Esta noche hemos podido conocer directamente desde la cuenta de Twitter de Birgitta Jónsdóttir, miembro del Parlamento de Islandia, que el Departamento de Justicia de los EEUU ha solicitado a Twitter información sobre su actividad en este servicio. A través de CNET News se ha podido ampliar la noticia y consultar las fuentes directas emitidas […]
Esta noche hemos podido conocer directamente desde la cuenta de Twitter de Birgitta Jónsdóttir, miembro del Parlamento de Islandia, que el Departamento de Justicia de los EEUU ha solicitado a Twitter información sobre su actividad en este servicio. A través de CNET News se ha podido ampliar la noticia y consultar las fuentes directas emitidas por un Tribunal de Virginia, que solicita de Twitter información sobre los usuarios relacionados con Wikileaks rop_g, ioerror, Julian Assange, Bradley Manning, Rop Gongripj y Birgitta Jónsdóttir.
La solicitud de la información añade que deben entregarse los datos desde el 1 de noviembre de 2009 hasta la fecha sobre sus nombres de usuario, nombres de sus suscripciones, de pantalla u otras identidades; direcciones postales, correos electrónicos, domicilios personales y profesionales y otra información de contacto; datos de conexión; duración del servicio y tipo del mismo, números de teléfono, sistemas de pago incluyendo tarjetas de crédito y números de cuentas corrientes, datos de facturación, IPs de las fuentes y destinos de los correos electrónicos y correspondencia y notas sobre las cuentas de dichas personas. Enlace a la notificación judicial [pdf]. La notificación, asimismo, exigía a Twitter ser mantenida en secreto. No obstante, esta compañía solicitó poder comunicársela a las personas implicadas, permiso que obtuvo del tribunal el pasado día 5 de enero. Enlace a la notificación judicial levantando el secreto [pdf].
Sigue en el cuerpo extendido, sobre inmunidad parlamentaria en el uso de redes sociales.
El hecho de lo genérico de la citación hace pensar que Facebook y Google pudieran haber recibido una solicitud de iguales características, pero que la hubieran contestado en secreto sin luchar jurídicamente en defensa de los usuarios de sus servicios. Las implicaciones para la inmunidad parlamentaria son muy graves, ya que directamente extermina la posibilidad de que un parlamentario que no sea norteamericano pueda mantener su inmunidad a salvo si utiliza servicios habituales en las redes sociales. Así, resulta desaconsejable para todos los parlamentarios nacionales el uso de tales servicios si van a utilizarlos para manejar información confidencial. Ya se sabe que Roma no paga traidores y no resulta esta orden un mal pago para todos aquellos parlamentarios que voten sí a la Ley Sinde, que como ya se demostró en los cables filtrados de Wikileaks es una imposición del Gobierno de los Estados Unidos.
En resumen, los parlamentarios y los funcionarios públicos deberán prestar especial cuidado al uso de Google, Facebook y los mensajes directos de Twitter, así como cualesquiera otras plataformas cuya jurisdicción pueda recaer en territorio extranjero. Mientras la preocupación para los partidos políticos sigue siendo la Ley Sinde, cuestiones tan elementales como a la que asistimos pasan inadvertidas para la clase directiva.