En estos días la gran prensa anuncia a bombo y platillo la supuesta crisis humanitaria provocada por Venezuela en la frontera con Colombia por el cierre y deportación de ciudadanos de este país. Los sensacionalistas titulares se repiten de manera incansable «Cierre de frontera con Venezuela toma visos de crisis humanitaria» (El Tiempo de Colombia); […]
En estos días la gran prensa anuncia a bombo y platillo la supuesta crisis humanitaria provocada por Venezuela en la frontera con Colombia por el cierre y deportación de ciudadanos de este país. Los sensacionalistas titulares se repiten de manera incansable «Cierre de frontera con Venezuela toma visos de crisis humanitaria» (El Tiempo de Colombia); «Juan Manuel Santos viaja a frontera con Venezuela por crisis humanitaria» (El Universo de Ecuador); «Crisis humanitaria seis días después de cierre de frontera colombo-venezolana» (La Vanguardia de España)…
Este es el tratamiento que los medios están dando al estado de excepción dictado en algunos municipios venezolanos fronterizos con Colombia para acabar con el paramilitarismo, la delincuencia y el contrabando de productos venezolanos de primera necesidad, es decir, la información publicada únicamente se centra en la deportación de alrededor de un millar de personas de nacionalidad colombiana en situación de irregularidad.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el estado de excepción en Venezuela escrupulosamente respeta los derechos humanos conforme al artículo 339 de la Constitución el cual establece expresamente que «se cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos».
En segundo lugar, la gran prensa oculta de manera descarada los efectos positivos que ya son palpables gracias al cierre de la frontera, como la gran incautación de alimentos preparados para ser trasladados a Colombia, la disminución de colas de personas para la adquisición de alimentos y combustible, que empiezan a aparecer y regularizarse en el estado Táchira, pero también en otros estados del interior del país como Mérida, Zulia o Apure. Igualmente cabe destacar la detención de gran cantidad de paramilitares colombianos involucrados en actividades ilícitas.
El estado de emergencia tiene como objetivo salvaguardar los derechos humanos de las personas que se encuentran en Venezuela, sin distingos de nacionalidad, como siempre lo ha hecho la revolución bolivariana. El combate al paramilitarismo es la salvaguarda del derecho a la vida e integridad física; acabar con las mafias del contrabando pretende proteger el derecho a la alimentación, pero también a la salud, pues las medicinas también son llevadas a Colombia. Las medidas no son una agresión, al contrario se orientan a preservar la paz y la dignidad de los venezolanos.
Organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), históricamente han alabado las medidas de protección de los colombianos desplazados por la guerra al territorio venezolano, lo cual no exime que en las deportaciones no puede haber personas con el estatuto de refugiado que no estén involucrados en actividades ilícitas. Sin embargo, no reconocer que la soberanía venezolana es agujereada por una delincuencia en gran medida proveniente y aprovechada por Colombia es un desatino.
Se entiende que el presidente Santos debe jugar su papel, pues el Estado al que representa tiene la segunda mayor cantidad de refugiados internos en el mundo, por encima de seis millones y solo por detrás de Siria. Pero de ahí a pasar por víctima y que los medios de comunicación le hagan el juego hay que ser canalla, aunque ya estamos acostumbrados a este modus operandi. Ninguno de ellos se acuerda de los millones de colombianos que han encontrado un puerto seguro en Venezuela, y del reconocimiento de todos sus derechos gracias a la Misión Identidad en primer lugar, para inmediatamente tener acceso al resto de los programas sociales venezolanos que les eran negados en su país de origen.
Por todo ello el uso del término «crisis humanitaria» es a todas luces exagerado en relación a los hechos acaecidos en la frontera colombo-venezolana, tomando en cuenta que aquella solo se produce cuando «(…) existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia»1, lo que no se corresponde con la situación que se vive actualmente en Venezuela.
De hecho mientras escribimos este artículo aparecen titulares que sí pueden ser catalogados como verdaderas crisis humanitarias y se evita descaradamente usar el término. Leemos en el diario de mayor difusión en español, El País, los siguientes titulares: «Austria cifra en 71 refugiados los muertos en el camión frigorífico»; y, «Libia recupera 90 cuerpos del naufragio de una barcaza de migrantes». Ambas notas fueron ubicadas en una sección especial que a El País le ha dado por denominar «Drama de la Migración». Se exime de responsabilidad en esos hechos a los países occidentales, pese a que son los conflictos bélicos que promueven y la injusticia de un sistema capitalista globalizado que imponen los responsables de estas crisis humanitarias.
La gran prensa llama crisis humanitaria a lo que no es para azuzar un conflicto entre Colombia y Venezuela, y oculta otras, a costa del sufrimiento y muerte de millones de personas. Un capítulo más en la historia de un mundo, que como dijo Galeano, se encuentra patas arriba.
1 Cañadas, María, «Alerta 2007: informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz», Barcelona, Icaria, 2007, pp. 89.
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