Trump, en la deriva autoritaria que está imprimiendo a la administración americana, intenta politizar la ciencia a través de la norma propuesta el 29 de mayo de 20261, que representa un caso extremo, estructural y sin precedentes de interferencia política en la investigación científica dentro de un contexto democrático.
El mecanismo más alarmante de la norma propuesta es la alteración del proceso de asignación de fondos. Al exigir que todas las decisiones de financiación sean tomadas por funcionarios nombrados políticamente, degradando la revisión por pares (el estándar de oro para garantizar la calidad y objetividad científica) a un papel «meramente consultivo», el gobierno busca reemplazar el criterio científico por la lealtad ideológica.
Esto destruye la autonomía de las agencias federales. La ciencia deja de ser un ente que busca la verdad empírica para convertirse en un instrumento al servicio de la agenda del partido en el poder. Además, la cláusula que permite terminar cualquier subvención en cualquier momento si el contenido «no está de acuerdo con las prioridades de la administración» introduce una precariedad que obliga a los investigadores a autocensurarse para poder mantener sus laboratorios operativos.
La norma no solo busca controlar quién decide, sino qué se puede investigar. La prohibición explícita de financiar investigaciones sobre el impacto disparejo, disparidades de salud, cambio climático, identidad de género y vacunas es un acto de censura política pura.
Estos temas son precisamente los que suelen requerir con mayor urgencia evidencia científica para proteger a poblaciones vulnerables y gestionar crisis de salud pública. Al prohibir su estudio, el gobierno no está simplemente «ahorrando dinero» o «cambiando prioridades»; está intentando eliminar la existencia de datos empíricos que puedan contradecir su narrativa política.
La ciencia es fundamental para comprender riesgos complejos; al cegar la investigación en estas áreas, el gobierno está tomando decisiones políticas a ciegas, exponiendo a la sociedad a daños prevenibles.
La norma plantea obstáculos serios a las colaboraciones extranjeras, restringe los viajes a conferencias y prohíbe el uso de fondos para costos de publicación.
Estas medidas buscan aislar a la comunidad científica estadounidense. La ciencia moderna es inherentemente global y colaborativa. Restringir el debate con colegas internacionales y limitar la difusión de resultados (a través de la prohibición de pagar publicaciones de acceso abierto) fomenta el oscurantismo. Esto no solo retrasa el avance científico nacional, sino que daña la reputación y el liderazgo de EE. UU. en la comunidad global de la salud y la ciencia.
Queremos advertir sobre los riesgos de la politización, mencionando el peligro de la «expertocracia» (cuando la ciencia se usa estratégicamente para zanjar debates de valores, eludiendo la democracia), ya que el caso de la administración Trump representa la cara más autoritaria de la politización. No se trata de científicos imponiendo su voluntad sobre los políticos, sino de la política aplastando a la ciencia para evitar el escrutinio. En una democracia, la política debe sopesar valores y hechos; pero si el gobierno prohíbe activamente la generación de «hechos» (bloqueando investigaciones sobre vacunas o clima), está corrompiendo el debate democrático, ya que la sociedad no puede tomar decisiones informadas si la materia prima (la evidencia) ha sido suprimida por decreto.
La politización de la ciencia nos conducirá a un «aumento del escepticismo científico en la sociedad», ya que cuando la ciudadanía percibe que las instituciones científicas están siendo microgestionadas por actores políticos para ocultar realidades (como los daños desproporcionados de ciertas políticas o exposiciones), la confianza pública en la ciencia colapsa. En el contexto de la salud pública (como se vio durante la pandemia de COVID-19), esta pérdida de confianza tiene un costo directo en vidas humanas, ya que las recomendaciones sanitarias pasan a ser vistas como meras opiniones políticas en lugar de consensos basados en evidencia.
Por ello, destacamos y aplaudimos la movilización de la comunidades científicas 2,3 de Salud Pública, organizaciones académicas y sin fines de lucro mundiales, para presentar acciones públicas.
Esta resistencia es vital por dos razones estratégicas. Primero, obliga al gobierno a responder formalmente a las críticas, exponiendo públicamente sus motivaciones. Segundo, y más importante, crea un registro público y administrativo que es fundamental para los litigios futuros.
Esta movilización global es urgente, dado que la administración ha acortado el período de comentarios de 60-90 días a solo 45 días (buscando implementar la norma para el 1 de octubre de 2026), y posteriormente impugnar la norma en los tribunales, argumentando que viola la libertad académica y los principios de integridad científica.
Concluimos indicando que el intento de politización de la ciencia por el gobierno de EE. UU. no es una simple reorientación de presupuestos; es un intento de ingeniería social mediante la supresión de la evidencia. Busca transformar la ciencia de un sistema de descubrimiento de la realidad en una herramienta de validación ideológica. Si se implementa, no solo degradará la calidad de la investigación estadounidense, sino que sentará un precedente peligroso sobre cómo los gobiernos democráticos pueden utilizar la burocracia y el poder del bolsillo (el financiamiento) para silenciar a la ciencia y gobernar al margen de los hechos.
Referencias
1 Regulation for Federal Financial Assistance. Posted May 29, 2026
2 New England Journal of Medicine -The OMB and the politicization of science; N Engl J Med. 2026; published online June 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42296051/
3 Act now: oppose a new threat to US federally funded work. Nancy Krieger; The Lancet, Volume 408, Issue 10550p119-120July 11, 2026
Jose Luis Carpintero Avellaneda / Petra Rogero Anay, doctores y profesores jubilados de la UMA.
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