Conferencia de Anne Brorhilker, la exfiscal alemana que destapó un gigantesco escándalo de fraude fiscal urdido por bancos, intermediarios financieros, abogados, fondos y políticos como el excanciller Olaf Scholz
La imprescindible serie El dinero de otros (Filmin) ha devuelto a la actualidad un escándalo enorme y enormemente silenciado en España (incluida esta revista). Conocido como el Caso Cum-Ex, fue urdido por más de un centenar de bancos, docenas de despachos de abogados, fondos de inversión e intermediarios financieros, y salpicó a políticos de primera línea, como el excanciller alemán Olaf Scholz. La exfiscal de Colonia Anne Brorhilker, que investigó el asunto desde 2013 hasta el año pasado, calculó que esa trama global de lavado de dividendos estafó a las agencias tributarias europeas más de 150.000 millones de euros en 20 años. El saqueo organizado de las arcas públicas consistía en que los bancos reclamaban a distintas Haciendas europeas el reembolso de los impuestos sobre beneficios de sus clientes (que permanecían en el anonimato), asegurando que lo habían pagado ya en otro país, y las agencias tributarias devolvían el dinero sin rechistar porque no podían comprobar quiénes eran esos clientes y si realmente habían pagado o no el impuesto en otro lugar. En España, el principal investigado fue el Santander. En 2014, Brorhilker comunicó al banco la apertura de una investigación penal contra diez exempleados y “altos responsables” del grupo, entre ellos Stephen Woodhead, jefe del departamento de Short term equity trading (ventas en corto de acciones) en Londres. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, miembro del Opus Dei, se negó en 2018 a ordenar el registro de la ciudad financiera de Boadilla solicitado por la fiscal de Colonia. La acusación mantuvo que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutar las operaciones fraudulentas, que asciende a unos 18.000 millones, el fraude debió ser conocido necesariamente por la alta dirección del grupo. CTXT rescata ahora esta conferencia pronunciada en mayo de 2025 por Anna Brorhilker, que dejó la fiscalía en 2024 y hoy trabaja en Finanzwende, una ONG especializada en perseguir y denunciar la evasión fiscal.
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Hola a todos.
100.000 millones de euros: esa es la estimación de los daños causados por la evasión fiscal cada año en Alemania. Son 270 millones de euros al día, 11 millones de euros a la hora. Y mientras os cuento esto, ya han vuelto a desaparecer 100.000 millones de euros solo con las operaciones Cum-Ex y Cum-Cum, de las que me he ocupado intensamente durante años y que han causado miles de millones en daños. Son términos que se utilizan en el sector financiero. No se trata del comercio clásico de acciones, sino de un comercio escenificado con el único fin de ganar dinero a través de beneficios fiscales, ya sea pagando menos impuestos de los que realmente se deberían pagar –lo que se denomina Cum-Cum–, u obteniendo devoluciones de impuestos que antes ni siquiera se han pagado, el Cum-Ex.
Según el profesor Spengel, de la Universidad de Mannheim, Cum-Ex ha causado un perjuicio fiscal en Alemania de unos 10.000 millones de euros mientras que el Cum-Cum ha provocado incluso casi el triple, estimado en 28.500 millones de euros. Estas cifras son estimaciones muy prudentes. Todo ese dinero nos vendría muy bien. Al fin y al cabo, el último Gobierno se rompió por los debates sobre el presupuesto y el nuevo gobierno se enfrenta más o menos al mismo problema.
Necesitamos el dinero para todo: para educación, infraestructuras y también para mejorar la cohesión de nuestra sociedad. Y con 100.000 millones de euros más en las arcas cada año, la situación mejoraría considerablemente.
Por lo tanto, se podría pensar que existe un gran interés político en poner fin a este robo fiscal, pero, lamentablemente, la realidad es muy diferente. Si nos preguntamos si estamos haciendo algo para evitar que se robe descaradamente a nuestras arcas fiscales, la respuesta es: bueno, no tanto.
Esta es una frase con la que me gusta que me citen y que es absolutamente cierta en el ámbito de los delitos económicos graves: se atrapa a los pequeños y se deja escapar a los grandes. Y esto no se basa solo en mi experiencia personal, sino que también nos lo dice la investigación criminológica. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos económicos son difíciles. De hecho, una parte considerable de los procedimientos penales se archiva. Solo una de cada veinte acusaciones, solo uno de cada veinte casos llega a ser juzgado. Y este insatisfactorio y delicado hallazgo, desde el punto de vista del Estado de derecho, refleja la asimetría entre las autoridades judiciales y los acusados.
¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros? La delincuencia económica nos perjudica en muchos aspectos. En primer lugar, por los enormes daños al presupuesto. Recordemos que 100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado. En segundo lugar, la delincuencia económica también perjudica a la economía en general, ya que los delincuentes utilizan métodos delictivos para obtener ventajas competitivas y alterar artificialmente los precios, por ejemplo, mediante el trabajo en negro. Lo mismo ocurre con las estafas fiscales. En ellas siempre hay una empresa que no paga impuestos y, por lo tanto, pueden ofrecer productos más baratos que el resto del mercado, los empresarios honestos.
100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado
Si el Estado no interviene ni controla, los empresarios honestos y también las personas honestas dejan de ser competitivas y, por lo tanto, se las considera tontas.
Si el Estado no actúa con la misma firmeza contra la evasión fiscal grave que, por ejemplo, contra el fraude en las cotizaciones sociales, entonces, en tercer lugar, puede dar la impresión de que se está aplicando un doble rasero. Y todo ello daña la confianza en el Estado de derecho y, por cierto, también tiene un efecto negativo en la llamada honestidad fiscal o la moral fiscal. Porque si ya nadie respeta las normas y el Estado tampoco interviene, esta moralidad seguirá disminuyendo.
Pero, ¿a qué se debe realmente esa actitud? Se debe principalmente a la enorme influencia política del lobby financiero. Por lobby financiero nos referimos a los bancos, los fondos, las aseguradoras y sus grupos de interés. Siempre se nos describe como una nación de automóviles. Por eso, personalmente creía que el lobby del automóvil era el más poderoso de Alemania. Sin embargo, está muy por detrás del lobby financiero. En Alemania existe desde hace tres años un registro de lobbies. Cada año lo miramos y lo evaluamos en Finanzwende. Y ahí se ve claramente que el lobby financiero ocupa el primer lugar cada año. También este año, 10 de las 100 entradas más poderosas del registro de grupos de presión proceden de bancos, fondos, bancos de inversión, aseguradoras y la industria financiera. Cada año gastan casi 40 millones de euros en actividades de presión, lo que supone más que el automóvil y el lobby químico juntos. Hay 442 lobistas, que se traduce en casi diez individuos por cada miembro de la comisión de finanzas del Bundestag. Y, por supuesto, estos grupos de presión saben exactamente qué historias deben contar para poder imponer sus intereses. Y no solo les cuelan sus historias a los políticos, sino que también las difunden al público a través de los medios.
He traído algunos ejemplos, otra vez relativos a las operaciones Cum-Ex. Vuelvo a recordar que se trata de una estafa fiscal ilegal que nos ha costado a todos unos 10.000 millones de euros. En 2014, los medios de comunicación las describían como un vacío legal, una zona gris. ¿Qué sugiere esa formulación? Pues que existe una laguna que se puede aprovechar y que el propio legislador es el culpable si, como se afirmaba, elabora leyes descuidadas.
Veamos ahora un artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 2019, que presenta una historia sobre impuestos, algo sobre lo que he trabajado mucho como fiscal. Al parecer, aquí no cuenta mucho el sentido común. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad es bastante evidente que no se pueden reclamar impuestos que no se han pagado. Y esto, que es evidente, se pretende descalificar como si fuera una conclusión tonta. El mensaje que hay detrás es que todos aquellos que no sean abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de esta discusión y no deberían atreverse a tener su propia opinión.
Se trata de un artículo en el que uno de los principales responsables de operaciones Cum-Ex habla directamente y nos cuenta que ha sido víctima de una persecución política, es decir, víctima de la arbitrariedad del Estado.
Lo cierto es que dos tribunales diferentes lo condenaron a largas penas de prisión. Los recursos contra estas sentencias tampoco han tenido éxito. Lo mismo ocurre con el resto de narrativas sobre las Cum-Ex. Lagunas legales, arbitrariedad estatal, criminalización: nada de eso era cierto. Todos los tribunales superiores de Alemania han decidido de manera unánime que estas operaciones Cum-Ex son ilegales y, entretanto, se han dictado muchas condenas a largas penas de prisión.
Los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública
Todas estos artículos de prensa, que en realidad fueron muchos, no eran fruto de una casualidad, sino de una estrategia deliberada. Se denomina comunicación jurídica estratégica o relaciones públicas de litigio (litigación PR). Y los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública porque entonces puede influir en las fiscalías, los tribunales y la jurisprudencia, ya que los fiscales y los jueces leen los periódicos y son influenciados por ellos.
Qué suerte que las Cum-Ex no funcionaran a pesar del revuelo mediático y los autores pudieron ser llevados ante la justicia y condenados y, entretanto, se han podido reclamar más de tres millones de euros en impuestos Cum-Ex obtenidos ilegalmente. Esto demuestra que todos tenemos la responsabilidad de cuestionar este tipo de narrativas.
Vamos a examinarlo más detenidamente. La comunicación jurídica estratégica utiliza básicamente tres métodos. En primer lugar, la trivialización del problema: laguna legal, zona gris, trampa. A menudo se decía sobre las Cum-Ex que se trataba de unos pocos actores que se habían vuelto locos. Pero, de hecho, existe una auténtica industria Cum-Ex. El efecto de esta trivialización es subestimar el problema, que no se aborda. En segundo lugar, está la cuestión del sentido común, que supuestamente no cuenta, porque todos los que no son abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de este debate. En definitiva, esto impide el debate público. Y, en tercer lugar, se le da la vuelta a la culpa presentando a los autores como víctimas de la voluntad del Estado. Se dice que el Estado es el único culpable y que todo es una persecución política. ¿Quién nos está robando exactamente? Entonces, ¿quiénes son realmente las personas que están cometiendo estos hechos?
Echemos primero un vistazo a los resultados de la investigación criminal. Según esta, los delincuentes económicos son llamativamente discretos. Es decir, detrás de ellos no encontramos historias de hogares rotos, sino trayectorias totalmente normales. Son en su mayoría hombres, no llamaron la atención en su juventud, no tienen antecedentes penales y, en su mayoría, tienen una buena educación y varios años de formación. Muchos de ellos han tenido carreras profesionales realmente exitosas. Y, sí, en general no pertenecen a las clases desfavorecidas de la sociedad, no tienen necesidades existenciales, por lo que su actividad se denomina “delincuencia de cuello blanco”.
Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado y no se consideran a sí mismos infractores
¿Cómo piensan estos delincuentes económicos? Esto queda claro, por ejemplo, en una escena de la última serie sobre las Cum-Ex de la ZTF, titulada El dinero de otros, en la que dos delincuentes de las Cum-Ex se enfadan porque un compañero suyo hace una barbacoa de okapi [una especie que se encuentra en peligro de extinción]. El colega no tiene conciencia de estar haciendo nada malo. Pero ellos tampoco la tienen cuando se trata de sus propias Cum-Ex, con las que han causado daños por valor de cientos de millones. Por lo tanto, es un comportamiento muy típico de los delincuentes, como nos dice también la investigación criminal. Porque las confesiones de los delincuentes económicos son muy poco frecuentes. Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado o a otros, no se consideran a sí mismos infractores y, por lo general, no comprenden lo que pasa. Todo esto lo dice la investigación, y yo también puedo confirmar desde mi experiencia que es así.
En segundo lugar, también me ha llamado la atención que a menudo muestran reacciones muy emocionales y suelen verse a sí mismos como víctimas. Y si algo he aprendido como fiscal es que el grado de emotividad no permite sacar conclusiones sobre si la declaración es cierta o falsa.
En principio, sorprende que los autores de este tipo de delitos, con un bagaje que en realidad los capacita para distinguir entre el bien y el mal, se conviertan en delincuentes. Y la investigación criminal menciona aquí una razón principal. Es el proceso de racionalización, que también se podría llamar autojustificación. Es decir, el delincuente necesita una justificación interna para su acto delictivo, para mantener su estabilidad psíquica y amortiguar los sentimientos de culpa. Y debo decir que, en la práctica, funciona muy bien.
En la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores
Bien, esto por el lado de los autores. Veamos ahora el otro lado, el lado de las autoridades responsables de la delincuencia económica. Se trata, por ejemplo, de las fiscalías, de las oficinas de Hacienda, la policía y también los tribunales. Estas están bastante mal preparadas en el ámbito de la delincuencia económica porque adolecen de diversos problemas estructurales. No se trata de algo que afecte a una sola administración, sino de problemas estructurales. En primer lugar, cabe mencionar la escasez de personal. Hay muy pocos agentes de policía, fiscales, inspectores fiscales y auditores trabajando en este ámbito. Las autoridades no destinan suficiente personal. Por ejemplo, en la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores. Solo después de un aumento significativo del personal, que no se produjo hacia 2021, fue posible. Entonces procedimos a registrar aproximadamente un banco al mes con una plantilla de unas cien personas. Fue un esfuerzo logístico enorme. Pero si no se dispone de estos compañeros, no se pueden registrar bancos, y entonces tampoco hay resultados.
En segundo lugar, la formación práctica es insuficiente. Como fiscal especializada en delitos económicos, o como agente de policía hay que aprender sobre la marcha. Y el problema es que tampoco hay mucha formación. Primero, porque también falta personal para ello y, segundo, porque la mayoría de las veces simplemente no hay dinero. Y eso, por supuesto, hace que la formación y, posteriormente, la investigación sean increíblemente largas.
Tercer problema: la elevada fluctuación o rotación del personal. Para las carreras en la administración pública es importante haber probado un poco de todo. A esto se le llama amplitud de funciones. Por el contrario, la experiencia en áreas específicas no suele ser importante. Pero si el personal cambia constantemente en un área en la que se necesita más tiempo para familiarizarse, esto impide precisamente adquirir conocimientos especializados, lo que hace que las investigaciones sean muy lentas e ineficaces.
Por volver a citar el ejemplo de nuestras investigaciones, necesitábamos fácilmente dos años para poder actuar. Antes de hacerlo, teníamos que intentar entender cómo se hacían las trampas bursátiles, cómo operaban los traders, cómo codificaban los operadores bursátiles para luego evaluar las pruebas. Pero en ese tiempo tan largo, muchos compañeros ya habían sido trasladados a otros departamentos y sustituidos por otros.
Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados
Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados. Por ejemplo, en 2014 tuve que escribir 280 solicitudes de órdenes de registro e imprimirlas. Tenían 25 páginas y había que traducirlas, así que eran unas 50 páginas. Pero yo, como fiscal normal, solo tenía una pequeña impresora de mesa, una de esas que imprimía unas cinco páginas por hora, y en toda la Fiscalía no teníamos ninguna otra impresora ni red de impresoras. Así que 280 por 25 simplemente no era posible. La única solución era pedirle a la Oficina Regional de Investigación Criminal que me dejara usar su impresora. Tenían exactamente una y me dejaron usarla, así que pasé 14 días en el trastero e imprimí todo lo que pude. Así que ahí se ve, ¿no?, que el equipamiento también es importante para poder investigar.
Otra vez, estaba registrando un banco junto a otros colegas. Esto fue en los primeros tiempos de las Cum-Ex, cuando aún no teníamos mucho personal, y resultó que teníamos que descargar el disco duro. Se trataba de grandes cantidades de datos y me dijeron que no se podía llevar a cabo porque no teníamos suficiente espacio de almacenamiento. Así que allí estábamos, en el banco, y el banco nos dijo que estaban las pruebas, pero nosotros no podíamos asegurarlas. Y ese problema solo se pudo resolver porque, aunque estábamos en otra ciudad, contábamos con el apoyo de otros colegas de otras agencias, que pudieron guardarlo. En el peor de los casos habríamos tenido que retirarnos. Yo por ejemplo, tampoco tuve, durante años, la posibilidad de hacer videoconferencias porque simplemente no había sistemas de videoconferencia en la Fiscalía y tenía que preguntar a los abogados si me dejaban utilizar sus equipos en sus bufetes, lo cual era un poco embarazoso y poco profesional. De esta manera, podemos ver lo mucho que obstaculiza una investigación no tener buenos equipos.
Cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams
Otro obstáculo para las investigaciones es que la protección de datos es un problema, porque las autoridades en Alemania no tienen una infraestructura informática uniforme. Casi cada agencia tiene su propio responsable de protección de datos y estos toman decisiones muy diferentes. Por ejemplo, yo tuve que tratar con muchas autoridades diferentes en varios estados federales, tanto en negociaciones fiscales, que están en el departamento de Finanzas, como con la policía, que está en el departamento del Interior, y todos tenían requisitos diferentes. Por ejemplo, uno solo podía enviar correos electrónicos cifrados, otro no podía enviar correos electrónicos cifrados. Es decir, no se podía enviar un correo electrónico a todos si querías hablar con ellos. En otros casos querías hacer una videoconferencia y cuando ya por fin tuvimos un sistema, cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams. Es decir, no era posible. Son cosas básicas, y si las autoridades no pueden comunicarse entre sí, entonces simplemente no se puede hacer el trabajo.
Por lo tanto, es realmente urgente que la estructura federal se organice de otra manera.
Cooperación
El siguiente problema es que no existe una cultura de cooperación entre las distintas autoridades. Aunque, sobre el papel, pueden intercambiar información, en la práctica no lo hacen. Suele imperar una cultura de aislamiento y de “cada uno por su lado”. No se debe divulgar nada al exterior, no se debe hablar de los problemas. Y eso es algo que se aprende desde el principio en la administración. Yo lo aprendí muy pronto, cuando me atreví a hacerlo siendo una joven fiscal. Estaba en la Fiscalía de Colonia y teníamos un problema que nadie podía resolver y me atreví a llamar a la Fiscalía de Düsseldorf, porque pensé que tal vez ellos tendrían alguna idea. Y me metí en un buen lío, porque se consideraba más importante no divulgar nada que resolver el problema. Y este problema de que las autoridades no colaboran de forma confiada ya lo ha criticado, por ejemplo, el Tribunal Federal de Cuentas.
En las investigaciones excepcionales también hay un gran problema en la cooperación. Hay que poner en marcha procedimientos de asistencia judicial formalizados y muy burocráticos. Es decir, se pide a otros Estados que lleven a cabo la investigación en su territorio, y ahí el entusiasmo suele ser limitado, porque ellos también están sobrecargados de trabajo. Todo el proceso es muy largo y puede durar años. En nuestro caso, emprendimos esa tarea, una búsqueda por todo el mundo, en 2014 y tuvimos que esperar hasta 10 años en algunos casos para obtener respuesta. Porque la delincuencia no se limita a las fronteras alemanas. Precisamente la delincuencia económica suele estar organizada a nivel internacional. En nuestro caso, en el centro financiero de Londres. Y eso significa que siempre hay que buscar asistencia jurídica en esos Estados. Todo eso es muy lento y supone un verdadero obstáculo para las investigaciones. A esto se suma que los bancos, las grandes empresas y las consultoras ya casi no trabajan con papel, sino que están completamente digitalizados y ya no almacenan sus datos en Alemania, sino, por ejemplo, en servidores en el Reino Unido o en los Países Bajos. Entonces, si quieres inspeccionar a esos bancos y empresas aquí en Alemania o incluso registrarlos, te encuentras con que no hay nada. No hay un papel ni un registro de datos. Es decir, hay que realizar estas largas solicitudes de asistencia judicial y las inspecciones e investigaciones pueden prolongarse durante años. Y entonces surge otro problema con las estadísticas, porque para esclarecer casos especialmente graves, que están ocultos, se necesita más tiempo. En esas investigaciones en el extranjero necesitas conocer la delincuencia organizada internacional. Sin embargo, en esas estadísticas, en el cálculo de las necesidades de personal de fiscalías y tribunales no se reflejan porque las autoridades a menudo no tienen ningún interés en realizar un trabajo que no se refleja en las estadísticas. Y mientras las estadísticas no reflejen adecuadamente las investigaciones complejas en los procedimientos de gran envergadura, las autoridades seguirán teniendo poco interés en ellas.
Las estadísticas pueden, en primer lugar, influir en la actuación de las autoridades y, en segundo lugar, ofrecer incentivos erróneos, concretamente hacia muchos procedimientos pequeños y alejarse de los grandes. Por otro lado, los delincuentes suelen estar mucho mejor organizados que las autoridades, y ahí es donde surge mucha resistencia. Los delincuentes suelen tener una sólida posición financiera y pueden contratar a costosos equipos de abogados con muchos recursos, que hacen su trabajo y causan el mayor revuelo posible. Te llegan cientos de páginas de reclamaciones, quejas sobre los servicios, denuncias penales. A menudo promueven también campañas mediáticas, y eso es como echar tierra en el engranaje, ya que si las autoridades son débiles, como sucede en este ámbito, eso puede afectar mucho al sistema.
La investigación está aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones
Me han preguntado a menudo si en esas circunstancias no pierdo la esperanza, cuando tengo que enfrentarme a esto una y otra vez. Pero no, no es así en absoluto. Se pueden cambiar las cosas. Se puede luchar contra la delincuencia económica y se pueden esclarecer los hechos, a pesar de todos los problemas estructurales. Eso es precisamente lo que demuestran las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Colonia. Como he contado, no teníamos las condiciones ideales; al principio tampoco éramos expertos, pero nos pusimos manos a la obra, nos metimos de lleno en el tema y presentamos la primera acusación Cum-Ex. Conseguimos la primera sentencia, que luego fue confirmada por el Tribunal Superior. Los tribunales fiscales han seguido el ejemplo y, entretanto, se han presentado muchas acusaciones y se han dictado muchas sentencias. Me gustaría ver esa misma actitud en los políticos, especialmente en el ministro de Hacienda.
En el caso de las Cum-Cum, que es similar al de Cum-Ex, la investigación está, lamentablemente, aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones. Así que todavía queda mucho por hacer y creo que ahora es el momento de actuar.
¿Qué se puede hacer contra la delincuencia económica? En primer lugar, podemos aumentar el riesgo que corren quienes perpetran estos crímenes ya que el hecho de que los delincuentes actúen o no depende en gran medida del peligro de ser descubiertos, más aún que de la gravedad de la pena. Y eso significa que hay que reforzar a las autoridades en el ámbito operativo. Por lo tanto, hay que cambiar todos esas cosas que he mencionado antes. Hay que aumentar el personal, hay que aunar fuerzas, desarrollar conocimientos especializados y mejorar los equipos y tener una infraestructura informática uniforme. Todos estos son problemas que se pueden resolver.
Pero también se puede hacer algo en otros ámbitos, por ejemplo, a nivel individual, donde es especialmente importante tener una orientación de valores La investigación criminológica afirma que quienes cuentan con un sólido sistema de valores están más protegidos frente a las tentaciones delictivas. De hecho, estas ni siquiera se llegan a producir. Si no se tiene este sistema de valores, entonces se ve que el riesgo de ser descubierto es bajo y que se puede ganar mucho dinero, y se aprovecha la oportunidad. Es decir, una estructura de valores protege realmente contra los delitos económicos. Y ahí se podría pensar, por ejemplo, que los aspectos éticos son importantes y que la reacción social también juega un papel importante. Para los delincuentes económicos, la aceptación social es un factor importante que también puede influir en su comportamiento. Si no se acepta la delincuencia económica, sino que se estigmatiza, cabe suponer que las personas también cambiarán su actitud y su comportamiento. Eso es lo que nos dice la investigación. Y precisamente aquí todavía hay margen de mejora, ya que los delitos de cuello blanco se siguen considerando con demasiada frecuencia como unos “crímenes de gentlemen” a pesar de los enormes daños que nos causa a todos. ¿Qué podemos hacer? Todos nosotros, como sociedad, podemos alzar la voz más allá de las elecciones, por ejemplo, apoyando a las ONG. Las ONG como Finanzwende velan especialmente para que en las decisiones políticas no solo se escuche la voz de los grupos de presión, sino también la voz de la sociedad civil y el interés público. Y esto funciona; los políticos no son sordos, como nos muestra el caso de Lars Klingbeil, el ministro de Finanzas. En la interpelación al Gobierno ha tenido en cuenta las demandas públicas y ha anunciado que va a actuar de manera consecuente contra el fraude fiscal. Nosotros, en Finanzwende, le tomamos la palabra, porque somos un contrapeso al lobby financiero y damos voz a la sociedad civil. Luchamos contra su discurso dominante y analizamos y desmontamos la narrativa del sector financiero. Cambiamos cosas contigo y por ti. La política financiera nos concierne a todos y necesitamos debatirla en público y no solo en las trastiendas.
Muchas gracias.