Señor director del diario El País: En la edición del 17 de julio de 2010, publica usted dos informaciones, tituladas Chávez resucita a Bolívar para Salvarse y La reinvención del Libertador. En su afán de descalificar al presidente Chávez, usted ha difundido información falsa, ha descalificado con expresiones hirientes, insidiosas y vejatorias, ha denigrado al […]
Señor director del diario El País:
En la edición del 17 de julio de 2010, publica usted dos informaciones, tituladas Chávez resucita a Bolívar para Salvarse y La reinvención del Libertador.
En su afán de descalificar al presidente Chávez, usted ha difundido información falsa, ha descalificado con expresiones hirientes, insidiosas y vejatorias, ha denigrado al Libertador de cinco naciones y a uno de los más preclaros héroes de la libertad en el mundo. Usted, señor director, arremete contra la memoria y la gloria del más grande de los libertadores de América, ha insultado al continente americano.
Los dislates periodísticos que atentan contra los derechos de los demás generan no sólo derecho a réplica y rectificación, sino responsabilidades legales cuando terceros se vean afectados por informaciones inexactas o agraviantes. La desinformación o información parcializada cuando se propone lograr un fin específico contra alguien confiere tales acciones y derechos a estos terceros.
El Tribunal Constitucional Español, en fallo del 19 de abril de 1993, estableció que «el requisito de la veracidad condiciona el ejercicio de la libertad de información, imponiendo al comunicador un deber de diligencia: la comprobación razonable de la veracidad, que no se cumple con alusiones indeterminadas o fuentes genéricas». Precisamente es esto lo que incumple el reportaje firmado por Maye Primera cuando para atacar al presidente Chávez acude a lo que ella denomina «sus críticos» o lo que «la oposición ha dicho» sin realizar la «comprobación razonable de la veracidad» que ordena el TCE. Pero Primera va más allá; incluso llega a poner en boca del presidente Chávez un contrasentido: «el aceptar como ciertos cualquiera de los escándalos que envuelven su gobierno».
Con esta información usted no sólo descalifica al presidente Chávez, sino también al científico español, José Antonio Llorente, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, quien conforme a lo que usted publica sería un fantoche, una figurilla, un títere o una marioneta del presidente Chávez, puesto que a pesar de sus méritos académicos y de estar representando a una eximia universidad española, a juicio de su diario, se presta a una maniobra que usted califica «como la resurrección de Bolívar para salvar (¿?) a Chávez».
Debo decirle que es grave la responsabilidad legal que usted asume con un mandatario legítimamente electo, con un profesor español de prestigio y con una universidad reconocida.
Más grave aún es la información que usted quiere maquillar como «análisis» para simular que es la opinión de una columnista y no la sentencia de su tristemente célebre diario. Esta información afirma textualmente: «Intenta convertir a un aristócrata de abolengo en un mulato hijo de esclavo. A un DESPOTA ILUSTRADO, desconfiado del pueblo, en el ideólogo del socialismo del siglo XXI». No creo que usted ignore que «déspota» es igual a «tirano y a opresor» y Simón Bolívar consagró su vida y su fortuna a luchar contra la tiranía y la opresión.
El TCE en fallo de 1988, citado por Rubio Llorente, (que no es familia del científico), en su obra Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales (Edit. Ariel Derecho 1995, p. 208) destaca que «el ordenamiento jurídico no presta su tutela a las conductas negligentes, ni menos a la de quien comunique como hechos simples meras invenciones o insinuaciones insidiosas». El mismo Tribunal, en otra sentencia de 1990, afirma que «cuando la información afecta el derecho al honor las expresiones vejatorias o insultantes quedan siempre fuera del ámbito protector del derecho a la información» y se agravan «en los casos de la relevancia del hecho público divulgado».
Señor director, el derecho a la información debe ponderarse, porque hay otros derechos constitucionales de las personas que tienen primacía sobre el citado derecho especialmente cuando la información es falsa. En este sentido en los EEUU la jurisprudencia ha establecido hace décadas la doctrina de la «Real Malicia» en lo concerniente a «la responsabilidad legal de dichos medios». Así, usted ha difundido información falsa «con indiferencia temeraria» y está expuesto a la doctrina de la «Real Malicia».
Le exijo que rectifique inmediatamente, reservándome, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y de los países bolivarianos, el derecho a cualquier acción legal que podamos tener contra usted personalmente, contra el diario El País y contra los mercenarios que usted ha utilizado para difundir la información parcializada que su línea editorial pretende convertir en matriz de opinión en España.
Julián Isaías Rodríguez Díaz
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España