En los últimos meses se han destapado numerosos fraudes en los que ha estado implicado directa o indirectamente el grupo Santander, amén de otras actividades igualmente controvertidas, que sirven como modelo para explicar cómo la banca ha sido causante de una crisis que llevará al desempleo a millones de personas en España.
En un principio los bancos españoles parecían ser la excepción al desastre que sufría el sector financiero en todo el mundo. «Sin contaminaciones de productos tóxicos» y con una «gran solvencia y liquidez», estaban «preparados para soportar la crisis inmobiliaria local», a sabiendas de que «la crisis financiera global apenas podría golpearlos de forma seria». Por ello, no podía extrañar que Emilio Botín dijera en junio de 2008 que la crisis económica era como «un niño, que enferma de golpe, pero se recupera rápido». Posteriormente ha ido variando tímidamente su postura y ha terminado encarando el problema, pero ‘a su manera’.
El pasado mes de octubre, en la conferencia que pronunció en Boadilla del Monte -sede de la ciudad financiera del banco que preside -, Botín concluyó que las verdaderas causas de la crisis eran «los excesos y la pérdida de referentes en un entorno extraordinariamente favorable, que ha llevado a olvidar los fundamentos de la banca». A lo largo de la disertación, el banquero definió esos fundamentos: «La necesidad de conocer muy bien a los clientes y a los productos que se intermedian, la prudencia para no aceptar niveles de endeudamiento desproporcionados al riesgo que se asume al financiarlos y la valoración adecuada de todos los riesgos en que se incurre». Para Botín esos principios han sido respetados escrupulosamente por la entidad que preside y se ha vanagloriado de ello en repetidas comparecencias públicas.
Pocos meses después, los hechos han demostrado, contrariamente a lo expresado por su presidente, que el banco Santander ha sido el ejemplo más palpable de lo que él mismo denunciaba como causas de la crisis. Y esos mismos hechos han revelado las falacias de los banqueros al negar una realidad incuestionable, al destaparse que también había ‘activos tóxicos’ en los bancos españoles. Unas entidades, por otro lado, ya muy lastradas por la particular crisis inmobiliaria española.
Lehman Brothers y Santander Banif Inmobiliaria
Lehman Brothers, cuarta entidad financiera de EEUU en 2008 -con unos activos que alcanzaban los 425.000 millones de dólares -, quebró el 15 de septiembre de 2008. Ese mismo día, el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, aseguraba que el «impacto directo de la quiebra de Lehman Brothers sobre el sistema bancario español» sería «mínimo». Así mismo, la Asociación Española de Banca había declarado unos días antes: «Tenemos la impresión de que los bancos europeos no se verán afectados por la quiebra de Lehman y los bancos españoles menos».
El día después, 16 de septiembre, el grupo Santander reconocía poseer 11 millones de euros en acciones del quebrado banco de inversión estadounidense. Actualmente, ya es de dominio público que Lehman Brothers ha sido uno de los emisores de ‘productos estructurados’ [1] más activo en España. De forma indirecta, algunos fondos de inversión ‘convencionales’, que invirtieron en bonos de Lehman, también se vieron afectados por la quiebra de la entidad estadounidense. Ese es el caso de Banif Inmobiliario, banca privada perteneciente al grupo Santander. Este fondo de inversión también habría estado implicado en las pérdidas -decenas de millones de euros- producidas por la debacle del banco austriaco Meinl European Land -se acusa a Banif de haber gestionado la venta de acciones de renta variable como si fueran de renta fija-; también habría comercializado los bonos de los bancos islandeses quebrados Landsbanki y Kaupthing.
Banif, que era el principal comercializador de los fondos estructurados de Lehman Brothers en España, mantenía su confianza en estos productos hasta cinco días antes de su quiebra definitiva y recomendaba «mantener los bonos que los clientes tienen en cartera».
Un grupo de inversores españoles afectados creó a principios de año una plataforma y aseguran que los bancos nacionales invirtieron sus ahorros ‘sin informarles de nada’. Según los afectados: «Banif conocía el riesgo de quiebra de Lehman y nos dejó hundirnos con él». Por otro lado, ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, que agrupa ya a más de 600 consumidores perjudicados -de los más de 2.500 en total -, ha presentado por ese motivo demandas colectivas contra 23 entidades españolas, entre ellas, Banif. Además, dicha asociación ha realizado varias movilizaciones en los últimos meses y ha convocado el próximo 18 de abril una «gran manifestación» en Madrid cuyo lema será «diez años de fraudes al ahorro».
El escándalo Banif ha tenido varias fases, pero lo más reciente es que a finales de febrero el fondo inmobiliario había acumulado peticiones de reembolsos [2] por importe de 3.053 millones de euros, que representaban el 96,8% del patrimonio total. Ante la falta de liquidez del fondo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó el 28 de febrero la suspensión parcial de los reembolsos durante un período de dos años. Aunque, en la práctica, si el Santander no logra vender los activos inmobiliarios, a fin de obtener liquidez, podría mantener Banif cerrado hasta cuatro años.
Según Manuel Pardos, presidente de Adicae, el ‘corralito’ de Banif es ‘legal’ debido a que viene en «la letra pequeña de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva». Esta asociación, junto con otros colectivos de afectados, solicitó en su momento la anulación de la suspensión ante la CNMV, sin resultados satisfactorios. En esta coyuntura, han expresado sus «dudas» respecto al «control y supervisión» que ejercen el Ministerio de Economía y la CNMV. Concretamente, el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, ha criticado el «desprecio» de las entidades supervisoras hacia estos consumidores.
Banif ha ofrecido compensar a los afectados de Lehman con participaciones preferentes del Santander, aunque sólo para los clientes a los que vendió bonos con capital garantizado. Es decir, 1.380 millones de euros en títulos, amortizables en diez años, con un valor real de mercado que ronda los 500 millones.
Los colectivos de afectados y Adicae se han negado a aceptar la nueva propuesta. Según Herrero, los bancos son responsables de vender «inadecuadamente, en masa y de forma indiscriminada» productos complejos y de riesgo a ahorradores de un «perfil conservador».
Pero el caso Banif tiene más ramificaciones que las relacionadas directamente con la quiebra de Lehman-Brothers. Los primeros problemas del Santander Banif Inmobiliario se vislumbraron durante la ventana de liquidez -cada tres o cuatro meses los inversores pueden hacer efectivos sus reembolsos- de finales del último ejercicio. En noviembre, el fondo inmobiliario sufría un escape patrimonial de más de 600 millones de euros. Sin embargo, evitaron el bloqueo del fondo mediante una inyección de 160 millones, ya que en tesorería sólo disponían de 400 millones de euros en aquel momento. Dichos reembolsos produjeron una reducción patrimonial del 14% y los activos bajo gestión del fondo pasaron de los 4.034 millones de octubre a los 3.472 con los que arrancó diciembre.
Para el presidente de Adicae: «La gente que sacó en noviembre 600 millones de euros han creado sospechas fundadas de que podía haber alguna manipulación». Pero la asociación de usuarios va más allá, Fernando Herrero cree que el Banco Santander planeaba una «liquidación encubierta» del fondo inmobiliario. Adicae mantiene que las peticiones de reembolsos durante octubre y noviembre «no parecen haber sido espontáneas». El Santander estuvo aconsejando hasta finales de año no salir del fondo, para poco tiempo después cambiar de opinión drásticamente y «lanzar a todos sus comerciales a aconsejar a los clientes» para que pidieran la devolución tras esa fecha, a partir del mes de enero. «¿Cómo se explica esto?, se pregunta el representante de la asociación. En términos parecidos se manifiesta un grupo de 500 inversores gallegos, los cuales exigen a la CNMV que investigue la gestión de esta cartera en los últimos meses con objeto de comprobar si hubo información privilegiada para algunos inversores que retiraron ‘a tiempo’ su dinero, obteniendo grandes plusvalías.
Madoff y Optimal
En diciembre de 2008 se destapaba el fraude financiero de Bernard Madoff, un engaño que ha costado 50.000 millones de dólares a entidades financieras y a grupos de inversores. El Banco Santander era también el principal mediador de los fondos Madoff a través de su gestora Optimal -un fondo de inversión libre o ‘hedge fund’ [3]-, principalmente en España y Latinoamérica. Ese mes la entidad reconoció haber perdido 17 millones propios y 2.330 millones de euros de sus clientes.
La respuesta del banco ante semejante agujero y el gran número de solicitudes de devolución de sus clientes fue la suspensión de los reembolsos y el subsiguiente cierre y liquidación de la mayoría de los subfondos de Optimal. Ante esta perspectiva, los inversores se organizaron en varias plataformas y presentaron distintas demandas contra el banco, al que acusaron inicialmente de negligencia. Así, Javier Cremades, abogado de una parte de los inversores, explicó que al contratar los fondos «ninguno de los afectados recibió la información necesaria para saber dónde estaba el dinero o adónde iban a parar las inversiones». Según el bufete Cremades: «La mayoría no sabía que existía un señor llamado Madoff y fueron arrastrados por sus intermediarios financieros».
Ante los ataques recibidos, Emilio Botín defendió «la transparencia de la entidad» en la Junta General del banco celebrada en febrero de este año, afirmando que al tener conocimiento de la estafa, la entidad que preside dio «toda la información antes que nadie» el mismo domingo 14 de diciembre.
Sin embargo, según publicó el ‘Financial Times’ también en febrero, existe una serie de documentos que ponen en duda los controles internos que tenía el Banco Santander sobre los fondos Madoff. Por ejemplo, pocas semanas antes del arresto de Madoff, la entidad envió a sus inversores documentos afirmando que la operativa de los fondos era «impecable».
Por otro lado, el diario on-line El Confidencial publicaba recientemente que, apenas tres semanas antes de la detención de Madoff, Morenés & Botín (M&B) desplegó una gran «campaña comercial», visitando a numerosas entidades, para tratar de colocar esos fondos. M&B es la boutique de banca privada que dirigen el hijo menor de Emilio Botín, Javier Botín-Sanz, y su yerno, Guillermo Morenés -marido de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto-. Precisamente en esas mismas fechas, Rodrigo Echenique, consejero del banco y hombre de confianza de Botín, intentó sacar la mayor parte del dinero que invertía el fondo Optimal en Madoff, cosa que no consiguió por la negativa del broker.
El equipo legal del Santander ha contraatacado argumentando que los clientes de Optimal «eran conscientes de que el destino de su inversión podía ser un fraude». Por ejemplo, en el memorándum que se incluía en el contrato del subfondo Optimal Strategic US Equity constaba la advertencia de la posibilidad de un hipotético fraude, es decir, que el broker podría ‘largarse con la pasta’. Sin embargo, para los abogados de los inversores, Madoff Investment Securities no tenía el mandato de la gestión del dinero de los partícipes del Optimal Strategic US Equity, la firma del gurú era únicamente la encargada de ejecutar las órdenes de compra y venta de títulos que se tomaban desde Optimal. Por ello, la mayoría de los clientes creen que debe ser la propia gestora del banco quien haga frente a las pérdidas ocasionadas por el fraude.
En este contexto se sitúa la oferta que el banco hizo a finales de enero a sus clientes particulares. Mientras tanto, los inversores institucionales (grupos y sociedades) no recibirán un duro. Por esa razón presentaron a principios de marzo una demanda colectiva en Miami, reclamando al banco Santander 1.000 millones de euros. La solución es exactamente la misma que ofreció a los afectados de Lehman-Banif. La entidad bancaria entregará participaciones preferentes -un instrumento híbrido entre deuda y capital- a sus 1.000 clientes particulares perjudicados (según la última oferta, estas participaciones serían emitidas por una filial menor del grupo, el banco portugués Totta). Pero el banco entregará a los clientes únicamente la cantidad que invirtieron con Madoff, no lo que les había rentado hasta el momento de la estafa. Por si esto fuera poco, el valor de estos títulos, que teóricamente asciende a 1.380 millones de euros (la cantidad invertida inicialmente), es de 500 millones en el mercado. Es decir, los afectados recibirán unos títulos que, si venden de forma inmediata -en el caso de que la venta sea factible -, les permitirán recuperar sólo una tercera parte de su inversión. Para rescatar todo su dinero tendrán que mantenerlos y esperar diez años -período de amortización -, transcurridos los cuales el banco, teóricamente, les recomprará los títulos. Sin embargo, para los bufetes Jausas y Zunzunegui -que agrupan a varios inversores minoristas-, «el Santander no ha informado a los clientes de que el banco no tiene obligación de recomprar las acciones preferentes dentro de diez años» y, además, «las acciones preferentes no cotizan y, por tanto, no son líquidas».
A pesar de las condiciones de la propuesta, el bufete Cremades afirmó el pasado 11 de marzo que el 90% de los clientes afectados del bufete -menos del 40% de los afectados particulares -habría aceptado finalmente la oferta. El propio Cremades consideraba tan sólo unas semanas antes que la propuesta de Santander era «engañosa y coercitiva». En la misma fecha del acuerdo, la entidad bancaria envió un comunicado de prensa en donde se decía que el 90% de los afectados habían aceptado el canje. Aunque las distintas plataformas, asociaciones y foros de afectados (http://www.afectadosporlehman.com) negaban el ‘globo sonda’ lanzado por el banco y el bufete de abogados, las últimas noticias corroboran la existencia del acuerdo. Según el diario online Cotizalia: «El 93% de los afectados y del patrimonio al que se dirigía este canje -1.380 millones de euros – lo han aceptado», haciéndose efectivo dicho acuerdo el pasado 18 de marzo.
Para Eduardo Segovia, periodista de dicho diario, los abogados son los «grandes ganadores» en todo este conflicto. Según este periodista, los colectivos de afectados que han caído en las manos de la firma Cremades & Calvo Sotelo «no sólo tendrán que aceptar el 2% de interés que pagan las preferentes, su iliquidez o el compromiso sine die de mantener su dinero en el Santander; además, tendrán que entregar al abogado un 10% de la cantidad recibida en preferentes como compensación por la pérdida sufrida, en pago por algo que podría haber hecho el cliente solito: aceptar la oferta del banco. Dado que Cremades anunció que sus clientes sumaban unas pérdidas de 120 millones de euros y que el 90% ha aceptado la oferta del Santander, se ha llevado al menos 10,8 millones sin pisar un juzgado».
Por estos motivos, sólo algunos de los inversores de patrimonios más altos han rechazado finalmente la oferta, confiando en las demandas colectivas presentadas contra el banco en EEUU. La mayoría de los clientes españoles ha aceptado las precarias condiciones del acuerdo. Muchos de ellos lo han perdido todo y no podían permitirse esperar los años que pueden transcurrir hasta la sentencia definitiva de los tribunales, en el caso improbable de que fallaran contra el banco.
Pero los fiascos de Lehman Brothers y Madoff no son los únicos casos controvertidos derivados de las actuaciones del banco. Existen otras actividades que ejemplifican igualmente la responsabilidad del Santander en la crisis financiera, amén del maltrato a inversores y accionistas del banco.
Los bonos basura
En octubre de 2007 el Banco Santander lanzó una gran emisión de bonos convertibles en acciones para conseguir liquidez, de cara a una hipotética ampliación de capital en el 2012 asociada a la posible compra el banco holandés ABN-Amro.
Los Valores Santander (bonos convertibles) tuvieron mucho éxito y 129.000 inversores adquirieron dicho producto, lo que supuso una inyección de 7.000 millones de euros para las arcas del banco. Ofertado como un producto innovador, con una alta rentabilidad y sin riesgo, se ha demostrado que era un «auténtico timo», en opinión de muchos clientes, y con un altísimo riesgo. El bono convertible debe su nombre a que es canjeable por acciones, voluntariamente cada año y, de forma obligatoria, en teoría, al quinto año (2012). El precio de las acciones se estableció en el momento de la emisión del bono con un recargo del 16% (prima de emisión). Es decir, el Santander fijó en 16,04 euros cada una de las 311,75 acciones a las que da derecho un bono, por el que miles de inversores pagaron 5.000 euros. En el momento actual, ese número de acciones tiene un valor aproximado de 1.680 euros -y en torno a los 1.400 euros hace pocas semanas -. Y ahí está la ‘gracia’ y el altísimo riesgo del bono, ya que el precio de canje se fijó en un momento -finales de 2007- en el que las acciones del banco estaban en su cotización más alta. Actualmente (mediados de marzo) las acciones han perdido cerca del 70% de su valor y cotizan sobre los 5 euros, gracias, entre otros factores, a las numerosas ampliaciones realizadas poco tiempo después de la emisión del bono.
Ampliaciones de capital
En el último año, el banco ha adquirido un banco estadounidense en situación precaria (Sovereign) y tres bancos británicos (la división de crédito al consumo de Royal Bank of Scotland, Alliance & Leicester y Bradford & Bingley), que se suman al banco Abbey, comprado en 2004.
Para semejante expansión y las necesidades de liquidez que conlleva, el Santander acometió tres ampliaciones de capital entre septiembre de 2008 y febrero de 2009. Estas ampliaciones han significado la emisión de casi 2.000 millones más de acciones sobre un total de más de cerca de 8.200 millones. El capital embolsado por dichas emisiones es de 10.175 millones de euros, aunque el gasto directo producido por la compra de las entidades anglosajonas no llega a los 4.000 millones. Estas operaciones han diluido considerablemente del valor de las acciones hasta los poco más de 5 euros actuales -el grupo Santander tiene aproximadamente 3,3 millones de accionistas en el mundo, un millón y medio de ellos en España -.
Además, en los años 2007 y 2008 se produce la teórica venta de casi todo el patrimonio inmobiliario en España -mediante una transacción denominada ‘sale and lease back’ [4] – por un importe de 4.398 millones de euros.
Es decir, en los dos últimos años, el banco ingresó de forma excepcional cerca de 21.573 millones de euros, destinados en parte a costear la deuda generada en los últimos años. Según la revista económica Bloomberg, el banco Santander tendrá que hacer frente a vencimientos de deuda por un valor aproximado de 30.000 millones en 2009 -en el año 2008 tuvo que pagar 32.000 millones -, sobre una deuda total de 160.000 millones de euros. Dichos ingresos extraordinarios también explicarían los grandes beneficios presentados en las dos últimas juntas de accionistas (9.060 millones en 2007 y 8.876 millones de euros en 2008). El problema es que es difícil que el banco pueda realizar operaciones con ‘tanta liquidez’ en los próximos años y, con el precio actual de las acciones, cualquier ampliación de capital resulta inviable.
Tenemos, en suma, varios fraudes financieros y una exposición intensa a productos tóxicos, dos suspensiones de pagos vinculadas a un agujero de cerca de 6.000 millones de euros, tres ampliaciones de capital en dos años, la utilización de bonos basura o preferentes de muy dudosa rentabilidad, la expansión del banco hacia mercados en quiebra como los anglosajones, una deuda a corto plazo de más de 30.000 millones de euros, la caída en bolsa … Se dibuja así un panorama muy sombrío para las grandes expectativas creadas y las ampulosas declaraciones de solvencia y liquidez vertidas por los dirigentes de la entidad bancaria hace pocos meses. Todo ello sin entrar a valorar los efectos que un entorno de depresión crediticia como el actual pueda tener para el negocio bancario.
Pero el panorama descrito con respecto al grupo Santander no dista demasiado de la situación de otros bancos españoles. Por eso, desde distintas instancias -el propio presidente del Ibex es un ejemplo – ya se habla sin ambages de nacionalización, total o parcial, de la banca, siguiendo el ejemplo de otros Estados; sobre todo para aquellas entidades cuyo gran tamaño hace inviables o poco efectivas medidas como las últimas ayudas estatales -compra de activos financieros o suscripción de avales a la emisión de deuda -.
Es obvio que las instituciones y los analistas piensan ante todo en las soluciones sistémicas o en la salvación de las entidades bancarias. Sin embargo, más allá del tremendo daño causado a la sociedad y a la población en general, los mayores perjudicados de una forma directa por la crisis financiera han sido fundamentalmente los medianos y pequeños inversores; los cuales, consciente o inconscientemente, han contribuido de forma decisiva a que nos encontremos en la situación actual.
El afán de lucro y la falaz moda del ‘capitalismo popular’ [5] condujeron a millones de pequeños inversores a suscribir acciones de la banca y a invertir en productos financieros de todo tipo. Quizás, ahora que muchos de ellos van a terminar en la ruina o en el paro -se calcula que a finales de año habrá cerca de 5 millones de desempleados en todo el Estado -, hayan aprendido la lección sobre cuáles son los objetivos que persigue el sistema financiero o, mejor dicho, el sistema capitalista.
LOS PARAÍSOS FISCALES Y LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
En su último informe, correspondiente al año 2007, el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) [6] del Estado español concluye que el 69% de las compañías que cotizan en el Ibex 35 (índice de referencia de la bolsa española) cuenta con «sociedades participadas con domicilio en países considerados como paraísos fiscales». Estos datos representan un aumento considerable en relación al año 2006 (cuando era del 51%). Entre las 24 sociedades pertenecientes a este ‘selecto grupo’, se encuentran empresas como Altadis, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Prisa, Repsol o Telefónica; y, por supuesto, cinco de las seis principales entidades financieras españolas -BBVA, Banesto, Banco Popular, Banco Sabadell y Banco Santander -.
Según la memoria del ejercicio 2007 de la Securities Exchange Commission, homóloga estadounidense de la CNMV española, el Grupo Santander tenía en ese año una fuerte presencia -33 sociedades- en paraísos fiscales como Jersey, la Isla de Man, Guernsey, las Islas Cayman y las Bahamas, con un total de capital y reservas declarados de aproximadamente 5.000 millones de euros. Así mismo, dicho grupo poseía diversas sociedades radicadas en Panamá, Luxemburgo y Suiza.
En su informe correspondiente al ejercicio 2007, el banco que preside Emilio Botín ‘tomaba nota’ y afirmaba que había establecido «los procedimientos y controles adecuados» para evitar la existencia de «riesgos reputacionales y legales» en dichas entidades, al tiempo que decidía «reducir el número de unidades».
Sin embargo, el Observatorio de la RSC informó recientemente que el grupo Santander participa actualmente de forma directa o indirecta en 43 filiales ubicadas en paraísos fiscales. En concreto, el banco Santander posee 19 filiales residentes en ‘estos paraísos’, el banco británico Abbey -perteneciente al grupo- cuenta con otras 19 filiales en estos países y la entidad que preside Ana Patricia Botín -Banesto – declara que existen tres sociedades -domiciliadas en Guernsey, Islas Caimán e Isla de Man – integradas en el banco.
Precisamente, dicha entidad indicaba en el año 2008 que debería haber «una normativa que regule» las actividades en ‘paraísos fiscales’, porque fomentan «la opacidad de las operaciones que se realizan en ellos». Pero dicha institución va más allá, al considerar que sería deseable que los Estados contribuyeran a que «este tipo de centros desaparecieran».
Esa opacidad y falta de transparencia sustenta la hipótesis de que en estos centros ‘off-shore’ se encuentra la explicación acerca de cómo se han evaporado parte de los miles de millones de euros de la burbuja inmobiliaria y financiera. Aunque para algunos analistas la cosa es mucho más grave. Para Carlos Jiménez Villarejo (ex fiscal jefe anticorrupción y miembro del Comité de Apoyo de Attac): «Los paraísos fiscales subsisten como expresión y baluarte de los negocios ocultos, del dinero sucio y de un secretismo que impide saber si los flujos económicos que protegen proceden del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de armas o de la fraudulenta evasión fiscal».
LOS SUELDOS DE LOS CONSEJEROS DEL SANTANDER
El pasado 8 de febrero el banco Santander anunció la congelación de los sueldos de sus consejeros debido al «entorno de crisis». Sin embargo, pocas semanas después se supo en los medios financieros que sus sueldos experimentarán una subida real del 12% para el año en curso.
En 2008 el conjunto de ejecutivos ganó un total de 38,9 millones de euros. Sin tener en cuenta los beneficios como accionista, durante el año pasado el presidente del Santander, Emilio Botín, recibió unos 4 millones de euros en salario, incentivos y dietas. Aunque fue Alfredo Sáenz, consejero delegado, quien recibió la suma más elevada (8,6 millones de euros). Por otro lado, las obligaciones contraídas por el banco para las pensiones de sus consejeros suman 283 millones de euros (27 millones en 2008). Los consejeros también recibieron créditos por 4,2 millones. Por último, los directivos que no son consejeros ganaron en conjunto 83,5 millones.
POBRE FAMILIA RICA
Las sucesivas ampliaciones, junto con las posiciones bajistas en la bolsa, están costando caro también a la familia Botín. El Santander marcó su máximo histórico en 15 euros al cierre del 11 de diciembre de 2007 (93.000 millones de valoración bursátil). Desde ese día, la acción se ha devaluado cerca del 70%, hasta llegar a los cinco euros de cotización en la actualidad. Según la Memoria de 2007, la familia Botín controla 136,6 millones de títulos del Santander -valorados en poco más de 683 millones, según la cotización actual – que ahora representan el 1,7% del capital, tras diluirse desde el 2,4% por las sucesivas ampliaciones. Así, desde los máximos históricos (15 euros, 2.050 millones), la pérdida patrimonial alcanza los 1.360 millones de euros.
NOTAS A PIE DE PÁGINA
[1] PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
Combinación de diversos instrumentos financieros en los que una estructura de capital (depósito, nota o bono) se vincula a un instrumento subyacente (derivado). Los subyacentes utilizados pueden ser muy variados: acciones, valores de renta fija, divisas, tipos de interés, índices bursátiles, materias primas e incluso la inflación o los riesgos de crédito. Es decir, las ganancias dependen del comportamiento de dichos subyacentes en un periodo de tiempo concreto. Los depósitos estructurados van dirigidos a pequeños y medianos inversores, ya que suponen inversiones mínimas asequibles (1.000 euros), garantizando en teoría el capital invertido; mientras los bonos y las notas (certificados de depósitos) implican grandes inversiones (un capital mínimo de 25.000 a 30.000 euros) y no suelen tener el capital garantizado.
[2] SISTEMA FRACCIONARIO
El sistema de reserva fraccionaria consiste en que los bancos solo tienen como reservas líquidas una pequeña fracción de los depósitos de sus clientes, ya que tienen derecho a prestar el dinero de dichos depósitos. Por este motivo, si todos los clientes pidieran de forma simultánea la retirada de sus depósitos, no sería posible devolverles el dinero.
Una parte de estas reservas es obligatoria y se denomina ‘coeficiente de caja’, regulado por el Estado, que conlleva la obligación legal de mantener un porcentaje mínimo de su dinero en efectivo -en España es del 2% -, depositado en un banco central -Banco de España -. Es decir, si el banco Santander tuviera depositados en el Banco de España 1.000 millones de euros, significa que la entidad financiera tendría 50.000 millones en depósitos o cuentas de sus clientes. El problema es que la cantidad resultante de restar dicho coeficiente a los depósitos -en el ejemplo propuesto, 49.000 millones – podría utilizarse íntegramente para préstamos. Aunque, en realidad, el origen ‘líquido’ de la mayor parte de dichos depósitos es discutible y la cantidad a prestar sería muy superior debido al denominado ‘efecto multiplicador del dinero bancario’. Para entender este concepto, vamos a utilizar un sencillo ejemplo.
Patricia abre una cuenta e ingresa 50 euros en el banco Santander. Inmediatamente después, el banco deposita 1 euro en el Banco de España -coeficiente de caja -. Posteriormente el banco concede un préstamo a Nacho por 49 euros -que es la cantidad máxima que puede prestar en un primer momento con el depósito de Patricia y que resulta de restar el coeficiente de caja – y le abre una cuenta por el mismo importe. Al hacer el depósito, el banco ingresa 0,98 euros en el Banco de España. Poco después, concede un préstamo de 48,02 a Javier. Javier ingresa el dinero en su cuenta y la entidad deposita 0,96 euros en el Banco de España… Y así hasta llegar a los siguientes resultados: con un capital inicial de 50 euros se concedieron préstamos por 2.355 euros, con un incremento en el coeficiente de caja de poco más de 47 euros.
Obviamente, el ejemplo propuesto es extremo e intervienen muchas más variables y entidades financieras, pero describe perfectamente las consecuencias de un coeficiente de caja tan bajo. Pero lo más interesante del sistema es que, como queda demostrado, sólo un ínfimo porcentaje de los préstamos procede de los depósitos iniciales. En virtud del sistema de reserva fraccionaria, el dinero ya no está respaldado por un bien tangible, sino que ‘se crea’ cada vez que se da un préstamo. Por tanto, la creencia popular según la cual los bancos prestan el dinero procedente de sus depósitos es absolutamente falsa.
Los bancos, de esta forma, crean dinero totalmente nuevo ‘de la nada’ en forma de deuda. Además, cobran interés por un dinero que no existe. Por ello, el negocio bancario, y también el sistema económico -el crecimiento y la acumulación capitalista -, dependen en gran medida del negocio crediticio. De hecho, el sistema de reserva fraccionaria concentra la riqueza en el sector bancario, beneficiando únicamente al segmento más rico de la sociedad, con capacidad para invertir grandes capitales en las entidades y negocios financieros.
Por otro lado, los bancos y entidades financieras, a diferencia de otras empresas, tienen una contabilidad peculiar. El banco contabiliza los depósitos de sus clientes como pasivo -dinero que debe – y los préstamos como activo -dinero que le deben -, junto a otros activos con un sustento más real -inmuebles, efectivo en caja, letras del Tesoro… -. Lo curioso de este método contable es que a medida que el prestatario va devolviendo el capital prestado -a diferencia de los intereses -, los ‘activos’ se van reduciendo hasta desaparecer completamente cuando se cancela el préstamo. Estos activos, más allá del problema de la especulación y crisis financiera, serían los verdaderos ‘activos tóxicos’ del sistema.
Para numerosos críticos, este sistema, amén de producir inestabilidad y crisis cíclicas en la economía, constituye un fraude contra los depositarios e, incluso, algunos equiparan estas prácticas con la falsificación (Michael Rowbotham).
[3] ‘HEDGE FUNDS’
Los Fondos de Inversión Libre, de alto riesgo o ‘hedge funds’ son vehículos de inversión colectiva gestionados por sociedades profesionales, que requieren importes mínimos de inversión y utilizan técnicas de inversión financieras no permitidas para los fondos tradicionales. Están sometidos a reducida regulación y a escasas obligaciones de información. George Soros o Berny Madoff son algunos de los gestores de ‘hedge funds’ más ‘prestigiosos’. Optimal y varios subfondos de Banif son o eran también ‘hedge funds’.
[4] ‘SALE AND LEASE BACK’
Este sistema supone teóricamente la venta de los inmuebles a un tercero y el posterior arrendamiento con derecho a recompra -por ejemplo, el banco Santander seguirá 40 años como ‘alquilado’ en sus antiguos locales -. En realidad este tipo de operaciones son más bien fórmulas para obtener financiación que utilizan la engañosa forma de venta de inmuebles para beneficiarse de las mejores condiciones de las operaciones inmobiliarias y de los beneficios fiscales por el arrendamiento.
[5] CAPITALISMO POPULAR
Teoría liberal sin demasiado sustento sobre la presunta evolución del sistema capitalista hacia un nuevo régimen social en el que desaparecen las clases y las contradicciones de clase, se ‘democratiza el capital y la propiedad’, se ‘nivelan los ingresos’ y se ‘eliminan las crisis económicas’. En realidad, el único dato contrastable sería la aparición de un gran número de pequeños inversores y poseedores de pequeñas cantidades de acciones. Estos nuevos colectivos de inversores y accionistas no ejercerían influencia alguna sobre las decisiones empresariales y del capital, aunque sí proveerían de nuevos recursos a las necesidades de acumulación capitalista.
[6] OBSERVATORIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Este organismo fue creado en 2003 y en la actualidad está compuesto por Economistas Sin Fronteras, Intermón Oxfam, Cáritas, Ingeniería Sin Fronteras, CECU, Fundación Luis Vives, SETEM, IPADE, Equipo Nizkor, CCOO, Hispacoop, Greenpeace y Cruz Roja; además, cuenta con la colaboración de varias Universidades, entre ellas, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Complutense.