El secreto y reciente proyecto de Acuerdo denominado ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, impulsado inicialmente por Estados Unidos con la colaboración de Europa y Japón (y la anuencia de Corea, México y Nueva Zelanda) es un nuevo tratado relacionado con el «combate» a la falsificación y «piratería» de productos relacionados con las ganancias de megaempresas que […]
El secreto y reciente proyecto de Acuerdo denominado ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, impulsado inicialmente por Estados Unidos con la colaboración de Europa y Japón (y la anuencia de Corea, México y Nueva Zelanda) es un nuevo tratado relacionado con el «combate» a la falsificación y «piratería» de productos relacionados con las ganancias de megaempresas que utilizan el derecho de copyright para construir monopolios y oligopolios globales; y de acuerdo a lo expresado por Michaels Geist, fundador de la «Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic»: «podría resultar en última instancia, más grande que la OMPI -sin las limitaciones de creación de consensos, los países en desarrollo y grupos de la sociedad civil- las ACTAs podrían reconfigurar el paisaje con sanciones más fuertes para delitos de la propiedad intelectual».
El ACTA fijará así, niveles de protección más altos que aquellos establecidos en las obligaciones de los acuerdos ADPIC y «ADPIC-plus». Insistentes rumores en la Cumbre del G-8 aseguran que este proyecto de tratado mantenido bajo siete llaves por los ricos G-8, sería aprobado en Japón. El FBI estima que solo en Estados Unidos las empresas pierden entre 200 y 250 mil millones de dólares anuales y que tales ganancias a recuperar por medios represivos podrán ampliarse al resto del planeta.
Una de las principales impulsoras ha sido la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA), una coalición de corporaciones del sector privado norteamericano que representa alrededor de 1.900 empresas productoras y distribuidoras de materiales protegidos por leyes de copyright en los EE. UU, quienes aportarían ingentes sumas de dinero a las campañas presidenciales en el país del Norte. La alianza está formada por la Association of American Publishers (AAP), Business Software Alliance (BSA), The Entertainment Software Association (ESA), The Independent Film & Television Alliance (IFTA), The Motion Picture Association of America (MPAA), National Music Publishers’ Association (NMPA) y Recording Industry Association of America (RIAA).
El acuerdo ACTA tiene su antecedente inmediato en los Estados Unidos de América a través de la denominada iniciativa CompStat empleada por el departamento de policía del estado de Nueva York contra los delitos de copyright persiguiendo a diestra y siniestra a los «piratas neoyorquinos». A partir de su «éxito» en la gran metrópoli post 11-S, la Administración Bush lanzó en octubre de 2004 la Strategy Targeting Organizad Piracy (STOP) como primer intento de estrategia integral para el combate contra los delitos a la «propiedad» intelectual. Los organismos participantes de esta iniciativa son el Departamento de Comercio, Oficina de Patentes y Marcas y la Administración de Comercio Internacional, el Departamento de Seguridad -que incluye Aduanas y Protección de Fronteras e Inmigración y Aduanas, el Departamento de Justicia- incluyendo el FBI y el Departamento de Estado, entre otros.
Según la GAO, Oficina Revisora de Cuentas de los Estados Unidos, la estrategia contra los «crímenes de lesa piratería» quedó limitada al territorio nacional y debería entonces ser lanzada a escala mundial antes de concluir la administración Bush.
La controvertida Cumbre del G-8 en territorio japonés, y en medio de la crisis económico-financiera, alimentaria y ambiental más fabulosa de los últimos tiempos (generadas por sus países miembros), sería entonces el ámbito propicio para el lanzamiento de este nefasto tratado global criminal contra el libre acceso a producciones culturales y tecnológicas.