El parlamento está dando luz verde a un anhelo del presidente Jair Bolsonaro: la privatización de Brasil, ahora concretada en la privatización del agua y el alcantarillado. El resultado es una creciente militarización de las fuentes y los canales, que va de la mano de la criminalización de los sedientos.
Por 276 votos contra 124, la cámara de representantes aprobó, la noche del miércoles 11 de diciembre, el texto básico del proyecto que establece el marco legal del saneamiento básico. La propuesta establece nuevas normas para el sector y allana el camino para que los privados se hagan cargo del servicio. Para la oposición, “la cámara aprobó la privatización del agua” (Revista Forum, 11‑XII‑19).
Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que hace obligatoria la licitación de los servicios de saneamiento para permitir la competencia entre las empresas públicas y privadas. “La mitad de los brasileños no tiene alcantarillado y 35 millones no acceden al agua limpia. Lo que decidirá si los municipios tendrán saneamiento son las potenciales ganancias de las grandes empresas”, dijo la congresista Sâmia Bomfim (PSOL) al explicar su voto negativo.
A contramano
“Quienes defienden la privatización esconden el hecho de que desde 2000 han sido reestatizados 884 servicios de agua en el mundo”, añadió el diputado Glauber Braga (PSOL). En efecto, un análisis del Transnational Institute reveló en 2017 que unas 180 ciudades de 35 países habían revertido la privatización del agua, desde Bolivia hasta Alemania. Entre las principales razones para tomar esa decisión figuraban el empeoramiento del servicio privatizado y el aumento desmedido de las tarifas, “ambos dictados por la necesidad de generar ganancias para los accionistas”, destaca el periodista Antonio Martins en la página Outras Palavras.
En tanto, la diputada del PT Erika Kokay apuntó: “El agua es un derecho fundamental. No puede quedar atrapada en la lógica del lucro. Estamos ante un retroceso histórico que va a penalizar a los más pobres”. Los datos hablan por sí solos: apenas el 45% del alcantarillado pasa por algún tipo de tratamiento; el restante 55%, correspondiente a 5,6 millones de metros cúbicos por año, es arrojado directamente a la naturaleza.
Anderson Guahy, dirigente del Sindicato de los Trabajadores en Agua, Alcantarillado y Medio Ambiente de São Paulo, dijo al periódico Brasil de Fato: “Desde 2003, en la ley 11.445, aprobada durante el gobierno Lula, ha habido una regulación para que los municipios tuvieran un control mayor del saneamiento, intentando universalizarlo”. Las licitaciones que se prevén con la nueva ley favorecen a las grandes empresas de la construcción, del tipo de Odebrecht.
Además, los municipios cuyo saneamiento no genera ganancias pueden quedarse sin el servicio, porque hasta ahora había un “subsidio cruzado”, explica Guahy, que hacía que las ciudades donde se generaba ganancia subsidiaran a las que daban pérdidas. Con la privatización “los municipios menores y medios tendrán que pagar más, porque una entidad privada no está obligada, como una estatal, a suministrar agua a todos los municipios que asume y, por tanto, si no tiene ganancias, no va a invertir”.
Guerra en el Nordeste
El 2 de febrero, día de Iemanjá, el diario O Estado de São Paulo comenzó a publicar una serie de notas tituladas “Guerra de las aguas”, del periodista Patrik Camporez. El diario destaca que los canales que desvían el agua del río São Francisco hacia las grandes haciendas de la fruticultura en el nordeste están siendo vigilados por guardias armados y drones, mientras se levantan muros para proteger el agua, convertida en negocio para exportar fruta.
Brasil posee el 12% de toda el agua dulce del mundo. El acceso al agua abundante y limpia fue libre durante siglos. Hasta los años noventa casi no había conflictos por ella. Pero en los últimos cinco años fueron registrados 63 mil conflictos con la intervención de la policía y surgieron 223 “zonas de tensión” por el agua. Diez años atrás había sólo 30 zonas de tensión, según la Agencia Nacional de Aguas.
Aunque los casos son muy diversos, hay un patrón común: “El poder económico, el agronegocio, la administración de las hidroeléctricas, las industrias y los taladores ilegales, que quieren apropiarse de las tierras fiscales, intentan de muchas maneras restringir el acceso a los ríos y las represas”, escribe Patrik Camporez (O Estado de São Paulo, 2‑II‑20). El mismo informe establece que el Estado los apoya y, en cambio, siempre salen perjudicados los pueblos originarios y negros, los agricultores familiares y las comunidades tradicionales.
La situación del árido y seco nordeste es tan grave que los pozos privados son vigilados por el ejército. La descripción del periodista parece cosa de otra época: “Jeeps con soldados cortan las calles polvorientas. La operación de guerra del ejército para controlar el agua del subsuelo se convirtió en rutina en el sertão nordestino”.
São Josê de Belmonte es una localidad de 30 mil habitantes en Pernambuco, célebre por un subsuelo pletórico de agua, codiciada por los especuladores. En la madrugada, la ciudad está congestionada por los camiones que recogen agua para venderla a la población.
“La carrera desenfrenada por los pozos de Belmonte llevó al gobierno federal a llamar al ejército para controlar y distribuir el agua en la región, que también es llevada en cisternas hacia los estados vecinos de Paraíba y Ceará”, apunta Camporez. El municipio tiene más de mil pozos grandes, de hasta 150 metros de profundidad. “En cada punto de captación hay un equipo del ejército”.
Conflictos eternos: de la tierra al agua
“Sin conseguir resolver el antiguo problema de los conflictos de tierras, el país vive ahora una nueva crisis. Cada curva de un río caudaloso y de corrientes casi secas es disputada a bala, facón o destornillador”, escribe el periodista Patrik Camporez.
Camporez detalla que los canales prohibidos para buena parte de los habitantes de las regiones irrigadas fueron construidos en las décadas del 80 y el 90 para las plantaciones de fruta de exportación en el nordeste.
“La criminalización de quienes no tienen agua es un drama más del semiárido nordeste. El equipo de reportaje estaba cerca del canal, en Petrolina, cuando pudo ver que un habitante se aproximó al curso con un balde y un barril, miró para los lados y, superando el miedo, agarró agua del lugar. Era Cosme Angel, de 26 años, que repartiría el barril con 20 vecinos”, relata Camporez. Cosme explicó luego a los periodistas: “Es una lucha diaria. Si quiero tomar agua directo de un río, tengo que buscar a más de 20 quilómetros en la costa. Entonces, prefiero correr el riesgo de que me vean y llamen a los vigías del agua para hacer la denuncia”.
El caso más emblemático es el del líder comunitario Haroldo de Silva Betcel, de 34 años, asesinado con un destornillador en las márgenes del Igarapé Tiningu, en Santarém, en el estado de Pará. La policía civil dijo que el crimen se debió a la disputa entre ribereños y hacendados por el control del curso del río Tapajós. “En el Brasil de hoy, el agua se convirtió en un asunto policial”, sentencia Camporez.