El riesgo país es un índice que mide la probabilidad de que una nación devuelva los créditos que recibe a través de la emisión de bonos de deuda pública o, en otras palabras, el grado de supuesto peligro que entraña para las inversiones extranjeras. Este indicador sirve como base para calcular los intereses que el […]
El riesgo país es un índice que mide la probabilidad de que una nación devuelva los créditos que recibe a través de la emisión de bonos de deuda pública o, en otras palabras, el grado de supuesto peligro que entraña para las inversiones extranjeras.
Este indicador sirve como base para calcular los intereses que el país debe pagar a los inversionistas por los títulos de deuda pública que le compran.
El hecho de que Venezuela sea percibida internacionalmente como uno de los países más riesgosos de la región implica que el Estado venezolano tiene que ofrecer una prima por riesgo alta, que en este momento ha sido establecida en un 6,75%, para compensar la diferencia de riesgo que existe con respecto títulos de deuda cuyo riesgo se considera nulo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Un elevado índice de riesgo país, implica que se encarece para el Estado el costo del financiamiento, y se hace más difícil obtener inversiones internacionales. Esto tiene efectos considerables sobre los países latinoamericanos, que se caracterizan por un bajo nivel de ahorro interno: se desestimula la producción nacional y se reduce la capacidad de generar empleo.
Calificadoras «descalificadas»
El riesgo país es calculado por entidades financieras estadounidenses, como Moody’s, Standard and Poors y J.P. Morgan, a partir de factores como la inflación, la liquidez, las devaluaciones, el vencimiento de la deuda externa, la estabilidad política y macroeconómica, la situación geográfica o la fortaleza bancaria del país. Esta valoración tiene un alto grado de discrecionalidad, presente a la aparente cientificidad de los cálculos, y está sujeta a valoraciones subjetivas y sesgos ideológicos evidentes.
Un ejemplo paradigmático es el caso de Argentina. Durante el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem (1989-1999), que dejó al país en bancarrota, los indicadores de riesgo país daban señales de confianza a los inversionistas, mientras Argentina se precipitaba a la debacle. Hoy, que Argentina protagoniza una recuperación económica que ha sido elogiada hasta por el Banco Mundial, con niveles de inflación controlados y un importante crecimiento de las reservas internacionales y de los niveles de empleo y bienestar de la población, su calificación de riesgo país es el segundo más alto de América Latina.
La matriz que emerge de las principales agencias internacionales de información es que el país del Sur se enfrenta a un nuevo «default» (suspensión de pagos de las obligaciones de deuda) para el año 2009.
La respuesta de la presidenta Cristina Fernández ha sido contundente: «Esas calificadoras a las que se les pasó por las orejas la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, ahora quieren convencernos a los argentinos de que estamos en problemas».
Se refiere al espantoso ridículo que hicieron Standard and Poors, Moody’s y JP Morgan ante el estallido de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, cuando todos los bancos hipotecarios que quebraron se habían sometido a su examen y habían obtenido buenas calificaciones, al igual que empresas que se derrumbaron estrepitosamente, como Enron o Parmalat.
El diario español «El País» dedica su artículo «Cómo calificar al calificador» a la dudosa credibilidad de las agencias de calificación, que son contratadas por las mismas empresas y los gobiernos que deben evaluar, en lo que supone un lucrativo negocio: el margen de beneficio de cada una de estas tres entidades supera el 50% de los más de mil millones de dólares que facturan anualmente.
Sesgo ideológico de las calificaciones
La agencia Moody’s ha reducido la calificación de riesgo de Argentina, al considerar que se ha agudizado la «volatilidad política» en ese país, y que estas «elevadas incertidumbres políticas» están aumentando «la preocupación sobre la habilidad de Argentina para gestionar los potenciales golpes económicos y fiscales» que puedan llegar.
Este cúmulo de conjeturas y arbitrariedades sirve a Moody’s para concluir tajantemente que «la calificación actual refleja por completo la débil capacidad de pago de Argentina», según reportan las agencias de noticias.
Esta revisión de Moody’s llega la misma semana en que Standard & Poor’s (S&P) adoptó una decisión similar debido a un «perfil financiero más débil» y un escenario político «más complejo» en el país.
¿Casualidad? Standard and Poors consideró que la colocación de bonos argentinos de deuda en Venezuela por valor de mil millones de dólares, era una señal de «desesperación» para conseguir financiamiento a cualquier precio.
Este empeoramiento en la calificación de riesgo país, ha supuesto que Argentina haya tenido que hacer un gigantesco desembolso para recomprar bonos de deuda que vencen próximamente, y detener así la caída del valor de los títulos de deuda pública.
La mayor parte de los economistas argentinos, oficialistas o de oposición, reconocen que decir que el país está en riesgo de default es exagerado e infundado. Con más de 47.000 millones de dólares en reservas internacionales, no hay elementos que permitan afirmar que Argentina no podrá honrar el pago de la deuda emitida.
¿Cuál es entonces el papel de las calificadoras de riesgo? Todo apunta a que se trata de hacerle pagar caro a Argentina su determinación de no someterse a los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, que desangraron al país durante dos décadas y condenaron a la mitad de la población a la miseria, en beneficio de las empresas transnacionales y de un reducido número de capitalistas locales.
¿Riesgo de insolvencia en Venezuela?
Llama la atención que Venezuela encabece el ranking de países más peligrosos para el capital extranjero, teniendo una de las economías más saneadas de América Latina, con un crecimiento de seis años consecutivos, entre los tres países que más han crecido en la región.
Las reservas internacionales totales de Venezuela se sitúan en su máximo histórico, por encima de 36.256 millones de dólares, tal como reporta ABN. A esto se suma la existencia de un Fondo de Estabilización Macroeconómica, creado en 1998 para evitar que las fluctuaciones del ingreso petrolero venezolano afecten al equilibrio fiscal, cambiario y monetario.
¿Cuál es entonces el riesgo de que el Estado venezolano no pueda pagar a sus acreedores?
Incluso el diario «El Universal» se hace la pregunta, en su edición del 15 de agosto. «Con el precio de la cesta petrolera venezolana en un promedio de 103,44 dólares en lo que va de año, la posibilidad de que el país no cumpla con sus compromisos de deuda externa es prácticamente nula. «¿Qué ocurre en el mercado?»
El Nacional parece haber encontrado la respuesta, y afirma tajante en su artículo «Piden reducir compra de bonos», del 15 de agosto: «La tendencia al alza del riesgo país Venezuela continúa como consecuencia de la incertidumbre creada entre los inversionistas por la aprobación de 26 leyes vía Habilitante»
¿Qué tienen que ver las leyes habilitantes con el riesgo país? «Misterios de la ciencia», que diría el sabio profesor Lupa.