Con ansias de tratar de eliminar todos los gobiernos progresistas de América Latina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una agresiva ley conocida como Nica Act, que busca bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua e imponer una serie de sanciones económicas. La Casa Blanca en estos últimos años ha […]
Con ansias de tratar de eliminar todos los gobiernos progresistas de América Latina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una agresiva ley conocida como Nica Act, que busca bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua e imponer una serie de sanciones económicas.
La Casa Blanca en estos últimos años ha tomado todo tipo de medidas coercitivas contra gobiernos que en la región como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, han ayudado con numerosos programas sociales y económicos a las grandes mayorías de sus habitantes.
El presidente Daniel Ortega junto al Parlamento y el Gobierno rechazaron la aprobación de la agresiva ley y aseguraron que representa «la continuidad de las políticas históricas de injerencia imperial de Estados Unidos en Nicaragua».
La Nica Act ( Nicaraguan Investment Conditionality Act por su sigla en inglés) plantea un complejo panorama en lo económico para Managua que al ser vetada en organismos financieros internacionales no podrá adquirir préstamos para el desarrollo del país, lo cual tendría un fuerte impacto en toda la sociedad.
Asimismo, el Banco Mundial ( BM ), el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) y el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) reducirían los desembolsos y préstamos al país, lo cual afectaría a los programas sociales financiados con la cooperación externa.
El problema fundamental de Estados Unidos contra Nicaragua es que el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007 representó un quiebre con los regímenes de derecha y el modelo económico liberal que había sido implantado en esa nación durante 16 años.
En ese período, los gobiernos pro estadounidenses facilitaron el desmontaje del fisco, privatizaron empresas y servicios básicos, endeudaron al país, contribuyeron a la inestabilidad laboral y descapitalizaron a los productores.
Las fuerzas de derecha nicaragüense, dirigidas y subvencionadas desde Washington intentaron a partir de abril pasado dar un golpe de Estado contra Ortega por lo cual el país se vio envuelto en un gran disturbio nacional que provocó grandes daños a la economía y a la estabilidad de la nación.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anunció que por los desastres ocasionados durante varios meses de ataques contra centros productivos y sociales de la nación, el Producto Interno Bruto de Nicaragua que estaba previsto creciera 5 % en 2018, bajaría a finales de año a 0,5 %.
Antes de la crisis política, Nicaragua había crecido en los últimos cinco años a un promedio de 5,2 %.
En los casi 12 años de gestión sandinista, el pueblo de Nicaragua ha recibido más mejoras económicas y sociales que en los 16 años de gobiernos liberales anteriores.
La buena evolución económica había permitido crear miles de nuevos empleos y según el Banco Central de Nicaragua la desocupación era en 2017 de 7 %, uno de los índices más bajos en toda la historia del país.
Desde el 2007, el gobierno sandinista ha impulsado numerosos programas sociales para tratar de sacar a la mayoritaria población de la miseria y de las perentorias condiciones en que ha vivido durante décadas.
De esa forma, se estableció la educación y la atención médica gratuita en las instituciones públicas. Se logró alfabetizar a toda la población con el programa cubano Yo Si Puedo y Nicaragua fue declarada por la UNESCO en 2009 como el tercer país del área libre de ese flagelo. Con la ayuda económica entregada a las familias ha disminuido la alta deserción escolar que se registraba en años anteriores al no tener los menores que buscar sustento por sus propios medios.
La salud pública llega a todos los rincones del país y se han establecidos programas como la Operación Milagro (en colaboración con Cuba y Venezuela) que ha devuelto la visión a miles de ciudadanos. La misión Todos con Voz ha detectado personas con discapacidad para que sean atendidos gratuitamente en sus hogares y en los hospitales de la nación centroamericana.
A través del convenio Usura Cero se ofrecen micro créditos a bajos intereses a los pobladores de las zonas rurales para incrementar los pequeños negocios familiares lo cual ha favorecido a miles de personas.
Por medio del Hambre Cero, familias pobres que poseen pequeños pedazos de tierra, reciben ayuda financiera y animales de crianza para mejorar e incrementar las crías y poderlas comercializar.
Con el Plan Techo 160 000 familias han recibido láminas acanaladas de zinc y de fibrocemento, mientras a otros 30 000 núcleos familiares se les arreglaron o ampliaron sus viviendas, o se les entregaron nuevas casas.
Desde la llegada al poder del Sandinismo mediante democráticas elecciones se han otorgado más de 40 000 inmuebles a familias pobres que solo disponían de chozas cubiertas de cartón y pedazos de lata.
Esa política de ayuda a las grandes mayorías pobres son las que no quiere permitir en la región el gobierno estadounidense que nuevamente intenta por todos los medios reimplantar la vieja y caduca vía de la zanahoria y el garrote para los pueblos del sur del continente. La unión de los pueblos dirán la última palabra.
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