El fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del ex Alcalde, Leopoldo López, viola todo principio universal ajustado a derecho. Así lo dio a conocer, el Procurador General de la República, Carlos Escarrá. Durante una entrevista, la máxima autoridad del Bufete de la Nación, recordó que López fue hallado culpable por […]
El fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del ex Alcalde, Leopoldo López, viola todo principio universal ajustado a derecho. Así lo dio a conocer, el Procurador General de la República, Carlos Escarrá.
Durante una entrevista, la máxima autoridad del Bufete de la Nación, recordó que López fue hallado culpable por delitos como concierto para delinquir, tráfico de influencia, contratos entre personas vinculadas, así como desviación y malversación de fondos.
» El 23 de diciembre de 1998, luego que Chávez ganara las elecciones, Leopoldo López recibe dos cheques, justo antes de la toma de posesión de Chávez: uno por 60 millones y otro por 25 millones, de parte de la Gerencia de Relaciones Públicas de Pdvsa, que la dirigía su mamá. López era empleado de Pdvsa, era analista de entorno, y esos cheques se les entrega a la asociación civil Primero Justicia para la constitución del partido, sin recaudos, sin soporte, sin absolutamente nada».
El Procurador Escarrá explicó que estas irregularidades originaron una investigación por parte de la Contraloría General de la República. Luego de esa investigación y posterior averiguación, etapas normativas del procedimiento administrativo donde participó López, «se determinó que existía tráfico de influencia, concierto para delinquir, contratos entre personas vinculadas, es decir, una serie de ilícitos administrativos e ilícitos penales castigados por la Ley de Contraloría y el Código Penal».
Luego de esta sentencia, López interpuso un recurso de consideración, que «se le declara sin lugar, y el Contralor General de la República, como prevé el artículo 105 de la Constitución, firma el auto de responsabilidad administrativa e impone la sanción, que es complementaria de inhabilitación por tres años. Él interpone unos recursos en la Sala Político Administrativa y son declarados sin lugar».
A la par, el representante de Venezuela ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), Germán Saltrón, aseguró a través que la Corte «siendo un organismo de derechos humanos está protegiendo y convalidando el delito de corrupción y va en contra de la Convención Americana contra la corrupción y la lucha contra la corrupción en las Naciones Unidas».
T ambién precisó que con esta sentencia se evidencia que la instancia internacional «tiene una campaña contra Venezuela para desprestigiar al Gobierno del Presidente Hugo Chávez y justificar así cualquier intervención política como sucedió el 11 de abril de 2002 (golpe de Estado) y como tienen pensado hacerlo si pierden las elecciones en 2012».
Las reacciones ante la decisión
Recientemente durante un evento en el Palacio de Miraflores, el Presidente de la República, Hugo Chávez, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le vale nada. «Mi corte de cabello vale más que esa triste célebre Corte». Por lo que destacó la importancia de reforzar la institucionalidad de la Unasur y crear su propia Corte de Derechos Humanos, así como lo han hecho otras instituciones.
Recordó que la CIDH forma parte de instituciones del pasado. «Ésa es la misma Corte que no se pronunció sobre el golpe del 11 de abril (…) la respuesta de ellos fue: llamar a Carmona».
Por su parte, el titular de Comunicaciones, Andrés Izarra, indicó que mediante el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de López, «los medios de comunicación privados están dando una patente de corso a cualquier delincuente que se declare opositor al Presidente Hugo Chávez».
Mientras que los sectores de la derecha venezolana han expresado que ante el dictamen de la CIDH el Estado tiene la obligación de permitir que el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, pueda inscribirse en el Consejo Electoral Nacional para postularse en las venideras elecciones presidenciales del próximo año.
Ante el escenario se consultó a la politóloga María Eugenia Rodríguez, quien expresó que con la decisión tomada por la CIDH en el caso del inhabilitado político Leopoldo López, rectifica el sesgo político de la misma.
Manifestó que «el caso definitivamente viene mal manejado, pues desde el principio Leopoldo López solicitaba en la demanda que le fuesen restituidos sus derechos políticos, los cuales nunca han sido vulnerados, además ha hecho uso de ellos en todo momento: ha participado en marchas, concentraciones, asambleas, ha emitido declaraciones públicas, ha ejercido su derecho al voto. Allí lo que pesa es una medida administrativa impuesta por la institución nacional para ello autorizada, como lo es la Contraloría General de la República, de no poder optar a cargos públicos por un período determinado de tiempo, por hechos de corrupción».
Rodríguez recalcó, que siendo este el caso del ex Alcalde Leopoldo López, pareciera que la CIDH avala los hechos de corrupción, en primer término, y por otro lado, llama poderosamente la atención que en tan poco tiempo la CIDH emita decisión en el controversial caso y otros que han sido de envergadura regional como los golpes de Estado de Venezuela y Honduras, entre otros, aún se esperan las reacciones y condenas de la instancia interamericana. En definitiva «no puede tomarse como serio una decisión de este tipo, en las condiciones en las que se ha producido, pues vulnera el derecho interno», concluyó.
* Lucía Berbeo es licenciada en comunicación social, analista político de Venezuela y colaboradora para este medio de información.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.