El problema fundamental de los paraísos fiscales es la falta de una definición universal común. Conviven casi tantas listas como países y organismos: desde la de Brasil, con más de 50 jurisdicciones, hasta la de la OCDE, completamente vacía. LA BOCA DEL LOGO Hace un par de años, la Directora Ejecutiva del FMI, […]
El problema fundamental de los paraísos fiscales es la falta de una definición universal común. Conviven casi tantas listas como países y organismos: desde la de Brasil, con más de 50 jurisdicciones, hasta la de la OCDE, completamente vacía.
LA BOCA DEL LOGO
Hace un par de años, la Directora Ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, decía que los gobiernos de todo el mundo podrían lograr mejorar sus ingresos fiscales si dejaran de competir entre ellos. «La carrera a la baja deja a todo el mundo abajo».
Cierto. Pero seguimos anclados en esta carrera a la baja, especialmente en el impuesto de sociedades. Es un efecto dominó que arrastra a la comunidad internacional, pero que coloca a los paraísos fiscales en su epicentro. Economistas tan prestigiosos como Thomas Piketty, el premio Nobel Angus Deaton o el antiguo economista jefe del FMI Olivier Blanchard coincidían hace unos meses en que no existe una justificación económica para su existencia. Los paraísos fiscales son tóxicos, corrosivos y aceleran la crisis de desigualdad extrema. Entonces, ¿por qué qué nos impide ponerles coto? Por absurdo que parezca, el problema fundamental de los paraísos fiscales es la falta de una definición universal común. Y así conviven casi tantas listas como países y organismos internacionales. Desde la de Brasil, con más de 50 jurisdicciones, hasta la de la OCDE, ahora mismo completamente vacía.
La inacción internacional se ha acompañado, en cambio, de un crecimiento incontenible del uso de estos territorios. En los últimos 15 años, la inversión hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro, creciendo al doble de rápido que la economía mundial. Sin una definición común, objetiva y efectiva es imposible aplicar sanciones o contramedidas que frenen su proliferación. Porque el perfil de estos territorios, las legislaciones que aplican y la tipología de usos es tan extensa que no hay receta mágica. La diminuta isla de Vanuatu, perdida en el Pacífico Sur o Suiza, en sus nevadas y lujosas montañas, tienen poco que ver, ni en lo geográfico ni en lo legislativo. Aplicar una receta única sería como matar moscas a cañonazos.
¿El sistema fiscal internacional se encuentra entonces ante una encrucijada absurda? No realmente, hay una evidencia que domina. Más del 60% de los activos que circulan por los paraísos fiscales del mundo tienen que ver con las prácticas empresariales. Es una realidad reconocida por gobiernos, organismos internacionales y actores de la sociedad civil. Por eso desde Oxfam hemos optado por analizar los países que han adoptado prácticas más perjudiciales, los 15 paraísos fiscales más agresivos. Lo que los define es que son territorios que facilitan la evasión y elusión fiscal de grandes empresas, ese juego de ingeniería contable y financiera que permite deslocalizar artificialmente beneficios desde los países donde existe una actividad económica real hacia jurisdicciones mucho más ventajosas.
Tienen en común varios indicadores severos. Son los principales destinos mundiales de este juego de flujos de beneficios; tienen una baja o nula tributación, muy por debajo de la mitad del promedio mundial (que se sitúa ahora cerca del 25) y muchos están cómodamente instalados en un tipo del 0%; no aplican ninguna retención en la fuente para al menos evitar la hemorragia de salida sin gravar préstamos intragrupo, dividendos o royalties; han creado una batería sin fin de ventajas fiscales que no son en realidad sino prácticas nocivas, tal y como reconoce incluso la Comisión Europea; no cuentan con legislación anti evasión fiscal y no se han unido a los distintos esfuerzos internacionales.
El resultado es una lista que debería interpelarnos porque muchos están en pleno corazón de Europa. Los peores, por orden de importancia: (1) Islas Bermudas, (2) Islas Caimán, (3) Países Bajos, (4) Suiza, (5) Singapur, (6) Irlanda, (7) Luxemburgo, (8) Curazao, (9) Hong Kong, (10) Chipre, (11) Las Bahamas, (12) Jersey, (13) Barbados, (14) Mauricio e (15) Islas Vírgenes Británicas.
Tan sólo 3 de estos territorios (Islas Bermuda, Islas Vírgenes Británicas y Mauricio) están oficialmente en la lista española de paraísos fiscales que se ha ido vaciando poco a poco. Otros, como Suiza, nunca han estado en ella. Sin embargo, en lo que va de año, 2 de cada 3 euros de inversión extranjera que llegó a España provino de alguno de estos 15 territorios (el 67% del total). Y prácticamente se ha triplicado la inversión de salida hacia esos destinos. No estar en la lista oficial del Ministerio de Hacienda permite a las grandes empresas que los utilicen escabullirse más fácilmente al escrutinio del fisco. Es urgente revisar estos criterios, contando con un mecanismo de revisión y rendición de cuentas y es fundamental que este proceso se mantenga alejado de intereses diplomáticos o comerciales.
La Comisión Europea, que también se encuentra sumida en esta encrucijada, no consigue avanzar más allá de intereses nacionales. En 2017 veremos una lista europea, pero que nace ya sesgada: no contará con ningún país de la UE y aunque va más allá que la OCDE y el G20 al incorporar prácticas nocivas y no sólo la opacidad, no consigue que un tipo del 0% en el Impuesto de Sociedades sea uno de ellos. Los gobiernos europeos siguen teniendo una verdadera alergia a hablar de recomendaciones en cuanto a tipos impositivos, protegiendo hasta la incoherencia su soberanía nacional en cuestiones fiscales.
Sin embargo, este es un debate al que inevitablemente tendremos que enfrentarnos.
Además de vaciar las arcas públicas de la mayoría de países, la agresividad de estos paraísos fiscales tiene un efecto boomerang que se vuelve en contra de todos. Países de todo el mundo están reduciendo drásticamente la tributación a grandes empresas en una competición sin fin por atraer o retener inversiones. En los países del G20, el tipo medio en el impuesto de sociedades ha pasado de un 40% en promedio a situarse por debajo del 30% en los últimos 25 años. En la Unión Europea, el promedio no llega ni al 23%, y sin embargo Reino Unido, Hungría, Suiza, Luxemburgo o Bélgica ya han anunciado rebajas considerables en el impuesto de sociedades. España ha pasado del 35% al 25% en 10 años. Sin olvidar a Trump que ha reiterado que recortará el impuesto de sociedades en Estados Unidos, desde casi el 40% hasta un 15%.
Las políticas basadas en la competencia fiscal agresiva se han convertido en una subasta al mejor postor. Siempre hay un país que ofrece más (o menos, según se vea). Cuando la empresa Samsung buscaba ubicación para una nueva planta de producción en el sudeste asiático, puso en jaque a varios países de la región. Indonesia ofreció 10 años de exenciones fiscales, pero Vietnam se adelantó ofreciendo 15. Como el Banco Mundial reconoce, esta carrera a la baja hará que el coste por atraer estas inversiones acabe anulando el potencial beneficio.
En países como la República Dominicana, las ingentes ventajas fiscales al sector turístico y hotelero (de las que se han beneficiado muchas empresas españolas) equivalen al 70% del presupuesto de salud. En Perú, el sector minero recibe más incentivos que lo que paga en impuestos. El propio gobierno de Holanda reconoce que las Patent Box (un régimen fiscal preferencial para registrar la propiedad intelectual) han pasado de costar al país 310 millones de euros en 2010 a 1.200 millones de euros en 2016, sin que sin embargo esté estimulando la innovación en el país. Malawi, uno de los países más pobres del mundo, ha perdido más de 27 millones de euros durante los últimos seis años por la utilización de una empresa Australiana de una Patent Box en Holanda. Parece poco, comparado con el coste generado en Holanda, pero equivalen al coste de contratación de 10.000 enfermeras en un país con graves deficiencias sanitarias.
Laffer y su curva hicieron famoso el recurso de que «Demasiado impuesto mata el impuesto», del que el ex presidente francés Jacques Chirac se adueñó en su campaña electoral de 1995. Pero la realidad es más bien la contraria, la competencia fiscal acabará matando el impuesto (de sociedades), y será la ciudadanía del mundo entero quien tendrá que soportar casi íntegramente el peso de la financiación del Estado. ¿Dónde estará el límite?
Susana Ruiz es responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón
Fuente: http://ctxt.es/es/20161207/Firmas/9951/paraisos-fiscales-Oxfam-Susana-Ruiz.htm