Las desapariciones del periodista británico Dom Philips y el exfuncionario indigenista Bruno Pereira se dieron en donde los homicidios crecieron bastante por encima del promedio nacional. El avance de la deforestación y las tierras en disputa explican en parte lo que pasó.
El mapa de la criminalidad en toda la Amazonia se tornó más visible con las desapariciones del periodista británico Dom Philips y el especialista en asuntos indígenas brasileño Bruno Pereira. El valle de Yavarí es una región remota del occidente del país donde ahora se descubrió que cualquier vida corre peligro. Los homicidios crecieron en Amazonas, el estado más grande de Brasil –equivalente a la superficie de Mongolia, 1,5 millones de km2– bastante por encima del promedio nacional. Las cifras son del bienio 2018-2020. El avance de la deforestación y las tierras en disputa explican en parte lo que pasó con dos víctimas de cierta notoriedad. El ciudadano de una potencia extranjera que ya presionó al presidente Jair Bolsonaro para obtener una respuesta y un ex funcionario de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Dos baqueanos en la zona y con contactos fluidos entre los pueblos originarios que la pueblan. Difícilmente se hubieran perdido. Ese contexto violento no alienta una esperanza robusta que lleve al rápido esclarecimiento del caso.
El estudio Cartografía de la Violencia en la Amazonia, elaborado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) en colaboración con el Instituto del Clima y Sociedad (ICS) y el Grupo de Investigación en Territorios Emergentes y Redes de Resistencia en la Amazonía (TERRA) de la Universidad Estatal de Pará, (UEPA), demuestran que la Amazonia ha sido el escenario de un intenso proceso de superposición de hechos ilícitos. El aumento del crimen organizado se corresponde con la suba de casi un 9,2% de los asesinatos en la región, al contrario de lo que sucedió en el resto de los municipios rurales brasileños, donde cayó el 6,1%.
Las estadísticas de la Amazonia o Amazonia Legal (un concepto político antes que geográfico que abarca a nueve estados o el 61% del territorio nacional) demuestra que la tasa de homicidios creció un 260,3% en esa región, muy por encima de la media nacional con el 85%, en el período que va de 1980 a 2019. Del estudio también se desprende que “el problema no está en el bosque preservado sino, sobre todo, en las zonas bajo presión por la deforestación, donde los homicidios alcanzan una tasa de 37,1 muertos por cada grupo de 100.000 habitantes e indican disputas, conflictos territoriales y tensiones”.
En las últimas horas surgió la pista de que Philips y Pereira habrían sido asesinados por la “mafia del pescado”. “El motivo del crimen es una disputa personal por inspecciones de pesca”, le dijo a la prensa el alcalde de Atalaia do Norte, Denis Paiva. Fue en esa zona del Valle de Yavarí que desaparecieron. Todavía se los busca en ese territorio indígena donde solo sus pueblos originarios pueden pescar y la actividad es ilegal para aquellos que incursionan en la zona.
La revista brasileña Piauí señala que “el crimen en la región es multidimensional, opera en múltiples escalas y conecta diversas actividades. Es una red criminal transnacional, ya que conecta grupos que operan más allá del territorio brasileño, pero también hiperlocal, gracias a la presencia activa de grupos nativos de la región”. El medio publicó una nota el jueves pasado donde sostiene que “Javarí no es diferente: el área está dominada por la facción Os Crias, que opera en la Triple Frontera entre Brasil, Perú y Colombia”. En esa zona fueron vistos por última vez el periodista del diario The Guardian y el indigenista. El presidente Bolsonaro los trató de “aventureros”. Agregó que “dos personas en una lancha, en una región así, completamente salvaje, es una aventura nada recomendable. Puede pasar cualquier cosa”.
De cómo la deforestación es un asunto que no puede desdeñarse para explicar las tasas de criminalidad, se encarga otro informe, el MapBiomas 2020 que apunta a un crecimiento de la tala de bosques en los seis biomas brasileños en 2020, un hecho que arrojó la pérdida de 24 árboles por segundo en ese año.
La Amazonia brasileña es un vergel de biodiversidad como una región del planeta donde el mercado de las drogas se corresponde con las redes de narcos que operan en esa zona. El gigante de Latinoamérica es, además, el segundo mayor consumidor de cocaína en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y una zona de tránsito fluido del comercio ilegal de estupefacientes. A eso hay que agregarle la criminalidad creciente. Las ciudades de la llamada Amazonía Legal registraron 8.729 muertes violentas dolosas en 2020. Ese año los nueve estados de la región presentaron índices de violencia letal que superaron a la media nacional.
En la columna que firma en Piauí la doctora en Geografía, profesora e investigadora de la Universidad del Estado de Pará, Aiala Colares O. Couto, menciona que “las facciones del crimen organizado que operan en Brasil saben que la Amazonía se ha vuelto estratégica para la geopolítica del narcotráfico, gracias a esta relación transfronteriza que involucra múltiples agentes, cada uno con su rol específico en el universo criminal”.
Así es que facciones del llamado Comando Vermelho (CV), de Río de Janeiro, y el Primer Comando de la Capital, de Sao Paulo, operan en áreas fronterizas como en ciudades consideradas importantes. Para lograrlo necesitan controlar las principales rutas del narcotráfico en la Amazonía. En esa región cumplían sus tareas Philips y Pereira hasta que desaparecieron el domingo 5 de junio. Según AP, “la deforestación detectada en la Amazonía brasileña rompió todos los récords para el mes de abril, y se dio tras nuevas marcas también en enero y febrero”.
Dos de los estados de la región, Amazonas y Pará, son grandes corredores por donde circulan mercancías ilícitas (drogas, minerales y maderas de contrabando) que, solo en el caso del segundo, tiene un municipio –Altamira– con la extensión de un país como Grecia. Su superficie asciende a 159,533 km2.
La Amazonia es la mayor selva tropical del mundo y un depósito de carbono colosal. Los narcotraficantes utilizan sus ríos, carreteras y aeropuertos privados para transportar las drogas ante un estado ausente y que durante el mandato presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro promovió el desmonte indiscriminado. En ese contexto se perdió el rastro de Philips y Pereira, dos presencias “molestas” para todos los grupos que operan en la zona con excepción de los pueblos originarios a los que tenía llegada el ex funcionario del FUNAI.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.