Priorizar necesidades básicas exige la moratoria inmediata de la deuda ante el congelamiento ilegal de fondos y activos en el exterior.
El representante y vocero especial del gobierno de EE.UU para Venezuela, Elliot Abrams, clarificó en los últimos días el sentido de «dejar todas las opciones sobre la mesa»; referencia con la coinciden, no casualmente, y con las mismas palabras, tanto Donald Trump como su dependiente y leal autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, en relación al propósito golpista en pleno desarrollo sobre Venezuela.
En forma desembozada, Abrams reconoció las acciones de promover, con métodos violentos e intervencionistas, el mayor caos posible para destituir al gobierno de Nicolás Maduro. Por ese motivo, saludó el corte eléctrico generalizado, que incluyó la carencia de agua, transporte y telecomunicaciones, el pasado 7 de marzo (durante más de tres días), expresando que: «el apagón va a cortar la longevidad del régimen». Haciendo referencia, también, a la aspiración de que continúe cayendo la producción de petróleo «en un mes o dos estarán en menos de un millón de barriles por día» , Celebró, así mismo, el nombramiento como representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del economista venezolano, Ricardo Hausmann, preferido por el establishment e inspirador de la propuesta presentada por Guaidó ( Plan País) de privatizar y extranjerizar la actividad petrolera, objetivo central planteado por EE.UU, que pretende «trabajar con el BID en el marco de una Venezuela pos-Maduro».
Washington y sus aliados invocan un pretexto humanitario para provocar las condiciones de intervención militar en un país del que codician sus importantes recursos naturales La maniobra es grosera y es necesario ponerla en evidencia. La denuncia es imprescindible puesto que, deliberadamente, los medios de comunicación promueven una propaganda sistemática cuyo objetivo es justificar una intervención extranjera.
Es sin duda posible analizar y debatir no sólo las enormes presiones externas, sino también reconocer las acciones del gobierno de Maduro por las cuales Venezuela ha llegado a una situación dramática, pero ello no debe llevar a confundir. El gobierno de Maduro no es una dictadura: fue electo por sufragio directo con participación de otros candidatos La oposición, lo vemos a diario, tiene la posibilidad de expresarse y de convocar a manifestaciones de protesta (lo que no es factible en otros países petroleros como Irak, Arabia Saudita, y Libia, con regímenes apoyados por gobiernos de EE.UU y Europa – hoy unidos contra Venezuela-)
Hay mucho en juego
Una victoria golpista significaría la continuación del encadenamiento de Venezuela al sistema deuda, a favor de los acreedores nacionales (las fracciones de la antigua burguesía que apoya a Guaidó y las de la boliburguesía que invirtieron capitales en la compra de títulos de la deuda interna y externa con el fin de obtener una renta a costa del pueblo) y de los acreedores extranjeros (bancos y fondos de inversión especulativos, que han hecho enormes negociados, también, con el manejo cambiario y la fuga de capitales )
Las fuerzas populares en Venezuela y en todo el mundo deben repudiar cualquier reconocimiento o apoyo a Guaidó. Debe denunciarse, claramente, como golpista y una amenaza contra la nación al llamar abiertamente a la intervención armada de Washington y sus aliados. Frente a esas amenazas de intervención extranjera, que no son para nada imaginarias, debe bregarse por la unidad y solidaridad con Venezuela de todos quienes se oponen a un golpe de Estado y la intervención contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
En todo caso, es preciso, por supuesto, apoyar iniciativas para evitar una escalada del conflicto y que se desemboque en la tragedia de una guerra civil, disgregación nacional u ocupación militar externa. Ello no debe ser a costa de «los derechos irrenunciables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional» (Art. 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Debe priorizarse la defensa de las condiciones de vida de la población, garantizar el sostenimiento del funcionamiento imprescindible de la sociedad y los principios democráticos básicos del derecho internacional de no- intervención y garantía de la autodeterminación de los pueblos
Debe expresarse en forma contundente que el golpe no pondría fin a la corrupción, a la fuga de capitales, a la especulación sobre los precios de los alimentos y medicamentos, puesto que Guaidó y sus aliados se proponen seguir el mismo plan de ajuste impuesto, hoy, por el FMI y organismos multilaterales para gobiernos «pos-populistas». Son ejemplificadores los recientes casos de Argentina y Ecuador, cuyos programas fueron presentados inicialmente como benevolentes para «atender a los que menos tienen», pero sus medidas y resultados son un mayúsculo aumento de la desocupación y la indigencia. Se avalaría para Venezuela, en nombre de la «libertad de los mercados», las aspiraciones regresivas de las elites nacionales e internacionales de desarticular derechos laborales y sociales para disputar la apropiación rentista y de negocios en forma privilegiada y concentrada.
Propuestas inmediatas.
La estrategia de golpistas, justificadores del caos y promotores de acciones violentas y/o intervenciones militares contra Venezuela, de clamar por la «ayuda humanitaria» no debe subestimarse.
Es una de las cartas políticas más poderosas de la manipulación ideológica e informativa, a disposición de fuerzas que están listas para barrer cualquier expresión de soberanía e independencia. Quieren convencer a la población y a la opinión pública internacional que se violan derechos humanos al impedir la entrada violenta desde el exterior, mientras cínicamente avalan que se ahogue económica y financieramente al país.
No debe ocultarse que la situación social, económica y financiera de Venezuela es dramática y sigue empeorando, velozmente. Es por ello, que se requieren acciones inmediatas, como ser:
1.- Frente a las medidas agresivas tomadas por las potencias extranjeras, que no dudan en apropiarse de los bienes de la República Bolivariana de Venezuela depositados en el extranjero y, necesarios para mantener intercambios comerciales, el gobierno debe declarar formalmente una suspensión del pago de la deuda externa y, no solo de hecho como ocurre en la actualidad.
El derecho internacional avala, plenamente, el derecho de un país confrontado a una situación grave de urgencia y/o imprevista, tal como ser amenazas externas o internas como hoy se presentan evidentemente para Venezuela, a decretar una moratoria unilateral del pago de la deuda (sin acumulación de intereses o de penalidades por retraso). Si, además, el gobierno confronta medidas unilaterales de ahogo comercial, económico y financieros como las que han tomado en Washington (contra las empresas petroleras PDVSA y CITGO), Londres (confiscación de reservas de oro por parte Banco de Inglaterra) y Europa (retención de pagos por parte de Euroclear radicado en Bélgica), sin ningún tipo de acuerdo por parte de las Naciones Unidas, es aún más justificado el acto indispensable de suspensión unilateral del pago de la deuda.
2.- En lugar de utilizar los limitados ingresos y reservas de divisas en el pago de una deuda que debe ser auditada/investigada en forma completa, el gobierno debe utilizar sus reservas para satisfacer las necesidades básicas de la población. La salud y la alimentación del pueblo deben tener prioridad sobre el pago de la deuda externa.
3.- La moratoria debe acompañarse de una auditoría pública abierta y detallada que, sin ninguna duda, aclarará las numerosas maniobras y fugas ilegales de capitales que se produjeron bajo la protección del sistema financiero privado y de una parte de las autoridades del país.
4.- Hay razones políticas, económicas y un fundamento jurídico para sostener una decisión tan seria. La declaración unilateral de la moratoria de la deuda y la realización de una auditoría serían la prueba de una voluntad de revertir las prioridades en la buena dirección. Los recursos de la nación no deben servir en primer lugar al pago de la deuda, sino permitir la mejora de las condiciones de vida dramáticas que sufre una gran parte de la población venezolana. Al suspender el pago, el gobierno de Venezuela se encontraría en una posición de iniciativa clara en relación a sus acreedores.
5.- La suspensión motivada del pago de la deuda debe aplicarse a todas las deudas emitidas por el gobierno nacional y por PDVSA (la empresa pública petrolera).
6.- Es sin duda indispensable elaborar y poner en marcha con urgencia y, bajo un estricto control social transparente, un plan de adquisición de alimentos y medicamentos en beneficio de la población. Simultáneamente, será necesario invertir medios financieros para desarrollar la producción nacional de alimentos y de medicamentos para dar prioridad a los productores locales.
7.- Con esta perspectiva, sería posible poner en marcha, de forma inmediata, un plan de apoyo solidario para la distribución de medicamentos y para tomar a cargo las personas afectadas de enfermedades graves como la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal, la enfermedad de Parkinson, el VIH/SIDA, entre otras, que deben tener un tratamiento permanente y estable. También, lo sería para poner, sin demora, un plan efectivo para garantizar el acceso a los medicamentos básicos que necesita la población.
8.- El gobierno y un frente de fuerzas que se opongan a la injerencia extranjera deben asumir esta tarea masivamente, integrando a las personas afectadas y las organizaciones populares. Esta estrategia inclusiva y unificadora significa romper con la cultura paternalista, mistificadora, clientelista y electoralista que caracteriza a muchos países y también a Venezuela. Convocar a reunirse a todas las fuerzas, sin excepción, que se oponen a la injerencia extranjera.
9.- Las decisiones y la movilización deben y pueden ser respaldadas por un programa que habrá multiplicado los recursos para desenmascarar la farsa y la estafa de la «ayuda humanitaria» por el monto miserable de 20 millones de dólares, cuando se están usurpando al país, en lo inmediato, miles de millones de dólares de sus activos en el exterior.
10.- En un marco de extremada escasez de divisas, el comercio exterior y las operaciones con divisas deben tener control público y las informaciones que estén ligadas a los diferentes intercambios tendrán que ser transparentes.
Ante la gravedad de la situación que vive el pueblo de Venezuela, el CADTM – AYNA se compromete a brindar su apoyo efectivo y solidario para defender sus derechos y la soberanía nacional venezolana y hace un llamado a impulsar, sin demora, una gran campaña unitaria solidaria nacional e internacional.