribiendo capítulos. La última cumbre europea celebrada el 9 de diciembre no parece haber cubierto las expectativas que los medios de comunicación crearon. Merkel no cede y no habrá, de momento, eurobonos, un mecanismo que consiste en la emisión conjunta de deuda que serviría para frenar las dinámicas especulativas de los mercados.
Los 27 Estados de la UE estaban llamados a «refundar Europa» en Bruselas, después de unas semanas en las que los rumores acerca del futuro del euro y la misma UE circulaban por todo tipo de foros.
La declaración, que incluye la reforma de las constituciones europeas para establecer un techo al gasto – ya aprobada por el Gobierno español, no es tan minuciosa con los detalles de estabilización a la hora de determinar en qué consiste un «acuerdo internacional que será firmado como muy tarde en marzo».
«Las soluciones son inadecuadas y vamos a peor» apunta Sol Sánchez, miembro de ATTAC, «hasta que no se tome una decisión conjunta de actuación, las iniciativas parciales agravan el problema». La cumbre tampoco ha modificado sustancialmente el papel del Banco Central Europeo. Su presidente, Mario Draghi, anunció en las horas previas a la misma una bajada de los tipos de interés, lo que significa que la autoridad que emite la divisa de la UE prestará el dinero más barato, al 1% de interés. De esta medida se benefician los llamados «inversores institucionales».
Bancos y aseguradoras que invertirán este dinero barato en comprar deuda pública, que está alcanzando tipos de interés del 8, el 10 o el 12% o, en el caso de Grecia, de hasta el 15%.
La posibilidad de que el Banco Central preste dinero a los Estados sin la intermediación de los mercados no se plantea: «La propia arquitectura financiera de la unión permite, e incluso facilita, este tipo de movimientos especulativos contra la posición de algunos países concretos», relata el libro del Observatorio Metropolitano Crisis y revolución en Europa.
De hecho, el BCE ha rechazado aportar 200.000 millones de euros al FMI para que éste los haga llegar a los Estados, y finalmente serán éstos los que aporten fondos para que este organismo pueda rescatarles en un futuro.
Como señalaba el periodista Iñigo Saenz de Ugarte en Twitter, se trata de una lógica un tanto retorcida.
Control del déficit
«Esta cumbre no aporta nada nuevo», señala Jorge Fonseca, catedrático de Economía Aplicada en la Complutense, «es una escenificación teatral del Pacto del Euro plus que se firmó en junio».
La Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro habla de una «gobernanza reforzada» que fortalecerá los objetivos de control del déficit mediante mecanismos como los implementados en Grecia, Italia, España y Portugal. El nuevo texto establece que el déficit estructural anual de los 26 Estados firmantes no podrá superar el 0,5% del PIB salvo en casos excepcionales, y se establecen límites, asimismo,para las comunidades autónomas y equivalentes.
Las agencias de rating, entidades que se encargan de calificar el riesgo de los títulos de deuda, bajaron la calificación a las comunidades autónomas esa misma semana, cuando se dio a conocer que su deuda ha crecido un 22% en el último trimestre.
De nada sirven los cambios constitucionales en los países más débiles de la zona euro. A pesar de poner en lugar preferente de la política económica el control del déficit y el pago de la deuda, la prima de riesgo tiende al alza, y los intereses a los que se colocan los bonos del Estado, incluso los de Alemania, son cada vez mayores.
Para Fonseca, estas medidas echan «más madera» a la hoguera neoliberal: «Los nuevos recortes provocarán más recesión, que generará más paro y menos capacidad de compra, reducirá la recaudación de impuestos y aumentará el gasto en seguro de desempleo, el déficit y la deuda pública -y la prima de riesgo, que alcanza tasas de usura-, forzando más recortes y alimentando el círculo vicioso», recalca Fonseca.
El origen de esta tendencia hay que buscarlo en el crash de Lehman Brothers. Las ayudas a la banca, que supuestamente amenazaba con colapsar, supusieron un desembolso por parte de las arcas públicas que en el caso del Estado español ascendió a cien mil millones. El Gobierno, sin embargo, no instauró impuestos para contrarrestar este gasto en su balance, sino que recurrió al endeudamiento.
Recuperando el impuesto sobre el patrimonio (tal como era antes de la supresión) se habrían recaudado 2.100 millones, eliminando la bajada de impuestos para los que ganan más de 120.000 euros al año, hasta 2.500 millones, y anulando la bajada del impuesto de sociedades a las empresas con facturación superior a 150 millones, que sólo son el 0,12%, se habrían recaudado cerca de 5.300 millones. Si a esto sumamos el monto total del fraude que llevan a cabo, según los técnicos de la Agencia Tributaria, las grandes fortunas (44.000 millones) y los 6.000 millones que hay parados en los juzgados pendientes de juicio por delitos fiscales, hablamos de 60.000millones.
El virus de la deuda pública
La deuda pública constituye una de las posibilidades que tiene el Estado de obtener recursos financieros, materializada normalmente mediante emisiones de títulos de obligaciones de pago, que pueden vencer a corto plazo (menos de un año), a medio o a largo. Estas obligaciones que contrae el Estado son compradas principalmente por bancos o fondos de inversión.
En el Estado español, el coste estimado de los intereses sólo para 2011 es de un 2,6% del PIB, según Daniel Gómez-Olivé. Entre finales de agosto y el 7 de diciembre, el rendimiento de la deuda pública a largo plazo con calificación AAA de la zona del euro se incrementó diez puntos básicos, situándose en el 2,8 %, según el Banco de España.
El Estado vende en el mercado primario, pero el precio de esa deuda se establece en el mercado secundario, donde los inversores especulan libremente.
«Cuando se acerca una subasta, los inversores suelen poner en venta grandes cantidades de deuda, calientan el mercado, condicionan el precio que tienen que pagar los Estados, que así pagan más intereses», señala Sol Sánchez.
Antes del inicio de la crisis, la deuda pública del Estado español apenas suponía el 36% del PIB. Sin embargo, hoy alcanza el 70% del PIB. «El coste del rescate a los bancos está siendo trasladado a la población, con la excusa del endeudamiento», apunta Sol Sánchez, que explica que «se pagan los intereses de una deuda que ha servido para rescatar a la banca y cuyos objetivos están alejados de los intereses de los ciudadanos».
Deuda ilegítima e injusta
Hay quien considera que estas ayudas a los bancos puede ser considerada como deuda ilegítima. «Es ilegítima porque no cumple para lo que ha sido concebida», recalca Sol Sánchez. «Por ejemplo, el fondo para las adquisiciones de los activos financieros, que funciona desde 2008, se supone que compra activos para que la banca pueda proporcionar créditos a las familias, pero los créditos no llegan». Hay que tener en cuenta que menos de la mitad de la deuda está en manos extranjeras, y que son los bancos e inversores españoles sus principales acreedores.
Los mismos bancos que han exigido al Gobierno que se endeude para convertir su deuda privada en nuestra deuda pública poseen el 55% del total de la misma. Esta conversión se ha realizado a través de mecanismos como la compra de activos tóxicos (en su mayoría procedentes de las operaciones fallidas de la burbuja inmobiliaria), avales, garantías, y ayudas públicas para salvar o reestructurar el sector financiero.
El dinero ha sido destinado a que el sector financiero privado se haya podido deshacer de los activos tóxicos de sus balances, pagar parte de sus deudas y reestructurarse obteniendo grandes beneficios. Las empresas que cotizan en el IBEX35 obtuvieron el año pasado beneficios superiores a 50.000millones de euros,más de tres veces la cifra de los recortes sociales aplicados ya por el Gobierno.