La deuda tiende a recuperar centralidad política y económica. Cada vez pesa más en el presupuesto y lleva a dilapidar recursos escasos, al mismo tiempo que empuja más y más a la subordinación del país a los organismos financieros internacionales. Desde que asumiera el gobierno de Mauricio Macri su principal decisión ha sido volver al […]
La deuda tiende a recuperar centralidad política y económica. Cada vez pesa más en el presupuesto y lleva a dilapidar recursos escasos, al mismo tiempo que empuja más y más a la subordinación del país a los organismos financieros internacionales.
Desde que asumiera el gobierno de Mauricio Macri su principal decisión ha sido volver al ciclo de endeudamiento, lo que está ratificado en la elevación al Congreso Nacional del proyecto de Presupuesto 2018 que revela que se continuará en ese sendero y muestra que las partidas que más crecen son las destinadas al pago de los servicios de la deuda.
La emisión de un bono a 100 años por parte del gobierno nacional fue más que emblemático. No solo sorprendió a unos y otros sino que volvió a darle centralidad política a la deuda. No tanto por el monto -2.750 millones de dólares- o el interés que es alto -se pagará de intereses unos 200 millones al año- sino por el plazo. Con esto el gobierno ha dado un mensaje al sistema financiero internacional, Argentina vuelve al mismo para no retirarse jamás.
Vaivenes de la deuda.
En lo que va de la recuperación democrática la deuda ha tenido momentos de fuerte centralidad política, pero todos y cada uno de los gobiernos de este tiempo se encargaron, uno tras otro, con la colaboración de los parlamentos, de desvalorizarla y dar la idea de que estaba bajo control.
Sucedió una y otra vez desde la salida de la dictadura. En tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín las demandas del no pago de la deuda eran moneda corriente, incluso el Programa de los 26 puntos, en 1985 cuando al frente de la CGT estaba Saúl Ubaldini, contemplaba como prioritario establecer una moratoria del pago de los servicios de la deuda.
Los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rua mantuvieron una política de endeudamiento masivo sin que, salvo algunos sectores, hubiera demasiados cuestionamientos.
La deuda externa volvió al centro de la escena cuando en medio de la mayor crisis política y social de nuestro país el entonces presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá declaró la suspensión unilateral de los pagos de la parte privada, ya que a los organismos se les siguió pagando religiosa y puntualmente.
Es en los tiempos del gobierno de Néstor Kirchner cuando se reestructura la deuda primero y luego se le paga al contado y por adelantado al FMI. Crecen entonces los debates y las críticas, pero el gobierno logra instalar la idea que el problema de la deuda se había resuelto para siempre.
Ya en los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner -que se autodenominó «pagadora serial» ya que pagaba religiosamente todos los vencimientos de la deuda y se negó a investigarla- se inicia un proceso de cambiar deuda externa por interna hasta que reaparece un clásico de la economía argentina: la restricción externa (falta de dólares). El entonces ministro de economía Axel Kicillof preparó las condiciones para volver al endeudamiento (pagó a Repsol cuando había dicho que no se le pagaría nada; al Club de París, sin ni siquiera separar el monto de la deuda considerada odiosa, y al Ciadi, organismo de solución de controversias dependiente del BM). Pero apareció el juez Griesa con su fallo a favor de los llamados fondos buitre (compradores a precio vil de bonos que no ingresaron al canje producto de la reestructuración) que trabó el proceso. Claramente se trató del costo de no haberla investigado en su momento y la deuda volvió a generar grandes controversias.
El ciclo actual.
Finalmente al inicio del actual gobierno de Mauricio Macri se paga a los fondos buitre y se reinicia un nuevo ciclo de endeudamiento que por su monto y velocidad es inédito. El regreso a los llamados «mercados voluntarios de crédito» (léase endeudamiento) ha sido tan rápido que la deuda creció en torno a los 73.000 millones de dólares desde fines del 2015 a la actualidad. Es que hay un cambio en el financiamiento del déficit fiscal, si el gobierno anterior lo financiaba con emisión monetaria éste lo hace con endeudamiento.
Así, si a fines del 2015, la deuda (interna y externa) expresada en dólares alcanzaba a los 240.665 millones (53,5% del PBI), a diciembre de 2016 era de 275.446 millones (54,2 del PBI). El mensaje de elevación del proyecto de Presupuesto 2018 dice que 2017 cerrará con una deuda de 317.000 millones (58,7 del PBI), se estima que el 75 por ciento está expresada en moneda extranjera y el resto en pesos. Este monto incluye la deuda con el sector privado, con los organismos internacionales más la deuda intraestatal (Anses, BNA y BCRA). No incluye la deuda de las provincias y del BCRA por la emisión de Lebacs estimada en unos 62.000 millones.
Este veloz endeudamiento continuaría en el 2018, donde las necesidades de financiamiento según el proyecto presentado alcanzan a los 45.000 millones de en dólares. Cabe destacar que las partidas que más crecen son las destinadas al pago de la deuda (28,2 por ciento), especialmente los intereses que alcanzarán este año a los 13.400 millones (2 puntos del PBI).
Mecanismo perverso.
Financiar déficit con endeudamiento ha dado lugar a un mecanismo perverso. La rápida colocación de bonos de deuda a partir del 2016 hizo, que junto con lo proveniente de las exportaciones, ingresara al país una oleada de dólares que el BCRA debe comprar emitiendo pesos, pero como esa millonada de pesos se considera causal de inflación debe sacarla del mercado para lo que emite Letras (las superrentables Lebacs) que pagan altísimas tasas de interés. Esas tasas, que difícilmente se consigan en algún país del mundo, hacen que ingresen nuevos capitales especulativos, que con un tipo de cambio atrasado, obtienen una ganancia inédita, pero nuevamente el BCRA debe cambiar esos dólares por pesos y volver a esterilizarlos con tasas más altas que abultan el pago de intereses. Como se ve un círculo vicioso de nunca acabar.
La situación parece estar en una verdadera encerrona sin que por ahora se vea luz al final del túnel. Si el gobierno dejara de endeudarse tendría que emitir para financiar el déficit, pero en su concepción monetarista no puede seguir emitiendo a riesgo de realimentar el proceso inflacionario, que como se ve se resiste a bajar con la rapidez que se pensaba. Por ahora el BCRA solo trata de estirar los plazos de la Lebacs, pagando más del 27 por ciento por letras a 180 días, su presidente, Federico Sturzenegger acaba de decir que «no están dadas las condiciones para relajar la política monetaria en los próximos meses». Continuar endeudando al país, con una economía que crece muy poco, corre el riesgo de caer una nueva crisis de la deuda, con las consecuencias previsibles. Este riesgo no es inmediato, pero sí potencial. La deuda exigible (sector privado y organismos internacionales) es del 28,5% del PBI, relativamente baja para los estándares internacionales, y el gobierno proyecta llevarla al 37,3% en el 2020.
Sin sustentabilidad.
La deuda tiende a recuperar centralidad política y económica, cada vez pesa más en el presupuesto y lleva a dilapidar recursos escasos, al mismo tiempo que empuja más y más a la subordinación del país a los organismos financieros internacionales. Esto abre la duda: cuál es la sustentabilidad financiera de este esquema fuertemente dependiente del endeudamiento externo en un mercado mundial que si bien está muy líquido y con tasas muy bajas, es muy frágil, especialmente la banca, y cualquier movimiento no previsto puede alterar los flujos y elevar las tasas.
Se requiere con urgencia la conformación de un frente político-social lo más amplio posible para hacer frente a este nuevo ciclo de endeudamiento, que comience por impugnar el bono a 100 años y que suspenda los pagos hasta que se investigue la deuda, al menos la contraída por el actual gobierno.
Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
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