La decisión de Henrique Capriles de rechazar la oferta de diálogo por parte del presidente Maduro es emblemática de ciertos problemas fundamentales que han aquejado a la oposición venezolana durante los últimos 15 años La decisión de Henrique Capriles de rechazar la oferta de diálogo por parte del presidente Maduro es emblemática de ciertos problemas […]
La decisión de Henrique Capriles de rechazar la oferta de diálogo por parte del presidente Maduro es emblemática de ciertos problemas fundamentales que han aquejado a la oposición venezolana durante los últimos 15 años
La decisión de Henrique Capriles de rechazar la oferta de diálogo por parte del presidente Maduro es emblemática de ciertos problemas fundamentales que han aquejado a la oposición venezolana durante los últimos 15 años, y que afloran con intensidad en el contexto actual. Aunque la oposición haya emprendido la vía electoral al poder en el año 2004, no se trataba de una decisión fácil ni unánime.
En el período 1999-2004, la oposición venezolana contaba con «una estrategia de derrocamiento militar», según Teodoro Petkoff, editor de Tal Cual. Eso incluyó el golpe de abril de 2002 y el paro por parte de empresarios y empleados (en su mayoría de cuello blanco y gerentes) de Pdvsa, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.
Pero, en aquel entonces, la oposición contaba con una serie de ventajas que hoy día ya no tiene. Su control de los medios era casi total, de modo que podían dominar el espectro radioeléctrico con mensajes que culpaban al Gobierno del desastre económico que ellos mismos habían provocado. Ocho meses después del golpe, Chávez aún no tenía el control total del Ejército ni de Pdvsa. Tampoco contaba con aliados internacionales en toda la región.
No obstante, el paro petrolero y empresarial de 2002-2003 fracasó por razones similares a las que harán fracasar las protestas actuales. La gente se cansa de las molestias ocasionadas, de las colas, de la violencia, y la oposición pronto perderá el apoyo de su propia base -que, dicho sea de paso, ha dado lugar a manifestaciones mucho más pequeñas que las que se vieron en 2002-2003-.
El Gobierno en 2003, por otra parte, precisamente por no controlar la industria petrolera, tampoco había cumplido todavía con gran parte de sus promesas. Once años después, la pobreza y el desempleo han sido rebajados a menos de la mitad, la pobreza extrema ha visto una reducción de más del 70%, y millones cuentan con pensiones que antes no tenían. ¿Será que los venezolanos están dispuestos a lanzar todo eso a la basura, por haber vivido un año y medio con alta inflación y un incremento de la escasez? Parece poco probable. En 2012, según el Banco Mundial, la pobreza cayó 20% -la reducción más grande de todo el continente americano-.
Los problemas recientes no se han extendido en el tiempo lo suficiente como para que la mayoría desista de un gobierno que ha impulsado un mejoramiento en sus niveles de vida por encima de cualquier otro gobierno durante décadas.
Nos podemos también imaginar la austeridad y el desempleo que la oposición provocaría para reducir la inflación, junto con los recortes en el gasto público y la posibilidad de que Venezuela viva varios años de recesión. Se trata de las recetas neoliberales convencionales. Existe muy poca duda de que líderes como Leopoldo López, María Corina Machado y Henrique Capriles (a pesar de su reinvención como una especie de «segundo Lula» durante las elecciones presidenciales) las aplicarían.
Esos líderes se ubican sencillamente demasiado a la derecha, caracterizados por un elitismo patente, para el país que desean gobernar. Venezuela no es Polonia. Treinta y seis por ciento de los venezolanos se autodefinen de izquierda, el más alto porcentaje en América Latina.
La ayuda proporcionada por EEUU a la oposición venezolana le ha brindado financiamiento (solamente viendo los documentos del gobierno de EEUU disponibles en Internet, se puede observar un financiamiento de cerca de 90 millones de dólares en fondos destinados a Venezuela desde el año 2000, lo cual incluye cinco millones de dólares en el actual presupuesto federal), más presión hacia la unidad de la oposición, y asesoría táctica y estratégica. Ante todo, EEUU ha apoyado a la oposición mediante su enorme influencia en los medios internacionales y, por ende, en la opinión pública. Cuando Kerry dio un giro en su posición en abril debido a la presión desde Suramérica y reconoció los resultados de la elección en Venezuela, eso marcó el final de la campaña de desconocimiento por parte de la oposición.
Sin embargo, la cercanía del liderazgo opositor respecto al gobierno de EEUU también constituye un lastre en un país que fue la punta de lanza de la «segunda independencia» de Suramérica, que comenzó con la elección de Hugo Chávez en 1998. La derecha ucraniana por lo menos puede señalar a Rusia como una potencial amenaza a su independencia; los intentos por parte de los líderes opositores de pintar a Cuba como una potencial amenaza a la soberanía de Venezuela son irrisorios. Solamente Estados Unidos representa una amenaza para la independencia de Venezuela, en tanto Washington trata de retomar el control sobre toda la región.
El liderazgo opositor espera superar estas limitaciones y derrocar al Gobierno al retratarlo como una dictadura opresora que reprime la protesta pacífica. No obstante, Venezuela no es un Estado autoritario; por el contrario, el Estado es demasiado débil. Esta es la razón por la cual existe tanta impunidad y homicidios. Hasta la fecha (25 de febrero) ha habido siete muertes confirmadas de manifestantes opositores. Aunque existe evidencia que agentes estatales estaban involucrados en algunas muertes, no hay evidencia de que el Gobierno está tratando de reprimir protestas pacíficas. De hecho, de las 45 personas detenidas actualmente, 9 son funcionarios de seguridad. Los otros 36 no representan una cantidad muy grande, si tomamos en cuenta cuántas violaciones de la ley por parte de los manifestantes se pueden ver en los videos de manifestaciones a veces violentas. Sin embargo, los que han sido detenidos y acusados formalmente de un delito -incluido López- deben beneficiar de libertad condicional, a menos que haya una razón legal y justificable para que queden detenidos antes de su juicio.
Inicialmente, Capriles había dado muestra de cierta renuencia a la hora de respaldar la estrategia de «cambio de régimen» asumida por López y Machado, que también parece contar con el apoyo de Washington. Su rechazo al diálogo representa un grave paso hacia atrás.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington, D. C. También es presidente de la organización de política exterior Just Foreign Policy.