El dream-team de Danilo Astori

Parecería que Tabaré Vázquez estuviera siguiendo al pie de la letra el consejo póstumo de Liber Seregni: en el gobierno él se ocupará de la política y Danilo Astori de la economía. Por supuesto que si surgiese una contradicción entre ambas áreas primará la política.

No fueron Ricardo Zerbino, ni Enrique Braga, ni Luis Mosca ni Alberto Bensión los que armaron los equipos económicos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle o Jorge Batlle. En cambio Vázquez prefirió delegar esa responsabilidad en Astori, que por supuesto no adoptó ninguna decisión por su cuenta sino que recabó en todos los casos el aval del presidente electo. Pero la iniciativa fue siempre del futuro ministro y el visto bueno fue concedido en todos los casos. No es imaginable que se siga el mismo criterio en otras áreas del gobierno; el servicio exterior, en relación con la designación de embajadores, por ejemplo. Hay una clara consecuencia del procedimiento adoptado: los funcionarios del equipo económico dependerán, como todos, del presidente de la República, pero también responderán al ministro de Economía.

La segunda diferencia es que el elenco de ministros y subsecretarios, si bien no refleja proporcionalmente el resultado electoral en el conglomerado de izquierda, muestra un cierto equilibrio de dirigentes de sus distintos sectores e incluye algunos independientes que, con una sola excepción, son notoriamente frenteamplistas. En cambio, en el equipo económico al menos en los nombres que hasta ahora se presentaron oficialmente hay dos dirigentes de Asamblea Uruguay (AU) el propio Astori y el subdirector de la opp Daniel Mesa, dos de la Vertiente Artiguista (VA) el director de la opp Carlos Viera y el presidente del Banco de Seguros del Estado (bse) Gustavo Vilaró, uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC) el presidente del Banco Central (BCU) Walter Cancela, otro del Nuevo Espacio (NE) Fernando Lorenzo, jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, otros dos independientes (aunque muy cercanos a AU o por lo menos a su principal dirigente) el subsecretario de Economía Mario Bergara y el presidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia, y habrá además, al frente de la Dirección General Impositiva, un colorado (Eduardo Zaidensztat, de la lista 15). Falta designar los cinco directores del Banco Hipotecario, cuatro del BROU y otros tantos del bse y del Banco de Previsión Social, así como el director nacional de Aduanas, y en esos cargos aunque blancos y colorados integren los directorios de los bancos habrá ocho o nueve lugares para el EP-FA. En las responsabilidades ya asignadas, no se produjo el relativo equilibrio que refleja el gabinete y se hizo notoria la ausencia de economistas de dos de los tres sectores de izquierda que contaron con mayor respaldo electoral: el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista (PS). Es público y notorio que el MPP aspiraba a que Guillermo Pomi fuera el próximo presidente del BROU, y que Astori, con el aval de Tabaré Vázquez, prefirió para ese cargo al economista Fernando Calloia, un ex pegepista con más de 30 años de funcionario en la institución que encabezará y que en el ámbito académico ha trabajado en más de una oportunidad con el futuro ministro. Si bien en el MPP y en el PS no hay muchos economistas que hayan tenido actuación en el Estado o dentro de la estructura del EP-FA, hay algunos que sí han estado allí y sin embargo, a diferencia del gabinete, se ha optado por dejar a un lado totalmente el criterio del equilibrio partidario y ello ha conducido a la ausencia de técnicos de ambos sectores en los principales cargos del equipo económico.

En realidad tanto los criterios seguidos para nombrar el gabinete como los adoptados para integrar el equipo económico se ciñen perfectamente a lo acordado en el Congreso Héctor Rodríguez, celebrado en diciembre último por el Frente Amplio. La normativa aprobada en esa ocasión a este respecto, se limita a establecer que ‘el Encuentro Progresista-Frente Amplio se compromete a proveer los cargos de dirección en su gobierno con ciudadanos y ciudadanas calificados para la tarea, rompiendo el esquema del ‘premio consuelo’ para los fracasados electorales y el reparto de cargos según lealtades políticas’.

El nombramiento de Zaidensztat fue, sin duda, el que generó mayor sorpresa, a pesar de que no fue designado por su filiación partidaria sino a título personal y de que el cargo que ocupará es esencialmente técnico y no político. Quizás lo más peculiar es que Zaidensztat no esté de acuerdo con el impuesto a la renta de las personas físicas, que es un punto medular de la reforma tributaria que se propone impulsar el gobierno entrante. Pero no es ésta la única diferencia con la política impositiva de los últimos gobiernos, incluido el actual, contenida en los ‘Grandes lineamientos para la acción política’ aprobados hace un año por el Congreso del FA. Allí se afirma también que el ‘sistema tributario será progresivo, en una tendencia contraria a la que se ha establecido hasta el momento, promoviendo que los contribuyentes de menores recursos aporten menos en términos proporcionales, que los de mayores recursos’. La respuesta de Zaidensztat ante este tipo de señalamientos ha sido que el director nacional de Rentas se limita a aplicar estrictamente la legislación tributaria vigente, y que ésta no es fijada por él sino por el Parlamento.

Pero además, algunas declaraciones suyas de los últimos días, acerca de la conveniencia de establecer penas no excarcelables a los grandes evasores de impuestos, provocaron la inmediata reacción del profesor de derecho penal Gonzalo Fernández, futuro secretario de la Presidencia, quien aclaró que la política criminal del gobierno entrante no se centrará en la represión ni en el aumento de las penas, sino en la prevención y la educación. Quizás esta anécdota ilustre que, cuando se ocupa un alto cargo del Estado, es muy difícil ser técnico, sólo técnico y nada más que técnico.