El viernes 22 de marzo finalmente se concretó la expulsión de la Aldea Maracaná, compuesta por unas cuarenta familias indígenas de diferentes etnias que, desde 2006, habían hecho del antiguo Museu do Indio de Río de Janeiro su refugio y lugar de morada. Aunque la noticia ha impactado a la opinión pública local e internacional […]
El viernes 22 de marzo finalmente se concretó la expulsión de la Aldea Maracaná, compuesta por unas cuarenta familias indígenas de diferentes etnias que, desde 2006, habían hecho del antiguo Museu do Indio de Río de Janeiro su refugio y lugar de morada. Aunque la noticia ha impactado a la opinión pública local e internacional (por ej. Francia e Inglaterra) por la brutalidad de la acción del Batallón de Policía Militar del Estado Río de Janeiro a la hora del desalojo, el conflicto en torno a la Aldea y al predio que la cobija parece simbolizar crudamente las contradicciones asociadas a la realización de Mega-Eventos deportivos en las ciudades de la semi-periferia mundial.
El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, ya antes había intentado desalojar a la Aldea con el objeto de demoler el antiguo museo. La propuesta del gobierno estadual era derribar una serie de edificios públicos (el Museo, un complejo deportivo y una escuela municipal de excelencia) para construir un shopping y estacionamientos con miras a la Copa del Mundo de 2014. Para justificar estas destrucciones, el gobernador aseveró que eran exigencias de la FIFA, organismo que finalmente desmintió a la autoridad brasileña. Paralelamente, los indígenas, un grupo de deportistas (que verían sus lugares de entrenamiento demolidos), apoderados de la escuela amenazada e hinchas de fútbol se reunieron en torno a la Aldea Maracaná para cuestionar la privatización del Estadio y el proyecto de orientación privatista del gobierno estadual. En otras palabras, la amenaza sobre la Aldea Maracaná permitió visibilizar una serie de demandas de otros sectores afectados por los proyectos de los gobiernos locales para la preparación de los Mega-Eventos deportivos.
Efectivamente, durante ese período se hicieron públicos cuestionamientos a los proyectos de Sergio Cabral, principalmente porque implicaban una fuerte inversión pública (cerca de un billón de reales), los que finalmente irían en beneficio de un grupo reducido de empresas, las que, una vez concluidas las inversiones federales, pasarían a administrar el Estadio. Incluso más, este proyecto recargaría inútilmente las arcas públicas, pues parte del dinero se destinaría a destruir y reconstruir la infraestructura en cuestión. También se hizo público que la empresa IMX Holding AS, de propiedad del millonario Eike Batista (uno de los principales financistas electorales del gobernador Sergio Cabral y conocido en Chile por su vinculación con el megaproyecto Castilla), encargada de la viabilidad del proyecto, también era la única que competía por la adjudicación de la concesión del Estadio Maracaná. Al mismo tiempo, se multiplicaron las voces que ponían en tela de juicio el legado para la ciudad de los mega-eventos deportivos, considerando la actualización de los procesos de «higienización social» que están acompañando las obras en la antesala de los Mega-Eventos: expulsión de familias pobres, gentrificación y un galopante crecimiento de la especulación inmobiliaria.
Finalmente, el gobernador se vio impedido de seguir con sus planes de demolición del Antiguo Museo, ya que diversos dictámenes públicos determinaron el carácter patrimonial del edificio. Sin embargo, el gobernador no se detuvo ahí y, aunque ya no podría eliminar el Museo, decidió reconvertirlo en un Museo Olímpico, lo que suponía la expulsión de los indígenas. Más que una revancha personal, la señal que se da es que el poder público local no escatimará esfuerzos por llevar a la práctica su modelo de ciudad, el que, si bien se ha mostrado limitado en su alcance en materia de interés público, cuenta con poderosos aliados que lo respaldan, siendo que además, tal como señaló Fernanda Sánchez de la Universidad Federal Fluminense, «derechos humanos, democracia y acuerdos sociales están fuera de la agenda de este proyecto de ciudad».
Todo parece indicar que lo que está en juego no es meramente la permanencia y continuidad de una Aldea Indígena, sino más bien la implementación de un modelo de ciudad que subordina el interés público a un puñado de intereses empresariales con el apoyo del poder local y que excluye a parte importante de la población. Si bien Sergio Cabral podrá tener un Estadio Maracaná privatizado y sin indígenas alrededor, ciertamente la batalla por Río de Janeiro está recién comenzando.
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