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El desenlace de la democracia de Punto Fijo, la fragua de la revolución

Fuentes: Rebelión

Algunas ideas para situarnos en el contexto El breve lapso que comprende los años de 1993 y 1998, presenta un panorama crítico que tenía varias expresiones estructurales que en parte pueden mostrarse como las causalidades fundamentales para comenzar a entender el agotamiento de la democracia puntofijista. En principio el carácter del sistema político y económico […]


Algunas ideas para situarnos en el contexto

El breve lapso que comprende los años de 1993 y 1998, presenta un panorama crítico que tenía varias expresiones estructurales que en parte pueden mostrarse como las causalidades fundamentales para comenzar a entender el agotamiento de la democracia puntofijista. En principio el carácter del sistema político y económico que comenzara a construirse desde 1958, luego de la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez, encontraba su viabilidad en la materialización de tres objetivos importantes.

En primer lugar; el relativo éxito en la distribución de la riqueza petrolera, cuyo efecto generó en la población, al menos, cierta «sensación» de prosperidad que incluso hacía ver entre varios politólogos y estudiosos en general, la edificación de un sistema bastante peculiar en Venezuela. Los más «optimistas», incluso, llegaban a comparar al sistema político, con las democracias liberales en Europa occidental. En segundo lugar, pero relacionado con el primero, la constitución de grandes partidos que habían logrado una hegemonía en lo relativo al apoyo popular específicamente en el ámbito de la participación política, reducida para aquellos años a su expresión electoral.

En tercer lugar, la materialización del pacto de Punto Fijo supuso, no solamente el establecimiento de unos tratos entre los actores principales (AD y Copei), que incluían formas de conducta signadas por el imperativo de la convivencia entre los establecidos, con normas y convenciones que si bien no estaban escritas en ninguna parte, su reproducción también garantizaba la continuidad del específico orden «puntofijista». En los años siguientes, este pacto se iba a redimensionar con ayuda del Estado petrolero, cuya capacidad para hacer negocios, y fomentar riquezas, conllevó a la gestación de una «clientela» de trabajadores organizados en la CTV (aristocracia obrera), a la jerarquía católica y a una importante porción de los sectores empresariales.

El relativo éxito de estos tres factores se explican a su vez, por una razón más definitiva que escapa al ámbito de un análisis solo concentrado en la nación, durante el período comprendido entre 1945, luego de la II Guerra Mundial, y 1972-73, el sistema capitalista vivió la expansión de sus capacidades de acumulación de capital nunca antes experimentada, esto no solamente permitió en el capitalismo central la edificación de los estados de bienestar capaces de distribuir una porción más apreciable de plusvalía entre su población (socialdemocracia), sino que también en las zonas de la periferia del sistema mundial, repercutió la sensación de cierto bienestar confianza en el futuro.

Estas condiciones favorables pero pasajeras habían desaparecido desde los años ochentas y se iba a profundizar la incertidumbre en los años noventas, agravado a mediano plazo por el fin del socialismo real. Lo que en verdad estaba sucediendo era la virtual desaparición del centro liberal, cuyo carácter de ideología hegemónica había convertido a las versiones más radicales y antisistemicas del socialismo, en avatares subordinados al liberalismo. Desintegrado el provisional pacto socialdemócrata, la respuesta de los capitalistas y de las élites políticas que controlaban los estados nacionales en las naciones más poderosas, fue la formulación de una versión más extrema llamada neoliberalismo, lo que en práctica suponía el desmantelamiento de las conquistas otorgadas a la población en general, y específicamente a los trabajadores del mundo en la etapa de la expansión previa (Wallerstein).

 

Probar con Caldera

Antes de que la democracia gestada desde 1958 naufragara para siempre, el propio establecimiento generó respuestas para evitar el derrumbe. Una de esas respuestas fue el proceso de descentralización, por medio del cual se otorgaba la posibilidad a las regiones de elegir a sus mandatarios locales a través de una elección directa y universal. Las descentralizaciones económicas hacían parte de un proceso más concertado entre los grupos económicos, sus clases políticas regionales, y el estado central. Las primeras elecciones regionales ocurrieron a finales de 1989. La introducción de esta reforma, fue llevada adelante, sin embargo, a pesar de la resistencia de las direcciones nacionales de los partidos hegemónicos asentados en Caracas. Pero a mediano plazo, el proceso de descentralización en sí mismo, no pudo detener el abismo por el que se iría el pacto de Punto Fijo, irónicamente le ha sido más funcional a la democracia bolivariana.

Otras estrategias fueron implementadas para evitar el colapso que iba a ocurrir en diciembre de 1998, con la elección de Hugo Chávez a la presidencia de la república. En 1993 fue elegido como presidente un líder conservador de la generación de 1936, Rafael Caldera. El mismo hecho evidente de que se tratara de un personaje que había incursionado políticamente desde el año 36, en un principio cercano a posturas fascistas y ultra-católicas, era un síntoma de que las élites tenían graves debilidades en la producción de un nuevo liderazgo nacional.

Pero otras razones más determinantes habían conducido a la elección de Caldera en 1993. En primer lugar ya habían ocurrido las protestas conocidas como el sacudón del 27 de febrero de 1989 y días sucesivos, que dejó una separación radical entre las poblaciones más pobres y el establecimiento político y económico. Estas distancias se incrementaron con la implementación de las políticas de ajustes que se trataron de llevar a cabo durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Luego iban a sucederse los dos pronunciamientos militares que sumaban a una porción de la oficialidad joven a los malestares que se gestaron en una institución fundamental en la procura del orden; La Fuerza Armada Nacional. Luego la defenestración del propio presidente Pérez, llevado entonces a los tribunales y sentenciado por la comprobación del desvío de unos recursos.

En el fondo la salida «legal» de un presidente fue un acuerdo entre los factores de poder que permitiera bajar los ánimos de una población que parecía estar al borde de protagonizar otra insurrección popular como la ocurrida en 1989. En efecto, las protestas populares se habían incrementado como forma de resistencia a la imposición de las políticas de ajustes. De esta forma, las protestas, aunque a la larga no iban a generar un movimiento popular masivo y organizado, como sí ocurrió en otros lugares del continente, transformaron subjetivamente la imagen que sobre si mismo tenían los sectores pobres de la población, al ser capaces de movilizarse a través de distintas estrategias, para conquistar objetivos a mediano y largo plazo. De modo que este período de los años noventa, produjo en la conciencia popular algunos rasgos de autonomía y politización necesarios para afrontar mejor las vicisitudes que ocurrieron en la primera década de siguiente siglo.

El candidato Caldera, para el momento de la campaña, no hacía parte propiamente del bipartidismo. Se había alejado de la organización que fundara, COPEI, justo cuando pudo percibir por un lado, las orientaciones predominantemente neoliberales de sus propuestas ideológicas. Además de darse cuenta de la impopularidad de tales medidas.

Entonces se empeñó con algunos socialcristianos descontentos, otros también dirigentes que activaban políticamente en la regiones, y algunos «izquierdistas» acaso atraídos por el discurso de Caldera de orientación antineoliberal, en la conformación de una organización política llamada Convergencia. Aquella instancia nunca se propuso ni tampoco pudo trascender más allá de su líder y fundador.

Otro dato importante era la propia campaña, su opción presidencial fue apoyada por una variedad de pequeños partidos de izquierdas, cuya reunión en el proceso electoral fue calificada popularmente como el chiripero. El programa que organizó para la campaña, y que durante la primera parte de su gestión trató de llevar a la práctica infructuosamente, se resumía en un documento llamado Mi carta de intensión con el pueblo venezolano, este nombre tenía el cometido de rememorar en la conciencia popular, las cartas de intensión que el segundo gobierno de CAP había suscrito con los poderes fácticos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por medio de estos mecanismos el estado comprometía su soberanía en áreas específicas, como escenario de aprestamiento para el programa de ajustes que se iba a ejecutar. Claro que la asociación entre esos documentos, y el programa de Caldera, tenían el objetivo de posesionar al candidato.

Luego de varios planes que buscaran oxigenar la economía, en 1996 el gobierno dio un viraje importante y decidió optar por un programa neoliberal muy similar al diseñado por el gobierno de CAP llamado Agenda Venezuela, pero con la diferencia puesta en tratar de establecer algunas formas de consenso entre las organizaciones sindicales de la CTV, los empresarios de FEDECAMARAS, y el primer partido de oposición, Acción Democrática. Para concretar estos planes se llamó a que ocupara el ministerio de economía a Teodoro Petkoff. Los rumores de nuevos golpes militares de distinto signo eran bastante regulares, las protestas populares no cesaron como se llegó a pensar al principio de su gobierno, y las señales de que el país era gobernado por un anciano desfalleciente, era caldo de cultivo para campañas que por cierto potenciaban bien los medios masivos de comunicación.

En todo caso esos esfuerzos de concertar surtieron efecto, sin duda, pero unos efectos limitados e incluso a mediano plazo contraproducentes para el puntofijismo. Puntualmente, se materializaron algunos acuerdos entre las cúpulas de los sectores mencionados arriba, que se expresan en la reunión de la llamada tripartita, en la sanción de una nueva Ley del Trabajo de corte neoliberal, y se llevó adelante la política de Apertura Petrolera, un plan estratégico que buscaba, entre otros objetivos, revertir la «nacionalización» petrolera de 1975. Sin embargo, estos acuerdos fueron vistos por la población como parte de unos manejos oscuros trabajados por unas cúpulas corrompidas que respondían a intereses foráneos. De modo que cada uno de estas reformas contribuyó a mediano plazo a deslegitimar aun más a las élites del viejo régimen.

El último tramo y el comienzo de otra historia

Por esos años el líder del levantamiento militar del 4 de febrero del 92 había salido de la cárcel (1994), como consecuencia del sobreseimiento de su causa. Las alternativas entonces comenzaron a vislumbrarse, aunque el proceso electoral comenzó para el candidato de las fuerzas bolivarianas con apoyos que estaban por debajo del 10%, el escenario iba a cambiar de forma determinante. Otra vez, la evidencia de una situación económica y social grave extendida por varios años, explica en mucho el surgimiento de un liderazgo nacional.

En 1981, la contribución de los más pobres en la producción nacional se ubicaba en 19,1%, y en 1997 estaba en 14,7%. Por su parte los ricos aumentaron su participación de 21,8% a 32%, según cifras de la Cepal. Roberts Kenneth, en su trabajo Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela, capturó la lógica de unos procesos relacionados con transformaciones en la estructura de las clases sociales. Una tendencia tiene que ver con el traslado de las actividades industriales y agrícolas a la de servicios. Y otra también significativa se relaciona con «la expulsión» de trabajadores de la economía formal a la informal. Estos datos son particularmente apreciables porque dejan ver el fracaso de las reformas neoliberales. El porcentaje de la fuerza de trabajo dedicada a las áreas de la agricultura, entre 1980 y 1997, cayó de un modesto 16,1% a 10%. Por su parte, siempre dentro de esos mismos años, los trabajadores concentrados en faenas de la industria vieron reducida su actividad de 28, 4% a 24,3%, mientras que las labores dedicadas al ámbito de los servicios aumentaron de 55,5% a 65% del conjunto de la fuerza laboral. De igual modo, estos datos ponen de bulto la existencia de un proceso de flexibilización laboral y des-industrialización, con la consiguiente producción incesante de nuevos pobres, o pobres en condiciones más depauperadas.

El primer semestre de 1996, durante el gobierno de Rafael Caldera, los niveles de pobreza se remontaron hasta un 70%, mientras que la pobreza extrema se ubicó en un 39% de la población. El desempleo rondaba el 11%, y la economía informal representaba un 49,4%, del conjunto de la fuerza laboral. Las conclusiones se hacen más alarmantes cuando en ese mismo año el país llegó a tener una inflación galopante del 100%. De esta forma la venezolana era una sociedad desintegrada, cuyas mayorías no estaban incorporadas a ningún proceso productivo. La emergencia del chavismo se fraguó a calor de esta situación.

En 1998, las elecciones presidenciales las iba a ganar el candidato del Polo Patriótico, una alianza radicalmente heterogénea cuya unificación debía durar bien poco. El mismo espectáculo de desorientación radical que vivieron las élites que encarnaban el proyecto desplazado, momentos antes de la llegada de Chávez a la presidencia, era un síntoma de lo que en verdad estuvo en juego en esos momentos. En esta etapa la conducta de los sectores opositores presentaba un itinerario marcadamente errático. La elaboración de la Constitución Bolivariana de 1999, es el logro más importante de esta primera etapa. Las confrontaciones que vivió la sociedad a partir del 2001, conformaron una polarización que se va a establecer en el tiempo, como parte de una nueva «normalidad». Pero es significativo que durante los primeros años, al menos hasta el referendo revocatorio del 2004, la oposición política financiada por gobiernos extranjeros, movilizó a las capas medias de la población. Mientras estos sectores se colocaron en posturas radicales de ultra derecha y abiertamente anticonstitucionales, el chavismo orientó sus políticas hacia coordenadas más hacia la izquierda, al punto de que en 2006 Chávez anunció la conveniencia de darle a la revolución un rumbo socialista, en buena medida aún en proceso de clarificación.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.