El Plan Cóndor I fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña (CELS).
Inspirados en la conocida “Escuela de Chicago” instrumentaron, siguiendo a su gurú Milton Friedman, una secuencia de saqueo económico nunca antes visto en la historia de la región. La finalidad central del plan, fue la de lograr un flujo de transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los de mayor concentración de la riqueza. Desgastado el régimen genocida en nuestro país, en 1983 se restableció la democracia, siempre debilitada por los asedios constantes de las derechas y la influencia directa de la embajada de los Estados Unidos.
El Plan Condor II fue la continuación del primero, con modificación de la metodología. En este caso, el producto del saqueo se acrecentó con el dinero facilitado por el FMI y fue sistemáticamente remitido al exterior a través de cuentas of shore y otros mecanismos de fuga ilegal de divisas. La estrategia de custodia y ejecución del plan se llevó a cabo a través del denominado lawfare, o guerra judicial. Así, Poder Ejecutivo, Servicios de Inteligencia, medios hegemónicos de comunicación y sector cómplice del Poder Judicial, coordinaron sus operaciones que eran básicamente de espionaje, manipulación, extorsión y persecución judicial.
El Plan Condor III es la fase actual del saqueo y tiene como finalidad fundamental el blindaje e impunidad de los miembros de la organización así como abrir el camino al retorno del poder absoluto en las próximas elecciones presidenciales. Se lleva adelante con dos de los pilares del Lawfare anterior, el sector corrupto del Poder Judicial, esta vez con la Corte Suprema actuando más explícitamente, y los medios de comunicación hegemónicos tradicionales. El máximo Tribunal, manteniendo en sus despachos a los jueces y fiscales claves en las etapas anteriores y asaltando el Consejo de la Magistratura a través de un fallo ilegal de diciembre pasado y concretado días atrás. A su vez, los medios, continúan la mecánica sistemática de construcción de representación social a partir de noticias falsas y estigmatización con el fin de desestabilizar al gobierno y continuar creando sentido.
Si bien en esta etapa, el poder ejecutivo no integra la organización criminal, la derecha ha logrado mediante alta presión mediática y judicial, disciplinarlo al punto de neutralizar cualquier intento serio de modificar el plan en marcha. A su vez, la Agencia de Inteligencia, a cargo ahora de una funcionaria de honestidad y talento indiscutible, no resulta suficiente para mejorar la situación.
De ese modo, el lawfare en su nueva versión concentrada, capitaliza los logros anteriores de disciplinamiento social y político con los que neutralizó durante estos años los mecanismos tradicionales de control del sistema democrático. Favorecidos por el drama de la pandemia, incorporaron una secuencia de discursos de odio en principio limitados a esa temática (quema de barbijos, demonización de infectólogues, etc.) y hoy continuada en actos concretos de odio. Simulación de personalidades ahorcadas en la puerta de la casa de gobierno, suelta de enajenados en la plaza que insultan a los gritos y viejos tractores saludados por bizarros dirigentes con aspiraciones, completan un cuadro preocupante pero no definitivo. Lo definitivo será, como muchas otras veces, la presencia de la parte de nuestro pueblo que nunca permitió ni va a permitir los atropellos que intentan los violentos insaciables de siempre.