En este artículo el autor analiza los límites que el gobierno de Bolsonaro dejó en herencia al gobierno de Lula.
Consumado el golpe de 2016 y contando con el dominio total del Congreso, la oligarquía dominante instituyó un nuevo orden jurídico y constitucional en el país, provocando la ruptura del pacto constitucional de 1988.
La Constitución “ciudadana”, guiada por los principios de una República de bienestar social, fue violada en su esencia para que el capital y las finanzas pudieran impulsar el robo de la riqueza nacional y de la renta del pueblo brasileño. La guerra del establishment contra la democracia fue, en realidad, una guerra de saqueo y saqueo de Brasil.
La nueva institucionalidad jurídica fraguada con el golpe está representada en los profundos retrocesos promovidos durante los ciclos del usurpador Michel Temer, de 2016 a 2018, y del gobierno fascista-militar presidido nominalmente por Bolsonaro, de 2019 a 2022.
En el mundo del trabajo, por ejemplo, se perpetraron cambios que hicieron retroceder por décadas los derechos laborales y de seguridad social ganados por la clase trabajadora, principalmente a partir de la primera mitad del siglo 20. La desprotección del trabajador fue determinante para la recomposición de la tasa de reproducción del capital basada en la explotación irrazonable.
Hacienda consagró el “sagrado derecho” a captar la renta nacional a través de la reforma constitucional del Tope de Gastos, mecanismo que comprime las inversiones sociales para asegurar el desvío, cada año, de miles de millones del presupuesto nacional para el pago eterno de la deuda pública.
Las reglas ambientales se han hecho añicos. Junto al desmantelamiento de las instituciones de protección socioambiental, el debilitamiento de la legislación permitió la expansión del sector capitalista más devastador, más esclavizante, más etnocida, ecocida y más racista. Los asesinatos del periodista inglés Dom Philips y del indigenista brasileño Bruno Pereira fueron consecuencias directas de esta barbarie alentada y apoyada por el gobierno fascista-militar.
La entrega de activos de Petrobrás a grupos privados comprometió la seguridad y soberanía energética del país. El mecanismo llamado PPI [Precio Internacional de Paridad] para fijar los precios de los combustibles de Petrobrás es, en realidad, un conducto corrupto por el cual, durante los períodos de Temer y Bolsonaro, un promedio de más de R$ 100 mil millones por año fluyó directamente a manos de privados. grupos, en su mayoría extranjeros, en forma de dividendos.
Esta proeza convierte a Petrobras en la empresa petrolera del mundo que más dividendos distribuye. Es lamentable que en el primer trimestre del gobierno de Lula, Petrobras repitiera este patrón rapaz al distribuir 24,7 mil millones de reales en dividendos.
Otro cambio fundamental para profundizar el saqueo de Brasil a un nivel sin precedentes fue la independencia del Banco Central, establecido para garantizar la absoluta libertad de las finanzas para saquear con su insaciable voluptuosidad.
Este año, con la tasa de interés exorbitante, el Banco Central obligará al Tesoro Nacional a desviar R$ 790 mil millones del presupuesto, que podrán ser invertidos en el SUS, en educación, en vivienda, en políticas públicas, además de obras y prioridades inversiones en todo el país, para cubrir el aumento del gasto público por el pago de intereses de la deuda.
Roberto Campos Neto, el agente bolsonarista para la presidencia del Banco Central, practica el terrorismo financiero contra la economía nacional y el gobierno de Lula, lo que caracteriza un ataque a la soberanía popular. A pesar de ello, no sólo permanece impune, sino que se encuentra protegido por un mandato establecido en una Ley Complementaria.
El modelo criminal de privatización de Eletrobrás tiene reglas nocivas sin precedentes, sin precedentes en el mundo entero. Es un robo desvergonzado, desvergonzado, practicado por quienes confían en la eterna impunidad, incluso cometiendo crímenes contra la patria y contra el pueblo.
El conjunto de cambios jurídicos y legales operados por las clases dominantes desde el golpe de Estado contra Dilma conforman, posiblemente, la mayor trama de robos que jamás haya tenido lugar en cualquier otro país del mundo contemporáneo.
El saqueo que tuvo lugar en Brasil entre 2016 y 2022 es de una magnitud solo comparable al proceso de apropiación y robo en Brasil durante el período colonial.
El gobierno de Lula se desarrolla en el contexto de esta guerra de ocupación y saqueo de Brasil. La fuerza de ocupación en territorio brasileño no es, sin embargo, ningún ejército extranjero, sino la dirección partidista de las Fuerzas Armadas, que funcionan como la “gendarmería” de la barbarie ultraliberal.
El Congreso, con su mayoría derechista, ultraderechista y ultraliberal, al imponer esta nueva constitucionalidad antipueblo y antinación a través de la aprobación de leyes y cambios constitucionales, otorga una falsa legitimidad al orden post-2016 que ha aumento de saqueos y robos del país.
Arthur Lira, jefe Diputados, no se cansa de recordar las directrices innegociables ya aprobadas por los saqueadores del país: la revisión del Marco de Saneamiento, la donación de Eletrobrás y la independencia del Banco Central. El fin del techo solo se aceptará si en su lugar se pone algo así como el Nuevo Marco Fiscal –que, por cierto, agrada a neoliberales y ultraliberales porque es una especie de Techo del Gasto con otro nombre.
Miriam Leitão, en un artículo de O Globo [14/5], dice que Lula no debe dar todas las peleas, sino enfocarse en consolidar la democracia y aceptar la privatización de Eletrobrás, el Marco de Saneamiento, el fin de la CLT, los precios de Petrobrás, etc., etc.
Es como si dijera: aceptamos a Lula, por supuesto. Con tal de que gobierne con el programa derrotado; es decir, que su gobierno mantenga intacto el programa que sirvió de plataforma para el derrocamiento de la presidenta Dilma y que se ejecutó en los periodos de Temer y Bolsonaro.
La oligarquía gobernante quiere que Lula traicione al pueblo brasileño y gobierne con el programa de barbarie capitalista que derrotó el 30 de octubre.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.