El estado de la justicia fiscal

Esta edición inaugural de El Estado de la Justicia Fiscal conlleva varias novedades importantes. Se trata de la primera edición de un informe anual considerado el primero de este tipo sobre el coste económico y social anual que supone el abuso fiscal internacional. Constituye la primera investigación que presenta estimaciones exhaustivas de las enormes cantidades de impuestos que cada país del mundo pierde cada año debido al abuso fiscal corporativo y privado, y lo que esto representa en términos de gasto sanitario para los países.

El «Estado de la Justicia Fiscal 2020 denuncia que el mundo pierde más de 427 mil millones de dólares en impuestos al año a causa del abuso fiscal internacional. De los 427 mil millones, 245 mil se pierden debido a que las empresas multinacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que obtuvieron realmente en los países en los que operan y, por tanto, pagan menos impuestos de los que deberían. Los 182 mil millones de dólares restantes se pierden debido a que las personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley.

Los países de todo el mundo pierden de media el equivalente al 9.2% de sus presupuestos sanitarios en paraísos fiscales cada año, y los países de ingresos más bajos pierden proporciones equivalentes mucho mayores que los países de ingresos más altos. El Banco Mundial clasifica a los países en base al producto interior bruto per cápita en: ingresos bajos, medios-bajos, medios-altos o altos. Aproximadamente la mitad de la población mundial vive en los dos grupos de ingresos más bajos, y aproximadamente la otra mitad en los grupos de ingresos más altos. Por consiguiente, en este informe, cuando nos referimos a países de “ingresos más altos”, nos referimos a países de ingresos altos y medios-altos agrupados, y cuando nos referimos a países de “ingresos más bajos”, nos referimos a países de ingresos medios-bajos y de ingresos bajos agrupados.

Los países de ingresos más altos pierden más impuestos (382.7 mil millones de dólares) que los países de ingresos más bajos (45 mil millones de dólares), sin embargo, las pérdidas fiscales de los países de ingresos más bajos son proporcionalmente mayores en comparación con los ingresos fiscales que normalmente recaudan. Los países de ingresos más bajos pierden el equivalente al 5.8% de sus ingresos fiscales recaudados, mientras que los países de ingresos más altos pierden el 2.5%. Si bien esta tendencia se mantiene para las pérdidas fiscales debido al abuso fiscal corporativo, por el que los países de ingresos más bajos pierden el equivalente al 5.5% de sus ingresos fiscales recaudados y los países de ingresos más altos pierden el 1.3%, los países más altos pierden proporciones mayores cuando se trata de pérdidas fiscales debido a la evasión fiscal privada. Así pues, los países de ingresos más altos pierden el equivalente al 1.2 por ciento de su recaudación fiscal, mientras que los países de ingresos más bajos pierden el 0.3 por ciento. Reconocemos varias razones potenciales para este resultado. Mientras que puede ser simplemente un número relativamente menor de personas ricas de países de bajos ingresos que utilizar centros financieros extraterritoriales para ocultar sus activos, este aparente hallazgo también podría resultado de las debilidades de los datos disponibles, o de nuestra metodología (véase la metodología para los detalles). Una mejor disponibilidad de datos puede permitir que los análisis futuros tomen una un enfoque menos conservador.

La disparidad entre la repercusión que tiene el abuso fiscal mundial en las regiones  de ingresos más altos y en las regiones de ingresos más bajos es mucho más nítida cuando se analiza el gasto en salud. El Estado de la Justicia Fiscal 2020 demuestra que, de media, los países de ingresos más bajos pierden impuestos equivalentes a casi el 52 por ciento de sus presupuestos sanitarios, mientras que los países de ingresos más altos pierden el equivalente al 8.4 por ciento.

A nivel mundial, el equivalente casi 34 millones de salarios anuales de personal de enfermería se pierde cada año en los paraísos fiscales.

El Estado de la Justicia Fiscal también revela que los países de ingresos más altos son responsables de facilitar el 98% de todas las pérdidas fiscales mundiales, mientras que los países de ingresos más bajos son responsables de menos del 2% de todas las pérdidas fiscales mundiales.

Casi todas las personas en prácticamente todos los países del mundo asumen los costes en que incurren los defraudadores fiscales. La gente soporta servicios públicos innecesariamente deficientes, desigualdades innecesariamente profundas, tasas de mortalidad innecesariamente elevadas, gobiernos y administraciones públicas innecesariamente débiles y corruptas. Solo ganan los defraudadores fiscales y los millonarios de los paraísos fiscales, a costa de todos los demás.

El Estado de la Justicia Fiscal 2020 se distingue de estudios previos sobre el abuso fiscal corporativo a nivel mundial de dos maneras significativas. En primer lugar, es el primer estudio que utiliza los datos de informes agregados desglosados por países publicados recientemente por la OCDE para estimar las pérdidas fiscales corporativas para todos los países. Los datos recopilados y publicados por los miembros de la OCDE representan la culminación de la campaña de casi dos décadas, llevada a cabo por la Red de Justicia Fiscal y hacen posible que podamos observar y medir directamente el abuso fiscal corporativo con más precisión y certeza que nunca antes analizando el desajuste entre los lugares donde las empresas multinacionales declararon sus ganancias y aquellos donde desarrollaron una actividad económica real.

En segundo lugar, mientras que los estudios anteriores estimaban tanto las pérdidas directas como las pérdidas indirectas del abuso fiscal corporativo mundial, el Estado de la Justicia Fiscal 2020 se centra solo en las pérdidas directas. Las pérdidas indirectas, o los costes indirectos, surgen como un efecto secundario de las pérdidas directas, pues los gobiernos reducen los tipos efectivos corporativos legales y efectivas para contrarrestar las pérdidas directas debido al abuso fiscal corporativo, atraer empresas multinacionales y, en última instancia, aumentar los ingresos fiscales. Este enfoque contraintuitivo para aumentar los ingresos fiscales y reducir las pérdidas fiscales, a menudo denominado “competencia fiscal”, constituye una economía falsa que, como ha demostrado un amplio conjunto de pruebas, conduce a unos ingresos fiscales aún más bajos para todos los gobiernos; por esa razón está práctica es conocida como la “carrera a la baja”.

Si bien los estudios anteriores han podido estimar las pérdidas indirectas a nivel mundial multiplicando las pérdidas directas por un factor apropiado, no es posible hacerlo a nivel nacional debido a que la naturaleza compleja de los paraísos fiscales mundiales y los constantes movimientos de beneficios entre jurisdicciones conllevan mayores niveles de pérdidas indirectas para algunos países y menores niveles para otros. Esto dificulta la estimación de las pérdidas indirectas para cada país con el mismo nivel de certeza y precisión con el que se estiman las pérdidas directas para cada país utilizando los datos de informes desglosados por países.

Para poder evaluar uniformemente el impacto del abuso fiscal internacional tanto a nivel mundial como nacional, y aprovechar al máximo el nivel sin precedentes de precisión y certeza que ofrecen los datos agregados desglosados por países de la OCDE, el Estado de la Justicia Fiscal 2020 se centra únicamente en las pérdidas fiscales directas derivadas del abuso fiscal corporativo mundial.

Por esta razón, la estimación del Estado de la Justicia Fiscal 2020 sobre el abuso fiscal corporativo, a primera vista, puede parecer más baja que las estimaciones aportadas en estudios anteriores, pero esto se debe a que las estimaciones anteriores combinan pérdidas directas e indirectas. La estimación de pérdidas directas realizada por el Estado de Justicia Fiscal 2020 es mayor que la estimación de pérdidas directas de estudios anteriores, lo que implica una estimación mayor de pérdidas indirectas y combinadas a nivel mundial. En casi todos los casos, las estimaciones del Estado de la Justicia Fiscal 2020 sobre las pérdidas directas individuales de los países son más altas que las estimaciones de sus pérdidas directas aportadas en estudios anteriores.

Aportando datos tanto a nivel mundial como nacional el Estado de la Justicia Fiscal 2020 nos permite localizar las jurisdicciones cuyos sistemas fiscales y financieros han sido más utilizados por los defraudadores fiscales. El informe también ofrece medidas granulares sobre lo vulnerable a los flujos financieros ilícitos que estas jurisdicciones hacen a cada país.

Junto con el informe, estamos lanzando un portal de datos en línea disponible públicamente que recoge toda la información de este informe, además de una serie de datos adicionales que amplían el alcance y la cobertura de los enfoques y temas abordados en los siguientes capítulos. Dicho portal proporciona una gran variedad de estimaciones de las pérdidas de ingresos fiscales, desde el nivel nacional hasta el internacional, concediendo a activistas, periodistas, investigadores y legisladores acceso inmediato a los datos clave.

Incluso antes de la pandemia del coronavirus, los hechos revelados en El Estado de la Justicia Fiscal 2020 resultarían escandalosos. Dado que la pandemia del coronavirus pone de manifiesto el grave coste de unos servicios públicos y sanitarios infrafinanciados en todo el mundo – que se agravan por las profundas injusticias y desigualdades estructurales subyacentes y a su vez las acentúan – estas cifras representan una tragedia. Es más, una tragedia vergonzosa e innecesaria provocada por la complicidad de las empresas multinacionales, que han hecho grandes esfuerzos para eludir sus responsabilidades fiscales, y de la OCDE y numerosos gobiernos nacionales, que han paralizado una reforma significativa del deficiente sistema fiscal internacional y ocultado activamente a sus poblaciones la magnitud y el alcance del abuso fiscal internacional.

El Estado de la Justicia Fiscal se ha convertido en una necesidad. Los gobiernos luchan por satisfacer la necesidad inmediata de gasto urgente, por lo que resulta fundamental responder a la obligación a más largo plazo de reconstruir datos sólidos sobre las pérdidas de ingresos fiscales. Los gobiernos no pueden reconstruir de una mejor manera sobre la trampilla de un paraíso fiscal.

La OCDE ha tomado este año la iniciativa encomiable de publicar los datos agregados presentados por países miembros, revelando dónde están declarando ganancias y pagando impuestos las empresas multinacionales, y posibilitando que detectemos y denunciemos en este informe el abuso fiscal corporativo con un alcance y una precisión sin precedentes. No obstante, al agregar los datos de los informes presentados por los países antes de darlos a conocer al público, la OCDE y los gobiernos de Europa han optado por ocultar la identidad de los defraudadores fiscales corporativos, estafando a sus poblaciones y a las personas de todo el mundo cientos de miles de millones de ingresos fiscales al año. La OCDE y los gobiernos europeos deberían publicar los datos desglosados a nivel de empresa que ya poseen para que todos puedan estar informados por igual y hacer su propia evaluación sobre a quién beneficia nuestro sistema fiscal mundial actual y cómo este debe cambiar. Hasta que eso suceda, los acuerdos fiscales internacionales vigentes no solo socavarán nuestra capacidad para abordar la pandemia del coronavirus, sino que también minarán la confianza en los gobiernos y en las instituciones internacionales que los respaldan.

Para la mayoría de la gente, no resultará sorprendente leer en este informe que algunas de las personas y empresas más ricas y poderosas han estado eludiendo sus responsabilidades fiscales durante décadas, lo que ocasiona nefastas consecuencias para el resto de la población. No obstante, los datos revelados en El Estado de la Justicia Fiscal 2020 ponen fin a los conceptos erróneos y las falacias de que el abuso fiscal por parte de las empresas y personas más adineradas es demasiado pequeño para dañar o un lubricante necesario que mantiene las ruedas de la economía mundial funcionando en beneficio de todos. El abuso fiscal priva a los países de miles y miles de millones en impuestos que se necesitan con urgencia y nos impide construir sociedades mejores, más saludables y más justas.

Retomar el control de un sistema programado para priorizar a los más ricos

La Covid19 ha revelado los graves costes de un sistema fiscal internacional programado para priorizar los intereses de las empresas y las personas más ricas por encima de las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Ha mostrado con crudeza las desigualdades interrelacionadas que marcan a nuestras sociedades; cómo las “fortunas” de las personas más marginadas se siguen apoyando en estructuras injustas, que reflejan el elitismo político y los legados del imperio, así como un racismo profundamente arraigado.

Si bien la pandemia también ha puesto de manifiesto notables diferencias entre la voluntad y la capacidad de los Estados para proteger a sus ciudadanos, el papel fundamental de los Estados, más que el de los mercados, ha sido confirmado para todos, independientemente de la inclinación política. Ahora, un mayor número de personas pretenden y exigen a sus gobiernos que tomen decisiones sensatas y funda- mentadas sobre la mejor forma de reunir, distribuir e invertir los recursos públicos para protegerlos del virus y de sus consecuencias sociales y económicas. Y en el centro de este nuevo enfoque se sitúan las preguntas sobre fiscalidad: ¿A quién debería pedir nuestra sociedad que aporte más impuestos en este momento de necesidad? ¿Deberíamos destinar nuestros impuestos a financiar a las personas que no pueden ir a trabajar, a proteger la salud pública, o deberíamos utilizar fondos públicos para rescatar empresas?

Todas estas preguntas encierran una dura realidad que se hace aún más patente con los datos comunicados en El Estado de la Justicia Fiscal 2020: durante las últimas décadas, nuestros gobiernos, influenciados por los gigantes corporativos y los millonarios, han programado nuestros sistemas fiscales para priorizar los deseos de los más ricos por encima de las necesidades de todos los miembros de la sociedad.

Del mismo modo que un programador escribe las líneas de código que determinan cómo funciona un ordenador, las leyes y políticas que estipulan cómo funcionan nuestros sistemas fiscales (quién contribuye, cuánto contribuye y dónde se invierten esos impuestos) han sido predominantemente dictadas a nuestros gobiernos por adineradas empresas y personas que persiguen sus propios intereses. Décadas de recortes de impuestos corporativos, desregulación y una reforma tributaria paralizada han dejado a los servicios públicos y sanitarios en todo el mundo desprovistos de fondos y de preparación para enfrentarse a la Covid-19.

Y esa misma influencia a nivel nacional también la han ejercido los más ricos a nivel internacional. Nuestro centenario sistema fiscal internacional está programado para priorizar los deseos de los gigantes corporativos multinacionales y los millonarios. Los gobiernos, aferrados al interés empresarial nacional, han ejercido su fuerza en el extranjero para detener e impedir reformas significativas del sistema fiscal mundial que restringirían el abuso fiscal corporativo, denunciarían la evasión fiscal privada y ayudarían a los países de bajos ingresos a mantener los miles de millones de impuestos que necesitan urgentemente.

Ha llegado el momento de recuperar el control. Debemos reprogramar nuestro sistema fiscal mundial para priorizar la igualdad por encima de los deseos de los más ricos. Eso supone reprogramar nuestro sistema fiscal mundial para tratar las necesidades de todas las personas con la misma importancia, en lugar de otorgar un trato preferencial a quienes pretenden eludir sus responsabilidades fiscales. Las normas y políticas sobre las que se rige nuestro sistema fiscal mundial pueden y deben ser reescritas para volver obsoleta la transferencia de beneficios, arrojar transparencia a las enormes fortunas privadas ubicadas en el extranjero y proteger los derechos de los países de bajos ingresos a recaudar impuestos de las ganancias generadas en sus territorios.

Garantizar que las empresas y las personas más adineradas paguen lo que deben en impuestos proporciona, a su vez, a los países los ingresos fiscales que necesitan para ayudar a garantizar que todos tengan las oportunidades que posibilitan una buena vida. En otras palabras, los impuestos brindan a los países la capacidad de reducir las desigualdades estructurales y cumplir con sus obligaciones internacionales de hacer realidad los derechos humanos y, lo que es más importante, la legitimidad política para hacerlo.

Quizás el aspecto más crítico y dañino de la manera en que está programado actualmente el sistema fiscal mundial, y del cual se deriva la injusticia fiscal, es la ausencia de normas internacionales precisas y de cooperación para respaldar la tributación directa sobre las ganancias corporativas móviles internacionalmente, y sobre los activos personales y las fuentes de ingresos ubicados en el extranjero. A veces, decidir mantener una línea de código fuera de un programa informático puede tener tantas consecuencias como escribir una línea en él.

Los impuestos directos son impuestos sobre la renta, los beneficios, las ganancias patrimoniales y los activos. La ausencia de un método preciso de gravar directamente a los gigantes corporativos y a los millonarios que pueden mover sus ganancias y riqueza por todo el mundo haciendo clic en una tecla acarrea tres principales efectos nocivos en las personas, los mercados y los países de todo el mundo.

En primer lugar, socava la capacidad de trabajadores, comunidades y gobiernos que crean valor económico de mantener una parte justa de dicho valor dentro de sus comunidades. Se necesita una aldea para generar riqueza: los trabajadores necesitan educación y servicios sanitarios, las fábricas necesitan redes eléctricas y sistemas de eliminación de residuos, los productos necesitan carreteras y carriles para ser transportados y todos necesitan la aplicación de la ley para proteger sus derechos y respetar sus acuerdos comerciales. El abuso fiscal concede a las multinacionales un paso libre por todas estas contribuciones realizadas por la aldea económica, y sustrae a un país los fondos necesarios para mantener en funcionamiento la aldea económica y producir más riqueza.

Desafortunadamente, cuando quedan menos beneficios en un país, las mujeres y las niñas son las que tienen más probabilidades de pagar el precio. Así pues, cuando existe menos financiación para la educación, suelen ser las niñas las que se quedan sin poder ir a la escuela. Cuando hay menos fondos para los servicios sanitarios, son las niñas y las mujeres las que se quedan en casa para cuidar a sus seres queridos en lugar de ir a la escuela o al trabajo. Y cuando se cuenta con menos fondos para defender el estado de derecho y los derechos humanos, son las mujeres y las niñas quienes tienen más probabilidades de ver sus derechos sistemáticamente vulnerados y desprotegidos.

A pesar de la ambición del G20 de que se paguen impuestos allí donde tenga lugar la actividad económica, las deficiencias de las normas internacionales actuales sobre las que se rige el sistema fiscal mundial permiten a los defraudadores fiscales inter- nacionales captar los beneficios para ellos mismos y transferirlos al extranjero, fuera del alcance de la fiscalidad, la regulación y la capacidad de los trabajadores para negociar aumentos salariales.

En segundo lugar, la ausencia de una manera precisa de gravar directamente a las empresas multinacionales y los activos extraterritoriales de las personas cercena la innovación y el desarrollo al situar a las empresas locales en una desventaja competitiva. Crea incentivos perversos para mantener miles de millones de capital en el extranjero, en vez de reinvertirlo para crear empleos locales y aumentar la productividad.

Por último, cuando las empresas multinacionales transfieren sus beneficios al extranjero, acentúan las desigualdades entre países, situando a los países más pequeños y de ingresos más bajos en una desventaja sistemática. Estos países, que son los que más precisan ingresos fiscales para financiar el desarrollo económico y social, sufren las mayores pérdidas relativas.

En pocas palabras, el actual sistema fiscal mundial está programado para dificultar la recaudación de impuestos sobre las ganancias, los ingresos y la riqueza en la parte superior de la distribución. Todos se beneficiarán de solucionar esta situación, excepto los defraudadores fiscales. Incluso las personas de los paraísos fiscales más agresivos, que socavan los derechos impositivos de otros países, normalmente no se benefician de las limitadas ‘ganancias’ realizadas.

Para reprogramar el sistema fiscal mundial a fin de priorizar la igualdad por encima de los deseos de los más adinerados, proponemos introducir normas y directrices internacionales que garanticen que las personas que crean la riqueza la compartan equitativamente. Dichas normas deben prestar especial atención al papel ampliamente ignorado que las mujeres han desempeñado históricamente como creadoras de riqueza y como “apoyos” esenciales que permiten que otros disfruten del botín de la riqueza. Al facultar a los gobiernos para que cobren lo que se les debe a sus poblaciones por el valor económico que generan, podemos empoderarlos para acumular los recursos necesarios para superar las desigualdades estructurales que sufren las personas y alcanzar el desarrollo económico y social. Esto resultará especialmente poderoso para los gobiernos de países más pobres y más pequeños para quienes el actual sistema fiscal mundial refuerza las desigualdades existentes en lugar de mitigarlas.

Reprogramar los sistemas fiscales en tiempos de la Covid-19

Una reprogramación fundamental del sistema fiscal mundial requiere reescribir integralmente las normas internacionales y las medidas de transparencia fiscal que las rigen. Si bien este objetivo primordial sigue sustentando todos nuestros esfuerzos, el enfoque inmediato y la prioridad para el movimiento de justicia fiscal del próximo año es garantizar que las nuevas leyes y políticas que se elaboren a fin de recaudar los tan necesitados fondos públicos para combatir la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas se basen en tres principios básicos.

En primer lugar, la recaudación de ingresos fiscales adicionales debe ser progresiva. La pandemia en sí ha acentuado activamente las desigualdades, por lo que la respuesta debe mitigarlas garantizando que quienes pueden contribuir más lo hagan y que, en última instancia, podamos reconstruir mejor, en vez de reproducir las grandes desigualdades que caracterizan actualmente a nuestras sociedades.

En segundo lugar, los ingresos fiscales deben recaudarse en el mismo lugar donde tiene lugar la actividad económica subyacente. Las ganancias generadas por los trabajadores y los consumidores en un país deben gravarse en ese país, donde surgen las necesidades sanitarias de dichos trabajadores y consumidores, no en un paraíso fiscal donde la empresa solo existe como un buzón alquilado. La pandemia pone de manifiesto la bancarrota moral que supone permitir que el valor se capte lejos de donde se genera.

En tercer lugar, los ingresos fiscales adicionales deberían provenir sobre todo de quienes más se benefician en estos tiempos difíciles, no de su propio ingenio o trabajo duro, sino de la mera suerte que les permite beneficiarse de unas intervenciones estatales sin precedentes en la economía. Los propietarios de empresas como Amazon acumulan enormes beneficios inmerecidos, simplemente porque la mayor parte de su competencia física ha sido cerrada por decreto.

Tomemos ahora medidas prácticas que nos acerquen a soluciones a largo plazo

A pesar del notable progreso hacia el programa de justicia fiscal establecido por primera vez a principios de 2000, la amenaza de la injusticia fiscal sigue siendo importante. A fin de reprogramar nuestro sistema fiscal mundial para que funcione para todos los miembros de la sociedad y no solo para los más ricos, debemos elaborar normas y políticas que brinden a los gobiernos una manera precisa de recaudar impuestos directos de las empresas multinacionales y de los ricos.

La imposición corporativa sigue basándose en el centenario “principio de plena competencia”, que insiste en que las empresas multinacionales sean tratadas como si cada entidad jurídica del grupo negociara con las demás en condiciones de igualdad (es decir, comercializara a precios de mercado) y maximiza las ganancias a nivel de entidad en lugar de a nivel de unidad de la empresa como grupo internacional. Este principio, introducido a principios de la década de 1920, cuando se transfería dinero por telégrafo, grandes poblaciones del mundo vivían y trabajaban bajo el dominio colonial europeo y las tarjetas de crédito no existían, hoy se traduce en cientos de miles de millones de dólares anuales en ganancias que se transfieren de la ubicación donde las empresas operan realmente a jurisdicciones de baja o nula imposición.

Tras el fracaso de la iniciativa de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) del G20/OCDE de 2013 a 2015, la versión actual de la BEPS se ha comprometido a ir más allá del principio de plena competencia. El grupo G24, compuesto principalmente por países de ingresos bajos, ha señalado claramente el camino hacia la tributación unitaria, que considera a una empresa multinacional como un grupo que consta de todas sus filiales locales, en vez de considerar a cada filial local como una entidad individual. En el marco de la tributación unitaria, el beneficio que la empresa multinacional declara como grupo se distribuye a cada país en el que opera según la cantidad de actividad económica real del grupo que tiene lugar en ese país.

Un enfoque fiscal unitario, respaldado durante mucho tiempo por el movimiento de justicia fiscal, adecúa los lugares donde las empresas multinacionales pagan impuestos a los lugares donde emplean a trabajadores y realizan ventas, no donde alquilan buzones de correo o aparcan patentes. No obstante, dado que países de altos ingresos como Estados Unidos y Francia bloquean los importantes progresos de las reformas de la OCDE para adoptar un enfoque fiscal unitario y, en cambio, insisten en una alternativa sumamente compleja pero en el fondo poco ambiciosa, hay poca esperanza de lograr un resultado sustancial este año.

Cualquier agenda a más largo plazo para reprogramar el sistema fiscal mundial debe comprender un cambio integral hacia la tributación unitaria. Por ahora, los responsables políticos deberían adoptar medidas para aumentar los ingresos fiscales inmediatos, pero de una manera que sea coherente con el objetivo a más largo plazo. Esto requiere un impuesto sobre los beneficios excesivos, que puede introducirse unilateralmente en función de las ganancias globales de las empresas, con el fin de eliminar los abusos de la transferencia de beneficios. El exceso de beneficios identificado a nivel mundial se distribuiría entonces a los países como base imponible, en consonancia con su porcentaje en el empleo y las ventas de cada multinacional. Un impuesto de este tipo solo afectaría a aquellas empresas que sean rentables, como los gigantes digitales cuyos beneficios se han disparado mientras muchas empresas nacionales se han visto obligadas a cerrar. La incapacidad de los gobiernos de gravar a las empresas digitales, que actualmente son las más grandes y rentables del mundo, debilita aún más la confianza en el sistema fiscal mundial y debe ser reparada urgentemente.

En segundo lugar, la continua ausencia de publicación de datos desglosados por países de las multinacionales hace que el público no tenga acceso a la información que las empresas, los contables, los gobiernos y la OCDE ya poseen sobre dónde registran y trasfieren sus beneficios las empresas multinacionales, incluidos muchos nombres reconocidos. Esto impide una rendición de cuentas significativa, tanto de las empresas multinacionales como de las autoridades fiscales, ya provenga de los estados que favorecen la transferencia de ganancias desde otros lugares, o de aquellos que la sufren.

En tercer lugar, se deben abordar los impuestos sobre los activos personales extraterritoriales y las fuentes de ingresos asociadas. Muchos billones de dólares, retenidos de manera desproporcionada por los hogares de mayores ingresos en países de todo el mundo, escapan al escrutinio y a la imposición debido a la falta de transparencia internacional. Algunas iniciativas hacia el intercambio automático de información entre países sobre las cuentas financieras de los residentes de cada país han emprendido la batalla para poner fin al secreto bancario, pero el permanente fracaso a la hora de exigir registros públicos completos de los beneficiarios reales de empresas, fideicomisos y fundaciones facilita la evasión fiscal, y con ello la privación de ingresos fiscales a las sociedades donde se originan los activos o de donde se generan los beneficios.

El “ABC” de la transparencia fiscal (intercambio automático de información, registros de beneficiarios reales y presentación de informes desglosados por países) resulta fundamental para garantizar que el secretismo no frustre el interés público por combatir los paraísos fiscales y gravar la riqueza y los ingresos allí donde se desarrolla la actividad económica. Asimismo, es esencial asegurarse de que las autoridades fiscales dispongan de la información que necesitan para realizar su trabajo.

En cuarto lugar, la agenda a más largo plazo para reprogramar el sistema fiscal mundial debe incluir el potencial de gravar impuestos sobre la riqueza e impuestos sobre las ganancias patrimoniales mucho más efectivos en relación con los activos extraterritoriales y las fuentes de ingresos. Medios sesgados para ese fin podrían implicar la elaboración de un registro de activos mundial, que asocie los registros de los beneficiarios reales de empresas, fideicomisos y otros instrumentos legales, con los de bienes raíces y otras clases de activos importantes. La medida a corto plazo acorde con esto es la introducción de un impuesto sobre la riqueza para financiar la respuesta a la Covid-19, estableciendo tasas punitivas para los activos extraterritoriales de propiedad opaca (y un compromiso entre gobiernos para erradicar esta opacidad). Durante la pandemia se ha experimentado una explosión en el valor de los activos de las personas adineradas, a pesar de que el desempleo se ha incrementado a niveles históricos en muchos países.

Una característica poderosa de estas medidas es que, combinadas, abordarían todos los aspectos centrales del problema de los ingresos no salariales; ya sea que los que se benefician lo hagan en términos de ganancias excesivas o, como en el modelo de Amazon, un crecimiento masivo en el valor de las acciones. Este doble enfoque garantiza que se haga una contribución justa a los costes públicos masivos de las intervenciones de las que se han beneficiado.

La combinación de los impuestos sobre las ganancias excesivas y los impuestos sobre el patrimonio sentará las bases hacia la implantación de medidas de justicia fiscal a más largo plazo necesarias para asegurarnos de no recrear las grandes desigualdades que la pandemia ha puesto de manifiesto y, en su lugar, realmente reconstruir mejor.

Los desafíos que la globalización plantea a la soberanía nacional sobre los derechos tributarios revelan la necesidad de contar con agencias tributarias nacionales dotadas de recursos y personal suficientemente remunerado para atraer y retener al mejor talento, formado y respaldado para hacer cumplir las leyes a las empresas más ricas y poderosas; y con independencia operativa para resistir la intervención política. Por último, estos desafíos dejan patente la necesidad de una gobernanza mundial: una convención fiscal de la ONU que garantice un foro global y auténticamente representativo para establecer normas multilaterales coherentes para la fiscalidad corporativa, con el fin de lograr la cooperación fiscal necesaria entre los gobiernos y para ofrecer una transparencia fiscal multilateral integral: el “ABC” en su totalidad. A fin de reprogramar nuestro sistema fiscal mundial para que funcione para todos, debemos recuperar el teclado de los gigantes corporativos y los millonarios y asegurarnos de que los nuevos códigos sobre los que se rige nuestro sistema fiscal internacional se establezcan mediante un proceso democrático y representativo a nivel mundial.

Conclusión

Las organizaciones que publican el informe “El Estado de la Justicia Fiscal 2020” instan a la comunidad mundial a que tome nota de la evidencia que recoge el documento y realice por fin los cambios necesarios para cumplir la promesa de la justicia fiscal.

Evidentemente, el contexto de cada país es poderosamente diferente, incluso con respecto a los desequilibrios de poder subyacentes. Las prioridades nacionales y regionales deben ser establecidas en, y por las personas de, cada contexto dado. Pero las medidas presentadas aquí plasman propuestas básicas para ofrecer respuestas políticas progresistas a la pandemia que también se adecúen a los objetivos a largo plazo de la justicia fiscal.

Comprometiéndonos a apoyar el progreso nacional hacia estos objetivos siempre que podamos, también fomentaremos un compromiso internacional más amplio y el respaldo necesario para implementar medidas internacionales y a más largo plazo y, en última instancia, la reprogramación del sistema fiscal mundial necesaria para abordar las desigualdades estructurales que el mundo lo ha tolerado durante demasiado tiempo.

A simple vista

Leer el informe completo aquí

Fuente: https://vientosur.info/el-estado-de-la-justicia-fiscal/