Declaración de la Liga de Unidad Socialista (LUS).
Como es ampliamente sabido, el pasado 14 de enero por la noche la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no ejercerá acción penal alguna en contra del general retirado y ex Secretario de la Defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda. Esta noticia desencadenó una tormenta de críticas y cuestionamientos al gobierno mexicano, tanto a nivel nacional como internacional. No era para menos: la suspensión del proceso al que el general había sido sometido por el sistema judicial de los Estados Unidos (EUA), así como su liberación y regreso a México, habían sido pactados bajo la condición de que la investigación de presuntos delitos relacionados con tráfico de narcóticos y lavado de dinero que se le imputaban (delitos que le costarían una cadena perpetua en una cárcel de EUA) sería continuada por la FGR. Sin embargo, a las autoridades mexicanas les tomó menos de dos meses desechar las pruebas presentadas por la Administración de Control de Drogas (DEA) en contra del ex secretario.
Con el fin de substanciar la exoneración del general Cienfuegos, y contrariamente a lo establecido en convenios diplomáticos entre los EUA y México, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo público el informe de más de 751 páginas que había entregado la DEA.
El periodista investigador Mathieu Tourliere presentó en la revista Proceso (17 de enero) una apreciación equilibrada de las pruebas presentadas en el informe: “Si bien el informe comprueba que el [jefe criminal Juan Francisco Patrón, conocido como] H2 sí contó con ayuda de las más altas esferas en la Sedena, varios elementos de la institución cuestionan que el general Cienfuegos sea realmente el Padrino de la organización criminal y, por ello, dudan de la versión de la Administración para el Control de Drogas”. En efecto, las conversaciones interceptadas por la DEA entre el H2 y su subalterno y sobrino, Daniel Silva Gárate –conversaciones que representan la parte medular de las pruebas presentadas en el informe– dejan muchas dudas sobre la identidad del Padrino, persona a la que la DEA identifica como el general Cienfuegos; sin embargo, para nada descartan el papel de altas autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), incluido el ex general secretario, en la protección y complicidad con la organización criminal encabezada por el H2. La exoneración exprés por parte de la FGR, y aún más el mensaje de AMLO en su conferencia de prensa durante la mañana siguiente, dejan planteadas muy serias y peligrosas preocupaciones.
En primer lugar, como señala la también periodista investigadora Anabel Hernández, especialista en el tema del narcotráfico y autora de varios libros amplísimamente divulgados: “La FGR pudo haber solicitado información para ampliar lo aportado por el Departamento de Justicia, por ejemplo, pedir un interrogatorio con Alfredo Beltrán Leyva… [así como con otros capos presos en los EUA] y Édgar Veytia, El Diablo, quien fuera sentenciado por su nexo con el grupo criminal al abusar de su cargo como fiscal de Nayarit, estado donde operaba el Cártel H-2” (Infobae, 16 de enero, 2021). El caso de Veytia –quien cruelmente robó, extorsionó y aterró a la población de Nayarit– no sólo es relevante, sino uno de los más ilustrativos del hecho que no hay una clara línea que delimite a las autoridades mexicanas con respecto a las organizaciones criminales. Lo trágico que subyace en todos estos asuntos es el hecho de que el estado mexicano ha mostrado una y otra vez su indisoluble asociación con el crimen organizado. Así lo corrobora otro caso muy destacado, que es el de Genaro García Luna, también detenido en los EUA, quien fuera ni más ni menos que Secretario de Seguridad Pública en el gabinete de Felipe Calderón.
Las investigaciones de Anabel Hernández muestran sin lugar a dudas que la situación de México en materia de seguridad pública es extraordinariamente grave, plena de peligros para la vida nacional. En el caso del general Cienfuegos, el gobierno de AMLO tuvo la oportunidad de probar que no vivimos en un narcoestado, y que realmente se está realizando la gran transformación que proclama. Una investigación a fondo, como merecía este caso, hubiera descubierto si el ex secretario es el Padrino, o bien aclarar quiénes son los altos funcionarios de la SEDENA a los que se referían los criminales.
Además, hasta ahora, tanto las autoridades del sexenio anterior como las del presente han encubierto el papel del general Cienfuegos y otros altos mandos militares en las masacres de Ayotzinapa y Tlatlaya. Lo cual nos lleva a otro muy inquietante problema, que es el del creciente poder de los militares en el gobierno de AMLO. Como lo han señalado muy diversos medios, tanto a nivel nacional como internacional, el gobierno mexicano depende cada vez más de las fuerzas armadas para realizar tareas que no les corresponden, desde grandes proyectos de construcción civil, hasta la administración de las aduanas, por mencionar sólo dos casos.
Aún otro problema que se suma a los anteriormente planteados es el conflicto diplomático que despertó AMLO a raíz de su aseveración durante su conferencia del día 15: “Ayer resuelve la FGR que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas”. ¿Cuál fue el objetivo de semejante invitación a la confrontación con autoridades estadounidenses? Estas últimas ya han declarado que van a revivir las acusaciones contra el general Cienfuegos tan pronto venza el plazo de seis meses establecido bilateralmente para que se llevara a cabo la investigación. Cualquier negociación diplomática con el gobierno de los EUA puede ser afectada por el conflicto que AMLO ha despertado.
La indignación nacional e internacional por la simulación de la investigación sobre el general Cienfuegos plantea de manera urgente que se debe realizar una investigación seria e imparcial, como la que amerita el caso. Debe ponerse fin a la inmunidad que el presente y los anteriores gobiernos les han conferido a los militares mexicanos. Y, no menos importante, la peligrosa profundización del proceso de militarización del gobierno obradorista debe ser revertida.
¡Alto a la complicidad oficial con la delincuencia organizada!
¡Total transparencia de las investigaciones de EUA y México sobre el general Cienfuegos!
¡Esclarecimeinto y castigo del papel de los militares en los crímenes de la noche de Iguala de 2014!
¡Presentación de los 43 de Ayotzinapa!